8M: una oportunidad dorada
¿O debería decir morada?
Como el color que cada año llena las calles cuando miles de mujeres marchan en todo el país — y en medio mundo — para exigir algo bastante simple: vivir sin miedo, sin violencia y con justicia. Algo en lo que parece que todas las personas estamos de acuerdo.
En Chihuahua, sin embargo, el 8M empieza de otra manera. Empieza adelantado este año, con más vallas, con un perímetro más amplio y con nuevos bloques de concreto. Desde el 6 de marzo, el centro histórico ya está rodeado de estructuras metálicas que blindan edificios públicos.
Cada vez que veo esas estructuras levantarse siento algo difícil de describir: coraje, tristeza, una sensación de desconcierto, de mal gusto institucional. No porque me sorprenda — ya es una rutina — sino porque cada valla revela una decisión política muy clara sobre cómo se entiende el 8M.
El mensaje parece simple: la protesta se interpreta como una amenza. Pero el 8 de marzo no debería ser una amenaza para ningún gobierno. De hecho, debería ser exactamente lo contrario. El 8M es una oportunidad de oro.
Las marchas del Día Internacional de la Mujer están llenas de demandas muy concretas: detener los feminicidios, combatir la violencia de género, garantizar justicia para las víctimas, asegurar pensiones alimenticias, ofrecer protección institucional, acompañar procesos legales y psicológicos. No se trata de demandas abstractas.
De acuerdo con cifras oficiales, en distintos periodos recientes Chihuahua ha mantenido cifras que colocan al estado entre los de mayor incidencia de feminicidio en el país. El estado ha mantenido un promedio cercano a cuatro feminicidios al mes. Estas cifras no representan una discusión ideológica. Representan vidas.
En teoría, el Estado está de acuerdo con combatir esta violencia. En teoría, las leyes y las demandas de las marchas están alineadas. Existen fiscalías especializadas, institutos de las mujeres, protocolos de género, unidades de atención a víctimas y diversas políticas públicas diseñadas para enfrentar el problema.
Entonces surge una pregunta inevitable: Si todos estamos de acuerdo en el problema… ¿por qué el 8M se enfrenta con vallas en lugar de con soluciones?
Porque las vallas no solo son simbólicas. El gobierno estatal adquirió más de 600 vallas metálicas de acero para blindar edificios públicos durante estas manifestaciones. Cada una tuvo un costo aproximado de 64 mil pesos, lo que llevó el gasto total a cerca de 40 millones de pesos, sin contar instalación y otros costos operativos.
Cuarenta millones de pesos. Para poner esa cifra en perspectiva: con ese mismo presupuesto podrían financiarse más de 160 profesionales — psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales — durante un año completo para atender a mujeres víctimas de violencia. O, si se prefiere verlo de otra forma, el dinero destinado a blindar edificios equivale a más de 160 años de atención profesional especializada. Pero la decisión fue otra.
Imaginemos por un momento que el 8 de marzo fuera entendido por las autoridades como lo que realmente es: una concentración masiva de mujeres hablando de problemas públicos urgentes. Desde la lógica de cualquier política pública sensata, eso no es una amenaza. Es una oportunidad social y política extraordinaria.
Ese mismo día, o al rededor de ese día, podrían instalarse módulos itinerantes de la Fiscalía especializados en violencia de género, recibiendo denuncias de manera directa, rápida y acompañada.
Podrían existir mesas de asesoría jurídica gratuita para mujeres que no saben cómo iniciar un proceso o cómo dar seguimiento a una carpeta de investigación.
Podrían ofrecerse consultas psicológicas de primera escucha, algo fundamental para muchas víctimas que llevan años cargando con experiencias de violencia sin haber encontrado nunca un espacio seguro para hablar de ello.
Incluso podría existir la posibilidad de agendar en ese mismo momento citas de atención psicológica o legal.
Podría haber orientación sobre pensiones alimenticias, rutas de protección, órdenes de restricción, refugios o acompañamiento institucional.
Podría existir incluso algo tan sencillo — y tan poderoso — como un escritorio donde las mujeres pudieran consultar el estado de sus denuncias o procesos legales.
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Nada de esto es ciencia espacial. Nada de esto requiere presupuestos descomunales. Lo que sí requiere es voluntad política, creatividad institucional, asesoría adecuada y, sobre todo, un interés genuino por entender y atender el problema. Porque cuando miles de mujeres se reúnen en un mismo espacio para hablar de violencia, justicia y derechos, el gobierno tiene frente a sí una fuente invaluable de información social.
Escuchar sería inteligente. Aprovechar ese momento para acercar servicios públicos sería eficiente. Demostrar presencia institucional sería políticamente sensato. Pero en lugar de eso, aparecen las vallas. ¿Por qué?
Basta con leer las pancartas. Cada 8 de marzo las calles se llenan de consignas que, en realidad, son demandas muy concretas de política pública.
“Ni una menos”. Esa frase no es un eslogan vacío. Es una exigencia directa al Estado: prevenir, investigar y sancionar los feminicidios. Si esa es la demanda, ¿por qué no aprovechar ese mismo día para presentar públicamente los protocolos que ya existen, explicar cómo funcionan, rendir cuentas sobre su aplicación y anunciar un refuerzo presupuestal para las unidades especializadas de investigación?
“Justicia para…” Cada nombre escrito en una pancarta es una carpeta de investigación que debería avanzar. ¿Por qué no instalar mesas públicas de consulta de expedientes, donde familiares puedan revisar el estado de sus casos con personal de la Fiscalía y recibir información clara sobre los siguientes pasos?
“No me cuida la policía, me cuidan mis amigas”. Esa consigna refleja una profunda desconfianza institucional. ¿No sería precisamente el momento para presentar públicamente los protocolos de actuación policial en casos de violencia de género, explicar cómo denunciar abusos y abrir canales directos de supervisión ciudadana?
“Vivas nos queremos”. Esa frase apunta a la prevención. Podrían anunciarse programas de protección temprana, ampliar refugios para mujeres en situación de riesgo o presentar datos transparentes sobre cómo se están utilizando los recursos destinados a prevenir la violencia.
A veces también aparecen nombres de supuestos agresores o violentadores. ¿Por qué no facilitar la interposición de denuncias en ese mismo momento? Porque si algo queda claro en muchas historias de violencia es que el principal obstáculo para la justicia suele ser el camino burocrático que enfrentan las víctimas.
“La deuda es histórica”. Entonces reconózcanla. Expliquen qué se ha hecho, qué no ha funcionado y qué cambios concretos se implementarán.
Nada de esto sería un gesto radical. Sería simplemente hacer visible el trabajo institucional que en teoría ya existe. Porque las demandas del 8M no son peticiones extravagantes. Son exigencias que, en gran medida, ya están contempladas en las leyes, los protocolos y las obligaciones del propio Estado.
Pero las vallas no son neutras. No son simplemente una medida logística o preventiva. Son un gesto político. Levantar barreras de acero frente a una manifestación que exige justicia envía un mensaje muy claro sobre cómo se interpreta esa protesta: no como una conversación social urgente, sino como un problema del que hay que protegerse. ¿Por qué?
Es una forma de dar la espalda antes siquiera de escuchar. Y también es una forma de cambiar el foco. Cuando aparecen las vallas, la conversación pública deja de girar alrededor de los feminicidios, de la violencia doméstica, de las denuncias que no avanzan, de las pensiones alimenticias que nunca llegan.
De pronto el tema se vuelve otro: si habrá pintas, si se romperá una ventana, si habrá que proteger una puerta. El edificio se vuelve más importante que la demanda. La pared más importante que la vida que falta. Es un desplazamiento extraño, inquietante, pero muy efectivo.
Y en ese desplazamiento ocurre algo todavía más problemático: las mujeres que denuncian violencia terminan siendo retratadas como si fueran el problema, perpetuando estigmas y revictimizándolas. Como si estuvieran exagerando. Como si estuvieran fuera de control. Como si fueran una amenaza.
Pero basta mirar las pancartas para entender que no se trata de eso. Hablan de hijas que no volvieron a casa. De denuncias que llevan años archivadas. De órdenes de protección que nunca llegaron. Hablan también de frustración acumulada. Hablan de algo mucho más simple y mucho más serio: la expectativa de que las instituciones cumplan con su trabajo.
Y quizá por eso resulta tan desconcertante la escena que se repite cada año. Porque el 8 de marzo podría ser una oportunidad extraordinaria para cualquier gobierno. Un día perfecto para acercar servicios públicos. Para escuchar testimonios. Para explicar políticas. Para abrir expedientes. Para rendir cuentas. Un día, en suma, para fortalecer la relación entre ciudadanía e instituciones.
¿Por qué no sucede así? Porque para que eso ocurra se necesita algo más que logística. Se necesita creatividad. Se necesita compromiso con la función pública. Se necesita imaginación institucional. Se necesita entender — y asumir — el mandato constitucional y legal que obliga a proteger a las mujeres. Se necesita asesoría competente. Se necesita vocación de servicio y voluntad política. Y, sobre todo, se necesita algo todavía más básico: que el problema realmente importe.
El 8M podría ser una oportunidad dorada. O, mejor dicho, morada. Un momento en el que las instituciones demuestren que están del mismo lado que las mujeres que exigen justicia, no solo en teoría. Pero mientras la respuesta más visible siga siendo levantar barreras de acero, el mensaje seguirá siendo otro.
Por eso, hoy marchamos.
