Cuando luchar se convierte en un delito
Quienes deberían cuidarnos son ahora quienes deciden qué hacer con nosotros. ¿Debemos seguir teniendo miedo o debemos seguir luchando?
En la Argentina de Milei, el derecho a huelga ha perdido fuerza y se ha vuelto un derecho totalmente vulnerado, no porque haya dejado de ejercerse, sino porque ahora le tememos a las consecuencias de hacerlo. Durante décadas este derecho ha sido uno de los pilares fundamentales de la democracia argentina ya que nació como una herramienta de lucha colectiva donde se unen las voces de todos para equilibrar fuerzas y luchar unidos, porque en este país nadie se salva solo.
Según un documento publicado por Amnistía Internacional Argentina solo durante el primer año del gobierno libertario se han vulnerado un total de doce derechos, lo que equivale a uno por mes, entre ellos se encuentra el derecho a manifestarse, un derecho que está garantizado no solo por Tratados Internacionales de Derechos Humanos que ha firmado la Argentina, sino por la mismísima Constitución Nacional en el Artículo 14 Bis:
“…. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga…”
Como leemos aquí, este derecho no es solo un simple privilegio sino una garantía constitucional, como expresaron Daniel Jorajuria, Secretariado nacional de la CTA Autónoma y Javier Izaguirre, abogado de la CTA Autónoma en su artículo “Milei y el derecho a huelga” en la página de CTA Autónoma:
“El derecho a la huelga no es un privilegio ni una concesión de los gobiernos, es una conquista histórica de la clase trabajadora. Reconocido por los Estados democráticos como factor de equilibrio de las relaciones de poder en el trabajo y vector para la promoción de sociedades más justas e inclusivas.”
Ahora, como sabemos, el gobierno actual ha decidido vulnerarlo a través de las medidas políticas que ha estado llevando a cabo durante casi dos años de gestión. Entre una de las medidas implementadas tenemos el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” dictado y ejecutado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, actualmente dirigido por la Ministra Patricia Bullrich, quien se está postulando a Senadora Nacional. Este documento puede leerse públicamente en el Boletín Oficial. Es un protocolo que promueve la intensificación de la violencia y el conflicto social, poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas. Además, concibe a la protesta pacífica exclusivamente como un delito y no como una alternativa de participación, de expresión del disenso y reclamo. Pero ¿era necesario dictar este protocolo?, ¿enserio son los manifestantes quienes cortan la calle? ¿son quienes provocan a la policía a actuar de tal forma?
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Tras la implementación del protocolo, se ha podido identificar además el uso abusivo del derecho penal para la detención de las personas que deciden ir a manifestarse. Amnistía Internacional Argentina declara que “En la mayoría de los casos la justicia determinó falta de mérito o sobreseimiento, lo que muestra cómo el uso de la criminalización operó en casi todos los casos como medida de amedrentamiento, sin ninguna base legal”. Estas detenciones son dentro del marco de represión que sufren los ciudadanos y ciudadanas todas las veces que se manifiestan, en especial los miércoles, cuando acompañan a los jubilados en este momento de crisis económica y social.
Como hemos visto en las últimas manifestaciones en la Cuidad de Buenos Aires, se registraron golpizas, uso desmedido y de manera incorrecta de los gases lacrimógenos y el uso indebido de balas de gomas que no cumplen con las normas de tiro correspondientes, estas no solo llegaban a los manifestantes sino también a los periodistas y trabajadores de prensa que se encontraban en el lugar. Estos hechos no son para nada aislados porque forman parte de una política sistemática que criminaliza la protesta, esta política busca infundir miedo en la sociedad y desalentar cualquier intento de organización colectiva.
Por ello, en este contexto, el rol del periodismo adquiere una importancia vital. Aunque, debemos comprender que este periodismo se encuentra dividido entre aquellos que optan por estigmatizar la protesta social, reduciendo los reclamos y invisibilizando las causas por las que se manifiestan. Mientras que la otra parte del periodismo, que realmente está comprometido con la sociedad, se anima a contar lo que otros callan, enfrentan censuras, persecución o pierden la posibilidad de estar en diversos espacios de cobertura. Tenemos que comprender que cuando la prensa se alinea con el poder deja de informar y pasar a formar parte del mecanismo que silencia.
En definitiva, el derecho a huelga no puede entenderse como una amenaza sino como un termómetro social donde el pueblo sale a la calle por necesidad. Podemos ver que el miedo se ha convertido en una herramienta política, pero tenemos la historia que demuestra que los pueblos que se callan no conquistan nada porque defender los derechos es defender la democracia misma.
Tenemos que entender que silenciar esas voces no trae paz, sino más injusticia.
Escribe, Castro Josefina
