De virreinatos y colonias (III)
Imperiofilia, leyenda rosa y negacionismo
Una vez hemos estudiado en el artículo anterior el aspecto claramente colonial del Imperio Romano, y admitiendo que fue un referente para la Monarquía Católica (o sea universal) española, vamos a detenernos aquí en un aspecto: los dilemas de la conquista y el funcionamiento cambiante de la administración colonial de la América hispánica. Además la situaremos dentro de su contexto de Antiguo Régimen.
Todos los imperios coloniales realmente existentes han cambiado y se han adaptado a lo largo de siglos, como cualquier sistema político y económico, y como la monarquía misma: ¿es igual la monarquía de la Antigüedad que la medieval, la de la Edad Moderna, la absolutista y la constitucional? No. Sin embargo sigue habiendo unos rasgos que definen una monarquía frente a una república u otras formas de gobierno, y llamamos a todas “monarquía” a pesar de los cambios. Hay un núcleo esencial en el concepto imperio, en el concepto monarquía y en el concepto colonialismo. Hay una historia y desarrollo de los imperios, de las monarquías y del colonialismo, y todas presentan etapas.
El cambiante modelo colonial español
En 1794, el virrey de Nueva España Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla y Horcasitas, conde de Revillagigedo, manifestaba la siguiente verdad, como dicen algunos hoy “sin complejos”:
“No debe perderse de vista que esto es una colonia que debe depender de su matriz, España, y debe corresponder a ella con algunas utilidades por los beneficios que recibe de su protección; sí se necesita gran tino para combinar esta dependencia y que se haga mutuo y recíproco el interés, lo cual cesaría en el momento que no se necesitara aquí de las manufacturas europeas y sus frutos”.
Por aquella época, finales del XVIII, el conde de Aranda había manifestado un insólito plan al rey español. Ante el miedo a que la participación española en la guerra de independencia de Estados Unidos —antes conocidas como las 13 colonias británicas — ejerciese un efecto contagio en las posesiones novohispanas, Aranda recomendó un plan de “independencias ordenadas”, de forma pactada para que Madrid mantuviese cierto ascendente político y comercial en la zona, pero sin ser ya un imperio colonial respecto de los cuatro virreinatos.
Algunos políticos españoles se habían dado cuenta, empleando la más pura lógica, de que el apoyo a la causa de la independencia estadounidense suponía un ejemplo para las élites criollas de las posesiones españolas en el continente, descontentas con las reformas borbónicas. Así, y tras realizar una muy acertada previsión de la potencia futura de Estados Unidos, Aranda planteó al monarca:
Que VM se desprenda de todas las posesiones del continente de América, quedándose únicamente con las islas de Cuba y Puerto Rico en la parte septentrional y algunas que más convengan en la meridional, con el fin de que ellas sirvan de escala o depósito para el comercio español. Para verificar este vasto pensamiento de un modo conveniente a la España se deben colocar tres infantes en América: el uno de Rey de México, el otro de Perú y el otro de lo restante de Tierra Firme, tomando VM el título de Emperador.
Se formarían cuatro nuevos estados independientes en los cuatro virreinatos existentes, y al frente de los mismos estarían monarcas de la familia Borbón, unidos a España mediante los Pactos de Familia. De esta forma, Madrid solo ostentaría la posesión directa de las islas de Cuba y Puerto Rico, además de Panamá y algunos otros puntos estratégicos. España seguiría teniendo un trato privilegiado en los intercambios comerciales con los territorios americanos.
Valentín de Foronda, diplomático y economista, plasmó estas ideas en un escrito titulado Carta sobre lo que debe hacer un príncipe que tenga colonias a gran distancia (1813):
El temor de perder aquellos países [de América] tiene asustados en el día á los que no saben que las verdaderas minas están en el riquísimo suelo de la península, y yo creo como se verá en este papel, que lexos de ser un mal para la Nación, su pérdida sería mayor felicidad. (…) ¡Cuánto menos complicadas serían las cuestiones por no hallarse en oposición los intereses mutuos, que en la actualidad son tan enmarañados, y casi imposible conciliarlos! (…) ¡Cuántas guerras extranjeras no evitaríamos con su pérdida! (…) Las leyes deben ser las mismas en una Monarquía; pero cómo podrán estas amalgamarse con la diversidad de carácter entre ambos mundos, con su población, con las grandes distancias de los lugares, con la distancia inmensa de los tribunales superiores, con la lejanía de las Cortes donde se distribuyen las gracias…
El intendente José de Ábalos también plantearía en 1781 ideas similares, partiendo de una muy paternal y muy colonial premisa: los imperios con colonias distantes necesariamente se debilitaban con el paso del tiempo y su hegemonía podía durar en tanto las colonias estuvieran “en su infancia”.
La decisión de crear reinos americanos que sí serían reinos, gobernados y legislados desde dentro de sí mismos — por tanto se admitía que no eran reinos de verdad— , aceptaba Ábalos, era compleja y requería del concurso del monarca y otros poderes peninsulares. Pero no de los primeros afectados, los americanos, lo que certificaba así el hecho de que en estos planes ocupaban el lugar de hijos o hermanos menores tutelados:
La duración de los imperios parece debe medirse por la sabiduría, justicia y religión de su gobierno, y hallándose las Américas tan lejanas de la Metrópoli y siendo de una extensión tan vasta, no es posible en el orden común el que puedan gobernarse según se necesita para que la unión con la cabeza sea subsistente (…).
(…) La mayor parte de los sujetos que han sido destinados desde la Conquista para los virreinatos, gobiernos, plazas de audiencia, ministerios de Real Hacienda y demás manejos subalternos lo han hecho y hacen con el deseo y la mira de enriquecerse (…)
(…) Este es señor el preciso medio para estorbar a los enemigos forasteros cualquier irrupción a que los incline su avaricia. Este es también el de evitar a los domésticos todo resentimiento de un gobierno venal y corrompido que los precipite a una infiel y violenta resolución o de que el mismo desafecto que tienen a la Metrópoli, apoyado de ajenos auxilios, les facilite, como sin duda se verificará, la independencia que ya ven cerca de su perfección en los colonos del norte de este mismo continente.
Ya en 1768 el visitador José de Gálvez había redactado un informe sobre las reformas borbónicas y el establecimiento de intendencias, y afirmaba en él “pues aunque varias veces se pensó en uniformar el gobierno de estas grandes Colonias con el de su Metrópoli, se opusieron los muchos que se interesan en la anarquía y el desorden (…) Queda ya tocado, aunque ligeramente, en este informe, que las once Intendencias propuestas se han de establecer aquí bajo las mismas reglas con que se erigieron en la Península de España y así deberán correr al cargo de los Intendentes en sus respectivas Provincias las cuatro causas de Justicia, Hacienda, Guerra y Policía, conforme a lo dispuesto en las Reales Instrucciones de 1718 y 1749, sin que se necesite variarlas en más puntos esenciales que en los del fomento de fábricas, prohibidas en las Colonias (…).”
A parte de las intendencias y otras reformas importantes, las propuestas más arriesgadas de Aranda, Ábalos y otros nunca se llevaron a cabo. Era ingenuo pensar que el rey renunciaría sin más a las rentas personales derivadas de unas colonias sujetas a su corona. Los avisos jamás fueron escuchados y el inmovilismo caracterizó la acción de gobierno. ¿Pero cómo se llegó hasta aquí? Echemos la vista atrás y empecemos por el principio.
Conquista: primeros dilemas
Mientras que el descubrimiento de América y los primeros encuentros colombinos tuvieron un sostén legal en las Capitulaciones de Santa Fe, firmadas entre los Reyes Católicos y Colón, la conquista en sí no tuvo un origen único. Fue un proceso complejo, que adoptó mecanismos cambiantes a medida que se planteaban nuevos desafíos físicos, legales y éticos.
Fue además una empresa compuesta, privada-regia, con tensiones constantes entre al menos cuatro actores con intereses en el asunto, a menudo contrapuestos: la Corona, los conquistadores, la Iglesia y los conquistados. Como indica el historiador John Elliot en Imperios del Mundo Atlántico (2006), la dinámica española en su encuentro con el Nuevo Mundo fue que “conquista, conversión y colonización se habían de sostener mutuamente.” Se produjo una catástrofe demográfica innegable por las enfermedades pero, como ya señalé, la historia ha demostrado que no se trató en ningún caso de exterminar a propósito a los indígenas, como si hubiese un proyecto genocida. Y no fue así tanto por interés (necesidad de mano de obra) como por ciertas limitaciones ético-jurídicas.
Pero debe quedar claro el afán colonizador y de explotación, no de mero “colonialismo fenicio”. Señala Elliot, en este sentido:
La naturaleza de las Indias y sus habitantes, por lo tanto, favorecían un planteamiento basado en la conquista y la subyugación más que en el establecimiento de una serie de enclaves comerciales, lo que reforzaba los aspectos militares y coloniales, más que los mercantiles, de la tradición medieval castellana.
El descubrimiento y colonización de los archipiélagos atlánticos de Canarias, Madeira o Azores había servido como el laboratorio de pruebas para las experiencias e instituciones que se construirían en el Nuevo Mundo.
Un nuevo mundo que, sin embargo, estaría marcado por el viejo, a imagen del derecho que imperaba en los reinos peninsulares: una sociedad estamental de Antiguo Régimen que permitía la coexistencia de los diferentes grupos sociales, esto es, nobleza de espada, nobleza de toga, eclesiásticos, gremios de artesanos, campesinos, etc; que se fundamentaba en una concepción anti igualitaria y rígidamente jerárquica del mundo, y en una interdependencia constante entre los estamentos, siempre bajo la figura de unos reyes que todavía estaban luchando con las tentaciones nobiliarias de ejercer de contrapeso a su autoridad. Los Reyes Católicos estaban levantando, precisamente, una monarquía autoritaria (concepto historiográfico) frente a la nobleza.
¿Qué igualdad?
El hecho de que en estas sociedades de Antiguo Régimen no existiera una normativa general y común codificada para todo el conjunto de la sociedad — eso es algo que solo llegaría cientos de años después, con las revoluciones constitucionales—, y ya que había un derecho penal, civil y mercantil distintos en Castilla, Aragón, Cataluña, Valencia o Navarra, se planteaba pues un complejo mosaico de derechos diferenciados, privilegios y fueros que se concedían o retiraban tanto a familias como a ciudades o reinos. Es decir eran derechos revocables.
Resulta interesante detectar los ecos de este sistema foral siglos después, en línea con las diferencias entre Antiguo Régimen y estado constitucional, al recordar cómo se llamaban algunas de las Leyes Fundamentales del franquismo: Fuero de los españoles (1945), Fuero del trabajo (1938). Prescindir del término constitución no era un simple capricho de los juristas de Franco: referirse a los derechos como fueros implicaba que los derechos no antecedían a la concesión de los mismos, que no eran reconocidos — como plantea la filosofía liberal -constitucional— , sino que eran otorgados por el gobernante a los gobernados — al estilo medieval — , y que por tanto eran revocables. Esa era, precisamente, la imagen que sobre los derechos quería dar el régimen franquista.
No obstante el tema foral llega hasta hoy, reclamado por nacionalismos periféricos, a través de los regímenes fiscales especiales y otras diferencias en derecho civil.
Como bien señala Fusi (2012), la unión en 1479 de los Reyes Católicos fue dinástica, y cada reino mantuvo sus instituciones propias, corporaciones, lenguas, monedas y barreras aduaneras. Lo define bien aquella expresión de Juan de Solórzano, en el XVII, de que “los reynos se han de regir y gobernar como si el rey que los tiene juntos lo fuera solamente de cada uno de ellos”. Eso que se ha dado en llamar monarquía compuesta.
Esto perduró hasta los tiempos de Felipe V e incluso más allá. Juan Palafox en 1650 se jactaba de que “en Vizcaya no hay una sola naranja, ni en Valencia una sola castaña”, en alusión a los complicados sistemas aduaneros interiores de la Monarquía Hispánica, impropios claro de un estado nacional moderno, caracterizado por organizarse alrededor de una misma administración, una lengua oficial, unas leyes comunes, un espacio económico común, un código penal, etc.
Los reyes Isabel y Fernando no adoptaron nunca el título de “reyes de España”, sino el larguísimo de “Rey e Reyna de Castilla, de Aragón, de León, de las dos Seçilias, de Iherusalem, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria e de las Yndias, tierra firme del Mar Océano, condes de Barcelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon y Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçeano”.
El término España o las Españas era habitualmente utilizado, aunque la conciencia de una pluralidad de Españas (Hispaniae) era mayor en la península que en el extranjero, pues la tendencia foránea era la de identificar como españoles a castellanos, catalanes, valencianos, aragoneses y portugueses. Es decir, a todos los peninsulares. No resulta difícil ligar esto con la denominación romana de Hispania.
Isabel no intervino en Aragón, mientras las Canarias, norte de África y las Indias recién descubiertas quedaron reservadas a Castilla. Fernando volcó su expansión en los Pirineos, la península itálica y el Mediterráneo. La unidad religiosa no sería inmediata: tras la toma de Granada — recordemos que este reino musulmán existió más de 200 años desde la batalla de Las Navas de Tolosa — el islam se prohibió en Castilla (1502) pero no en Aragón, donde la nobleza tenía una gran cantidad de vasallos aragoneses y valencianos mudéjares (esto cambiaría entre 1521–1526 con los agermanados).
Más adelante Aragón y Castilla se separarían temporalmente y pasarían luego a estar bajo un mismo monarca con Carlos V. Para las Indias, tal y como explica Joseph Pérez en Entender la historia de España (2011), incorporadas a la Corona de Castilla, se veta en principio el derecho de emigrar a extranjeros, entre los que se cuenta a los súbditos de la Corona de Aragón: valencianos, catalanes, aragoneses, etc. Esto se flexibilizó con el paso del tiempo.
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Hacia 1600, época del Quijote, este era el aspecto de la España del Antiguo Régimen (Breve Atlas de Historia de España, Juan Pro y Manuel Rivero, 1999):
Por todo lo expuesto no tiene ningún sentido hablar de “igualdad entre españoles de todos los reinos”, como hacen los imperiófilos y negacionistas del carácter colonial de las posesiones americanas, porque ni siquiera existía una igualdad jurídica entre reinos peninsulares de la propia España, ni en ningún lugar de Europa. No parecen entender cómo funcionaban las sociedades de Antiguo Régimen, un sistema basado en la costumbre como fundamento legal, los privilegios de cuna, los fueros, las inmunidades y la división social en corporaciones.
Sin embargo sí podemos hablar de mayor o menor igualdad dentro del sistema existente entonces, y es ahí donde se hará evidente el aspecto colonial de los virreinatos americanos: en la desigualdad específica dentro de la desigualdad general.
Derechos y debates
Ante el descubrimiento aparecieron preguntas clave, como señala Carlos Malamud en Historia de América (2014), y también respuestas que marcarían la pauta en adelante:
¿Eran los indios hombres libres, como señaló la reina Isabel en 1503, y por lo tanto no podían ser esclavizados, o su rechazo a ser evangelizados abría la puerta para su dominación? ¿Eran personas conscientes de sus actos o eran asimilables a menores de edad que debían ser tutelados por adultos responsables, es decir, por los españoles?
El debate creció en intensidad y ante la existencia de posturas encontradas y argumentos muy diversos, los Reyes Católicos consultaron a juristas y teólogos. La mayoría de ellos se mostró partidaria de hacer la guerra y, consiguientemente, de esclavizar tanto a los indígenas que se enfrentaban a los españoles como a los caníbales, en función de la irracionalidad que ponían de manifiesto.
El principal argumento esgrimido fue el viejo concepto medieval de la guerra justa contra los infieles aunque en este caso aplicado a los paganos, ya que los indios no caían en la primera categoría por desconocer hasta ese entonces las esencias de la religión cristiana. Sin embargo, y nadando a contracorriente, algunas voces denunciaron que fue la política de Colón la que impulsó la rebelión de los indios, por lo que, tras nuevas consultas, en 1500 los reyes declararon a los indios como vasallos libres, aunque se mantuvo la idea de que se podía someter por la fuerza a quienes se rebelaran y que los caníbales, en tanto caníbales, podían ser esclavizados.
Las declaraciones principistas de los monarcas no pudieron evitar el desarrollo del trabajo forzado entre los indios, impulsado por la necesidad de autoridades y colonos de obtener rápidas riquezas en los yacimientos auríferos, como se vio con el avance de los repartimientos durante la época de Ovando al frente de La Española.
En aquel contexto Antonio de Montesinos, un dominico establecido en Santo Domingo, pronunció un célebre sermón en contra de los abusos de los encomenderos y la explotación de los indígenas, a modo de manifiesto crítico con la legitimidad de la conquista de las Indias, con ideas que también recogería Francisco de Vitoria en su De Indis. En este texto Vitoria analizaría, punto por punto, los supuestos argumentos que otros juristas daban para justificar la conquista (desde el material al de la “inferioridad” de los subyugados) y los desmontaba uno por uno de forma magistral, para concluir en la necesidad de proteger el derecho a disfrutar de los bienes propios, la libertad de comercio, el ius soli, la defensa de libertades y derechos humanos inalienables — y naturales — , adelantándose siglos a los discursos ilustrados.
Vitoria, en cualquier caso, no defendió la ilegitimidad última de la conquista si se garantizaba la tutela efectiva de los indígenas, su conversión y las consecuencias de una guerra justa si estos se oponían. Como apunta Esteban Mira Caballos (2023): “Vitoria se convirtió así en responsable directo de la doctrina de la tutela que desarrollaron los imperios coloniales hasta principios del siglo XX”. Es ese paternalismo colonial que Kipling invoca en su poema: la carga del hombre blanco.
Más allá del problemático Las Casas, tan mitificado como denostado por inflar cifras y servir a la leyenda negra, destacan otros garantes de los derechos humanos y antiesclavistas menos conocidos como Bartolomé Frías de Albornoz, Tomás de Mercado o Pedro de Margarit, abolicionista que acompañó a Colón en un viaje y quedó tan escandalizado de los actos de los conquistadores que no quiso volver a América (especialmente ante el embarque de quinientos indígenas taínos para su venta como esclavos en el mercado peninsular); también López de Cerrato y el cronista Pedro Cieza de León , quien consideraba que españoles e indígenas eran iguales, en tanto descendientes de Adán y Eva.
Cabalgando contradicciones
Un alto en el camino para una reflexión: si algo sería destacable como distinción en el imperio colonial español fue la influencia y la batalla que dio el humanismo, algo a poner en valor sin duda. Pero se da, en esa valoración, una paradoja: si los imperiófilos nos dicen a los desmitificadores que debemos alabar los intentos, dentro del imperio español y de su contexto temporal, de construir un corpus de derechos humanos y que, por tanto, la superioridad moral del imperio hispano queda demostrada, ¿qué hacer entonces con las enormes lagunas de esos derechos en su contexto temporal? ¿Qué hacer con los africanos esclavizados sin cuestionamiento? ¿Con los engaños y atropellos a las leyes de protección de los indígenas?
¿No resaltan más las ausencias y excepciones? ¿Basta solo con la intención y no cuentan los resultados prácticos? ¿Era un imperio sin capacidad de hacer cumplir la ley, por tanto, vacío de autoridad…o se miraba para otro lado por interés, hipócritamente? Ah, y los defensores de las buenas intenciones en siglos pasados, llenos de idealistas al parecer, ¿aplican este enfoque a los gobiernos y dirigentes actuales, o en ese caso solo aceptan una aproximación cínica para evaluar sus políticas? ¿Lo aplican a las leyes en Al-Ándalus, la Revolución Francesa o la Segunda República? ¿Importa lo que dice un texto legal o la realidad externa al mismo para juzgar moralmente un sistema político o un régimen? Porque cuando un glorifica está juzgando, en clave positiva claro.
Y esto me lleva a otra cosa: si los imperiófilos acusan de anacronismo a quienes defendemos que ha habido valores transversales, imperecederos al paso del tiempo, ¿por qué apelan ellos a la Escuela de Salamanca y las Leyes Nuevas como garantes de los derechos humanos, si tan anacrónico es el término? ¿Somos anacrónicos nosotros o los impulsores de esas leyes? ¿Acaso fueron hipócritas dichos impulsores? Entonces, ¿qué es lo que se defiende hoy exactamente?
Una de dos: o en su juicio de valor positivo están también proyectando, de forma anacrónica, lo que ellos valoran hoy (derechos humanos, la no esclavitud del prójimo, etc) o deben admitir que existen unos derechos inalienables y una dignidad humana universales que, a lo largo de la historia, unos han reconocido y muchos — muchos — otros no. Y por tanto se abre la veda para cuestionar a esos que no lo han reconocido, sea en 1500 o en 2024. De lo contrario, esa alabanza al imperio queda tan descontextualizada de su tiempo como la crítica al imperio, y resulta injusta aplicada al resto de imperios con los que se comparan en su obsesiva necesidad de concluir que el español es moralmente superior.
Por todo esto y más (ya me extendí en mi pieza sobre laicismo histórico) considero preferible abandonar tanto el excepcionalismo negativo sobre la historia como las glorificaciones, es decir, el excepcionalismo positivo con el que nos machacan los imperiófilos. La historia es, mayoritariamente, un paisaje de horror: muerte, conquistas, esclavitud, violaciones, prejuicios e injusticias, en el que brillan algunas luces, a veces ideas refulgentes, que son los únicos asideros para apelar a algún tipo de ética universal. Y es esta una preocupación muy, muy antigua, no de hoy.
Hecha la ley….
Siempre fueron muy denunciados los repartimientos y la mita (esta de origen prehispánico), que no dejaban de ser una forma de semi-esclavitud disfrazada de trabajo asalariado y regulado. Y hay que tener en cuenta que los indígenas encontrados en las Antillas y otras partes de América no vivían bajo el concepto de dinero o mercado, y por tanto de salario. Esta forma velada de esclavitud existió en los demás imperios coloniales europeos con otros nombres (culíes en el ámbito colonial anglosajón, por ejemplo).
Hecha la ley, hecha la trampa. Estos repartimientos se practicaron previamente con los guanches de Canarias, uno de los laboratorios de conquista como hemos mencionado. Estas formas de trabajo forzado oscilaron en su incidencia, pero solo fueron abolidos con la Constitución de Cádiz (1812) que, como sabemos, no sería precisamente duradera.
Los diferentes trabajos consultados dejan clara una cuestión: los españoles que se embarcaban desde la península en semejante viaje hasta las Américas no iban con la intención de dedicarse a la labranza en los campos virreinales, sino que esperaban que otros trabajaran para ellos. No eran colonos cultivadores, como en otros casos. Para arar campos se habrían quedado en Castilla. Ellos esperaban ser señores, no campesinos. Y claro, donde hay un señor hay siervos.
A pesar de la legislación (Leyes de Burgos) se tardaría en detener la esclavitud de indígenas, y hasta 2.500, según Esteban Mira Caballos, fueron llevados a la península para ser vendidos, además de los que se emplearon en las Indias. Tras la muerte de Isabel, Fernando pareció menos preocupado por la suerte de los nativos. La esclavitud de los indígenas americanos fue, en teoría, abolida en 1542 (Leyes Nuevas), en tiempos de Carlos V. No obstante subsistió o reapareció según las circunstancias.
Como expone José Antonio Piqueras en La esclavitud en las Españas (2017), en el XVII se dio en Chiapas y otras provincias de la Nueva España, así como en zonas del actual Chile. A menudo bajo pretextos frágiles, basados en el “derecho de conquista” y la “guerra justa”, se pudo continuar la esclavización de nativos. La dureza de instituciones como la mita evidenciaron también lo voluntarista o cínico, según se mire, de las disposiciones abolicionistas.
En este punto resulta paradójico que algunos imperiófilos hispanos asuman, sin crítica, que es justo y legal ser esclavizado si uno se resiste a una conquista, y yo me pregunto, ¿opinan lo mismo sobre quienes se resistieron a la conquista árabe del 711 en la península? ¿Merecían ser esclavizados en virtud del destino manifiesto asumido por sus invasores?¿Es válido el término reconquistar si se trata de los remanentes cristianos frente al invasor musulmán, pero es rebeldía si quien resiste es el indígena americano, filipino o africano? ¿No ven el sesgo?
O ponen en valor la resistencia de un autóctono a ser conquistado por un foráneo, o no la ponen. Que se aclaren.
…hecha la trampa
Como señala en su trabajo académico Pablo Ajenjo López (Universidad Pablo Olavide):
La esclavitud fue una práctica común en Europa desde la Edad Media. Era un fenómeno extendido por todo el continente, que tras la llegada a América de los europeos se vio acrecentado. Bajo el pretexto de la evangelización, de la tradición propia de los indígenas americanos de la servidumbre o de la actitud positiva de “esclavizar mejor que matar” se redujeron a la esclavitud a millares de indígenas del Nuevo Mundo.
Su justificación estaba bien sustentada en un discurso teológico, jurídico e ideológico muy amplio elaborado desde la Antigüedad a través de los textos de Santo Tomás o Aristóteles, quien además indicaba que era algo intrínseco a la propia naturaleza de los seres humanos.
Los esclavos eran consideraros bienes materiales, que se compraban y vendían como si se tratara de objetos muebles, raíces o animales, privados de la propia identidad y comunidad originaria, desnaturalizados . Durante las primeras cinco décadas de la conquista americana más de 2500 indígenas fueron embarcados de forma declarada como esclavos rumbo a la Península. Este comercio tuvo algunos picos especialmente importantes desde 1504 tras el fallecimiento de la reina Isabel, disminuyendo este tráfico de forma notoria hacía la década de 1540.
Los intentos de la Corona Hispánica por regular la esclavitud de los indígenas americanos fueron muy tempranos. Desde la época de la Reina Católica se sucedieron una serie de disposiciones que trataban de impedir la reducción a la esclavitud de los “naturales de Yndias”. Sin embargo, existían algunos mecanismos que aún posibilitaban la trata de personas, caso de la esclavitud por “buena guerra” que se siguió empleando como argumento para legitimar la tenencia subyugada de turcos, africanos o moriscos.
Había regulaciones, ciertas protecciones que los indígenas aprendieron a reclamar, y por tanto hubo más y más dificultades para esclavizarlos. Por esto, ante la falta de mano de obra esclava autóctona, se inició la introducción de esclavizados africanos. Ya existían en la península, y tal y como sostiene Felipe Fernández-Armesto en Las islas Canarias después de la conquista (1997), se habían utilizado, por ejemplo, para la colonización de las Canarias tanto esclavos norteafricanos como guanches y negros.
A partir de 1501 se empieza a regular la entrada de esclavizados africanos, y durante su regencia Fernando el Católico propicia el envío de más, que será impulsado otra vez por Carlos V desde 1518, convirtiéndose desde entonces en un elemento fundamental de la economía colonial española. La esclavitud no es un “pecado” anglosajón, portugués u holandés, como veladamente pretenden vender los rosalegendarios hispanos, sino universal. La economía de las potencias de la Edad Moderna y parte de la contemporánea hunde sus raíces en el tráfico y uso sistemático de seres humanos esclavizados, sin contemplaciones. No hay glorificación imperial que pueda separarse de este hecho.
Toda la preocupación que los religiosos mostraron por los indígenas americanos desapareció con los africanos, y ya en 1515 tanto grupos de dominicos como de jerónimos asentados en las tierras recién descubiertas solicitaban a la Corona que aumentase el envío de esclavos africanos para aliviar el trabajo de los nativos y facilitar su labor de evangelización de los mismos: “sean cuidados y relevados en el trabajo, y puedan mas aprovechar á sus ánimas y á su multiplicación” (Piqueras, 2017). En Sevilla, en 1565, había unos 6.327 esclavos de origen africano de un total de habitantes de 85.538 (Desperta Ferro citando a Earle y Lowe, 2010: Black Africans in Renaissance Europe).
Sobre la esclavitud de africanos en las colonias españolas volveremos en unas futuras piezas sobre el colonialismo posterior a la pérdida de las posesiones americanas: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y África serán tratados con detalle en esos futuros artículos, pues resultarán clave para entender la sacarocracia cubana, el colonialismo que menos reclaman los imperiófilos, y la persistencia de la esclavitud en las Españas hasta finales del XIX, a pesar de que hubo abolicionistas ilustres. Como dije, hasta 1886 no se abolió definitivamente, con un decreto ley del liberal Sagasta.
Pero de momento, en la siguiente pieza, abordaremos los virreinatos y las instituciones clave, así como el núcleo de toda esta serie: la falaz oposición que los imperiófilos hacen entre verdad jurídica y verdad de hecho, entre quienes rechazan el término época colonial y emplean el de época virreinal como si este término eliminara la realidad material.
