Mos maiorum
El sistema político y social de Roma se fundamentaba en el llamado mos maiorum («la costumbre de nuestros antepasados»), una constitución no escrita al modo de la británica: un conjunto de leyes, tradiciones, instituciones sociales, y derecho consuetudinario determinado principalmente por los precedentes históricos. Esta constitución romana pervivió hasta bien entrado el periodo imperial, pero sufrió numerosas modificaciones y mutilaciones paulatinamente a fin de adaptar las instituciones políticas republicanas, ampliamente comprometidas con la libertad, al despotismo y la centralización del poder en la figura autoritaria del imperator, Caesar o Augustus.
Por sus orígenes republicanos, la constitución romana era fundamentalmente aristocrática: temía al poder unipersonal y recelaba de la democracia, confiando el mantenimiento de la costumbre a una clase senatorial celosamente comprometida con el statu quo. Aunque la constitución reconocía la soberanía del pueblo y el derecho al sufragio, la labor legislativa y en la práctica el poder real eran desempeñados por el Senado, compuesto originalmente por los llamados «patricios», y posteriormente por miembros de una clase menos hermética pero igualmente selecta de «ennoblecidos». A lo largo del tiempo, la constitución republicana, y por ende la costumbre, fueron socavadas por las aspiraciones democráticas del grueso de la población, los «plebeyos» o «la plebe», en lo que los historiógrafos han dado en llamar «el conflicto de los órdenes».
Una de las mayores y más determinantes crisis constitucionales en la historia de la República Romana tuvo lugar entre los años 88 y 80 a.C. El panorama político estaba divido entre los «optimates» defensores de la costumbre aristocrática, liderados por Lucio Cornelio Sila, y los «populares» partidarios de reformas democráticas, aliados con el veterano general Cayo Mario. Sila había sido elegido cónsul (el equivalente a Jefe del Estado) y esto no había gustado en absoluto a la facción popular. Con el apoyo de Mario, los populares dieron un golpe de Estado y transfirieron el poder del Senado aristocrático a la plebe reunida en asambleas legislativas, controladas efectivamente por los miembros de su partido. En los años siguientes tuvo lugar una persecución política sin precedentes contra los optimates iniciada por Mario y continuada, a su muerte, por el ambicioso y tiránico Lucio Cornelio Cina.
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El estallido de la guerra civil fue inevitable, y Sila se vio en la delicada situación de tener que violar la costumbre para restaurarla: si quería restablecer el orden constitucional, debía entrar con su ejército en Italia y marchar sobre Roma, una acción considerada sacrílega además de inconstitucional y jamás llevada a cabo por ningún general romano. Este era un tabú tan importante para los romanos que de todos los oficiales del ejército de Sila, solo uno, un cuestor llamado Lucio Licinio Lúculo, accedió a acompañar a su comandante.
Sila restableció el orden con rapidez, castigó con crueldad a todos sus enemigos, reinstituyó el Senado y se hizo nombrar dictator legibus faciendis et rei publicae constituendae causa, es decir «dictador para sentar las leyes y establecer la constitución del Estado». Las reformas constitucionales de Sila eran conservadoras: buscaban revigorar la castigada costumbre de los antepasados y protegerla de las aspiraciones democráticas que habían dado alas a Mario y Cina. No obstante, la auténtica obsesión y preocupación de Sila no era que alguien imitara a sus rivales populares, sino que lo imitaran a él. Si la constitución podía determinarla y cambiarla a placer quien contara con un ejército lo suficientemente audaz como para tomar la ciudad, como él mismo había hecho, ¿qué impediría a generales posteriores seguir su ejemplo?
Los temores de Sila se confirmaron cuando treinta años tras su muerte el general Cayo Julio César marchó con su ejército sobre Roma, detonó una guerra civil y se proclamó dictador a perpetuidad, reformando a placer la constitución. Las acciones de César, que determinaron finalmente el paso de una República amante de la libertad al Imperio centralizado y monárquico de su hijo adoptivo, Octavio Augusto, no fueron sino reflejo de las acciones de Sila. Con la marcha de este sobre la ciudad todos los tabúes se habían roto: fue Sila, en su intento por restaurar la autoridad de la constitución, quien la desautorizó por completo.
A menudo tengo presente esta cruel ironía. La constitución de nuestro Estado, la del 78, contiene muchas cosas que no me gustan, y otras tantas que no gustan a muchos otros. Pero es la que tenemos. Si nos saltáramos la constitución a la torera en vez de reformarla siguiendo los cauces establecidos no solo estaríamos desautorizando esta constitución que tan poco nos gusta, sino que desautorizaríamos la fuente misma de toda legalidad. Estaríamos, por así decirlo, mandando a paseo no esta constitución, sino cualquier constitución. Incumplir, desobedecer, ignorar, despreciar la legalidad sentaría un precedente para que cualquiera al que no le guste algo de la legalidad, sea su disgusto razonable o no, se la salte cuando así lo desee. Si ahora permitimos que la mayoría haga lo que le salga de las narices en vez de seguir los cauces que marca la legalidad para reformarla, lo que estamos inculcando a los que vengan tras nosotros es que la mayoría tiene la capacidad de saltarse las leyes cuando les venga en gana. Y si la mayoría quiere matar a Sócrates, lo van a matar nos guste o no nos guste, lo creamos legítimo o no, porque lo que es razonable y legal ha dejado de importar, porque son mayoría los que lo quieren y ya se saltaron la legalidad una vez, así que ¿por qué no hacerlo una segunda?
Es decir, si ahora incumplimos la ley porque nos parece injusta, ¿qué autoridad tienen para nuestro vecino las leyes que sí nos lo parecen, pero no así a él? Es la misma situación que con Sila: no pretendas que obedezcamos el mos maiorum cuando tú quieres, si tú lo incumples cuando lo crees apropiado.
