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        <title><![CDATA[Stories by Iago_OM on Medium]]></title>
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            <title>Stories by Iago_OM on Medium</title>
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            <title><![CDATA[ La opacidad algorítmica en la empresa]]></title>
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            <category><![CDATA[algoritmos]]></category>
            <category><![CDATA[discriminación]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Iago_OM]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 11:51:51 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-11-17T11:51:51.193Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>🤖 La Opacidad Algorítmica en la Empresa: El Nuevo Derecho de Información como Barrera Contra la Discriminación Laboral</h3><p>Por Iago Otero</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*_enaZoCo-k3Q_zhix2dLEQ.png" /></figure><h3>1. Introducción: La clave oculta de la “Ley Rider” y el futuro europeo</h3><p>Cuando se publicó el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, su notoriedad se centró casi exclusivamente en la presunción de laboralidad de los repartidores de plataformas digitales. Sin embargo, en nuestra opinión, la modificación más trascendente y de mayor alcance para el futuro del derecho laboral español reside en la introducción de un nuevo derecho de información para los representantes de los trabajadores.</p><p>Esta reforma clave afecta a todas las empresas que utilicen sistemas de gestión automatizada y se localiza en el Artículo 64.4 del Estatuto de los Trabajadores (ET):</p><blockquote>d) Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.</blockquote><p>Este precepto otorga a los comités de empresa y delegados sindicales la facultad de auditar la lógica y los <em>datasets</em> utilizados por la IA, elevando el control sobre la digitalización empresarial. Este control se alinea, además, con las futuras exigencias normativas de la Unión Europea, especialmente con el Reglamento (UE) 2024/1689 (Ley de IA) y la Directiva (UE) 2024/2831 sobre el trabajo en plataformas digitales, las cuales refuerzan el principio de transparencia en la gestión algorítmica.</p><h3>2. Algoritmos en el ámbito laboral: Del concepto al riesgo empresarial.</h3><p><strong>Qué es y cómo funciona un Algoritmo</strong></p><p>Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de instrucciones que permite hallar la solución de un problema. En informática, lo podríamos definir de una manera sencilla como un conjunto ordenado y finito de instrucciones que permiten resolver un problema o tomar una decisión.</p><p>Los algoritmos constan de tres componentes principales, con un rol específico para los datos en sistemas de IA:</p><ul><li><strong><em>Input</em> o entrada</strong>: Los datos brutos que se suministran al sistema para ser procesados. En el contexto de la IA, estos datos incluyen:</li><li>El <em>Dataset</em> de Entrenamiento: El conjunto masivo, a menudo histórico, que se usa inicialmente para “enseñar” al modelo de IA y establecer sus patrones. La calidad de este <em>dataset</em> es crucial.</li><li>Los datos de ejecución: Los datos actuales que se ingresan en el momento de tomar una decisión.</li><li><strong>Proceso, Lógica y Reglas</strong>: El conjunto de instrucciones, código y parámetros que definen cómo el algoritmo procesará el “<em>input”</em>. Esta es la parte activa del algoritmo.</li><li><strong><em>Output</em> o Salida</strong>: Los resultados obtenidos después de aplicar el proceso a los datos de entrada (ej. una puntuación de rendimiento, una clasificación o una recomendación de despido).</li></ul><p><strong>El Uso de la Inteligencia Artificial en la Gestión de Personal</strong></p><p>Cada vez más, las decisiones empresariales de alto impacto sobre la plantilla se basan en sistemas de Inteligencia Artificial (IA), utilizados para la selección de personal (evaluación de idoneidad y filtrado de currículos), o decisiones críticas sobre sueldos, ascensos, despidos, asignación de turnos y evaluaciones de rendimiento.</p><p>Aunque el uso de IA en RRHH no es todavía una práctica habitual en todas las pymes, un estudio reciente de EY para Microsoft indicó que un 15% de las grandes empresas españolas encuestadas ya utilizaba la IA en su departamento de RRHH, un porcentaje superior al de las empresas europeas.</p><p><strong>El Riesgo de los Sesgos Algorítmicos</strong></p><p>La “objetividad” de los algoritmos es un arma de doble filo: carecen de intención, pero ejecutan de forma exacta los prejuicios introducidos en su diseño o en sus datos de entrenamiento, lo que se conoce como sesgo algorítmico.</p><blockquote>Ninguna tecnología está libre de sus creadores; los sistemas de aprendizaje profundo (Machine Learning ) e IA no son autónomos, son un eco de los deseos, explícitos o implícitos, de quien los construyó. — <strong>Cathy O’Neil </strong>-</blockquote><p>Los sesgos algorítmicos se producen fundamentalmente por dos vías que la empresa debe fiscalizar:</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*SmcLEAOz8-lLtt82iBmJVw.png" /></figure><h3>3. Fundamentos jurídicos: La transparencia algorítmica en la intersección legal ⚖️</h3><p>El marco de la transparencia algorítmica en el ámbito laboral se articula en una confluencia normativa crítica. La regulación de la IA en el trabajo es el resultado del cruce estratégico de tres ejes legales: el derecho fundamental a la no discriminación, la protección de datos (RGPD) y el derecho colectivo del trabajo (ET), todo ello potenciado por el reciente marco regulatorio de la Unión Europea.</p><p><strong>El Eje Regulador: RGPD, ET y el marco de la UE</strong></p><p>El Artículo 22 del RGPD establece el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado que produzca efectos jurídicos o le afecte significativamente. La modificación del artículo 64.4.d ET es la adaptación específica de este derecho al ámbito laboral, cuyo alcance se amplía por la normativa europea:</p><ul><li>Reglamento (UE) 2024/1689 (Ley de IA): Clasifica los sistemas de IA utilizados en la gestión de personal (selección, evaluación, terminación de la relación laboral) como sistemas de alto riesgo. Esto impone a las empresas obligaciones de <em>compliance</em> mucho más rigurosas que las actuales, incluyendo la necesidad de gestión de riesgos y la documentación de la transparencia antes de su comercialización o uso.</li><li>Directiva (UE) 2024/2831 (Plataformas Digitales): Esta norma refuerza específicamente la obligación de transparencia algorítmica para las empresas de plataforma, exigiendo la divulgación clara sobre cómo los algoritmos impactan en las condiciones de trabajo y el rendimiento, lo que sienta un precedente de transparencia que el derecho laboral ordinario inevitablemente adoptará.</li></ul><p><strong>La barrera legal: El choque con el secreto empresarial</strong></p><p>La principal objeción de las empresas es la protección del “<em>know-how</em>” y los secretos empresariales (Ley 1/2019 de Secretos Empresariales). No obstante, el legislador español resolvió expresamente este conflicto, así el Artículo 2.1.c Ley 1/2019 de Secretos Empresariales: Considera lícita la obtención de la información constitutiva del secreto empresarial cuando esta se realice:</p><blockquote>“Por el ejercicio del derecho de los trabajadores y sus representantes a ser informados y consultados, conforme a lo dispuesto en la legislación de la Unión Europea o nacional.”</blockquote><p>Esto significa que el derecho a la información de los trabajadores prevalece sobre el secreto empresarial cuando está en juego la fiscalización de decisiones que afectan a derechos colectivos o fundamentales.</p><h4>Jurisprudencia clave: Del Caso Frank a la Consagración Jurisprudencial</h4><ul><li>A. La Sentencia Pionera del Tribunal de Bolonia (Deliveroo, 2020): La sentencia italiana declaró la discriminación indirecta cometida por el algoritmo “Frank”. Concluyó que el sistema, al penalizar ausencias justificadas (enfermedad, huelga), no era neutral y su diseño reproducía una lógica discriminatoria, sentando el precedente de que un algoritmo es susceptible de ser impugnado judicialmente.</li><li>B. La evolución en la jurisprudencia española: Aunque la aplicación del Art. 64.4.d ET aún se está consolidando, la doctrina judicial ha avanzado hacia la transparencia algorítmica:</li><li>Derecho a la prueba y tutela judicial efectiva (Art. 24 CE): La base de cualquier reclamación judicial exige al juez requerir toda la información necesaria (parámetros, reglas y <em>datasets</em>) para que el demandante pueda cuestionar la licitud de la decisión extintiva o sancionadora basada en un informe algorítmico.</li><li>Derecho de acceso al código fuente (Analogía): El Tribunal Supremo ha declarado que la opacidad algorítmica es incompatible con el Estado de derecho, principio perfectamente aplicable cuando están en juego derechos laborales fundamentales.</li></ul><blockquote>En estos casos debe conllevar exigencias de transparencia de los procesos informáticos seguidos en dichas actuaciones, con el objeto de proporcionar a los ciudadanos la información necesaria para su comprensión y el conocimiento de su funcionamiento, lo que puede requerir, en ocasiones, el acceso a su código fuente, a fin de posibilitar la comprobación de la conformidad del sistema algorítmico con las previsiones normativas que debe aplicar” (FJ 9 de la STS 11 de septiembre de 2025 STS 3826/2025 — ECLI:ES:TS:2025:3826).</blockquote><p><strong>Referencia doctrinal: La posición de Salvador del Rey Guanter</strong></p><p>La necesidad de esta transparencia ha sido subrayada por la doctrina más influyente. Juristas como Salvador del Rey Guanter han enfatizado la relevancia de la negociación colectiva como vehículo para introducir cautelas y límites a la discrecionalidad empresarial en el uso de la IA. En sus análisis sobre la digitalización, Del Rey sostiene que, ante la tecnificación de la gestión de personal, la tutela de la dignidad del trabajador y la garantía de no discriminación deben ser los límites infranqueables a la automatización. El derecho a la información del Art. 64.4 ET se alinea con la tesis de Del Rey de que los representantes de los trabajadores deben ser los fiscalizadores clave de los procesos decisorios automatizados, asegurando que la herramienta tecnológica no se convierta en una patente de corso para el control abusivo o discriminatorio.</p><p><strong>Alcance de la información requerida para la auditoría</strong></p><p>Para que la RLT pueda realizar una auditoría efectiva y detectar sesgos, la empresa debe entregar:</p><ol><li><strong>La lógica del algoritmo (Reglas/Código)</strong>: Los parámetros, reglas e instrucciones que intervienen en la decisión, permitiendo verificar la ausencia de sesgos programáticos directos.</li><li><strong>El conjunto de datos (<em>Dataset</em> de entrenamiento)</strong>: Es el punto más crítico. Auditar los datos de entrenamiento es la única vía para descubrir si el sistema ha aprendido y está replicando discriminaciones históricas.</li></ol><h4>4. Conclusiones sobre el Presente y Futuro: Transparencia como Garantía.</h4><p>La irrupción de los algoritmos en las relaciones laborales es un hecho irreversible que exige una adaptación legal y estratégica por parte de las empresas.</p><ul><li><strong>La transparencia es la clave de la tutela</strong>: El Art. 64.4 ET se consolida como la principal herramienta legal para auditar la IA. La transparencia algorítmica es crucial para evitar que los sesgos se refuercen y para asegurar que las decisiones empresariales, automatizadas o no, sean justas y no discriminatorias.</li><li><strong>La IA no es neutral</strong>: Los algoritmos replican y amplifican los sesgos presentes en la lógica de programación o en los datos de entrenamiento. Es responsabilidad de las empresas garantizar que sus sistemas sean entrenados con datos equilibrados y que los algoritmos sean revisados periódicamente para evitar discriminaciones.</li><li><strong>Necesidad de intervención humana</strong>: El derecho del RGPD a obtener intervención humana en decisiones automatizadas significativas debe ser el último escudo del trabajador. La IA debe ser una herramienta de soporte, nunca un sustituto del juicio humano responsable, especialmente en decisiones de alto impacto como el despido o la sanción.</li></ul><p>El desafío del derecho laboral es garantizar que el avance tecnológico no suponga un retroceso en los derechos de los trabajadores, promoviendo la transparencia total en el diseño algorítmico y asegurando una gestión de personal lícita, fiable y ética.</p><h4>Nota del Autor</h4><p>La elaboración y el enfoque final de este análisis se vieron significativamente enriquecidos por los contenidos y reflexiones compartidas en las XXVIII Xornadas de Outono sobre Derecho Laboral (celebradas el 14 y 15 de noviembre del 2025), en particular por la ponencia “Impacto de la Inteligencia Artificial en el Trabajo” impartida por el Profesor Salvador del Rey Guanter. Las líneas maestras expuestas por el profesor sobre la necesidad imperante de transparencia, control humano y adaptación a las directrices europeas (Reglamento UE 2024/1689 y Directiva UE 2024/2831) han sido esenciales para completar la visión jurídica aquí presentada.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=2469d82e8820" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[ Despido Tras la Baja Médica:]]></title>
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            <category><![CDATA[baja-laboral]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Iago_OM]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 04 Nov 2025 17:40:53 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-11-06T09:52:54.138Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*fkPJey7hDCC-cSw5yOpCww.png" /><figcaption>Portada del artículo Despido tras baja médica.</figcaption></figure><p>Por Iago Otero</p><h3>1. Absentismo por IT y Despido: La Tensión entre Empresa y Trabajador.</h3><p>El marco del Derecho Laboral ha entrado en una fase de máxima complejidad y fricción, donde el deber de protección integral del trabajador choca frontalmente con la imperativa necesidad empresarial de gestionar la productividad. Esta tensión estructural se ve dramáticamente magnificada por el alarmante aumento del absentismo derivado de la Incapacidad Temporal (IT) en España, un factor que ha pasado de ser un asunto individual a una preocupación estratégica que desafía la viabilidad del tejido empresarial</p><p>Las cifras son reveladoras: el absentismo por IT (baja médica) representa aproximadamente el 5.5% de las horas pactadas en España, una de las tasas más altas de la Unión Europea. Esta métrica ha mostrado un incremento paulatino y sostenido tras la pandemia, como se observa en la siguiente tabla de evolución comparativa:</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*pILXjMxiY8PBmb4sZvXqjA.png" /><figcaption>Tabla comparativa de absentismo en los países de la UE desde 2021.</figcaption></figure><blockquote><strong>Nota Importante</strong>: La Tasa IT de España (4.1%-5.2%) refleja el porcentaje de ocupados que está de baja un día concreto. Los países con tasas altas en “días” (Alemania, Bulgaria) a menudo tienen sistemas de seguridad social que registran de forma más completa todas las bajas, incluso las de corta duración, elevando el promedio anual.</blockquote><p>Este contexto de aumento de la presión y del coste económico (la CEOE estima que el absentismo total, que asciende a cerca del 7% de horas pactadas, podría superar los 32.000 millones de euros en 2025) es el telón de fondo de una creciente conflictividad laboral. Las empresas, urgidas por mantener la productividad, buscan activamente vías para la extinción contractual.</p><h3>2. El Equilibrio Jurisprudencial: IT, ni Escudo Total ni Carta Blanca Empresarial</h3><p>En este escenario, la jurisprudencia de los juzgados y tribunales de los social cobran una importancia capital a la hora de buscar un delicado equilibrio entre dos principios fundamentales:</p><ol><li><strong>Protección del Trabajador</strong>: El derecho irrenunciable a no ser discriminado por su condición de salud, ahora reforzado por la Ley 15/2022.</li><li><strong>Facultad Empresarial</strong>: La potestad legítima de la empresa para gestionar, organizar y disciplinar su plantilla (artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores).</li></ol><p>En este sentido, la regla general es clara: la baja médica no es, por sí misma, causa de despido procedente. No obstante, la Incapacidad Temporal (IT) no puede erigirse en un escudo infranqueable frente a cualquier decisión empresarial legítima. Un trabajador en baja no está blindado si el despido se basa en causas objetivas y legales totalmente ajenas a su estado de salud (por ejemplo, causas económicas debidamente justificadas o un despido disciplinario rigurosamente probado).</p><p>Sin embargo, y aquí radica el gran cambio, el poder disciplinario del empleador no debe utilizarse como mecanismo de represalia o sanción encubierta por la baja médica. Si se demuestra que el verdadero móvil del despido es la condición de salud o el tiempo de baja, esto llevaría directamente a la nulidad de pleno derecho por discriminación, como ya establecen los Tribunales Superiores de Justicia.</p><p>Este panorama ha cambiado drásticamente a partir de julio de 2022 con la entrada en vigor de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Esta norma ha otorgado una nueva y poderosa herramienta al trabajador, elevando significativamente el riesgo de que el despido sea declarado nulo por discriminación. A continuación, analizaremos en detalle el impacto de esta ley y la doctrina judicial que la está desarrollando.</p><h3>3. La Clave de la Ley 15/2022: La “Condición de Salud” como Causa de Discriminación</h3><p>La Ley 15/2022 modificó el panorama legal al incluir, de forma expresa, la “<em>enfermedad o condición de salud</em>” como uno de los motivos de discriminación prohibidos en su Artículo 2.1.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*HQCEqVJEa6bbLLLK3r_Ejg.png" /><figcaption>Tabla confrontando la situación antes y tras ley 15/20222</figcaption></figure><p>El Artículo 26 de la Ley es contundente al establecer la nulidad de pleno derecho de cualquier acto que constituya o cause discriminación por razón de alguno de los motivos previstos, incluida la condición de salud.</p><h3>4. La Jurisprudencia Actual: El Test de la Nulidad e Inversión de la Carga de la Prueba</h3><blockquote>El Tribunal Supremo aún no ha unificado criterios definitivos sobre la Ley 15/2022, pero la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) está consolidando una interpretación esencial: la nulidad del despido por enfermedad no es automática, sino que requiere probar la existencia de discriminación.</blockquote><p>La <strong>Sentencia 419/2022</strong>, de 15 de noviembre, del Juzgado de lo Social Nº 1 de Gijón (<em>ECLI:ES:JSO:2022:3662</em>), marcó un hito al declarar la nulidad de un despido durante la Incapacidad Temporal (IT), estableciendo que la discriminación por enfermedad es un motivo autónomo de nulidad. No obstante, la posterior jurisprudencia de los TSJ ha refinado esta aplicación, buscando un delicado equilibrio entre garantizar el derecho del trabajador a no ser discriminado por su estado de salud y evitar que la baja médica se convierta en un blindaje absoluto frente a cualquier decisión empresarial.</p><p>Esta evolución queda claramente resumida en la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 6 de marzo de 2025 (<em>ECLI:ES:TSJCAT:2025:1069</em>):</p><blockquote>(…) tras la Ley 15/2022 ya no es necesario acudir al concepto de discapacidad para cubrir la laguna de la enfermedad como causa de discriminación. Por sí misma, esta ya es causa de discriminación. De esta manera, se corta de raíz la argumentación jurisprudencial acerca de que la enfermedad no es una causa de discriminación. <strong>Ahora bien, esto no significa que sea nulo el despido de la persona trabajadora durante una situación de incapacidad temporal, sino que solo lo será el despido cuya causa sea la enfermedad que causa esa situación</strong>. Otra cosa es que entendamos que el despido de la persona trabajadora durante una situación de incapacidad temporal sea indiciariamente discriminatorio (…), <strong>correspondiendo a la empresa acreditar que el despido obedece a razones objetivas, suficientemente probadas y proporcionales.</strong></blockquote><h4>En Síntesis: Criterios Clave de los TSJ</h4><p>La doctrina actual de los TSJ se puede resumir en los siguientes puntos clave:</p><ul><li><strong>Indicio de Discriminación</strong>: El despido durante una situación de IT o poco tiempo después de la reincorporación del trabajador establece un fuerte indicio de vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado por su condición de salud.</li><li><em>Nota jurisprudencial: </em>A modo de ejemplo, la Sentencia del TSJ de Asturias de 6 de febrero de 2024 (ECLI:ES:TSJAS:2024:260) ha considerado un periodo de hasta seis meses desde el alta como un lapso que podría generar este indicio, si bien subraya que no existe un plazo absoluto y la apreciación dependerá siempre de las circunstancias específicas de cada caso. La clave reside en la proximidad temporal y en la ausencia de causas objetivas y ajenas a la baja que justifiquen la decisión empresarial.</li><li><strong>Inversión de la Carga de la Prueba</strong>: Para que el despido sea declarado nulo, no basta con el indicio. Será nulo solo cuando la empresa no logre probar que el despido obedeció a una causa legítima, real y distinta a la enfermedad del trabajador. La carga de la prueba recae, por tanto, íntegramente en la empresa una vez que el trabajador ha presentado los indicios.</li></ul><h3>5. Conclusiones y Recomendaciones Legales</h3><p>La Ley 15/2022 ha impuesto un nivel de exigencia y un riesgo mucho mayor a las extinciones contractuales que se producen durante o tras una Incapacidad Temporal</p><ul><li><strong>Para el Empresario</strong>: Es imperativo extremar la cautela y asegurar que cualquier despido se base en causas objetivas o disciplinarias robustas, reales y documentadas. Se debe poder demostrar, sin lugar a dudas, que la decisión de despedir se habría tomado exactamente igual aunque el trabajador no estuviera de baja.</li><li><strong>Para el Trabajador</strong>: Si el despido se produce en situación de IT o tras la reincorporación, debe valorarse siempre la existencia de indicios de discriminación. La Ley 15/2022 supone una gran protección que, mediante una defensa jurídica sólida, puede transformar una improcedencia en una nulidad, garantizando la readmisión.</li></ul><p>Si usted o su empresa se enfrenta a un despido durante una baja médica, la asistencia de un abogado laboralista especializado es esencial para evaluar los indicios de discriminación y aplicar correctamente la Ley 15/2022 y la doctrina judicial vigente.</p><blockquote>No tomes decisiones sin la seguridad legal que mereces. El derecho laboral es un ámbito que exige especialización.</blockquote><blockquote>Para contactar puedes llamar al 690 05 14 33 o enviar un correo electrónico a iago.otero.moreiras@gmail.com</blockquote><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=0f4a5ae53ebe" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Prevención de riesgos laborales: .⚖️]]></title>
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            <category><![CDATA[riesgos-laborales]]></category>
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            <dc:creator><![CDATA[Iago_OM]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 21 Oct 2025 07:33:31 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-10-21T07:33:31.461Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="Portada del artículo, Prevención de Riesgos laborales, Cuando el incumplimiento se vuelve delito" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*rvubhPjVWasEKFo-kE_RdQ.png" /><figcaption>Prevención de Riesgos Laborales: Cuando el incumplimiento se vuelve delito</figcaption></figure><h3>Prevención de riesgos laborales: Cuando el incumplimiento se vuelve delito. ⚖️</h3><h4>Introducción</h4><p>Durante el tiempo que trabajé como Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) en un Juzgado de lo Penal, me llamó la atención la cantidad de procedimientos penales instruidos contra los derechos de los trabajadores. Eran expedientes muy fáciles de identificar debido a su volumen, pues suelen ser procesos con una cantidad ingente de documentación (el expediente administrativo de la Inspección de Trabajo, informes médicos, o documentación sobre la prevención de riesgos laborales de la empresa, etc.)</p><p>Además de la alta litigiosidad en esta materia, al conversar con los Fiscales y con los abogados del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que suelen personar como actores civiles para reclamar el reembolso de las prestaciones que el sistema ha tenido que abonar al trabajador víctima del accidente, me di cuenta de que, al concurrir dos jurisdicciones (la penal y la laboral), no se solía hacer un análisis jurídico completo y exhaustivo del asunto.</p><p>Esto ocurría porque los Fiscales —quienes dominan el derecho penal, pero tienen menor conocimiento del laboral— y los abogados del INSS — quienes tienen un profundo conocimiento laboral, pero escasa experiencia en la esfera penal —, a menudo limitaban su análisis a su ámbito de competencia. Lo mismo sucedía con los abogados de las partes, frecuentemente penalistas, que se perdían en el análisis de la prevención de riesgos laborales, una materia por lo demás compleja y confusa.</p><p>Por estas razones, al finalizar mi etapa como LAJ, y dada mi experiencia previa como abogado centrado en el derecho laboral y penal, comprendí que existía un nicho de especialización. No hay en la actualidad muchos abogados que ofrezcan una visión integral penal-laboral, lo que me motivó, en mi vuelta al ruedo como abogado, a enfocar mi práctica en este tipo de delitos.</p><p>Pasaremos ahora a explicar brevemente en qué consiste el delito contra los derechos del trabajador, regulado en el <strong>artículo 316 del Código penal</strong></p><h3>La Criminalización del Entorno Laboral: Un Asunto de Todos</h3><blockquote>Los que con<strong> infracción de las normas de prevención</strong> de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que <strong>pongan así en peligro</strong> grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses (Art. 316 CP)</blockquote><p>El incumplimiento de las normativas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) tiene consecuencias que van más allá de las multas o indemnizaciones. Cuando un empresario o directivo omite las medidas de seguridad legalmente exigibles, poniendo en grave peligro la vida o integridad de sus empleados, dicho acto se convierte en un delito contra los derechos de los trabajadores.</p><p>El incumplimiento grave de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales ha sido elevado a la categoría de delito. Este ilícito penal establece la responsabilidad directa de la empresa en su deber de cuidado y, simultáneamente, se erige en vía más eficaz para la protección penal y la reparación integral de los derechos del trabajador afectado.</p><p><strong>I. Para el Trabajador Víctima: La Vía Penal como Máxima Tutela</strong> 👷</p><p>Si usted ha sufrido un accidente laboral grave, o si detecta que su empresa <strong>incumple gravemente</strong> la normativa de prevención y no le facilita los medios de seguridad obligatorios, la vía penal se activa.</p><p><strong>Recuerde</strong>: el delito se perfecciona al <strong>poner en grave peligro su integridad física</strong>, sin necesidad de que se produzca un accidente, y le permite exigir responsabilidades directas a quienes tomaron las decisiones.</p><p>A.- La Justicia más allá de la Indemnización</p><p>En estos delitos, el proceso penal busca tanto determinar la responsabilidad individual de la persona física (el empresario, el directivo o el responsable de prevención) y como de la persona jurídica (empresa). Esto se logra mediante la imputación de:</p><ul><li><strong>Delito de Riesgo</strong> (Art. 316 CP): Cuando el empresario no dota de los medios de seguridad, creando una situación de peligro grave, incluso si no hubo accidente.</li><li><strong>Delitos de lesiones u homicidio por Imprudencia</strong>: Cuando el incumplimiento de las normas de SST es la causa directa de una lesión grave o el fallecimiento del trabajador. La imprudencia del empresario se castiga penalmente.</li></ul><p>B.- La reparación integral</p><p>La ventaja de iniciar un procedimiento penal es que la sentencia condenatoria no solo impone una pena de cárcel o multa al responsable, sino que también establece la obligación de indemnizar al trabajador o a sus familiares por los daños y perjuicios sufridos. El juez penal garantiza una reparación que a menudo supera lo que se obtendría en la vía social.</p><p><strong>¡Actúe con Rapidez!</strong> Si ha sufrido un accidente, la preservación de pruebas es fundamental. Es crucial contar con asesoría legal especializada desde el primer momento.</p><p><strong>II. Para la Empresa: Blindaje Preventivo y Defensa Penal</strong> 🛡️</p><p>El empresario debe entender que la falta de prevención es, hoy en día, un pasivo penal que afecta a toda la estructura corporativa.</p><p>A.- Riesgos penales directos</p><p>En un procedimiento penal por SST, la empresa se enfrenta a una doble imputación:</p><ul><li>Imputación de Directivos: La persona física (administrador, gerente, encargado) que tenía el deber de garante sobre la seguridad. La pena puede ser de prisión.</li><li>Imputación de la Persona Jurídica: La propia sociedad puede ser condenada a multas muy cuantiosas, prohibición de actividad o de contratación pública por no haber ejercido el debido control sobre el riesgo laboral.</li></ul><p>B.- La única defensa eficaz: Cumplimiento de la PRL</p><p>Como hemos visto, para que la falta de seguridad en el trabajo llegue a los tribunales penales, el requisito fundamental es el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales (PRL). Por ello, si usted es empresario o responsable, no basta con tener “<em>los papeles en regla</em>”. Es vital que dedique recursos reales a la gestión de la seguridad, prestando atención a dos puntos:</p><p>1. La Implementación Real: Que las medidas de seguridad no se queden solo en un manual, sino que se instalen, se compren y se faciliten efectivamente.<br>2. La Ejecución y Seguimiento: Que se compruebe constantemente que los trabajadores utilizan esas medidas y que los procedimientos se cumplen.</p><p><strong>En resumen</strong>: El Código Penal no solo sanciona el accidente (el resultado), sino también el peligro grave (el riesgo no evitado). Por tanto, la mera omisión de estas medidas efectivas es suficiente para activar el delito del artículo 316, incluso antes de que ocurra una lesión.</p><h4>Conclusión: Prevención o Consecuencia</h4><p>El derecho penal ya no es ajeno al entorno laboral. Tanto si es usted un trabajador buscando justicia tras un accidente, como si es un empresario buscando blindar su compañía y su propia libertad, la clave está en una asesoría legal especializada.</p><p>Nuestro servicio se especializa en la compleja intersección entre el Derecho Penal y el Laboral, ofreciendo una estrategia adaptada para la protección integral de sus intereses, ya sea como empresa o como trabajador:</p><p><strong>Defensa Empresarial</strong>: El objetivo es proteger a los responsables corporativos, demostrando la diligencia debida y evitando la materialización del delito de peligro (Art. 316 CP) mediante</p><ul><li>Prevención Material y Eficaz: Aseguramos que la gestión de riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) vaya más allá de lo documental.</li><li>Estructura de Responsabilidad Sólida: Auditamos la delegación de funciones de prevención. Preparamos la prueba necesaria para acreditar que los mandos responsables contaban con la autoridad, formación y recursos suficientes, blindando así la posición de la alta dirección.</li><li>Mitigación de la Imprudencia: Implementamos canales de denuncia y comunicación interna para probar el compromiso diligente de la empresa y detectar riesgos tempranamente, mitigando la culpa en caso de accidente.</li></ul><p><strong>Protección al Trabajador</strong>: El objetivo es ejercer sus derechos en la vía penal para exigir la responsabilidad y la máxima reparación posible:</p><ul><li>Análisis del incumplimiento y nexo causal: Llevamos a cabo un análisis técnico-penal exhaustivo de la infracción de PRL (omisión de medios, falta de formación, etc.) para probar el vínculo directo entre la negligencia del empresario y el daño sufrido (accidente o enfermedad profesional).</li><li>Maximización de la Indemnización: Nos centramos en la responsabilidad civil derivada del delito para obtener una indemnización plena por daños y perjuicios.</li><li>Coordinación de Acciones: Trabajamos coordinadamente con las acciones del INSS (como actor civil por el reembolso de prestaciones) para garantizar que la condena penal sirva de base para obtener el máximo recargo de prestaciones en la jurisdicción social.</li></ul><blockquote>No tomes decisiones sin la seguridad legal que mereces. El derecho penal-laboral es un ámbito que exige especialización.<br><br>Para contactar puedes llamar al 690 05 14 33 o enviar un correo electrónico a iago.otero.moreiras@gmail.com</blockquote><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=62f16913d39a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Despido Objetivo: Lo que necesitas saber.]]></title>
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            <category><![CDATA[despidos]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Iago_OM]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 08 Oct 2025 10:40:47 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-10-08T10:40:47.847Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="Portada del artículo Despido objetivo lo que necesitas saber" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*mjBp4yLwPlEymx6RpS5Fhg.png" /><figcaption>Despido objetivo.</figcaption></figure><p>En el complejo panorama del derecho laboral, el <strong>despido objetivo</strong> es una de las modalidades más comunes, pero a menudo también una de las más confusas y controvertidas. Entender qué es, cuándo se aplica y cuáles son sus requisitos y consecuencias es fundamental, tanto si eres un <strong>trabajador</strong> que lo sufre como si eres un <strong>empresario</strong> que necesita aplicarlo correctamente.</p><h3>¿Qué es el Despido Objetivo?</h3><p>El despido objetivo es la extinción de la relación laboral decidida por el empresario, basada en <strong>causas legalmente establecidas</strong> que no tienen que ver directamente con una conducta culpable o disciplinaria del trabajador. A diferencia del despido disciplinario, aquí la causa radica en motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción (las llamadas c<strong>ausas ETOP</strong>), o en causas relativas a la persona del trabajador (como su ineptitud o falta de adaptación).</p><h3>Causas Principales del Despido Objetivo</h3><p>La Ley establece las siguientes causas:</p><h4>A.- Causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción (ETOP)</h4><p>Esta es la razón más frecuente, y se vincula a la necesidad de reestructurar o adaptar la empresa para garantizar su viabilidad o mejorar su competitividad. Pasemos ahora a analizar brevemente cada uno.</p><p>1. <strong>Económicas:</strong></p><p>El artículo 51.1 del E.T. establece que se considera que existen causas económicas cuando, de los resultados de la empresa, se desprenda una <strong>situación económica negativa</strong>. Esto se puede acreditar mediante dos circunstancias alternativas:</p><ul><li>Pérdidas actuales o previstas.</li><li>Disminución persistente de ingresos o ventas:</li></ul><blockquote>El nivel de <strong>ingresos ordinarios o ventas</strong> de la empresa debe disminuir de forma persistente. Se entiende que la disminución es persistente si, durante <strong>tres trimestres consecutivos</strong>, el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.</blockquote><p><strong>2. Técnicas:</strong></p><p>El despido objetivo por causas técnicas se produce cuando la empresa implementa <strong>cambios en los medios o instrumentos de producción</strong> que hacen innecesaria la existencia o el mantenimiento de ciertos puestos de trabajo. Este despido está regulado en el artículo 52.c) en remisión al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.), como pueden ser, entre otros, la automatización de procesos, la renovación de maquinaria o la implementación de nuevos sistemas informáticos</p><p><strong>3. Organizativas y de Producción:</strong></p><p>Según el artículo 51.1 del E.T., concurren causas organizativas: “<em>cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado</em>.” Entre las causas más habituales nos encontramos con la reorganización de los departamentos, la implementación de nuevas tecnologías o la modificación en la distribución de los recursos humanos, como sería por ejemplo la centralización de tareas</p><p><strong>4. Nexo Causal y Finalidad</strong></p><p>En todos estos casos, la empresa deberá acreditar:</p><ul><li><strong>Existencia de la causa ETOP</strong>: La causa económica, técnica, organizativa o de producción deberá ser real, efectiva y documentada.</li><li><strong>Necesidad de la Amortización</strong>: Debe existir un nexo causal entre la innovación técnica y la supresión del puesto. Es decir, el puesto de trabajo debe ser objetivamente innecesario a raíz del cambio implementado.</li><li><strong>Objetivo Empresarial</strong>: El cambio debe estar orientado a conseguir una mayor eficiencia, competitividad o adaptación al mercado.</li><li><strong>Principio de <em>Última Ratio</em></strong>: Aunque la ley no lo exige formalmente, la jurisprudencia exige cada vez más que la empresa demuestre que el despido era la última opción. Si existen vacantes razonables, incluso de distinta categoría o funciones, deben ser ofrecidas al trabajador antes de proceder a la extinción del contrato.</li></ul><h4>B.- Ineptitud del Trabajador</h4><p>El despido objetivo por ineptitud del trabajador es una causa de extinción del contrato regulada en el artículo 52.a) del Estatuto de los Trabajadores. Se fundamenta en una falta de capacidad o habilidad del empleado para desempeñar las funciones de su puesto, siempre que esa ineptitud cumpla una serie de requisitos de fondo y forma, entre los que se encuentran los siguientes:</p><ul><li><strong>Real y probada</strong>: Debe ser una carencia objetiva y demostrable (no fingida o simulada). La empresa debe acreditarla documentalmente (informes médicos, informes del servicio de prevención, pruebas de rendimiento, etc.).</li><li><strong>Sobrevenida</strong>: Surge o se conoce <strong>con posterioridad</strong> a la colocación efectiva del trabajador en la empresa. Si la ineptitud ya existía antes de que finalizara el período de prueba, la empresa debió haber extinguido el contrato en ese momento, no pudiendo alegarla después como causa de despido objetivo.</li><li><strong>General y de suficiente entidad</strong>: La ineptitud debe afectar a las funciones esenciales y propias del puesto de trabajo, no a tareas meramente accesorias o puntuales. Debe impedir el desempeño normal del trabajo.</li><li><strong>Permanente</strong>: No puede ser una limitación transitoria o puntual (como una incapacidad temporal o una enfermedad de corta duración), sino que debe tener carácter duradero o definitivo.</li><li><strong>No voluntaria</strong>: Debe ser producto de causas ajenas a la voluntad del trabajador (p. ej., <em>problemas físicos, psíquicos, pérdida de licencias necesarias, falta de actualización de conocimientos</em>). Si fuera una bajada voluntaria y deliberada del rendimiento, sería, en todo caso, constitutiva de despido disciplinario.</li><li><strong>Necesidad de agotar adaptaciones</strong>: Especialmente en casos de ineptitud física o psíquica sobrevenida, la empresa debe justificar que no existe posibilidad de reubicar al trabajador en otro puesto compatible con sus capacidades actuales o que no es posible llevar a cabo ajustes razonables en su puesto.</li></ul><h4>C.- Falta de Adaptación del Trabajador</h4><p>El despido objetivo por falta de adaptación del trabajador a modificaciones técnicas es una causa de extinción del contrato regulada en el artículo 52 b) del Estatuto de los Trabajadores.</p><p>Este despido solo es procedente si se cumplen estrictamente una serie de requisitos de fondo y forma, que garantizan que el trabajador ha tenido todas las oportunidades para adaptarse.</p><p>La causa debe fundamentarse en la inadaptación del trabajador a los cambios en su puesto, y la empresa tiene la carga de probar que se cumplieron las obligaciones previas.</p><ul><li>Deberá haberse producido una <strong>modificación técnica o tecnológica</strong> significativa y real en el puesto de trabajo habitual (<em>nuevo software, nueva maquinaria, cambio en los sistemas de producción</em>).</li><li>Estos cambios deben ser <strong>razonables</strong>, es decir, no pueden suponer una alteración radical o sustancial de las funciones del trabajador que implique un cambio de categoría profesional o tareas completamente antagónicas.</li><li>Además, debemos tener en cuenta que el empresario está obligado a <strong>ofrecer al trabajador un curso,</strong> o la formación necesaria para facilitar su adaptación a las modificaciones operadas. (<em>El tiempo dedicado a esta formación se considerará, a todos los efectos, tiempo de trabajo efectivo, y el empresario deberá abonar al trabajador el salario medio que viniera percibiendo)</em></li><li>La extinción del contrato no puede ser acordada hasta que hayan <strong>transcurrido, como mínimo, dos meses</strong> desde que se introdujo la modificación o desde que finalizó la formación dirigida a la adaptación. Este es el plazo mínimo que tiene el trabajador para demostrar su capacidad.</li><li>Y como en todos los casos que hemos visto, la empresa debe poder <strong>demostrar de forma objetiva</strong> que, a pesar de la formación ofrecida y el tiempo transcurrido, el trabajador no ha conseguido el desempeño necesario en el nuevo sistema implementado.</li></ul><h3>Para el Trabajador: Cómo Debes Reaccionar 🧑‍💼</h3><p>Si recibes una carta de despido objetivo, debes saber que tienes derechos y un plazo muy limitado para actuar:</p><ul><li><strong>Analiza la Comunicación</strong>: La empresa debe entregarte una carta de despido donde se detallen de forma clara y precisa la causa del despido y la fecha de efectos. ¡Es imprescindible!</li><li><strong>Verifica el Preaviso</strong>: La empresa debe concederte un preaviso de 15 días antes de la fecha de efectos del despido. Si no lo hace, debe abonarte los salarios correspondientes a esos días.</li><li><strong>Recibe la Indemnización</strong>: En el momento de la entrega de la carta, la empresa debe poner a tu disposición una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Si no la abonan, el despido puede ser impugnado por defecto de forma.</li><li><strong>El tiempo es clave</strong>: Tienes un plazo de <strong>20 días hábiles </strong>desde la fecha de efectos del despido para impugnarlo ante la jurisdicción social. Este plazo es sagrado: si lo dejas pasar, pierdes tu derecho a reclamar.</li></ul><h3>Para el Empresario: La Importancia de la Forma 💼</h3><p>Si estás planteándote un despido objetivo, la ley exige que cumplas estrictamente con una serie de requisitos formales. Un error de forma puede convertir un despido procedente en improcedente, incrementando significativamente su coste.</p><ul><li><strong>Acredita la Causa</strong>: Debes poder demostrar con documentación objetiva, real y suficiente (<em>cuentas anuales, informes técnicos, etc.</em>) que la causa alegada es cierta y que la extinción es necesaria para la empresa.</li><li><strong>Cumplimiento Formal</strong>: Entrega la carta de despido por escrito, especificando la causa, y respeta el <strong>preaviso de 15 días</strong> y la <strong>indemnización de 20 días</strong> a disposición del trabajador.</li><li><strong>La Decisión Final</strong>:El despido debe ser una medida necesaria y proporcionada. Es vital que cuentes con el asesoramiento legal adecuado para blindar la decisión y minimizar el riesgo de litigio.</li></ul><h3>Mi Rol Como Tu Abogado</h3><p>El despido objetivo es un campo de batalla donde la prueba y la forma lo son todo.</p><ul><li><strong>Si eres trabajador</strong>: Analizo tu caso, te ayudo a reunir la documentación necesaria y lucho para que tu despido sea declarado improcedente o nulo, asegurando la máxima indemnización que te corresponde por derecho.</li><li><strong>Si eres empresario</strong>: Te asesoro desde el inicio para construir un expediente de despido sólido, blindado legalmente y minimizo los riesgos de una declaración de improcedencia, ahorrándole a tu empresa costes innecesarios.</li></ul><blockquote>No tomes decisiones sin la seguridad legal que mereces.El derecho laboral es un ámbito que exige especialización y rapidez.</blockquote><blockquote>Para contactar puedes llamar al 690 05 14 33 o enviar un correo electrónico a iago.otero.moreiras@gmaill.com</blockquote><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d286a0aeffd0" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Despido : La Diferencia entre Causa (Empresa) y Calificación (Juez)]]></title>
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            <category><![CDATA[despido-laboral]]></category>
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            <category><![CDATA[laboral]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Iago_OM]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 15:58:24 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-10-01T16:06:35.755Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="Portada del artículo Despido: La diferencia entre causa y calificación" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*umA61Gx_NCnK3Z89D1LWEQ.png" /><figcaption>Despido: La diferencia entre causa y calificación</figcaption></figure><p>Ser despedido nunca es fácil. Tu primer paso legal no puede ser la desesperación ni la resignación, sino el <strong>análisis</strong>. Cuando recibes la carta de despido, la empresa te entrega la primera etiqueta: <strong>Objetivo</strong> o <strong>Disciplinario</strong>. Este documento es la pieza clave que inicia tu proceso legal y el que debes evaluar de inmediato.</p><blockquote><strong>¡Atención!</strong> Es crucial que sepas que esa etiqueta es solo la causa que alega la empresa. La verdadera batalla legal, la que define si vas a cobrar o no indemnización o si te deben readmitir, se juega con la calificación judicial.</blockquote><p>Te explico cómo funciona el proceso y por qué tienes que actuar rápido, ya que solo <strong>tienes<em> 20 días hábiles </em>para impugnar tu despido<em>.</em></strong></p><h3>La causa inicial: Los 2 tipos de despido de la empresa</h3><p>El Estatuto de los Trabajadores permite a la empresa extinguir tu contrato alegando uno de estos dos motivos:</p><h4>1. Despido Disciplinario: La acusación de “Falta Grave”</h4><p>Aspectos clave del preaviso en un despido disciplinario:</p><ul><li><strong>No es obligatorio el preaviso</strong>: El empresario puede notificar el despido disciplinario y poner fin a la relación laboral de forma inmediata. Por lo que la fecha de efectos del despido puede ser el mismo día en que se entrega la carta de despido.</li><li><strong>Carácter del incumplimiento</strong>: Este tipo de despido se basa en un incumplimiento grave y culpable del trabajador, según lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, lo que justifica la falta de preaviso.</li><li><strong>Requisito de forma</strong>: La empresa debe comunicar el despido por escrito a través de una carta que detallará los hechos que lo motivan</li></ul><blockquote>El “Atajo” de la Improcedencia (Art. 56 ET):</blockquote><blockquote>Si la empresa sabe que su despido disciplinario es difícil de demostrar en el Juzgado, puede elegir reconocer su improcedencia de forma inmediata y pagarte la indemnización máxima (33 días por año). Se hace esto para intentar evitar el juicio y una posible sentencia más costosa.</blockquote><h4>2. Despido Objetivo: Cuando la causa es de la empresa</h4><p><strong>Causa</strong>: Se fundamenta en razones externas a tu voluntad, como la necesidad de amortizar tu puesto por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción (<em>ETOP</em>), o por tu ineptitud sobrevenida.</p><p><strong>Indemnización inicial</strong>: La empresa está obligada a pagarte 20 días de salario por año trabajado (<em>máximo 12 mensualidades</em>) en el momento de la entrega de la carta.</p><p><strong>Formalidad</strong>: Debe notificarte con un preaviso de 15 días (<em>o abonar el salario de ese período</em>).</p><h3>El veredicto final: Las 3 calificaciones del juez</h3><p>Una vez que un trabajador impugna su despido, el proceso pasa al Juzgado de lo Social. Es el juez quien dictará sentencia calificando el despido en una de estas tres categorías. Esta calificación es lo que realmente determinará tus derechos:</p><h4>1. Despido Procedente (La Empresa Gana)</h4><p><strong>Significado</strong>: El juez da la razón a la empresa, confirmando que la causa alegada era real y que se cumplieron los requisitos formales.</p><p><strong>Resultado</strong>: El despido se mantiene. Si era disciplinario, no cobras indemnización. Si era objetivo, mantienes la indemnización de 20 días ya percibida.</p><h4><strong>2. Despido Improcedente (La opción más común)</strong></h4><p><strong>Significado</strong>: El juez determina que la empresa no ha justificado la causa del despido (<em>no pudo probar la falta o la causa ETOP</em>) o que ha incumplido los requisitos formales (<em>ej. carta vaga o falta de preaviso en el objetivo</em>).</p><p><strong>Resultado</strong>: La empresa debe elegir:</p><ul><li>Readmitirte en tu puesto.</li><li>Pagar la máxima indemnización legal: 33 días de salario por año trabajado.</li></ul><h4>3. Despido Nulo</h4><p><strong>Significado</strong>: El despido ha vulnerado un Derecho Fundamental o se ha producido durante un período de especial protección (<em>ej. despido a una mujer embarazada, a un trabajador que reclama salarios o por discriminación</em>).</p><p><strong>Resultado</strong>: Es la calificación más favorable. La empresa está obligada a readmitirte inmediatamente y a pagar los salarios de tramitación (<em>el sueldo que dejaste de percibir desde el despido hasta la readmisión efectiva</em>).</p><h3>La Clave: No asumas, impugna</h3><p>La decisión de la empresa es solo una propuesta. Tu derecho a la indemnización máxima (<em>33 días</em>) o a la readmisión (<em>nulidad</em>) depende de tu capacidad para impugnar correctamente la decisión inicial en el plazo legal de <strong>20 días hábiles</strong>.</p><p>No te conformes con la etiqueta de la empresa. En un Despido Objetivo, ¿es realmente la causa tan sólida? En un Despido Disciplinario, ¿puede la empresa demostrar realmente la falta grave?</p><blockquote>Tienes un plazo innegociable de solo 20 días hábiles. Si dudas de la legalidad de tu despido, no lo dejes pasar. En nuestro despacho estamos especializados en Derecho Laboral y te guiaremos para conseguir la calificación que más te beneficie. Contáctanos hoy mismo para asegurar que tu reclamación se presenta en tiempo y forma.</blockquote><blockquote>Para contactar puedes llamar al <strong>690 05 14 33</strong> o enviar un correo electrónico a <strong>iago.otero.moreiras@gmaill.com</strong></blockquote><p>En los próximos artículos hablaremos de manera detallada de cada tipo de despido (<em>disciplinario, objetivo y nulo</em>), de sus formalidades, excepciones, consecuencias y regulación legal.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e90f7f0e9307" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[APUNTES LEGALES SOBRE LAS STO[1]]]></title>
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            <category><![CDATA[sto]]></category>
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            <dc:creator><![CDATA[Iago_OM]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 09:15:49 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-04-09T08:10:48.870Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<pre>author: Iago Otero<br>date:  28 de marzo de 2019<br>title: Venta de acciones de una SA a traves de una STO</pre><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/820/1*bW-emMalzuE8sK6FXKFJCg.png" /></figure><h3>APUNTES LEGALES SOBRE LAS STO[1]</h3><p>Lo primero que debemos tener claro antes de iniciar un procedimiento de venta publica de <em>tokens</em>, es que tipo de <em>token</em> vamos a vender, un <em>utility</em> o un <em>security</em></p><p>Un <em>Utility token</em> es aquel que permite acceder a un servicio o producto prestado por la compañía en unas determinadas condiciones, o dicho de otra forma, es aquel <em>token</em> cuya única función es interactuar con la propia Dapp. Por ejemplo un descuento en la compra del bien o servicio, la venta anticipada de un espectáculo…</p><p>Un<a href="https://blog.icofunding.com/security-tokens-qu%C3%A9-es-un-sto-y-por-qu%C3%A9-va-a-revolucionar-el-sector-financiero-6e21837b20d4"> <em>Security token</em></a> (<em>valores negociables</em>) es la venta de instrumentos financieros, valores de deuda (bonos), de venta de acciones o de cualquier título-valor con el objeto de que la empresa emisora de <em>tokens</em>, consigue capital y los inversores tienen derechos a participar en las ganancias o en las expectativas de ganancias.</p><p>Un <strong>valor negociable</strong> según el artículo 2.1 del TRLMV[2]</p><blockquote>a) Valores negociables, entendiendo como tales cualquier derecho de contenido patrimonial, cualquiera que sea su denominación, que por su configuración jurídica propia y régimen de transmisión, sea susceptible de tráfico generalizado e impersonal en un mercado financiero, incluyendo las siguientes categorías de valores, con excepción de los instrumentos de pago:</blockquote><p>Este tipo de <em>tokens </em>están sometidos a una regulación más estricta , como la ley de prevención de blanqueo de capitales y las políticas de<em> KYC, Know Your Customer </em>(procedimiento de identificación del cliente), ley sociedades y ley de mercado de valores. Leyes que nos exigen, entre otras cosas, obtener información sobre el propósito e índole prevista de la relación de negocios, como veremos más adelante.</p><p>Pasemos ahora analizar de manera sucinta los requisitos para realizar una oferta pública de valores negociables o <em>Security token ofert</em></p><h3>Oferta pública de venta o suscripción de valores.-&gt;STO</h3><p>A las <em>STO</em> les serán aplicables las normas nacionales o europeas correspondientes,fundamentalmente, las contenidas, relacionadas o derivadas de <em>MiFI D II, la Directiva de Folletos y la Directiva sobre Gestores de Fondos de Inversión Alternativos.</em></p><p>En particular, se recuerda que, en los casos de las <em>ICO </em>que <strong>no tengan la consideración de oferta pública</strong> (35.2 del TRLMV[3])</p><ul><li>Menos de 150 inversores,</li><li>Inversión mínima de 100.000 euros</li><li>Importe total inferior a 5 millones de euros</li></ul><p>Deberá intervenir una entidad autorizada para prestar servicios de inversión Artículo 35.3 del TRLMV</p><blockquote>35.3. Cuando se trate de colocación de emisiones contempladas en las letras b), c), d) y e) del apartado anterior, dirigidas al público en general empleando cualquier forma de comunicación publicitaria, <strong>deberá intervenir una entidad autorizada para prestar servicios de inversión a efectos de la comercialización de los valores emitidos</strong>. No será de aplicación esta obligación al ejercicio de la actividad propia de las plataformas de financiación participativa debidamente autorizadas.</blockquote><p>Por lo tanto deberá intervenir en todos caso una ESI [4] para validar y supervisar la información dado al inversor la cual deberá ser <strong>clara, imparcial, no engañosa</strong> así como hacer relación a las <strong>características y riesgos de los valores emitidos</strong> así como la <strong>situación jurídica y económica-financiera del emisor</strong> de una manera suficientemente detalladas para que el inversor pueda tomar una decisión fundada.</p><p>En principio no será necesario la interveción de la ESI ni para la colocación ni para la custodia de los valores al no ser una actividad habitual ni profesional[5]</p><p><em>Para más información sobre esta cuestión leer los criterios en relación a las ICOs publicado el 20 de septiembre de 2018 por la CNMV [6]</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/139/1*dKwYa8T8QCThKlv6E-4L8A.png" /><figcaption><a href="https://tippin.me/@AbogadOtero">https://tippin.me/@AbogadOtero</a></figcaption></figure><p><strong>NOTAS:</strong></p><p>[<strong>1</strong>] <em>Security Token Ofert</em>:es un proceso mediante el cual una compañía vende una serie de tokens que pueden ser los tokens representan participación o derechos económicos sobre una compañía (valor negociable).</p><p>[<strong>2</strong>] Texto Refundido Ley de Mercado de Valores</p><p>[<strong>3</strong>] 35.2TRLMV. La obligación de publicar un folleto no será de aplicación a ninguno de los siguientes tipos de ofertas, que, consecuentemente a los efectos de esta ley, no tendrán la consideración de oferta pública:</p><pre>    a) Una oferta de valores dirigida exclusivamente a inversores cualificados.<br>    b) Una oferta de valores dirigida a **menos de 150 personas** físicas o jurídicas por un Estado miembro, sin incluir los inversores cualificados.<br>    c) Una oferta de valores dirigida a inversores que adquieran valores por un **importe mínimo de 100.000 euros** por inversor, para cada oferta separada.<br>    d) Una oferta de valores cuyo **valor nominal unitario sea, al menos, 100.000 euros.**<br>    e) Una oferta de valores por un **importe total en la Unión Europea inferior a 5.000.000 euros**, lo que se calculará **en un período de 12 meses.**</pre><p>[<strong>4</strong>] Empresas de Servicios de Inversión, aquellas entidades financieras reguladas en los Arts 62 a 76 LMV y el Real Decreto 217/2008, cuya actividad principal consiste en prestar con carácter profesional a terceros servicios de inversión,</p><p><strong>[5</strong>] Real Decreto 217/2008: <em>Artículo 8. Habitualidad y profesionalidad.</em></p><blockquote>A los efectos previstos en el artículo 144.1 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, se entenderá que concurre la nota de habitualidad cuando las actividades vayan acompañadas de actuaciones comerciales, publicitarias o de otro tipo, tendentes a crear relaciones de clientela, o se basen en la utilización de relaciones de clientela o interés de otro origen; y se entiende que concurre la nota de la profesionalidad cuando las actividades sean realizadas a clientes en general y de forma remunerada</blockquote><p>[<strong>6</strong>] <a href="http://cnmv.es/DocPortal/Fintech/CriteriosICOs.pdf">http://cnmv.es/DocPortal/Fintech/CriteriosICOs.pdf</a> y <a href="http://cnmv.es/docportal/Legislacion/FAQ/QAsFinTech.pdf">http://cnmv.es/docportal/Legislacion/FAQ/QAsFinTech.pdf</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=94f5e9cf6b44" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
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            <title><![CDATA[Los tokens vistos por un abogado]]></title>
            <link>https://medium.com/@AbogadOtero/los-tokens-vistos-por-un-abogado-78c3c0aae662?source=rss-2ead7977cf34------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/78c3c0aae662</guid>
            <category><![CDATA[blockchain]]></category>
            <category><![CDATA[token]]></category>
            <category><![CDATA[legal]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Iago_OM]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 11 Oct 2017 12:22:01 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-10-11T12:22:01.141Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*G73acUJzn0RkjvfQ-7hffQ.png" /></figure><p>Este año los organizadores de las fiestas de mi pueblo han decidido que no quieren que se utilice dinero efectivo, por lo que han decido “emitir” fichas(tokens) y para ello ha decidido utilizar la tecnología blockchain.</p><p>Así lo primero que han hecho para financiar las fiestas (atracciones, conciertos…) es lanzar una ICO, a través de la cual la gente podrá adquirir, de manera anticipada, tokens. Estos tokens luego servirán para acceder a las atracciones, para comprar bebidas y comida.</p><p>Esto es un ejemplo ficticio, pero que nos valdrá para ilustrar lo que os voy a contar a continuación.</p><p><strong>¿Qué es Token? ¿Es lo mismo que una cryptomoneda? ¿ y qué un appcoin?</strong></p><p>Un token es básicamente una representación abstracta de valor, en nuestro ejemplo sería un derecho de acceso a las atracciones o a un concierto, pero podrían ser: una acción, corticoles, las fichas del casino,derecho de uso, derecho de acceso a un servicio, derecho de prioridad en una futuro servicio…</p><p><a href="https://twitter.com/agomezdelacruz"><strong>Alejandro Gómez de la Cruz</strong></a> los define como “ <em>un token que va a permitir acceder a un servicio o producto prestado por la compañía en unas determinadas condiciones</em>”</p><p>En resumen, el token sería el genérico y las criptomonedas y appcoins serían tipo concretos, como tributos, impuestos y tasas, siendo los tokens los tributos y las crypto y las appcoins los impuestos, tasas y precios públicos.</p><p>Una vez explicado que es token, debemos preguntarnos como encaja esto dentro de nuestra legislación.</p><p>La regulación de los tokens dependerá de la naturaleza del token, de la función o valor que se le de al token, Por lo que dependiendo de que represente el token este, y su venta se regirá por una u otra normativa.Aunque mi artículo podría terminar aquí, voy a hacer un pequeño resumen de las utilidades más comunes que se le dan a los tokens y que regulación debería aplicarse en cada caso, partiendo siempre de la base de que la legislación aplicable sea la española.</p><p><strong>TIPOS DE TOKENS Y REGULACIÓN APLICABLE.</strong></p><p>Empecemos por los que ya hemos nombrado.</p><p><strong>criptomonedas</strong>; Sobre ellas ya hay mucho y muy bueno <a href="http://lawandbitcoin.com/bitcoin-exento-de-iva-ahora-en-europa/"><strong>escrito</strong></a>, por lo que no me voy a extender en este punto, lo que si debemos tener claro es que debemos considerar las criptomonedas como un medio de pago digital.</p><p><strong>Appcoins;</strong> Como dijimos antes, son un derecho de consumo o de adquisición de un bien o servicio por lo que, por norma general, le será aplicable la normativa que regula el comercio electrónico.</p><p>La <a href="http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758">Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico</a>, es la norma reguladora del comercio electrónico y de otros servicios de Internet cuando sean parte de una actividad económica.</p><p>En ella se establecen determinadas obligaciones de información para aquellas empresas que realicen comercio electrónico y, asimismo, se regula la actividad publicitaria por vía electrónica. Estas obligaciones de información se ven ampliadas para aquellas empresas que celebren contratos por vía electrónica, con la finalidad de reducir la inseguridad jurídica de la operación.</p><p>Otras normas que regulan la actividad comercial en Internet. Son las siguientes:</p><p>- <a href="http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1072">Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista</a>.</p><p>- <a href="http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-8789">Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación.</a></p><p>- <a href="http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555">Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.</a></p><p>Desde un punto de vista legal en caso de vender Appcoins, a parte de saber que como vendedores tendremos que cumplir la normativa arriba indicada, deberíamos tener en cuenta el derecho de desistimiento el cual consiste en la <strong>facultad que tiene un consumidor para devolver el bien o el servicio al vendedor dentro de un plazo legal,</strong>, sin tener que alegar ni dar ninguna explicación al respecto ni sufrir una penalización.</p><blockquote><strong><em>Artículo 71.</em></strong><em> Plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento. 1. El consumidor y usuario dispondrá de un plazo mínimo de catorce días naturales para ejercer el derecho de desistimiento.</em></blockquote><blockquote><em>2. Siempre que el empresario haya cumplido con el deber de información y documentación establecido en el artículo 69.1, el plazo a que se refiere el apartado anterior se computará desde la recepción del bien objeto del contrato o desde la celebración de éste si el objeto del contrato fuera la prestación de servicios.</em></blockquote><blockquote><strong><em>Artículo 76 Devolución de sumas percibidas por el empresario</em></strong> Cuando el consumidor y usuario haya ejercido el derecho de desistimiento, el empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor y usuario sin retención de gastos. La devolución de estas sumas deberá efectuarse sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato por el consumidor y usuario.</blockquote><p>Si yo compro 15 tokens para la fiestas del pueblo y posteriormente me surge un imprevisto que me impide ir a la fiestas <strong>¿Podrías ejercer el derecho de desistimiento?</strong> ¿<strong>Cómo lo ejercería si no es posible modificar una transacción anotada en blockchain?</strong> ¿<strong>Cual sería empezaría a comenzar a computar el plazo si el token sirve para adquirir un bien y/o un servicio?</strong></p><p>Mi opinión: Sí, podrás ejercer el derecho de desistimiento.</p><p>En cuanto al plazo, si mediante la compra del token hubiese adquirido el derecho de uso de un servicio, el plazo empezaría a contar desde el momento de la celebración del contrato, es decir desde la aceptación del mismo.</p><p>Si por el contrario lo que adquiero es un derecho de uso o adquisición de un bien, ¿el plazo empieza a contar desde que pueda disponer del token, o desde el momento en que pueda canjear el token por el bien al que me da derecho, desde que puedo adquirir una Estrella Galicia, en cualquiera de los chiringuitos de la fiesta? Yo entiendo que el plazo empieza a contar desde que puedo disponer del token, pues el token es un bien digital en sí mismo con el cual puedes comerciar; vender, permutar…</p><p>Por último en caso de que el token sea mixto o sirva para varías cosas, ¿Cuándo empezaría a contar el plazo? Al ser de aplicación la regulación de consumidores deberíamos usar el el “<a href="http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjE1NTtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAc_eVojUAAAA=WKE%20target=">Por último, ¿Cómo se ejercería este derecho si las transacciones en blockchain no se pueden modificar, ni eliminar? Aunque esto es una cuestión principalmente técnica, es importa que se tenga en cuenta y se creen mecanismos que permitan la “devolución del token” ya sea porque se ejerce el derecho de desistimiento, porque se considere nulo el contrato… Una forma sencilla sería que la empresa vendedora de tokens, recompre el token por el mismo precio que lo compró.Aunque sea una obviedad, recordad que como estamos vendiendo bienes y servicios, también es aplicable la </a><a href="https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740">ley de I.V.A.</a></p><blockquote><strong><em>Articulo 4.1</em></strong><em> Estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el </em>u espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.</blockquote><p><strong><em>Asset Tokens,(tokens de activos); </em></strong><em>Mediante el uso de tokens podría adquirir múltiples tipos de activos de un empresa; participación en un inmueble, acciones o bonos de una empresa, derecho preferente a adquirir un bien …. por ello será muy importante que como empresa que tengamos claro que representación concreta de valor estamos vendiendo a través del token y cumplir la normativa correspondiente pues no tendré que cumplir las mismas exigencias legales, si estoy vendiendo un token que me permita acceder a un servicio, que si lo que adquiero mediante el token es una acción o un bono de la empresa.</em></p><p><em>En caso de vender valores negociables (acciones, bonos…) estaríamos ante una oferta pública de valores, regulada </em><a href="https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-18764"><em>Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores</em></a><em>, siendo una regulación muy estricta y de difícil cumplimiento, por lo que mi consejo es que evitéis vender mediante tokens, acciones, bonos, obligaciones…</em></p><p><em>En resumen, aunque la venta de tokens, sobretodo a través de ICO,s, están de moda y parecen una forma sencilla de financiar una empresa, pero mi consejo es que antes de lanzar la ICO,s tengáis muy claro que es lo que representan vuestros tokens y cual es la regulación que tendréis que cumplir y lo mejor para ello es acudir a un abogado experto en la materia.</em></p><p>Este artículo ha sido publicado originalmente en law and blockchain. (<a href="https://t.co/x8OMOKU9iE">https://t.co/x8OMOKU9iE</a>)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=78c3c0aae662" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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