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        <title><![CDATA[Stories by ONTIER on Medium]]></title>
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            <title>Stories by ONTIER on Medium</title>
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            <title><![CDATA[6 FAQs legales para bloggers]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[ONTIER]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 04 May 2016 15:41:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-05-04T15:41:00.893Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/945/1*WOX3CQvMETP6_9CHwREggw.jpeg" /></figure><p><strong>Joaquín Muñoz, ONTIER.</strong></p><h4>1. ¿Si tengo anuncios en mi blog debo estar dado de alta en Hacienda? ¿Y en la Seguridad Social? ¿Si no tengo anuncios también?</h4><p>Los bloggers más seguidos suelen utilizar, generalmente, tres vías para monetizar su actividad: publicidad directa a través de anuncios en el sitio web, patrocinio con marcas del sector o la asistencia a eventos.</p><p>Si derivado del mantenimiento y actualización del blog vas a obtener una remuneración (dineraria o en especie), por pequeña que sea, además de otras formas en las que obtengas ingresos derivados de tu actividad como blogger significa que estás realizando una actividad económica. Esto, con carácter general supone que, si la actividad es continuada, tendrás que darte de alta en el IAE y declarar los ingresos que recibas trimestral y anualmente en las declaraciones de IVA e IRPF.</p><p>Además, si la actividad es continuada y se trata de un blog propio (no trabajas como empleado para una marca) deberás, como norma general, estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Si bien, en la práctica, se interpreta actualmente por la Jurisprudencia (ojo, esto es solo un criterio que puede cambiar a futuro) que existe habitualidad y continuidad como para exigir el alta en este régimen cuando el blogger obtiene ingresos superiores al salario mínimo interprofesional.</p><p>Además, como ejerces una actividad “profesional” deberás indicar en tu blog cierta información mínima exigida por la LSSI y, si tratas datos de tus usuarios o seguidores cumplir con la LOPD y la normativa de cookies.</p><p>Teniendo en cuenta lo anterior, la reflexión que deberás hacer es si los ingresos que estás recibiendo por esos anuncios que aparecen en tu blog te compensan como para soportar la carga burocrática e impositiva que acarrean o es mejor mantener un blog limpio de publicidad, pero también exento de obligaciones fiscales y laborales.</p><h4>2. ¿Qué derechos de autor tengo sobre el contenido que publico? ¿Qué puedo hacer si alguien se apropia de mis contenidos?</h4><p>Los bloggers soléis escribir sus propios textos y realizan sus propios vídeos y fotografías, por lo que son autores de estos contenidos. La simple creación de obras literarias y fotográficas concede al autor, sin necesidad de realizar ningún trámite de registro, dos clases de derechos. Por un lado, tienes derechos morales, entre los que destacan la posibilidad de que se te cite como autor, y la facultad de evitar alteraciones en tu obra. Asimismo, dispones en exclusiva de los derechos de explotación, es decir, puedes publicar la obra, hacer copias de la misma, repartir las copias o subirlas a una página web, entre otras actuaciones.</p><p>Si un tercero quiere realizar los actos de explotación mencionados, necesitará la autorización de la persona que las creó y deberá indicar su nombre como autor. Si el tercero no procede de este modo, como sucedería si, por ejemplo, publica el contenido en un post de un blog diferente a la original, el autor podrá solicitar al tercero que retire el post y que le indemnice por haber explotado su contenido sin permiso y sin mencionarle como autor.</p><p>Para asegurar el éxito de estas reclamaciones, resulta conveniente registrar los contenidos, así como contar con evidencias (capturas de pantalla certificadas, por ejemplo). Si bien es cierto que no es necesario para obtener los derechos de propiedad intelectual, es muy recomendable hacerlo para poder disponer de una prueba que fortalezca la reclamación.</p><p>Consejo: utiliza solo contenido original y pide permiso para utilizar aquel contenido que no es tuyo. Indica en tu blog cómo se puede utilizar tu contenido y así limitas su uso.</p><h4>3. ¿Puedo proteger mis recetas por propiedad intelectual? ¿Tiene sentido el concepto de propiedad intelectual en Internet, cuando gran parte del contenido está replicado con sutiles cambios semánticos?</h4><p>La propiedad intelectual protege cualquier creación artística (i) original y (ii) expresada en un soporte. Partiendo de esta base, resulta difícil mantener que una creación culinaria pueda ser original, es decir, diferente a todo lo anterior y reflejo de la personalidad de su autor. En algunas circunstancias podría plantearse la protección de los platos de alta cocina, pero en ningún caso la de recetas tradicionales o ampliamente extendidas, puesto que su originalidad es inexistente y lo que aporta el cocinero son técnicas o variaciones nuevas para llegar a un similar resultado.</p><p>Lo que sí podría protegerse es la presentación o emplatado de las recetas, ya que los ingredientes comestibles que la forman pueden haberse dispuesto de una manera suficientemente artística y original, no siendo relevante el carácter efímero de la obra.</p><p>En la práctica, lo que suelen hacer los cocineros de primer nivel es presentar sus innovaciones en ferias, donde dejan constancia de ser los primeros en realizar un tipo de receta, de técnica o el uso de un nuevo ingrediente a efectos de reconocimiento profesional, siendo muy conscientes de que posteriores interpretaciones de sus platos serían conforme a Derecho.</p><h4>4. ¿Puedo mencionar las marcas de los productos que utilizo en la elaboración de la receta? ¿Puedo enseñar las marcas en los videoblogs?</h4><p>A la hora de elaborar vídeos de recetas, es muy habitual que los bloggers utilicen ingredientes de determinadas compañías, cuyas marcas aparecen en los vídeos de manera directa o indirecta. Es posible que el blogger aluda expresamente a la marca para resaltar sus características, que interactúe con el producto o que simplemente disponga el envase en un lugar visible. Estas actuaciones pueden llegar a considerarse de actos de publicidad encubierta o de emplazamiento de producto (product placement) en caso de que recibas una contraprestación por usar ese producto en tu receta.</p><p>La diferencia entre la publicidad encubierta y el product placement reside en la intensidad de la promoción: mientras que la primera persigue convencer al público para que compre el producto, la segunda únicamente presenta el mismo, pero sin que exista una carga promocional adicional.</p><p>La realización de actos de publicidad encubierta podría ser problemática. Sin embargo, los bloggers que publiquen vídeos de manera ocasional pueden realizar actos de product placement sin ningún tipo de limitación, ya que no les resultan aplicables las restricciones establecidas a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual.</p><p>Generalmente, la mención expresa de las marcas de los productos utilizados no requiere la previa autorización de los titulares de la misma, ya que dicha mención no constituye un acto de explotación ilícito, aunque siempre queda a discreción de la marca el que permita la mención ya que en ocasiones puede considerar que el blogger se está aprovechando de su reputación (i.e. “receta de tarta de crema de chocolate” vs “receta de tarta de Nutella”). Sin embargo, esta cuestión varía en el caso de marcas vulgarizadas, es decir, de marcas que han perdido en cierto modo su distintividad, pasando de identificar un producto determinado de cierta compañía a ser utilizadas para referirse a todos los productos de esa clase. Los ejemplos más típicos de vulgarización de marca son los de Kleenex, Albal, Gomina o Rimmel. La vulgarización puede desembocar en la caducidad de la marca, por lo que los titulares de las mismas suelen ser bastante proteccionistas, tratando de evitar dicha caducidad, aunque se han dado casos como el de los titulares de la marca “gominolas” que obligaron a retirar el uso de esta palabra en las recetas de “caramelos de goma”.</p><h4>5. ¿En una crítica a un restaurante o un cocinero, puedo decir lo que opino amparado en la libertad de expresión o existen algunos límites?</h4><p>La libertad de expresión es, como todos los derechos y libertades fundamentales, relativa. Es decir, no puede esgrimirse en todo caso y bajo cualquier circunstancia, ya que puede verse limitado cuando entra en conflicto con otros derechos fundamentales. En el caso de las críticas gastronómicas, el crítico puede exponer libremente su opinión, pero siempre y cuando no vulnere el derecho al honor y la reputación del restaurante o cocinero que ha preparado el plato.</p><p>En Francia, de hecho, ya se han dictado algunas sentencias que condenan a bloggers que habían publicado críticas profundamente negativas a reparar los daños causados.</p><h4>6. ¿Puedo, además de enseñar cómo preparo mis recetas, vender mis platos a quien los quiera probar? ¿Qué tengo que hacer para montar un servicio de cátering?</h4><p>Con el auge de los modelos de negocio basados en la economía colaborativa, son muchas las start ups y personas físicas que han tratado de implantar servicios de envío de comida casera a domicilio. Estos emprendedores se topan con diferentes barreras legislativas, entre las que destaca la necesidad de preparar los platos en un espacio normalizado en cuanto a dimensiones, superficies e instrumental. La normativa no permite, en definitiva, la comercialización de productos elaborados en domicilios particulares que no reúnan ciertas garantías sanitarias. Para comenzar la venta de esta actividad, será necesario obtener una licencia sanitaria conforme a las normas específicas de cada Comunidad Autónoma.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ab6a3a03563d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[En un ERE, la carta de despido no necesita detallar el criterio de selección de la persona]]></title>
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            <category><![CDATA[spanish]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[ONTIER]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 20 Apr 2016 10:35:09 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-04-20T10:35:09.748Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*AEhrdK2IxkvbAQ-iP5DGhQ.jpeg" /></figure><p><strong>ONTIER Laboral-</strong> El Tribunal Supremo ha dictado una importante sentencia en base a la cual se flexibilizan los requisitos que tienen que cumplir las cartas de despido por causas objetivas cuando derivan de un procedimiento de despido colectivo.</p><p>Se trata de la sentencia dictada por el Pleno de la Sala IV del Alto Tribunal de fecha 15 de marzo de 2016 que estima el recurso interpuesto por Bankia contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró la improcedencia de los despidos de varios empleados de la citada entidad bancaria.</p><p>El objeto discutido en la sentencia fue determinar si el contenido de las cartas de despido de los trabajadores afectados por el despido colectivo era suficiente, en un supuesto en el que la empresa y los representantes de los trabajadores habían llegado a un acuerdo para despedir a 4.500 empleados, bien por un sistema de bajas incentivadas, bien por designación de la empresa, aplicando unos baremos pactados entre empresa y representantes de los trabajadores, para determinar las personas a despedir.</p><p>La sentencia refiere que, aunque de la redacción del artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores (que recoge los requisitos formales exigibles en todo despido por causas objetivas) puede deducirse que la carta notificando el despido individual derivado de un despido colectivo debe de presentar, en términos generales, las mismas formalidades que la comunicación del despido objetivo individual, el hecho de que se haya negociado previamente en el contexto de un procedimiento de despido colectivo entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, permite atenuar el formalismo de la comunicación extintiva, toda vez que el despido va precedido de negociaciones documentadas entre los representantes de la empresa y de los trabajadores.</p><p>De esta manera, bajo el criterio mayoritario del Supremo, en la notificación individual del despido colectivo “no es necesaria la reproducción de los criterios de selección fijados durante las negociaciones” sin que tampoco sea necesario “que en la referida comunicación se lleve a cabo la justificación individualizada del cese que se comunica, con detallada referencia a la singular aplicación de los criterios de selección utilizados en el proceso de despido colectivo de que se trate.”</p><p>El Tribunal Supremo sostiene que su tesis no genera indefensión a los trabajadores despedidos, dado que éstos tienen a su disposición una serie de medios para obtener información sobre el criterio de su selección por parte de la empresa, pudiendo solicitar actos preparatorios previos a la interposición de la demanda, o solicitar a la empresa demandada la prueba documental que estimen necesaria a efectos de discutir el criterio de selección utilizado.</p><p>Por otro lado, se debe mencionar que la sentencia contiene el voto particular discrepante de cuatro magistrados que sostiene que el recurso de Bankia debió ser desestimado, por ser insuficiente el contenido de la carta de despido respecto de los criterios de selección de los trabajadores afectados.</p><p>Es importante destacar que la sentencia de 15 de marzo de 2016 viene a continuar con la línea jurisprudencial flexibilizadora marcada por la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 24 de noviembre de 2015, en la que se afirmaba, en relación con un despido objetivo individual por causas económicas, que “acreditada la crisis empresarial, la elección de los trabajadores afectados por la medida en términos cualitativos y cuantitativos pertenece a la esfera de decisión empresarial y, como regla general, queda exenta de control por parte del órgano judicial.”</p><p>El pronunciamiento de noviembre de 2015 sostenía, por un lado, que las exigencias procedimentales del artículo 53.1.a) del Estatuto de los Trabajadores no requieren más que en la comunicación escrita al trabajador figuren las causas del despido (descripción de la situación de la empresa, su evolución y su influencia en la necesidad de amortizar puestos de trabajo mediante el despido) y, de otro lado, que la normativa actual reconoce la discrecionalidad (que no arbitrariedad) del empresario en la gestión de las medidas frente a la situación de crisis.</p><p>Desde luego, la doctrina mayoritaria del Tribunal Supremo actual, contenida en estos pronunciamientos de noviembre de 2015 y marzo de 2016, parece marcar una clara línea interpretativa mucho más flexible para las empresas a la hora de gestionar sus recursos humanos ante una situación de crisis.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b8ab97dd1966" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Autorización judicial para la enajenación de bienes por inmobiliarias en concurso]]></title>
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            <category><![CDATA[spanish]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[ONTIER]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 30 Mar 2016 08:13:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-04-13T16:02:29.101Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*-r7tHLyL38xEcoaQHgdT7Q.jpeg" /></figure><p><em>Nota sobre la enajenación de un bien afecto a crédito con privilegio especial por promotora inmobiliaria en fase de convenio concursal.</em></p><p><strong>Rocío Martínez Molero, Dpto. Concursal y Reestructuraciones-</strong> La ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, introdujo en la Ley Concursal (en adelante, “LC”), entre otras, las últimas modificaciones en materia de enajenación o gravamen de bienes, fijando así la redacción final de los preceptos que someteremos a estudio (artículos 43 y 155 LC).</p><p>Las medidas que se adoptan en la citada Ley tienen como finalidad la de facilitar en la mayor medida posible la continuación de la actividad empresarial en beneficio de la propia empresa, de sus empleados y acreedores y de la economía en general, tal y como expresa el apartado II de su preámbulo, en coherencia con el principio inspirador de la Ley Concursal que queda patente el articulado de la misma.</p><p>La primera cuestión que debemos abordar es la determinación de los supuestos en los que sería necesaria la previa autorización judicial para enajenar bienes y derechos que integran la masa activa .</p><p>El artículo 43 LC dispone, a estos efectos:</p><p>“1. En el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre la masa activa, se atenderá a su conservación del modo más conveniente para los intereses del concurso. A tal fin, los administradores concursales podrán solicitar del juzgado el auxilio que estimen necesario.</p><p>2. Hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, no se podrán enajenar o gravar los bienes y derechos que integran la masa activa sin autorización del juez.</p><p>3. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior:</p><p>3º los actos de disposición inherentes a la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor, en los términos establecidos en artículo siguiente.”</p><p>Por su parte, el artículo 44 de la Ley Concursal se centra en el régimen atinente a las operaciones propias del giro o tráfico del concursado:</p><p>“2. En caso de intervención, y con el fin de facilitar la continuación de la actividad profesional o empresarial, la administración concursal podrá determinar los actos u operaciones propios del giro o tráfico de aquella actividad que, por razón de su naturaleza o cuantía, quedan autorizados con carácter general.</p><p>No obstante lo establecido el apartado anterior, y sin perjuicio de las medidas cautelares que hubiera adoptado el juez al declarar el concurso, hasta la aceptación de los administradores concursales el deudor podrá realizar los actos propios de su giro o tráfico que sean imprescindibles para la continuación de su actividad, siempre que se ajusten a las condiciones normales del mercado.”</p><p>Ciertamente, parece que la Ley establece como norma general, con excepción de las operaciones propias del giro o tráfico de la empresa, que no se pueden enajenar o gravar los bienes que integran la masa activa sin autorización del juez, con la intención de conservarlos para los intereses del concurso.</p><p>En consecuencia, en el supuesto de una mercantil concursada del sector inmobiliario, siendo el objeto social esencial la promoción y construcción, así como la venta y alquiler de urbanizaciones, viviendas, locales y edificios, podríamos pensar, en principio, que la enajenación o gravamen de un bien inherente a la continuación de su actividad y propia del tráfico de la empresa, es decir, un bien con la consideración contable de existencias, entraría dentro de la excepción a la regla general establecida en los citados preceptos y que, por tanto, no estaría sujeta a la previa autorización judicial.</p><p>Ahora bien, como es habitual, los inmuebles propiedad de las mercantiles promotoras en concurso se encuentran gravados con hipoteca a favor de las entidades financiadoras de la promoción. Y para estos supuestos de enajenación de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial debemos acudir a lo expresamente establecido en los párrafos 3 y 4 del artículo 155 de la Ley Concursal. Precepto que si bien se incluye dentro del Capítulo II “Dela fase de liquidación”, del Título V de la citada Ley y en concreto en la Sección Cuarta “Del pago de los acreedores”, se trataría de una norma de ámbito de aplicación general en el concurso, tal y como veremos a continuación.</p><p>“Dice el artículo 155. “Pago de créditos con privilegio especial”, en sus apartados 3 y 4;</p><p>3. Cuando haya de procederse dentro del concurso, incluso antes de la fase de liquidación, a la enajenación de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial, el juez, a solicitud de la administración concursal y previa audiencia de los interesados, podrá autorizarla con subsistencia del gravamen y con subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva. De no autorizarla en estos términos, el precio obtenido en la enajenación se destinará al pago del crédito con privilegio especial conforme a lo dispuesto en el apartado 5 y, de quedar remanente, al pago de los demás créditos […]</p><p>4. La realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se hará en subasta, salvo que, a solicitud de la administración concursal o del acreedor con privilegio especial dentro del convenio, el juez autorice la venta directa o la cesión en pago o para el pago al acreedor privilegiado o a la persona que él designe, siempre que con ello quede completamente satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que corresponda.</p><p>Si la realización se efectúa fuera del convenio, el oferente deberá satisfacer un precio superior al mínimo que se hubiese pactado y con pago al contado, salvo que el concursado y el acreedor con privilegio especial manifestasen de forma expresa la aceptación por un precio inferior, siempre y cuando dichas realizaciones se efectúen a valor de mercado según tasación oficial actualizada por entidad homologada para el caso de bienes inmuebles y valoración por entidad especializada para bienes muebles […]”</p><p>De la simple lectura podemos deducir que no parece muy acertada la redacción de dicho precepto, por lo que debemos acudir a la doctrina y jurisprudencia para que nos ayuden a resolver las dudas que se plantean ante su interpretación.</p><p>En principio, de la aplicación literal del precepto aludido podría resultar que cuando se quiera articular la realización del bien afecto a crédito con privilegio especial en cualquier estado del concurso- antes o después de la apertura de la fase de liquidación- sería preciso solicitar autorización judicial.</p><p>Así pues, cuando haya de procederse en el seno del concurso a la enajenación de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial, el juez, a solicitud de la administración concursal y previa audiencia de los interesados, puede autorizar la enajenación con subsistencia del gravamen y con subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que queda excluida de la masa pasiva [JM Madrid 1 auto 13 de junio de 2005, EDJ 115742]. Recordemos que con la reforma de la Ley Concursal, operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, ahora la autorización judicial que acuerde la enajenación directa, cesión en o para pago no tiene que venir precedida de la audiencia al concursado y al acreedor privilegiado.</p><p>El Tribunal Supremo, en Sentencia 23 de julio de 2013, EDJ 149993, ha señalado “que para el caso de un bien hipotecado, si se opta por su realización junto con otros activos, con la subrogación de adquirente en los créditos garantizados con la hipoteca, que quedan excluidos de la masa pasiva, debe entenderse que se hizo “con subsistencia del gravamen”, conforme al artículo 155.3 LC, por lo que no cabe acordar su cancelación […] El plan de liquidación puede prever una forma especial de realización o enajenación de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas en el artículo 149 LC pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en el concurso regulados legalmente en el artículo 155 LC.”</p><p>El auto del Juzgado Mercantil nº 9 de Madrid, de 4 de febrero de 2014, considera que “es cierto que el art 155.4 refiere la cesión en pago o para pago a favor del acreedor privilegiado especial, a instancia de la AC o del propio acreedor privilegiado, pero esa previsión no está contemplada en cualquier fase del concurso y desde luego no supone excepcionar la voluntad del acreedor. En este sentido el apartado cuarto del art 155 comprende tres párrafos. En el primero se establece la regla general de realización mediante pública subasta como regla de mantenimiento del valor de la garantía. Esa regla general se excepciona en el mismo párrafo en relación con uno de los mecanismos solutorios del concurso, como es el convenio, lo que a su vez hemos de relacionarlo con lo dispuesto en el art 100.3 de la LC, referido a la prohibición de la cesión de bienes a los acreedores como contenido del convenio con la excepción del art 155.4. En este párrafo donde se excepciona la necesidad de consentimiento del acreedor privilegiado especial, pero no porque se le pueda imponer la dación o cesión en pago, sino por la eficacia subjetiva del convenio y la imposibilidad de que el acreedor privilegiado quede vinculado por el mismo contra su voluntad (art 134 LC). Por el contrario cuando la dación se quiere articular en liquidación es de aplicación el párrafo segundo del mismo precepto, que se refiere a la realización fuera de convenio, comprensivo por tanto de la realización del precepto en cualquier fase del concurso, ya sea liquidación o fase común. En este caso la norma no contiene ya referencia alguna a la dación o cesión para pago o en pago de acreedores, sin embargo no debemos entender que la misma quede excluida, siempre que este prevista en el plan de liquidación (art 148 LC).”</p><p>Asimismo, el Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid, en auto 1 de septiembre de 2015, JUR 2015\213204 ha manifestado: “Del examen de la confusa redacción del art. 155.4 L.Co. en sus párrafos I y II, resulta que es voluntad del Legislador potenciar la posición privilegiada de las entidades acreedoras hipotecarias o reales o titulares de privilegios especiales asimilados del art. 90.1 L.Co., de tal modo que las mismas no sólo verán satisfechos sus créditos con el resultado de tales bienes [-afección real y reipersecutoriedad propia de su derecho de garantía-], sino que además se les atribuye una posición exorbitante en el proceso de realización de los bienes, pudiendo oponerse a la realización de los mismos por un precio inferior al pactado en el título constitutivo de la garantía [-que no del importe del privilegio reconocido-], hasta el punto de haberse apreciado supuestos ajenos al actual en que las entidades financieras han utilizado dicha facultad extraordinaria e inmoderada para impedir la realización de los bienes; así como para oponerse sistemáticamente, de modo arbitrario e injustificado, a dichas ventas sin conocer las posibles ofertas respecto a dichos bienes.</p><p>En efecto, dada la evidente diferencia de precio entre el valor de mercado actual de los inmuebles y su valor de tasación a efectos de subasta y el importe de los créditos privilegiados especiales [-superiores normalmente a ésta última cantidad-] resulta que la exigencia de consentimiento de la entidad financiera para la realización de aquellos a precios actuales de mercado [-lógicamente muy inferiores a aquellos valores tenidos en cuenta al formalizar el préstamo o crédito hipotecario al promotor, como en el presente caso-] dificulta cualquier realización de los mismos mediante su venta a tercero, de tal modo que las gestiones directas o por entidad especializada precisan del inevitable consentimiento de la entidad financiera […]</p><p>De la lectura del párrafo 1º del apartado 4º del art. 155 L.Co. resulta que si el sistema de realización es la venta directa o la cesión en pago o para pago [-o persona que éste designe-] dentro del convenio el precio mínimo fijado por el Legislador es el importe del crédito privilegiado reconocido en el listado definitivo de acreedores a resultas de la realización de dicho concreto bien, de tal modo que el importe pactado como precio para la subasta o de realización en el título constitutivo de la garantía real resulta indiferente en tales supuestos, bastando que con ello “… quede completamente satisfecho el privilegio especial …” o, en caso de dación para pago quede “… quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que corresponda …”.</p><p>Frente a ello el párrafo 2º del apartado 4º del art. 155 L.Co., aplicable a todo supuesto de realización ajena al convenio [-sea dación en pago o para pago a la acreedora hipotecaria o entidad participada de ésta, sea por subasta o venta directa-], el precio mínimo al que se sujeta la realización no es el importe del crédito privilegiado reconocido, sino el importe pactado en la constitución de la garantía real como valor del bien [-sea mayor o menor que aquel-].</p><p>Resulta de ello una evidente conclusión, cual es que mientras la norma en supuestos de convenio pretende garantizar el cobro íntegro del importe del crédito privilegiado, tratándose de realización fuera de convenio es voluntad de la Ley dificultar la realización de los bienes por un precio inferior al de tasación fijado de mutuo acuerdo por las partes en el momento de constitución de la garantía real, hasta el punto de conceder a las entidades financieras y en su exclusivo beneficio un claro derecho de veto a cualquier realización por precio real de mercado inferior a aquel [-aunque sea igual o superior al importe del crédito privilegiado reconocido-].”</p><p>La legitimación para solicitar al juez del concurso autorización al objeto de realizar los bienes y derechos afectos a privilegio especial por medio de la venta directa o dación en o para pago corresponde, tras la reforma de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, a la administración concursal y al acreedor con privilegio especial dentro del convenio.</p><p>Los demás posibles interesados como podrían ser la concursada, el resto de acreedores, trabajadores o terceros con un interés legítimo, únicamente podrían sugerir al administrador concursal y/o al acreedor privilegiado que pidieran al órgano judicial la alteración de la regla general consistente en la enajenación por la vía de la subasta judicial. Y estando limitada al ámbito del convenio la legitimación del acreedor privilegiado, habría que interpretar, sensu contrario, que no estaría legitimado en la fase común ni en la fase de liquidación.</p><p>En el caso de las empresas inmobiliarias, a la hora de acudir a la vía del artículo 43.3 LC o solicitar autorización judicial para la enajenación de un bien afecto a privilegio especial durante la fase de ejecución de convenio, nos encontraríamos con una dificultad adicional como es el cese de la administración concursal desde la eficacia del convenio (ex artículo 133 LC), con la única excepción de su legitimación para continuar los incidentes en curso y actuar en la Sección Sexta, aunque ello no obsta a que se pudieran entender autorizados con carácter general los actos propios del tráfico empresarial o que la solicitud de autorización pudiera ser realizada únicamente por el propio acreedor privilegiado dentro del convenio.</p><p>Teniendo en cuenta lo expuesto, una interpretación literal del artículo 155 LC exigiría que la actividad habitual de las empresas del sector inmobiliario concursadas se viera necesitada continuamente de autorización judicial, con el consiguiente colapso de los juzgados mercantiles y dilatación de cualquier posible operación beneficiosa para el concurso. Lo cual no parece que fuera la intención del legislador expresada en la Exposición de Motivos.</p><p>Es predicable, por tanto, interpretar los citados preceptos de la Ley Concursal atendiendo al espíritu y finalidad de favorecer la continuidad de la empresa. En este sentido, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado número 13607 de 4 de octubre 2012 (RJ/2012/10965), entiende que la interpretación más coherente del artículo 155.3 LC, y que permite su armonización con el artículo 43 LC, ha de ser la de estimar que dicha norma, durante la fase común del concurso, solo rige respecto de aquellos actos de disposición que están sujetos a la autorización judicial porque no concurre ninguna de las excepciones legales contempladas en los artículos 43.3 y 44 LC.</p><p>En el mismo sentido, el Auto del Juzgado Mercantil nº 1 de Málaga de 28 de diciembre de 2009, entiende que también sobre los bienes afectos a créditos con privilegio especial la administración concursal podría accionar mediante la excepción del artículo 43.3 de la Ley Concursal; siempre, obviamente, que se cuente con la aceptación del acreedor con privilegio especial en cualquier tipo de operación que no suponga abonar la totalidad de dicho crédito.</p><p>Continuando con este argumento, el mencionado Auto razona que la excepción del artículo 43.3 LC en los términos del artículo 44 LC, en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo actos propios de la actividad de la concursada, debe extenderse igualmente a lo dispuesto en el artículo 155.3 y 4 LC en relación a la enajenación y realización de bienes de la concursada afectos a créditos con privilegio especial. Es decir, incluso en los casos de enajenación de bienes de este tipo, a pesar de las especialidades del artículo 155 Ley Concursal, la administración concursal puede y debe autorizar dichos negocios jurídicos si los mismos forman parte de la actividad de la concursada. Considerando que esto tiene especial relevancia en el ámbito de concursos de empresas relacionadas con el sector inmobiliario.</p><p>A la vista de lo expuesto debemos convenir que la Ley Concursal, aunque de manera farragosa y confusa, posibilita al promotor inmobiliario en concurso enajenar un bien afecto a un crédito con privilegio especial en fase de convenio, bien por la vía del artículo 43.3 LC o bien mediante autorización judicial. No obstante, y entretanto la jurisprudencia menor no se pronuncie de forma clara al respecto, en cada operación deberíamos recomendar a nuestro cliente solicitar al juez su previa autorización, en aras de obtener la máxima seguridad jurídica.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f0dc18dd1134" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[El Tribunal Supremo aclara cómo calcular la indemnización por despido improcedente]]></title>
            <link>https://medium.com/@OntierLaw/el-tribunal-supremo-aclara-c%C3%B3mo-calcular-la-indemnizaci%C3%B3n-por-despido-improcedente-22fb68241b81?source=rss-a706e8dbe613------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/22fb68241b81</guid>
            <category><![CDATA[spanish]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[ONTIER]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 17 Mar 2016 19:09:05 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-03-17T19:09:05.815Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*NbF5UyMUpOERgW3Vth8J6g.jpeg" /></figure><p>La reforma laboral de febrero de 2012 trajo consigo una importante rebaja en la cuantía indemnizatoria en los supuestos de despido improcedente, toda vez que establecía que la indemnización para los contratos de trabajo suscritos a partir del 12 de febrero de 2012 sería de 33 días por año de servicio con un límite máximo de 720 días de salario, mientras que en los contratos celebrados con anterioridad a la referida fecha, la indemnización se seguiría calculando a razón de 45 días por año de servicio con un límite máximo de 42 mensualidades de salario, si bien en este caso, tan sólo respecto al periodo de trabajo realizado anterior a la reforma.</p><p>Concretamente, la reforma introdujo una enrevesada Disposición Transitoria 5ª que fijaba topes y reglas sobre cómo calcular las indemnizaciones de los contratos que fueron firmados antes de febrero 2012.</p><p>El Tribunal Supremo se pronunció por primera vez sobre la cuestión, en su sentencia de 29 de septiembre de 2014, y lo hizo de un modo sorpresivo, en muchos casos, para los propios laboralistas, interpretando que si por la antigüedad del trabajador a fecha 12 de febrero de 2012 se hubieran superado los 720 días de salario de indemnización (calculada a razón de 45 días de salario por año) sería posible que el trabajador siguiese generando una mayor indemnización (a razón de 33 días por año) hasta alcanzar el límite indemnizatorio máximo de 42 mensualidades de salario.</p><p>La referida sentencia suscitó una importante polémica pues, en opinión de un importante sector de la doctrina laboralista, la interpretación del Tribunal Supremo suponía un incremento de los costes indemnizatorios superior al que había quedado fijado por la reforma del año 2012 — clara en este aspecto según los críticos de la sentencia — estando desde entonces a la expectativa de un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo que ratificase la doctrina establecida en su sentencia de septiembre de 2014, o por el contrario, matizase o reinterpretase la valoración efectuada en la misma.</p><p>En este sentido, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2016, de la que ha sido ponente D. Antonio V. Sempere Navarro, y que no cuenta con votos particulares, ha reinterpretado — con una fundamentación jurídica ciertamente detallada — la citada Disposición Transitoria 5ª de la Ley 3/2012, cambiando la tesis aplicada por la sentencia de septiembre de 2014, entendiendo que si la prestación de servicios del trabajador ha comenzado con anterioridad al día 12 de febrero de 2012 y continua con posterioridad a dicha fecha, el importe indemnizatorio resultante no podrá superar los 720 días de salario.</p><p>Por otra parte, la sentencia refiere que de manera excepcional, cuando la indemnización que pueda percibir el trabajador derivada de una antigüedad anterior al 12 de febrero de 2012 superase en dicho momento los 720 días de salario, es posible obviar el límite máximo de 720 días y aplicar el importe indemnizatorio que resultase hasta dicha fecha, sin superar en ningún caso los 42 meses de salario. Igualmente, la sentencia deja claro, que si por el periodo de prestación de servicios anterior a 12 de febrero de 2012 no se ha sobrepasado el tope de 720 días, este límite no se podrá superar en ningún caso.</p><p>La nueva — y trascendente — sentencia supone en realidad un cambio de criterio en la doctrina del Tribunal Supremo, que en opinión de quien suscribe, refleja con acertado criterio la intención que tuvo el legislador en el momento de redactar la Disposición Transitoria 5ª de la Ley 3/2012, dirigida según el propio Tribunal Supremo, “a dulcificar la rebaja de la cuantía indemnizatoria” que supuso la citada Ley.</p><p>Es sin duda, una sentencia de referencia, que aporta seguridad y clarifica a los ciudadanos una materia tan sensible como son las indemnizaciones por despido.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=22fb68241b81" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[¿Qué reformas laborales propone el PSOE si llega a gobernar?]]></title>
            <link>https://medium.com/@OntierLaw/qu%C3%A9-reformas-laborales-propone-el-psoe-si-llega-a-gobernar-3a4987fd019?source=rss-a706e8dbe613------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3a4987fd019</guid>
            <category><![CDATA[spanish]]></category>
            <category><![CDATA[sublimetext]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[ONTIER]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 10 Mar 2016 17:42:59 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-03-10T17:42:59.905Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*p5F4Jjjn5g130WyUVHZ3jQ.jpeg" /></figure><p>La gobernabilidad de nuestro país en este momento pasa irremediablemente por la consecución de acuerdos entre las diferentes formaciones políticas. Avanzado el mes de marzo el tiempo para los acuerdos se va agotando, y a día de hoy, PSOE y Ciudadanos, son las únicas formaciones que han suscrito un documento conjunto para tratar de formar gobierno, firmando el pasado 24 de febrero el denominado “Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso”, que contiene una serie de propuestas en materia laboral que merece la pena destacar.</p><p>En el documento conjunto se propone la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores con la ambiciosa tarea de modernizar el actual sistema de relaciones laborales en el plazo de un año.</p><p>Además de la previsión general que supone la propuesta de un nuevo Estatuto de los Trabajadores el documento incorpora medidas específicas en diferentes ámbitos.</p><p>En materia de negociación colectiva, se propone la supresión de la prioridad del convenio de empresa sobre los convenios de ámbito superior, la ultraactividad de los convenios colectivos durante el periodo de renegociación de los mismos, estableciéndose un periodo máximo de 18 meses, durante el cual se deberán resolver las discrepancias en un procedimiento arbitral y se prohíbe la modificación sustancial del salario por encima de un 5% con un límite temporal máximo de 12 meses.</p><p>En materia de contratación, se reducen a cuatro los tipos de contratos laborales: relevo, formación, indefinido y, como novedad, se crea el contrato estable y progresivo para la cobertura de puestos de trabajo de duración determinada, lo que implicaría la eliminación de los actuales, y tan frecuentemente utilizados, contratos de obra o servicio, eventual y de interinidad, o la del contrato de apoyo a los emprendedores.</p><p>El nuevo contrato estable, tendrá una duración máxima de dos años (reducibles mediante negociación colectiva según el sector de actividad) y tendrá una indemnización por finalización de 12 días a 16 días el primer y segundo año respectivamente, convirtiéndose en indefinido el tercer año y estableciéndose un sistema de incentivos o recargos sobre cotizaciones que, o bien premiarán la conversión en indefinido, o bien penalizarán el exceso de despidos en este tipo de contratos.</p><p>Por otra parte, se mantendrán las indemnizaciones que actualmente se venían aplicando en caso de despidos por causas objetivas y de despido improcedente, lo que vendría a confirmar que no se retomarían las indemnizaciones existentes con anterioridad a la reforma laboral del año 2012.</p><p>Otra de las novedades que se incorporan en el documento es la creación de un nuevo fondo (conocido como fondo o mochila austriaca) que se hará cargo del pago de 8 días por año en la indemnización que corresponda en caso de despido (aunque el documento no aclara si también aplicará en caso de despidos improcedentes), que se acumularán a la pensión de jubilación si los trabajadores no dispusieran del fondo durante su carrera.</p><p>En materia de trabajadores autónomos, se pretende introducir un sistema de cotizaciones en función de los ingresos, con una cotización de 45 euros en caso de ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, permitiéndose, además, que altas y bajas en la Seguridad Social coincidan con los días efectivamente trabajados, estableciendo un plazo trimestral para el pago de las cotizaciones, reduciéndose también los recargos por retrasos mínimos en los pagos de las cotizaciones.</p><p>En materia presupuestaria, se propone activar un plan de choque para un Ingreso Mínimo Vital y un Complemento Salarial Garantizado en función de los ingresos y la situación familiar, así como una subida del SMI de un 1%, como mínimo, en el año 2016 y la aplicación de un subsidio por desempleo para parados mayores de 52 años según el nivel de renta, previéndose también un aumento presupuestario en acciones de empleo y formación, proponiéndose la sustitución de la mayor parte de los actuales sistemas de bonificaciones y reducciones a la cotización por programas de subvenciones para parados de larga duración e incentivos en programas de formación.</p><p>Se pretenden renovar las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, así como sistemas de racionalización de la jornada laboral, mereciendo la pena resaltar la previsión relativa a un bonus para mujeres de dos años de cotización por cada hijo y un bonus de un año al otro progenitor que acredite que ha realizado el cuidado del hijo, así como el incremento de los permisos de maternidad y paternidad y la creación de una nueva regulación del teletrabajo, que persiga incentivar el trabajo a distancia.</p><p>Como vemos, en el acuerdo PSOE — Ciudadanos se proponen una serie de reformas de gran calado que sin duda podrían tener un notable impacto tanto en el sistema de relaciones laborales, como en Seguridad Social y en políticas de empleo.</p><p>A pesar de la relevancia de algunas de las concretas propuestas descritas , las mismas no suponen una derogación de la reforma laboral del 2012, manteniéndose inalteradas cuestiones muy relevantes tales como los procedimientos o indemnizaciones en caso de despido individual o colectivo, no recuperándose la regulación anterior a la reforma en cuanto a proporcionalidad y razonabilidad de las causas en los despidos colectivos, manteniéndose la decisión unilateral de modificación sustancial de condiciones de trabajo por parte de la empresa. Todo ello a la espera del nuevo Estatuto de los Trabajadores que se promete para el plazo de un año.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3a4987fd019" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Latin American Investors swoop on Spain]]></title>
            <link>https://medium.com/@OntierLaw/latin-american-investors-swoop-on-spain-757f4354b175?source=rss-a706e8dbe613------2</link>
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            <dc:creator><![CDATA[ONTIER]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 25 Sep 2014 11:41:30 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2014-09-25T11:41:30.346Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/180/1*6zENk_dXx3SDtix34J6fYA.jpeg" /></figure><p><a href="http://www.iberianlawyer.com/index.php/special-reports-global-markets/special-focus-latin-america/4405-latin-american-investors-swoop-on-spain-ontier">www.iberianlawyer.com</a></p><h4>Mexican and Venezuelan investors are eyeing deals in the Spanish industrial, financial and real estate sectors as well as entering the UK and French markets.</h4><p>Latin American investors are showing a greater appetite for investment in Spain, as well as other countries in Europe, according to <strong>Ramón Hermosilla</strong>, president of <strong>ONTIER Spain</strong>.</p><p>From which countries is the investment coming from? Hermosilla highlights investors from Mexico and Venezuela as being particularly active, with Mexican investors keen on deals in the industrial sector and Venezuelan companies targeting the financial and real estate sectors.</p><p>There has been a major rise in the number of M&amp;A deals in the last year and a half and this is a trend that is expected to continue. In addition to concluded deals, Latin American investors have also been scoping out a considerable number of further investments that are expected to be finalized later this year. In addition to using law firms to conduct due diligence exercises, clients are also requesting that firms find them suitable partners to manage their investments.</p><p>While Spain has been the scene of a number of acquisitions by Latin American companies in recent months, another significant factor is that investors are increasingly seeing the country as a gateway to investment elsewhere in Europe, such as in the UK and France, for example.</p><p>Boosted by improving economic prospects at home, Latin American investors are eager to capitalize on opportunities in the Spanish market, which currently offers considerable value in terms of potential acquisitions. <em>“The Latin American economy is doing well and, due to the economic crisis, there are lot of assets available in Spain at cheap prices”</em>, Hermosilla says. He adds that some Spanish companies have big debts and need refinancing, while others are looking for partners with whom to develop their business.</p><p>According to Hermosilla, M&amp;A deals have increased significantly in the last 18 months, particularly in Spain. Meanwhile, there are large number of deals in the pipeline that have yet to be concluded. Hermosilla says there has been more activity than transactions in the last few months in the sense that companies have been carrying out due diligence on potential acquisitions without actually finalizing deals. Despite this, he says that he expects many transactions to close in the latter part of this year.</p><p>What are the biggest challenges for Latin American investors in Spain? Hermosilla explains that, as is the case elsewhere in Europe, clients frequently seek guidance in a relation to understanding the legislative framework, as well as the relevant regulations and tax framework. Another concern for clients is ensuring that there and asset they do acquire is hen managed properly. “<em>Investors need someone to manage their investment, so they need to find the right partner”</em>, Hermosilla says.</p><p><strong>Spain: Gateway to Europe</strong></p><p>Spain has another important role to play with regard to Latin American investment flows. Hermosilla says that, in the same way that European investors use Spain as a bridge to Latin American, Latin American investors are using Spain as a gateway to Europe. <em>“Latin American companies have done some investment in London, particularly in the real estate sector, as well as in the European energy market”.</em></p><p>France, in particular, is a country that has been generating significant interest among investors. Hermosilla says companies have been concluding deals in the French telecoms and entertainment markets, in the latter case the transactions have centred on assets like theatres and cinemas. <em>“There are so many things going round, there is a lot of money to be invested”</em>, he says.</p><p>According to Hermosilla, in response to the growing interest from Latin American companies with regard to investment in Europe, the challenge for ONTIER is to boost its European network. However, he acknowledges that this is not an easy task as potential partner law firms have to be selected carefully. <em>“Europe is a very mature market and it can be difficult to find the right partner”.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=757f4354b175" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Next Seminar about strategic protections for overseas investments.]]></title>
            <link>https://medium.com/@OntierLaw/next-seminar-about-strategic-protections-for-overseas-investments-1347822dabdd?source=rss-a706e8dbe613------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/1347822dabdd</guid>
            <dc:creator><![CDATA[ONTIER]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 16 Sep 2014 09:38:02 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2014-09-16T09:38:02.241Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*vjwAM999GMa6mMQdz-RYYg.jpeg" /></figure><p><strong>ONTIER SCA </strong>in partnership with the <strong>Spanish Chamber of Commerce in Great Britain</strong>, has organized on <strong>October 16th at 9.00 am</strong> in the ONTIER SCA offices, located at Napier House, 24 High Holborn, London, WC1V 6AZ, United Kingdom, a seminar in which Seamus Andrew and Ian Sellers, Managing Partner and Senior Associate of ONTIER SCA respectively, who both specialists in international arbitration, will outline a brief presentation on strategic protection measures for investments abroad focusing on international arbitration, and then opening a discussion among the attendees.</p><p>Additional information of this event, its agenda and how to register, will be available soon at this <a href="http://www.spanishchamber.co.uk/civicrm/event/info?reset=1&amp;id=321"><strong>link.</strong></a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=1347822dabdd" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
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            <title><![CDATA[Próximo seminario sobre medidas de Protección Estratégicas para inversiones en el extranjero.]]></title>
            <link>https://medium.com/@OntierLaw/proximo-seminario-sobre-medidas-de-proteccion-estrategicas-para-inversiones-en-el-extranjero-2e12937bc158?source=rss-a706e8dbe613------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/2e12937bc158</guid>
            <dc:creator><![CDATA[ONTIER]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 16 Sep 2014 09:25:55 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2014-09-16T09:25:55.038Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*vjwAM999GMa6mMQdz-RYYg.jpeg" /></figure><p><strong>ONTIER </strong>en colaboración con la <strong>Cámara Oficial de Comercio de España en Gran Bretaña</strong> ha organizado el día <strong>16 de Octubre</strong> en las oficinas de <strong>ONTIER SCA</strong>, a las 9.00 am, un seminario en el que nuestros compañeros Seamus Andrew e Ian Sellers, socio director y senior associate de ONTIER SCA, respectivamente y especialistas, ambos, en arbitraje internacional, harán una breve exposición sobre las medidas de protección estratégicas para las inversiones en el extranjero, centrándose en la figura del arbitraje internacional, abriéndose a continuación un coloquio entre los asistentes.</p><p>Los detalles sobre el programa del evento y cómo registrarse estarán disponibles próximamente en este <a href="http://www.spanishchamber.co.uk/civicrm/event/info?reset=1&amp;id=321"><strong>enlace </strong></a><strong>.</strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=2e12937bc158" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Commercial event in London on 2nd September]]></title>
            <link>https://medium.com/@OntierLaw/commercial-event-in-london-on-2nd-september-9a29d0568f77?source=rss-a706e8dbe613------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9a29d0568f77</guid>
            <dc:creator><![CDATA[ONTIER]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 11 Sep 2014 09:02:08 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2014-09-11T09:09:06.774Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/639/1*9isq-jWBsAV4cl7Cy0-ZXw.jpeg" /></figure><p>A commercial event was held in London on 2<strong>nd September</strong> with the <strong>Chambers of Commerce and Embassies </strong>of the countries involved in the activities, <a href="https://www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment"><strong>UKTI</strong></a> and <a href="http://ontier.net/"><strong>ONTIER</strong></a>, with the aim of showing the <strong>investment opportunities in Colombia and Peru.</strong></p><p>This event was held in the offices of <strong>O</strong><a href="http://uk.ontier.net/"><strong>NTIER UK</strong></a> and representing <a href="http://ontier.net/"><strong>ONTIER</strong></a> were Seamus Andrew (<a href="http://uk.ontier.net/"><strong>ONTIER UK</strong></a>) and all colleagues from SCA, María Jesús Dehesa (<a href="http://co.ontier.net/"><strong>ONTIER Colombia</strong></a>) and Darío Jiménez (<a href="http://pe.ontier.net/"><strong>ONTIER Peru</strong></a>). We also were hearing from, Juan Manuel Uribe from the <strong>Colombian Embassy</strong>, Jaime Cardenas from the <strong>Peruvian Embassy</strong>, and Angus Murray and Neil Wynn Jones from <a href="https://www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment"><strong>UKTI</strong></a>.</p><p>Also present was <strong>FREMAP</strong> – <strong>client of ONTIER Colombia and ONTIER Peru</strong> – outlining its experiences of the increased international presence that has taken place in those countries, emphasising the <strong>need for legal advice</strong> during the process and highlighting the assistance ONTIER has given.</p><p>We closed the event with a networking session organized by ONTIER U.K. where all parties interested in the marketing activities could converse with each other and the organisers.</p><p>򜞙</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9a29d0568f77" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Evento comercial en Londres el 2 de Septiembre]]></title>
            <link>https://medium.com/@OntierLaw/evento-comercial-en-londres-el-2-de-septiembre-d35a330e5059?source=rss-a706e8dbe613------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d35a330e5059</guid>
            <dc:creator><![CDATA[ONTIER]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 11 Sep 2014 08:48:26 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2014-09-11T09:13:14.087Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/639/1*9isq-jWBsAV4cl7Cy0-ZXw.jpeg" /></figure><p>El día 2 <strong>de septiembre </strong>se celebró un evento comercial en Londres con motivo de nuestras futuras Misiones Comerciales. En él colaboraron las <strong>Cámaras de Comercio y Embajadas </strong>de los países intervinientes en las misiones, <a href="https://www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment"><strong>UKTI </strong></a><strong>y </strong><a href="http://es.ontier.net/"><strong>ONTIER</strong></a>, con el fin de presentar a los asistentes las <strong>oportunidades de inversión en Colombia y Perú.</strong></p><p>Este evento se celebró en las oficinas de <strong>ONTIER U.K. </strong>y, en representación de <a href="http://es.ontier.net/"><strong>ONTIER </strong></a>participaron Mr. Seamus Andrew y Dña. Paula Enríquez (<a href="http://uk.ontier.net/"><strong>ONTIER UK</strong></a>), Dña. María Jesús Dehesa (<a href="http://co.ontier.net/"><strong>ONTIER Colombia</strong></a>) y D. Darío Jiménez (<a href="http://pe.ontier.net/"><strong>ONTIER Perú</strong></a>), así como D. Juan Manuel Uribe en representación de la <strong>embajada Colombiana</strong>, D. Jaime Cárdenas en representación de la <strong>embajada Peruana</strong> y también Mr. Angus Murray y Mr. Neil Wynn Jones en representación de <a href="https://www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment"><strong>UKTI</strong></a>.</p><p>También contamos con la intervención de <strong>FREMAP –cliente de ONTIER Colombia y ONTIER Perú- </strong>quien expuso su experiencia en la internacionalización que recientemente ha llevado a cabo en dichos países, haciendo hincapié en la necesidad de contar con <strong>asesoramiento legal </strong>en dicho proceso y destacando la ayuda que ONTIER le ha brindado.</p><p>Cerramos el evento con una sesión de networking, donde las empresas interesadas en las misiones comerciales pudieron interactuar entre ellas y con los organizadores.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d35a330e5059" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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