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        <title><![CDATA[Stories by Publish What You Pay on Medium]]></title>
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            <title>Stories by Publish What You Pay on Medium</title>
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            <title><![CDATA[La Reforma Energética en México: retrocesos en la gobernanza democrática de los recursos naturales]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Publish What You Pay]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 04 Nov 2014 17:41:39 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2014-11-04T17:41:39.306Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/960/1*UdK0-girYpaEjQrYgNpoKA.jpeg" /></figure><p><em>De Aroa de la Fuente</em></p><p>En agosto de 2014 concluyó el proceso de reforma al sector energético iniciado un año antes con la presentación por parte del Ejecutivo Federal de una iniciativa de modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2013. La guinda del pastel fue puesta el 11 de agosto pasado, cuando el Poder Legislativo finalmente aprobó la creación de nueve leyes secundarias y cambios a otras doce.</p><p>En materia de hidrocarburos, los cambios realizados a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales implicaron la eliminación de la exclusividad que tenía Estado en la exploración, producción y refinación de estos recursos desde 1938, cuando se expropió la industria petrolera y se creó Petróleos Mexicanos (Pemex). Aunque la propiedad del petróleo y gas sigue siendo, al menos en teoría, de la Nación, a partir de 2013 los actores privados pueden recibir contratos para su explotación, así como permisos para actividades relacionadas con su refinación y la petroquímica.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/640/1*g8PLb2JD8_sY29hMGMXiiQ.jpeg" /><figcaption>Foto de <a href="https://flic.kr/p/98Gcwj">Mattew Rutledge</a>, disponible de Creative Commons</figcaption></figure><p>De esta manera, Pemex entrará a competir con empresas petroleras en la obtención de los contratos, para lo que se convertirá en una empresa productiva del Estado, dejando de esta manera de pertenecer a la Administración Pública Federal y pasando a tener regímenes de funcionamiento especiales. En una primera etapa de transición, la empresa pública recibirá una serie de asignaciones en zonas donde ya ha estado realizando actividades de exploración y producción, las cuales irán migrando de manera progresiva al régimen de contratos.</p><p>Como se señaló, estos y otros cambios introducidos por la reforma fueron regulados en una serie de leyes secundarias. En este sentido, se crearon la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y la Ley de Petróleos Mexicanos. Diversas son las disposiciones incluidas en este nuevo marco legal que suponen importantes cambios a la política pública petrolera que venía operando hasta entonces.</p><p>Desde el punto de vista de <a href="http://fundar.org.mx/">Fundar, Centro de Análisis e Investigación</a>, así como de otras organizaciones de la sociedad civil mexicana, las leyes aprobadas por el Congreso suponen una serie de retrocesos en materia de gobernanza del sector, lo que pone en riesgo la transparencia, el acceso a la información, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la garantía de los derechos humanos. No hay que olvidar que dichos retrocesos se dan en un contexto en el que el gobierno está dando señales sobre su compromiso con una gestión pública abierta y participativa de las industrias extractivas. Tal es el caso de su participación en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y su interés en la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI). A continuación se presentan una serie de disposiciones incluidas en las leyes secundarias de la Reforma, que a todas luces van en sentido contrario al espíritu de estas iniciativas:</p><p>- La Ley de Hidrocarburos establece que la industria petrolera es de utilidad pública y la exploración y producción de hidrocarburos de interés social y orden público, lo que implica que se dará a las empresas privadas prioridad para el acceso al territorio, no importa quién y qué actividades se estén desarrollando en el mismo. Así, las empresas negociarán de manera directa con los propietarios la contraprestación que les pagarán por la renta o compra de sus terrenos. En caso de que no lleguen a un acuerdo, la empresa podrá recurrir al Poder Judicial o al Ejecutivo para que decreten la servidumbre legal de los terrenos, lo que supone obligar a los propietarios a que los renten. Asimismo, la Ley obliga a los estados y municipios a acelerar y garantizar la entrega de los permisos dentro de su competencia para el desarrollo de actividad petrolera.</p><p>De esta manera, se viola no sólo el derecho a la propiedad, si no toda otra serie de derechos relacionados con el territorio como es el derecho al agua, a la alimentación, al ocio, a la vivienda y a un medio ambiente sanos, entre otros. Especialmente preocupante es el caso de los proyectos de explotación de hidrocarburos a través de la técnica de la fracturación hidráulica, ya que los pozos perforados mediante esta técnica declinan rápidamente (entre 29 y 52% anual) y son abandonados a los tres o cinco años, siendo los propietarios quienes reciben de regreso predios contaminados e inservibles.</p><p>- La reforma supone un retroceso en la política ambiental, dado que resta autonomía a la autoridad ambiental en materia de hidrocarburos. Esto se debe a que se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos (ANSIPA), que será un órgano perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) cuyo titular será designado y removido directamente por el Presidente. Esta agencia se encargará de emitir la regulación, otorgar todos los permisos en materia ambiental, investigar y, en su caso, sancionar los delitos contra el medio ambiente, concentrando atribuciones que antes recaían en diferentes órganos de la Semarnat. De esta manera, las empresas petroleras podrán agilizar los trámites ambientales, ya que sólo tendrán que dirigirse a una Agencia que tendrá un marcado carácter político, lo que pone en peligro su efectividad para proteger el medio ambiente ante este tipo de actividad.</p><p>- Un punto que en principio podría ser positivo y que responde a las demandas de la sociedad civil, es el establecimiento de medidas para que se realicen estudios y evaluaciones de impacto social. En el primer caso, los estudios estarán a cargo de la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Gobernación (Segob). Sin embargo, no se establecen medidas para la participación de las comunidades afectadas, ni para la difusión de los resultados con éstas, cuando sí se dice expresamente que la información deberá ser compartida con las empresas. Estas disposiciones suponen claros obstáculos para el ejercicio del derecho a la información y a la participación.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/640/1*Ce69pbmq3rDLR_n46twpbg.jpeg" /><figcaption>Fuente de Petróleos Mexicanos, foto de <a href="https://flic.kr/p/bnHEmw">Edgar Hermosillo Santana</a>, disponible de Creative Commins License</figcaption></figure><p>Por otro lado, las evaluaciones de impacto social serán realizadas por las empresas, lo que supone un claro conflicto de interés, dado que serán los mismos promoventes de los proyectos quienes determinarán cómo estos impactarán socialmente (de nuevo, sin determinar mecanismos de participación de las y los afectados). Esta evaluación será revisada y aprobada por la Sener y deberá tenerse en cuenta para la autorización en materia ambiental de la ANSIPA. Es importante señalar que, actualmente, las evaluaciones de impacto ambiental son hechas también por las propias empresas, lo que supone una gran problemática ya que rara vez hacen una evaluación adecuada y completa de los impactos.</p><p>- En lo referente a la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, es remarcable que la Ley de Hidrocarburos establezca la obligación de la Sener de llevar a cabo procesos de consulta en aquellos casos en que los proyectos petroleros afecten a pueblos y comunidades indígenas; así como obtener su consentimiento previo, libre e informado en aquellos casos determinados por los estándares internacionales en la materia. Sin duda, la inclusión de esta medida será de utilidad para que los mismos pueblos puedan exigir sus derechos. Sin embargo, por el momento, el espíritu de esta disposición no está siendo respetada, puesto que las leyes fueron aprobadas sin proceso de consulta, cuando el Convenio 169 de la OIT establece que la legislación que puede afectar a los pueblos debe ser consultada con ellos. Por otro lado, la Sener ya ha entregado una serie de asignaciones a Pemex y establecido áreas contractuales sin ningún tipo de consulta a los pueblos indígenas potencialmente afectados.</p><p>- En cuanto a la política fiscal, vemos con preocupación el hecho de que a partir de la Reforma y como lo establece la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quien defina en cada contrato el porcentaje de la producción (contraprestación) que las empresas recibirán como pago por la explotación de los hidrocarburos. Aunque la Ley establece una serie de regalías con porcentajes fijos, queda a discreción de la SHCP incluirlas o no, de modo que no existe a priori ningún criterio que determine los montos a negociar. Esto supone obstáculos al acceso a información de vital importancia por su impacto en las finanzas públicas del país, ya que la actividad petrolera supone 35% de los ingresos presupuestarios. Además, atenta contra las atribuciones del Congreso a la hora de la definición de los ingresos del sector público. Por último, supone un amplio espacio de discrecionalidad y opacidad, lo que deja la puerta abierta a potenciales casos de corrupción y manejo político de los recursos públicos.</p><p>- Por último, la Reforma incluyó la creación de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el cual será manejado a través de un fideicomiso, figura que ha sido utilizada en México para hacer un uso opaco y discrecional de los recursos público. Esto se debe a un uso inadecuado de la autoridad fiscal del secreto fiduciario que protege los fideicomisos privados, pero que no debería aplicar a aquellos de naturaleza pública. Aquí, lo preocupante es será a través de esta figura que se maneje este fondo, que será el encargado de gestionar todos los ingresos procedentes de la venta de los hidrocarburos y de realizar los pagos a las empresas, al sector público presupuestario, a diferentes fondos de ahorro y a la inversión a largo plazo. El uso de esta figura pone en riesgo el manejo democrático de los recursos petroleros.</p><p>Ante este panorama, se abren grandes retos en materia de gobernanza del sector petrolero mexicano. Sin duda, iniciativas como la AGA y la EITI pueden ser plataformas interesantes para enfrentar algunos de estos retos, mientras que otros requerirán de acciones legales que permitan ir ponderando el desarrollo de la industria petrolera a la luz del marco de derechos humanos de México. En todos, la participación activa y coordinada de la sociedad jugará un rol central que debe ser potenciado a través de mejores mecanismos de información y concienciación. Sin duda, En México se avecinan años de intenso trabajo para la sociedad civil, las comunidades locales, la academia y todos aquellos actores que tengan interés en la gobernanza democrática de los recursos petroleros y en que el desarrollo energético de los países no se haga a costa de los derechos humanos de sus poblaciones y de la conservación del medio ambiente.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=60f9b63287f2" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[La Coalition est Reine]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Publish What You Pay]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 12 Jun 2014 10:53:56 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2014-06-12T11:27:05.062Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Ou comment la société civile au Canada, en Zimbabwe et au Cameroun luttent ensemble pour la transparence</h4><p>Une coalition est communément décrite comme une alliance d’acteurs unis par leur objectif commun. Leur composition, leur durée de vie et leurs synergies varient grandement, mais qu’est-ce qui fait fonctionner une coalition ? Nous mettons toujours en avant le fait que notre force en tant que coalition réside dans nos membres. Aucune entité ne peut, de son propre chef, se mesurer aux entreprises et aux gouvernements afin de garantir la transparence dans les industries extractives. Mais si nous travaillons ensemble, chacun s’appuyant sur nos propres points forts, nous deviendrons plus que la somme de nos parties et pourrons défier les acteurs les plus puissants et opaques.</p><p>Ce phénomène s’est particulièrement manifesté lors de la campagne en faveur des divulgations obligatoires — pour obliger les sociétés extractives à publier leurs paiements aux gouvernements — ainsi que dans la relation de PCQVP Canada avec les autres membres en Afrique.</p><p>Le rôle du Canada dans le secteur de l’extraction est en effet important : ce pays abrite près de 60 % des sociétés minières mondiales, leurs activités s’étendant à l’ensemble du globe. Le pays — et sa société civile — a la responsabilité de garantir une plus grande ouverture des entreprises du secteur extractif.</p><p>La société civile canadienne a répondu à l’appel. Aujourd’hui — dix ans après le lancement de la coalition — la collaboration entre PCQVP Canada et les autres coalitions PCQVP en Afrique ne cesse de se renforcer.</p><p>Alors que PCQVP Canada militait pour que les entreprises canadiennes deviennent plus transparentes, elle enquêtait également sur les informations divulguées par celles-ci, ce qui a été détaillé dans leur premier rapport <a href="http://www.pwyp.ca/images/stories/PWYP_Publications/Lifting_the_Veil.pdf">Lever le voile : Explorer la transparence des sociétés canadiennes</a>. Le rapport a été présenté aux membres de PCQVP lors de l’édition 2009 de la conférence internationale PCQVP à Montréal, ce qui confirme que la demande en faveur de ces informations était très élevée. Ainsi, en 2011, PCQVP Canada a lancé un projet de renforcement des capacités initialement axé sur les coalitions PCQVP Afrique, pour les aider à accéder aux données existantes portant sur les entreprises extractives canadiennes et aussi les aider à les utiliser. Cela incluait des informations qui dépassent de loin les paiements aux gouvernements, y compris des informations sur les risques pour l’environnement et la planification qui y est liée, sur les contrats et les licences, sur les données de production et les informations liées aux activités de développement social et communautaire des entreprises.</p><p>Les activités du projet ont compris la création de dossiers portant sur une variété de sociétés canadiennes d’exploitation minière, opérant principalement en Afrique, et qui sont disponibles sur le site de PCQVP Canada. PCQVP Canada a également compilé des recommandations sur la façon de localiser les informations publiquement divulguées des sociétés minières canadiennes. <em>Un coup d’œil sur la divulgation : Le guide PCQVP Canada pour trouver des informations sur les sociétés minières au Canada </em>fournit également de nombreux exemples de ce type de renseignements qui figurent dans les documents sur les valeurs mobilières canadiennes.</p><p>PCQVP Canada a organisé une série d’ateliers, notamment au Cameroun, en Tanzanie et au Zimbabwe, pour former les membres PCQVP et d’autres parties prenantes, y compris les journalistes et les représentants du gouvernement, sur la façon d’utiliser et d’accéder aux informations extractives via le SEDAR, le site canadien de divulgation d’informations sur les valeurs mobilières. En plus de chercher des renseignements existants, PCQVP Canada a également couvert les campagnes portant sur les divulgations obligatoires pour préparer les membres à l’arrivée imminente des données qui résulteront des directives comptables et de transparence de l’UE, de la loi Dodd-Frank 1504 et finalement des divulgations canadiennes en elles-mêmes.</p><h4>Le Zimbabwe, la transparence des flux et les diamants</h4><p>S’il est un cas pour lequel on ne trouve que très peu de données existantes, il pourrait s’agir du Zimbabwe et de ses diamants. Lorsque l’exploitation minière des diamants a débuté à Marange en 2009, les pierres précieuses étaient censées aider l’économie du Zimbabwe. Pourtant, cette amélioration ne s’est jamais concrétisée. Même si les attentes relatives à ces diamants étaient peut-être excessives, le secret et la confusion quant à leur extraction a empêché une collecte et une utilisation efficaces des revenus en provenant.</p><p>ZELA, le membre chargé de la coordination de Publiez Ce Que Vous Payez au Zimbabwe, a entrepris des travaux de recherche et de plaidoyer sur cette question, pour découvrir ce qui se passe et s’assurer que les citoyens du pays peuvent bénéficier des diamants.</p><p>“Nous avons demandé à ce que notre secteur fasse l’objet de plus de transparence et de reddition des comptes du fait que nous constatons qu’aucune information n’est disponible » a déclaré Gilbert Makore, coordonnateur de projets chez ZELA. « PCQVP Canada nous a montré comment utiliser le SEDAR pour obtenir des informations sur les entreprises canadiennes opérant au Zimbabwe — les entreprises ne sont pas très grandes, mais cela s’est avéré malgré tout utile.”</p><blockquote>“Grâce à cela, nous avons été en mesure de démontrer que la publication des informations n’est pas un tabou et nous avons commencé à demander la mise en place d’obligations s’appliquant à l’ensemble du secteur, à savoir que toutes les entreprises extractives devraient commencer à publier des informations.”</blockquote><p>En effet, ZELA a déterminé combien le gouvernement a reçu des diamants de Marange entre 2009 et 2013. La tâche n’était pas facile, avec de fortes contradictions apparaissant au sein même du gouvernement : le ministre des Finances a déploré à maintes reprises que les recettes du commerce de diamant ne rentrent pas dans les caisses de l’État, alors que le ministère des Mines a insisté sur le fait qu’elles avaient toutes été reversées dans le budget public. Entre-temps, les chiffres montrent que la production a augmenté, ce qui n’a pas été le cas pour les recettes de l’État. Le Zimbabwe n’est pas membre de L’ITIE et, par conséquent, la coalition est tributaire d’un gouvernement avare d’informations. Cependant, grâce à leur accès nouvellement acquis au SEDAR, Gilbert a été en mesure de suivre les paiements effectués au gouvernement par New Dawn, une société minière canadienne exploitant les champs de Marange. Cela a contribué à illustrer la façon dont les entreprises pourraient commencer à déclarer leurs paiements au Zimbabwe ainsi que d’aider ZELA a obtenir une meilleure représentation des recettes du gouvernement. Dans son rapport, le <em>Suivi des tendances</em>, ZELA a été en mesure de déterminer aussi précisément que possible les revenus issus de Marange et a mis en évidence certaines tendances importantes, sinon inquiétantes. En plus de révéler ces constatations, ZELA a pu constituer un dossier solide afin que le gouvernement zimbabwéen adopte des mesures de transparence, y compris l’ITIE. L’accès à SEDAR a aidé à trouver une pièce du puzzle, mais s’ils veulent vraiment être en mesure de suivre l’argent au niveau de chaque projet, il sera crucial que les entreprises génèrent des rapports.</p><p>Ces échanges ont été très utiles pour les coalitions au Cameroun, en Tanzanie et au Zimbabwe, mais également pour PCQVP Canada.</p><blockquote>“Ces échanges nous ont aidés à affiner notre plaidoyer au Canada et à nous assurer que nous étions en train de concevoir notre politique d’une façon qui aurait pour conséquence la génération d’informations utiles aux coalitions des pays riches en ressources,” explique Claire Woodside, directrice de PCQVP Canada</blockquote><p>En évoquant, avec les membres de la coalition, le type d’informations qui seraient utiles à leur campagne, PCQVP Canada a été en mesure de mieux visualiser à quoi ressemble la reddition de comptes, d’identifier les obstacles potentiels qui empêchent les membres d’accéder aux données et de définir ce que les membres dans les pays riches en ressources ont besoin de savoir afin de pouvoir réaliser leurs objectifs. « Cela a également soutenu notre tâche, puisque nous avons été en mesure de fournir des exemples concrets dans nos documents de plaidoyer ».</p><p>« L’ensemble du processus a aussi contribué à garantir que la campagne en faveur des divulgations obligatoires ne se produisent pas en vase clos » a ajouté Kady Seguin, analyste de programmes pour PCQVP Canada. « Nous cherchons à changer les règles au Canada comme un moyen de parvenir à une fin, il est donc logique que nous développions notre campagne en communiquant avec nos collègues qui seront les utilisateurs éventuels de ces informations. »</p><p>Puis, il y a aussi le partage des informations qui n’ont rien à voir avec les divulgations obligatoires ou avec l’utilisation des données, mais qui est crucial pour le fonctionnement d’une coalition. Votre localisation dans le monde n’est parfois pas importante — quand vous travaillez dans une coalition, des défis semblables apparaissent. Comment parvenir à ce que 22 organisations différentes signent le même communiqué ? Comment gérez-vous le processus de prise de décision afin qu’il soit à la fois inclusif et efficace ? Il était utile pour PCQVP Canada de discuter de ces questions avec ses collègues africains.</p><p>Cela a aussi été le cas pour PCQVP Cameroun, ainsi que l’a expliqué Jaff Bamenjo, coordonnateur pour RELUFA. « Publiez Ce Que Vous Payez au Canada est venue nous rendre visite à un moment où nous n’étions pas très actifs en tant que coalition. Le fait de participer à un atelier sur la recherche et l’utilisation des données a été pour nous l’occasion de nous redynamiser. Grâce à ce que nous avons appris, nous avons mis en œuvre plusieurs actions à l’échelle de la coalition après la réunion. »</p><p>« PCQVP Canada nous a expliqués comment ils travaillaient avec des sociétés minières dans le cadre de leur plaidoyer pour rendre obligatoire la divulgation. Cela nous a incités à nous impliquer également auprès des entreprises plutôt que de simplement nous positionner en tant que leur opposant. Nous avons réalisé un projet après l’atelier en nous focalisant sur deux sociétés extractives et en suivant leurs paiements sociaux. Nous les avons contacté et l’une d’elles est venue nous parler des contrats. L’atelier a été également utile en nous enseignant la façon de mener une campagne et de rechercher des informations qui existent déjà. »</p><p>Depuis l’échange de compétences et de connaissances pratiques jusqu’à l’évocation de la vie de la coalition, ces rapprochements se sont révélés fructueux pour toutes les parties. Cette histoire à propos de PCQVP reflète également la synergie qui existe entre nos membres — lorsqu’il s’agit de se battre en faveur de la transparence des ressources naturelles, nous le faisons en étant unis.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=bf022c5c6714" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[The Coalition is King]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Publish What You Pay]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 12 Jun 2014 10:36:32 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2014-06-12T11:36:08.289Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>How civil society from Canada, Zimbabwe and Cameroon joined forces in the fight for transparency</h4><p>A coalition is commonly described as an alliance of actors united by their common goal. Their composition, life-span and synergies vary widely, but what makes a coalition work? We always put forward that as a coalition our strength lies in our members. No one entity on its own can take on companies and governments to ensure transparency in the extractive sector. But if we work together, each playing to our own distinct strengths, we become more than the sum of our parts and can take on the most opaque and powerful of actors.</p><p><em>(We (</em><a href="http://www.publishwhatyoupay.org/"><em>Publish What You Pay</em></a><em>) are a global coalition of more than 800 civil society organisations united in their aim for an open and accountable extractive sector, so that citizens can benefit from their natural resources).</em></p><p>This phenomenon has been particularly evident in the campaign for mandatory disclosures — to oblige extractive companies to publish their payments to governments — and in PWYP Canada’s relationship with other members in Africa.</p><p>Canada’s role in the extractive sector is a large one indeed: it is home to almost 60% of the world’s mining companies and their activities span the entire globe. The country — and its civil society — has a responsibility to ensure a more open extractive sector.</p><p>Canadian civil society responded to the call. Today — ten years after the launch of the coalition — the collaboration between <a href="http://www.pywp.ca/">PWYP Canada</a> and other PWYP coalitions in Africa goes from strength to strength.</p><p>As PWYP Canada campaigned for its companies to become more transparent, the coalition was also conducting research on what information companies were already disclosing, as detailed in their first report <a href="http://www.pwyp.ca/images/stories/PWYP_Publications/Lifting_the_Veil.pdf">Lifting the Veil: Exploring the Transparency of Canadian Companies</a>. The report met with success among PWYP members, and in 2011, PWYP Canada launched a capacity building project, initially focused on PWYP Africa coalitions, to support them in obtaining access to existing extractive data on Canadian companies, as well as exploring with them ways to use this data. This included information that went far beyond payments to governments, including information on environmental risks and planning, contract and licensing terms, production data and information related to a company’s social and community development activities.</p><p>The project activities included the creation of company portfolios on a variety of Canadian mining companies, operating primarily in Africa, which are available on <a href="http://www.pwyp.ca/">PWYP Canada’s</a> website. PWYP Canada also produced a manual providing guidance on how to locate information Canadian mining companies publicly disclose. <a href="http://publishwhatyoupay.org/sites/publishwhatyoupay.org/files/2012-03_Eye-on_Disclosure-Eng.pdf"><em>An Eye on Disclosure</em></a><em>: The PWYP-Canada Guide to Finding Information on Public Mining Companies in Canada</em>, also provides numerous examples of the type of information that can be found in Canadian securities disclosure documents.</p><p>PWYP Canada organised a series of workshops, notably in Cameroon, Tanzania and Zimbabwe, to train PWYP members and other stakeholders, including journalists and government officials, in how to use and access extractive information via SEDAR, Canada’s securities disclosure website. As well as looking at existing information, PWYP Canada also covered the current mandatory disclosures campaign to prepare members for the impending data that will come out of the EU Transparency &amp; Accounting Directives, Dodd-Frank 1504 and eventually Canadian disclosure itself.</p><h4>Zimbabwe, diamonds &amp; revenue flows</h4><p>If there’s one situation where you might expect to find little existing data, it might be Zimbabwe and diamonds. When mining of the Marange diamonds started in 2009, the gems were expected to provide a ‘shot in the arm’ to Zimbabwe’s economy. Yet that boost never materialised. Even if expectations around these diamonds had perhaps been set too high, the secrecy and confusion around their extraction prevents effective collection and use of their revenues.</p><p>ZELA, the coordinating member of Publish What You Pay Zimbabwe, has been conducting research and advocacy into this issue, to find out what has been happening and ensure the country’s citizens can benefit from the diamonds.</p><p>“PWYP Canada showed us how to use SEDAR to get information about Canadian companies operating in Zimbabwe” said Gilbert Makore, Projects Coordinator at ZELA. “The companies aren’t big, but it was still very useful.”</p><blockquote>“We were able to show that publishing information isn’t taboo and we started arguing for industry wide requirements — that all extractive companies should start publishing information.”</blockquote><p>Indeed, ZELA have been establishing just how much the government received from Marange diamonds from 2009 — 2013. The task was no easy one, with strong contradictions arising from within the government itself: the Minister of Finance has complained several times that diamond revenues are not reaching the treasury, while the Ministry of Mines insisted all revenues had made its way to the Treasury. Meanwhile, figures show that production has increased yet the revenues reaching the state have not.</p><p>Zimbabwe is not a member of EITI and therefore the coalition depended on an unforthcoming government for information. However, thanks to their newly acquired access to SEDAR, Gilbert was able to track down the payments made by New Dawn, a Canadian mining company operating in the Marange fields, to the government. This helped illustrate an example of how companies could start reporting their payments in Zimbabwe as well as helping ZELA draw a better picture of the government revenues. In its report, <a href="http://publishwhatyoupay.org/sites/publishwhatyoupay.org/files/Tracking%20the%20Trends%20%282%29.pdf"><em>Tracking the Trends</em>,</a> ZELA was able to draw as clear a picture of the Marange revenues as was possible, and highlighted some important — if worrying — trends. As well as revealing these findings, ZELA was able to make a strong case for the Zimbabwean government to adopt transparency measures, including EITI. Access to SEDAR helped ZELA find one piece of the puzzle, but if they want to really follow the money project-level reporting by companies is indispensable.</p><h4>Supporting Canada’s advocacy campaign</h4><p>These exchanges have been valuable for the coalitions in Cameroon, Tanzania and Zimbabwe, but also advantageous to PWYP Canada itself.</p><blockquote>“These exchanges helped us sharpen our advocacy in Canada and ensure we were framing our policy asks in a way that would yield information useful to coalitions in resource-rich countries.”</blockquote><p>By discussing with coalition members what type of information would be useful to their campaign, PWYP Canada was able to better visualise what accountability looks like, identify potential barriers to members accessing data and see what members in resource-rich countries need to know in order to be able to realise their goals. “It supported our task too, as we were able to provide concrete examples in our advocacy briefs”, said Claire Woodside, Director of PWYP Canada.</p><p>“The whole process also helped ensure that the mandatory disclosures campaign didn’t happen in a silo” added Kady Seguin, Programme Analyst for PWYP Canada. “We’re seeking to change the rules in Canada as a means to an end, so it only makes sense that we develop our campaign by exchanging with our colleagues who will be the eventual users of this information.”</p><p>Then, there is also the sharing of information that has nothing to do with mandatory disclosures or with using the data, but that is crucial for the functioning of a coalition. Sometimes, it doesn’t matter where in the world you are — when you’re working in a coalition, similar challenges raise their heads. How do you get 22 different organisations to sign-off on the same public release? How do you manage the decision-making process so that it is both inclusive and effective? For PWYP Canada, it was useful to discuss these issues with their African colleagues.</p><p>This also proved the case for PWYP Cameroon, as Jaff Bamenjo, coordinator for RELUFA, explained. “Publish What You Pay Canada came to visit at a time when we weren’t very active as a coalition. Having a workshop on finding and using the data was an opportunity for us to redynamise ourselves. Based on what we learned we implemented several coalition wide actions after the meeting.”</p><p>“PWYP Canada told us about how they were working with mining companies in their advocacy to introduce mandatory disclosure. This inspired us to also engage with companies rather than just placing ourselves as their opposition. After the workshop we conducted a project focussing on two extractive companies and following their social payments. We reached out to the companies and one of them came to talk to us about contracts. The workshop was also helpful in teaching us about how to conduct a campaign and how to look for information that already exists”.</p><p>From the exchange of practical skills and knowledge to the discussion of coalition life, these swaps have proved fruitful to all parties. This PWYP story also reflects the synergy that exists among our members — when it comes to the fight for natural resource transparency, it is united that we stand.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=42e066eafba3" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
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            <title><![CDATA[A new mining code in Côte d’Ivoire — but will citizens benefit? ]]></title>
            <link>https://medium.com/@PWYPtweets/a-new-mining-code-in-cote-divoire-but-will-citizens-benefit-354814146beb?source=rss-ce84709d621d------2</link>
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            <dc:creator><![CDATA[Publish What You Pay]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 14 May 2014 16:46:04 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2014-05-15T08:08:03.523Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Or how civil society in Côte d’Ivoire sought to improve their country’s management of natural resources</h4><p>Rich in both renewable and non-renewable resources, Côte d’Ivoire has long been a model of success in post-colonial West Africa. As a cocoa exporter and an attractive destination for immigrants, the country experienced a period of stability and prosperity. The economic crisis of the 1990s, however, followed by the conflicts of the 2000s—with coups d’état, civil wars and post-electoral crises—set the country on quite a different path. Today, almost half its citizens live below the poverty line. Could Côte d’Ivoire’s mining resources provide a way to lift it out of crisis and onto the list of emerging economies?</p><p>That, at least, is what the government seems to think: decision-makers in Côte d’Ivoire, who now find themselves in a reasonably stable environment, are investigating ways to accelerate the exploitation of the country’s natural resources. Côte d’Ivoire is in fact looking to double its gold production, and for that is seeking to create an environment appealing to investors.</p><p>As a result, in early March the Côte d’Ivoire legislature approved a new Mining Code, which aims to increase foreign investment in the sector.</p><p>Creating a positive environment for investment, however, is only one of the objectives of a Mining Code— and it does not automatically guarantee that citizens will benefit. Mining codes also provide an opportunity to introduce principles of good governance and responsible management of natural resources, through the inclusion of provisions for transparency, accountability and redistribution of income.</p><p>In was for instance through the revision of its Mining Code in 2011 that the Guinean government committed to publishing all of its mining contracts. All mining companies operating in the country were obliged to sign a code of conduct— thus strengthening good governance— and the government used the code to declare its commitment to implementing the EITI (Extractive Industries Transparency Initiative).</p><p>The question of mining codes— and that of the other legal frameworks governing the management of natural resources— has become an important one for Publish What You Pay coalitions and features in our <a href="http://chainforchange.org.uk/">value chain </a>as the second step in establishing an accountable and transparent extractive process.</p><p>When the Côte d’Ivoire government instigated a revision of its mining code in 2013, PWYP Côte d’Ivoire seized the opportunity to improve the governance of the country’s natural resources.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*SaRiA5FDqw630MX173r8uw.jpeg" /><figcaption>Workshop organised by PWYP Côte d’Ivoire to elaborate submission for revision of mining code</figcaption></figure><p>A workshop on revising the Mining Code, organised by the government in early October, and involving civil society organisations, provided PWYP Côte d’Ivoire an opportunity to familiarise itself with the draft of the Code. Once familiarised, the next step was to identify the priorities and key points that should be included in the code. The coalition therefore gathered members of civil society, local elected representatives, parliamentarians, international institutions, chambers of commerce and industry and the mining authorities later that month to elaborate a submission to the government on revisions that should be made to the code.</p><p>Together, participants prepared a list of specific recommendations that formed the basis of the coalition’s lobbying. The list was produced once participants had assessed the compliance of the new code with the ECOWAS mining directive and the African Mining Vision.</p><p>The participants also examined the mining potential in Côte d’Ivoire and the mining sector’s system of governance and transparency — an exercise which helped develop important elements to be incorporated into the code. Another significant event was the involvement of Mamadou Taran Diallo, a colleague from Guinea, who shared his experiences of PWYP Guinea’s campaign to revise their Mining Code. This type of experience sharing provides invaluable information for members of civil society—indeed it is one of the rationales for being a coalition, insofar as we can learn from each other and gain valuable insights through discussion and sharing ideas.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*KR08FKK8Zyp2EiFADlERwg.jpeg" /><figcaption>On the left, Mamadou Taran Diallo from PWYP Guinea, attending the Côte d’Ivoire</figcaption></figure><p>The recommendations that came out of the workshop covered several areas, including transparency. The coalition demanded that mining contracts and licenses should be published, and that the Mining Code should state the country’s engagement with good governance principles such as the EITI and the Kimberley Process.</p><p>The coalition also agreed its position on the continuity of mining revenues, by recommending that 10% of the government’s share of revenue from the mining sector be allocated to a fund for future generations.</p><p>The participants requested that the code should specify a grading scale for compensations to occupants of the land and that a quota be set for revenues for communities local to mining. In terms of human rights, the coalition demanded that child labour or any kind of use of children for mining activities be prohibited.</p><p>So what does the coalition think of the new Mining Code adopted last month? Has it achieved its aims? In a word, the coalition says it is ‘satisfied’: although the Code does not include the publication of licenses and contracts, other recommendations have been incorporated. Child labour in mines, for example, is strictly prohibited and any company that infringes the rule will lose its license. As far as transparency is concerned, there has been solid progress—the Code obliges any organisation that holds a mining title to comply with EITI principles and requirements and to declare any information relating to payments, including social projects, to the government as part of the EITI process.</p><p>What are the next steps? The first will be to secure what was won. The adoption of the Code is only the first stage: the government now needs to publish the decree for the implementing legislation, which will cover every detail of its practical application. It is a delicate moment in legislative reform—the coalition needs to monitor the situation to ensure that the decree is published within a reasonable time frame and not left on the shelf.</p><p>In addition, the terms will include the essential details that affect the effectiveness of a law—these can either improve and strengthen what is in the code or strip it of meaning and power. The coalition will therefore need to lobby and be vigilant in ensuring that the terms of implementation only serve to strengthen the positive elements in the Code.</p><p>The second battle will be to work on the elements that are missing from the Code, such as a provision for publishing mining licenses and contracts. The coalition will work on this issue through the EITI, whose new standard recommends that contracts should be published. The EITI Board in Côte d’Ivoire has agreed to carry out a study to examine the obstacles to publishing contracts.</p><p>Côte d’Ivoire’s Mining Code has been recognised as good for investors—but will it be able to prove a good code for citizens, so that all of Côte d’Ivoire can profit from their natural resources? The Publish What You Pay coalition in Côte d’Ivoire will do everything it can to ensure that the answer to that question is ‘yes’.</p><p>By Alice Powell — <a href="/service/mailto:apowell@publishwhatyoupay.org">apowell@publishwhatyoupay.org</a>. (Translated from the <a href="https://medium.com/@PWYPtweets/9f517ed17d1">French</a>)</p><p><em>Thanks to Hyacinthe Kouassi, Vice-Coordinator PWYP- Côte d’Ivoire/PCQVP-CI and to Carlo Merla, Africa Programme Manager for Publish What You Pay International, for their comments and contributions to this article.</em></p><blockquote><a href="http://www.publishwhatyoupay.org/">Publish What You Pay </a>is a global coalition of more than 800 member organisations, united in their aim for an open and accountable extractive sector, so that citizens can benefit from their natural resources. To find out more about our work, visit www.publishwhatyoupay.org</blockquote><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=354814146beb" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Un nouveau code minier en Côte d’Ivoire — quels gains pour les citoyens ? ]]></title>
            <link>https://medium.com/@PWYPtweets/un-nouveau-code-minier-en-cote-divoire-quels-gains-pour-les-citoyens-9f517ed17d1?source=rss-ce84709d621d------2</link>
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            <dc:creator><![CDATA[Publish What You Pay]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 25 Apr 2014 11:41:44 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2014-04-25T11:58:18.011Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>La lutte de la société civile ivoirienne pour une bonne gestion de ses ressources naturelles</h4><p>Riche en ressources naturelles — renouvelable et non-renouvelable — la Côte d’Ivoire a pendant longtemps été un modèle de réussite au sein de l’Afrique occidentale post — coloniale. Exportateur de cacao et attrayant aux immigrants, le pays vécut une période de stabilité et de prospérité. Mais, la crise économique des années 1990 et les conflits des années 2000 — coup d’états, guerres civiles et crise post-électorales — ont changé la trajectoire de ce pays. Aujourd’hui, presque la moitié des citoyens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les ressources minières pourraient-elle constituer pour la Côte d’Ivoire le moyen de sortir de la crise et devenir une économie émergente ?</p><p>C’est du moins ce que le gouvernement a l’air de penser : les décideurs ivoiriens, qui se retrouvent maintenant dans un environnement assez stable, cherchent à accélérer l’exploitation des ressources naturelles nationales. Et la Côte d’Ivoire voudrait même doubler sa production d’or, et pour cela elle cherche à créer un environnement attrayant pour les investisseurs.</p><p>A cette fin, les législateurs ivoiriens ont approuvé en début mars un nouveau code minier qui devrait avoir pour but d’augmenter les investissements étrangers dans le secteur.</p><p>Mais le fait de favoriser un environnement propice à l’investissement n’est qu’un des objectifs d’un code minier — et il n’assure pas automatiquement les bénéfices pour les citoyens. Sans dispositions claires en termes de transparence, redevabilité et redistribution des revenus le code minier ne réalise pas tous ses objectifs, qui comprennent surtout l’introduction des principes de bonne gouvernance et bonne gestion des ressources naturelles.</p><p>C’est, par exemple, dans la révision de son code minier, en 2011, que le gouvernement Guinéen s’est engagé à publier tous ses contrats miniers. Toutes les sociétés minières opérant dans le pays furent obligées de signer un code de bonne conduite — renforçant la bonne gouvernance — et, avec ce code, le gouvernement a déclaré son engagement de mettre en œuvre l’ITIE (<em>L’Initiative de Transparence des Industries Extractives) .</em></p><p>La question des codes miniers — et aussi celle des autres cadres juridiques qui régissent la gestion des ressources naturelles — est devenue une question importante pour les coalitions de PCQVP et figure dans notre chaîne de valeur comme la seconde étape pour établir un processus d’extraction redevable et transparent.</p><p>C’est donc ainsi que la coalition PCQVP de la Côte d’Ivoire a saisi l’occasion offerte par la révision du code minier initiée par le gouvernement en octobre 2013 pour améliorer la gouvernance de leurs ressources.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*SaRiA5FDqw630MX173r8uw.jpeg" /><figcaption>Atelier organisé par PCQVP Côte d’Ivoire pour le projet de la révision du code minier</figcaption></figure><p>Un atelier de revisitation du code minier organisé du 2 au 3 octobre 2013 par le gouvernement avec la participation de la société civile, a permis à la coalition ivoirienne PCQVP de se familiariser avec l’ébauche du code minier. Il a fallu ensuite identifier les priorités et les points saillants à intégrer dans le code minier. Pour cela, la coalition a organisé le 23 novembre 2013 un atelier réunissant les membres de la société civile, les élus locaux, les parlementaires, les institutions internationales et consulaires ainsi que l’administration minière.</p><p>Les participants ont préparé ensemble une liste de recommandations précises qui ont formé la base de plaidoyer de la coalition. Cette liste fut élaborée une fois que les participants ont évalué la conformité du nouveau code avec la directive minière de CEDEAO, ainsi qu’avec la vision minière africaine.</p><p>Les participants ont aussi examiné le potentiel minier de la Côte d’Ivoire ainsi que le système de gouvernance et la transparence du secteur minier — ce qui a aidé à développer les éléments importants à intégrer dans le code. Importante aussi a été l’intervention d’un collègue de la Guinée, Diallo Mamadou Taran, qui a partagé les expériences vécues par la coalition PCQVP Guinéenne dans la révision de leur code minier. Ce genre de partage d’expériences offre des informations indispensables pour les membres de la société civile — c’est justement une des raisons d’être d’une coalition, qu’à travers les échanges et le partage nous puissions apprendre les uns des autres et nous enrichir mutuellement.</p><p>Les recommandations issues de l’atelier ont couvert plusieurs thèmes, dont celui de la transparence. La coalition a réclamé que les permis et titres miniers soient publiés et à ce que le code minier proclame l’adhésion de l’Etat aux principes de bonne gouvernance telle que l’ITIE et le Processus de Kimberley.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*KR08FKK8Zyp2EiFADlERwg.jpeg" /><figcaption>Sur la gauche, Taran Diallo de la coalition PCQVP Guinée, venu pour partager ses expériences.</figcaption></figure><p>La coalition a aussi pris position sur la pérennisation de revenus miniers, en recommandant que 10 % des parts de revenus de l’Etat provenant du secteur minier alimentent un fonds des générations futures.</p><p>Les participants ont demandé à ce que la loi minière précise des barèmes d’indemnisation pour les occupants du sol et qu’un quota sur les revenus destinés aux communautés riveraines soit fixé. En ce qui concerne les droits de l’homme, la coalition a exigé que le travail des enfants ou leur utilisation quelconque pour des activités minières soit interdit.</p><p>Que pense donc la coalition du contenu du nouveau code minier, approuvé le mois dernier ? Ses objectifs ont-ils été réalisés ? En un mot, la coalition se dit ‘satisfaite’ : la publication des permis et des titres ne figure certes pas dans le code mais d’autres recommandations ont été incorporées. Par exemple, l’utilisation des enfants dans les mines est strictement interdite et toute compagnie qui enfreint la règle perdra son permis. Pour ce qui est de la transparence, des succès solides ont été obtenus — le code oblige tout titulaire de titre minier à respecter les principes et exigences de l’ITIE et à déclarer toutes informations relatives à ses paiements à l’Etat, y compris les réalisations sociales, dans le cadre de l’ITIE.</p><p>Quelles sont les prochaines étapes ? La première sera de consolider les gains — la promulgation de ce code n’est que le premier stade, il faut maintenant que le gouvernement publie le décret du texte d’application, qui comprend toutes les modalités de la mise en œuvre du code. C’est un moment délicat dans la réforme législative — la coalition a besoin d’en faire le suivi pour s’assurer que le décret soit publié dans des délais raisonnables, et ne soit pas laissé à l’abandon.</p><p>De plus, les modalités comprennent des détails essentiels touchant à l’efficacité d’une loi — elles ont le pouvoir soit d’améliorer et de renforcer ce qu’il y a dans le code soit de le vider et de le rendre impuissant. La coalition aura alors comme tâche de faire un plaidoyer et d’être vigilant à ce que les modalités servent seulement à augmenter la puissance des éléments positifs du code.</p><p>La deuxième bataille sera de travailler sur les éléments qui manquent dans ce code minier, tels qu’une provision pour la publication des permis et des contrats miniers. Sur cette question, la coalition travaillera à travers l’ITIE — dont la nouvelle norme propose la publication des contrats en tant que recommandation. Le conseil d’administration de l’ITIE en Côte d’Ivoire s’est mis d’accord pour mener une étude afin d’examiner les obstacles contre une publication des contrats.</p><p>Le code minier Ivoirien a été reconnu comme étant un bon code pour les investisseurs — mais pourra t’il prouver qu’il est aussi un bon code pour les citoyens, pour que tous les citoyens ivoiriens puissent jouir de leurs ressources naturelles ? La coalition ivoirienne de Publiez Ce Que Vous Payez fera tout son possible pour que la législation minière ivoirienne incorpore les principes de la Vision Minière Afrique et de la Directive Minière de la CEDEAO, pour que la réponse à cette question soit oui.</p><p>Par Alice Powell (apowell@publishwhatyoupay.org)</p><p><em>Merci à Hyacinthe Kouassi, Vice-Coordinateur PWYP- Côte d’Ivoire/PCQVP-CI et à Carlo Merla, Manager d’Afrique à Publiez Ce Que Vous Payez International, pour leurs commentaires et information pour cet article.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9f517ed17d1" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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