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        <title><![CDATA[Stories by Víctor Manuel García. on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Víctor Manuel García. on Medium]]></description>
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            <title>Stories by Víctor Manuel García. on Medium</title>
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            <title><![CDATA[GAFI va a la par del avance tecnológico: Nuevas recomendaciones para el combate al lavado de…]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Víctor Manuel García.]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 22 Jul 2019 02:39:28 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-07-25T05:17:32.864Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Nuevas recomendaciones de GAFI sobre Lavado de Dinero con Criptoactivos.</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/820/1*z0kAWKE9UuYHT3PkLfm1CA.jpeg" /><figcaption>imagen tomada de: <a href="https://www.bitcoinbazis.hu/szigorubb-szabalyzasnak-veti-ala-a-kriptotozsdeket-a-penzugyi-akcio-munkacsoport/">https://www.bitcoinbazis.hu/szigorubb-szabalyzasnak-veti-ala-a-kriptotozsdeket-a-penzugyi-akcio-munkacsoport/</a></figcaption></figure><p>A mediados del mes de julio del 2019, se dio a conocer la noticia de que la Exchange Bitso se convirtió en la primer Fintech de América Latina con licencia internacional para operar con criptoactivos. (O <em>activos virtuales</em>, como se les denomina legalmente en México) La empresa dio a conocer que a partir del 1 de agosto de ese mismo año, la custodia, así como la compra, el envío, retiro y trading de criptoactivos, será regulado por la licencia Distributed Ledger Technology Regulatory Framework que otorga la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC, por sus siglas en inglés), considerado como el marco regulatorio más avanzado a nivel mundial en materia de criptoactivos.</p><p>Ahora bien, los retos que enfrentará Bitso en el futuro inmediato se relacionan con la nueva recomendación emitida por el GAFI, (Grupo de Acción Financiera Internacional) a finales del mes de junio de 2019. GAFI es la institución que marca los estándares a nivel global para combatir el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva mediante diversas recomendaciones dirigidas a los gobiernos y sus instituciones financieras, dichas recomendaciones tienen que ver con el uso indebido de los criptoactivos por parte de grupos delictivos específicamente, en el lavado de dinero.</p><p>GAFI informó sobre una nueva nota interpretativa, por la cual se establece que los proveedores de criptoactivos, así como las casas de cambio de compraventa de éstos, compartan información respecto a los originadores y beneficiarios que estén involucrados en las operaciones con este tipo de activos.</p><p>Además de la nueva interpretación a la recomendación 15 (la cual se refiere al uso de nuevas tecnologías para el blanqueo de capitales) también publicó una guía para que los países miembros del GAFI y los proveedores de servicios de activos virtuales aborden las medidas antilavado lo más pronto posible, pues de esta manera se pretende que comprendan y estén en capacidad de cumplir con las obligaciones en la materia.</p><p><strong>Obligaciones que exige el Grupo de Acción Financiera Internacional:</strong></p><p>· Los países y proveedores de servicios de activos virtuales deberán evaluar y mitigar sus riesgos asociados con estos instrumentos</p><p>· Los proveedores de servicios de activos virtuales deberán pedir licencia y estar registrados para someterse a una supervisión antilavado por parte de las autoridades</p><p>· Los gobiernos deberán emitir sanciones y otras medidas cuando se detecten incumplimientos por parte de los proveedores de servicios de activos virtuales</p><p>· Los países están en la libertad de prohibir el uso de activos virtuales en función de su propia evaluación de riesgos y su contexto regulatorio</p><p>· Los proveedores de servicios de activos virtuales deberán adoptar las 40 recomendaciones del GAFI</p><p>(información tomada del siguiente enlace: <a href="https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Reglas-del-GAFI-para-criptoactivos-el-inicio-de-la-ola-regulatoria-mundial-20190717-0156.html">https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Reglas-del-GAFI-para-criptoactivos-el-inicio-de-la-ola-regulatoria-mundial-20190717-0156.html</a>)</p><p>Para estos momentos, ya es de dominio público que, la <em>moneda virtual</em> (nombre que utiliza GAFI para denominar a los criptoactivos) al igual que otros métodos de pago tiene usos legítimos; existen importantes y afamadas empresas de capital de riesgo que invierten en moneda virtual de nueva creación.</p><p>La moneda virtual tiene el potencial tanto para mejorar la eficiencia de pago, como para reducir los costos de transacción para los pagos y transferencias de fondos. Por ejemplo, Bitcoin, el criptoactivo más famoso, funciona como una moneda global que puede evitar los cargos por cambio, y es actualmente procesada a tasas/cargos menores que las tarjetas de crédito y débito tradicionales, y puede potencialmente proporcionar un beneficio a los sistemas de pago en línea existentes, como Paypal</p><p>No obstante, los criptoactivos pueden ser sujetos a un uso ilegal por parte de grupos criminales, tal y como lo expresó GAFI el día 17 de julio de 2019:</p><p><em>“La amenaza del uso indebido de activos virtuales por parte de delincuentes y terroristas</em><strong><em> </em></strong><em>es grave y urgente. El GAFI espera que todos los países tomen medidas inmediatas para implementar las recomendaciones del organismo”</em></p><p>Las preocupaciones del GAFI tienen mérito, pues cada vez más grupos pertenecientes al crimen organizada emplean criptoactivos para poder llevar a cabo sus actividades delictivas, gracias a que en general, este tipo de activos poseen características tales como:</p><p><strong>Descentralización</strong> (no hay gobierno o institución que respalde su valor y controle su emisión)</p><p>Pues bien, para los <em>Bitcoins </em>son las características propias de esta moneda las que los hacen atractivos para los grupos de criminalidad organizada:</p><p><strong>Fácil acceso desde cualquier parte del mundo: </strong>Se puede pagar con <em>Bitcoin </em>–por citar tan sólo alguno de los más de dos mil criptoactivos existentes en la actualidad-<em> </em>en cualquier parte del mundo sin necesidad de cambiar a dinero fiduciario. (Libras, euros, dólares, pesos, etc.)</p><p><strong>Costo mínimo de las transacciones: </strong>Las transacciones realizadas con criptoactivos tienen costes muy bajos y que no dependen de las cantidades transmitidas,</p><p><strong>· Posibilidad de cambiar a diferentes tipos de dinero nacional: </strong>cabe la posibilidad de que en algunos países, criptoactivos como Bitcoin o Ethereum puedan transformarse a dinero nacional (euros, dólares, pesos, etc.), lo que facilita a la delincuencia organizada el lavado de dinero originado por sus actividades delictivas.</p><p><strong>· Operaciones irreversibles: </strong>las pruebas criptográficas que se realizan para registrar las operaciones en la <em>Blockchain </em>son muy robustas, lo que origina que éstas no puedan deshacerse.</p><p><strong>· Anonimato: </strong>Aunque cada una de las transacciones realizadas con criptoactivos<em> </em>quedan registradas en la <em>Blockchain </em>se pueden consultar públicamente, lo cierto es que las direcciones que aparecen en ella no están relacionadas con ningún tipo de dato que permita identificar la identidad real o legal del usuario con la operación realizada; el anonimato siempre ha sido un rasgo muy atractivo para los grupos criminales, quienes no desean llamar la atención de las autoridades de ningún modo. Esta característica sin duda es la que más preocupa al GAFI y a los gobiernos, pues dificulta el rastreo de las operaciones realizadas con criptoactivos y facilitan el blanqueo de capitales.</p><p>Es importante mencionar que si el anonimato inherente a las operaciones realizadas con criptoactivos se conjuga con las características propias de la <em>Darknet </em>o<em> Darkweb</em>, que garantizan la intimidad y el anonimato, (gracias a que los usuarios de dicha red pueden comunicarse mediante chats cifrados), la identificación de quienes quieran utilizar criptoactivos para delinquir, como es el caso del blanqueo de capitales, es virtualmente imposible.</p><p>Las características inherentes a los criptoactivos y Blockchain permiten al crimen organizado realizar transacciones de forma rápida, anónima, irreversible, internacional y de bajo costo, lo que les ayuda para evitar las leyes y la jurisdicción nacional e internacional y con la posibilidad de convertir los criptoactivos a dinero fiduciario y pudiendo utilizarlas para pagar servicios o productos de interés en los mercados delictivos de la <em>Darkweb.</em></p><p>Por lo tanto, es de vital importancia, que las exchanges más reconocidas tales como Bitso, Binance, Bitfinex, Volabit o Coinbase, adopten lo más pronto posible las recomendaciones del GAFI y la guía para el cumplimiento de éstas en materia de prevención de lavado de dinero mediante criptoactivos, pues además de brindar mayor confianza a los usuarios de estas plataformas también ayudará a desincentivar el blanqueo de capitales a gran escala por parte del crimen organizado y así evitar un escenario como el que ha sucedido por décadas con la banca tradicional.</p><p>Fuentes consultadas:</p><p>Resultados de la Plenaria del GAFI del 16–21 de junio de 2019, disponible para su consulta en:</p><p><a href="http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-june-2019.html">http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-june-2019.html</a></p><p>INFORME DEL GAFI.</p><p>Monedas Virtuales Definiciones Claves y Riesgos Potenciales de LA/FT</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e4afc2785c5d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Inteligencia Artificial: su regulación y desafíos legales. (Segunda y última parte)]]></title>
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            <category><![CDATA[inteligencia-artificial]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Víctor Manuel García.]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 15:56:19 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-03-25T15:56:19.175Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/790/1*axDtvvJRVhYGo85yfPirow.jpeg" /><figcaption>imagen tomada de: <a href="https://cepymenews.es/pros-contras-la-inteligencia-artificial/">https://cepymenews.es/pros-contras-la-inteligencia-artificial/</a></figcaption></figure><p>Debido a que ya es posible utilizar la inteligencia artificial en la vida cotidiana ya sea mediante robots, asistentes de voz, drones, chatbots, automóviles autónomos o aplicaciones del internet de las cosas, eso implica que en un futuro cercano su uso planteará problemas sociales, económicos, legales, educativos, laborales e incluso médicos y de salud; por lo tanto, es importante comenzar su regulación internacional, lo cual en principio es complicado debido a que cada país tiene tiempos, formas y modos diferentes de crear legislación.</p><p>Los precedentes sobre la regulación de la inteligencia artificial comienzan con H. E Omar bin Sultan Al Olama, de Emiratos Árabes Unidos, quien se ha convertido en el primer ministro de estado de inteligencia artificial en el mundo, (aunque aún no existe en este país una normatividad específica), seguido de la Unión Europea que ha discutido y propuesto diversas soluciones para adecuar un marco normativo uniforme para los países miembros.</p><p>El texto aprobado por el parlamento europeo, en fecha 16 de febrero de 2017, titulado <em>Normas de Derecho Civil sobre Robótica, </em>(disponible para su consulta en este <a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+PDF+V0//ES">enlace</a>) si bien no ofrece una definición o concepto de máquinas que empleen la I.A., sí menciona que éstas deben cumplir ciertas características entre las que se incluyen:</p><p><strong>–Capacidad de adquirir autonomía mediante sensores y/o mediante el intercambio de datos con su entorno (interconectividad) y el intercambio y análisis de dichos datos;</strong></p><p><strong>– Capacidad de autoaprendizaje a partir de la experiencia y la interacción (criterio facultativo);</strong></p><p>– Un soporte físico mínimo;</p><p>– <strong>Capacidad de adaptar su comportamiento y acciones al entorno</strong>;</p><p>– Inexistencia de vida en sentido biológico.</p><p><strong>No obstante, no basta con que se enuncien las características de la inteligencia artificial, es imprescindible que la Unión Europea defina su concepto, pues no es práctico regular una determinada cuestión sin establecer una definición sólida de lo que se pretende regular, para ello pueden usarse las definiciones que ya han hecho algunos investigadores.</strong></p><p>Hoy día existen diversas definiciones de inteligencia artificial (ČERKA; GRIGIENĖ; SIRBIKYTĖ, 2015, p. 382). Sin embargo, ninguna de ellas ha sido aceptada universalmente (CNUDMI/UNCITRAL, 2018, p. 1)</p><p><strong>El término inteligencia artificial se aplica a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción, con cierto grado de autonomía, con el fin de alcanzar objetivos específicos (BUTTERWORTH, 2018, p. 259).</strong></p><p>En el libro <em>La ballena y el Reactor</em> (Winner, 2008) se fomenta la idea de que la tecnología solucionará todos los problemas sociales y cotidianos en el futuro, esta obra parte de la premisa de que el desarrollo tecnológico es benéficamente proporcional a la humanidad. Si bien esta es una visión enteramente optimista y utópica, lo cierto es que el uso de la inteligencia artificial al ser aplicable en diferentes ámbitos tiene por consecuencia un enfoque e impacto poliédrico, por lo que es imposible imaginar un escenario como el que describe dicho autor.</p><p>El tema de la responsabilidad jurídica o legal debe aclararse con la mayor celeridad pues la inteligencia artificial que opere en una computadora o robot es capaz de realizar muchas de las tareas o trabajos de la gente aunque no “funcionen” como lo hacen las personas; por lo que la responsabilidad jurídica obviamente debe especificarse de forma distinta.</p><p>Por ejemplo, ¿qué ocurriría si un automóvil autónomo, propiedad de una empresa que ofrezca servicio de pasajeros ignora una señal de tránsito y arrolla a un peatón, provocándole la muerte? ¿Sobre quién o qué recaería la responsabilidad legal? ¿Es posible acusar al automóvil del delito de homicidio, aunque suene risible o absurdo?</p><p>El artículo 140 del Código Penal de la Ciudad de México dice lo siguiente respecto al homicidio:</p><p><em>Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con motivo del tránsito de vehículos, se impondrá la mitad de las penas…, en los siguientes casos:</em></p><p><strong><em>El</em></strong><em> </em><strong><em>agente</em></strong><em> conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos similares; o</em></p><p><em>No auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga.</em></p><p><em>Cuando se ocasionen lesiones de las previstas en las fracciones VI y VII del artículo 130 de este Código cometidas culposamente y se trate de vehículos de pasajeros, carga, servicio público o servicio al público o de transporte escolar, o servicio de transporte de personal de alguna institución o empresa, y </em><strong><em>el agente</em></strong><em> conduzca en estado de alteración voluntaria de la conciencia a que se refiere… este Código, la pena aplicable será de dos años seis meses a ocho años de prisión.</em></p><p>Cualquier persona puede interpretar de manera adecuada el término <em>agente </em>al que refiere este artículo; el sentido común dicta que se trata de una persona; no obstante, en este caso debe cuestionarse si el la inteligencia artificial que opera al vehículo autónomo puede considerársele como tal pues el código penal ya citado no tiene una definición del término “agente”. Este escenario puede plantear dudas en un futuro pues aunque un enfoque práctico deduzca que la responsabilidad legal cayera sobre el dueño del vehículo también debe considerarse que éste no tiene un control pleno completo del automóvil, por lo que la responsabilidad también podría recaer en el dueño de los derechos de propiedad intelectual de la I.A., la empresa o el fabricante; la fijación precisa de responsabilidad legal evitaría vacíos y ambigüedades legales, de lo contrario se incrementa la posibilidad de que aquellas personas afectadas por las acciones de la Inteligencia Artificial queden desprotegidas por la ausencia de regulación.</p><p>En el caso de la Inteligencia Artificial la falta de regulación así como su creación tardía entorpecería su investigación y desarrollo, por lo que es muy importante fijar parámetros de actuación en cuanto a límites, condiciones y responsabilidades para establecer si las máquinas inteligentes pueden considerarse jurídicamente responsables por sus acciones ya sea de forma parcial o total pues, se insiste, la Inteligencia Artificial destaca por su capacidad para interactuar con su entorno y adquirir conocimientos mayores a los que fue programada originalmente; si las máquinas inteligentes adquieren mayor autonomía y capacidad de decisión y ejecución de acciones entonces ya no pueden ser consideradas como simples objetos o bienes fungibles, por lo que los eventos en los que se afecte la esfera jurídica de las personas -tales como un homicidio o daños materiales- debe determinarse de manera clara y específica la responsabilidad legal por su uso.</p><p>Por consecuencia, el tema de la responsabilidad legal debe regularse con la mayor inmediatez posible de acuerdo a la propuesta realizada por el Parlamento Europeo –con rubro <em>Bruselas, 6.6.2018COM (2018) 434 final2018/0227 (COD)</em> — , donde se menciona los beneficios y ventajas de la industria digital en Europa, que incluye a la inteligencia artificial, incluida, aunque también se expresa la ausencia de normas comunes y soluciones interoperables.</p><p>Las legislaciones que prescriben una tecnología específica predominante, (es decir, sin seguir el principio de <em>neutralidad tecnológica)</em> se señalan como factores, que impiden el progreso, la dificultad de los responsables en comprender sus respectivos marcos de confianza mutua e incluso en los temas de responsabilidad e indemnización (OCDE, 2005, p. 6).</p><p>Gracias al imparable desarrollo científico, la tecnología plantea escenarios que hace un par de décadas eran identificados por la sociedad como algo más relacionado con la ciencia ficción que con la vida cotidiana. A lo largo de su historia, la humanidad siempre se ha enfrentado los desafíos que originan los avances tecnológicos, siendo el de la Inteligencia Artificial de los más destacables pues impacta en varios de los niveles de la sociedad.</p><p>Por lo tanto, deben crearse leyes que permitan resolver los conflictos legales derivados del uso de la inteligencia artificial; las decisiones que se tomen para su regulación deben ser lo más adecuadas posibles lo cual si bien sobre el papel suena idóneo en la práctica su concreción resultará muy compleja, pues las leyes son imperfectas y éstas en muchos casos evolucionan lentamente aún y cuando se suscitan hechos que cambian de forma paulatina o súbita la faz de la sociedad.</p><p>FUENTES CONSULTADAS:</p><p>INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO</p><p><strong>Autor:</strong> Danièle Bourcier</p><p>INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EUROPA (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0237&amp;from=ES">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0237&amp;from=ES</a>)</p><p>INTELIGENCIA ARTIFICIAL: PROBLEMÁTICA O BENEFICIO PARA LAS NACIONES.</p><p><strong>Autor:</strong> Gabriela Rosales Cristalinas.</p><p>LA ROBÓTICA ANTE EL DERECHO PENAL: EL VACÍO DE RESPUESTA JURÍDICA A LAS DESVIACIONES INCONTROLADAS.</p><p><strong>Autor</strong>: Gonzalo Quintero Olivares</p><p>REGULACIÓN LEGAL DE LA ROBÓTICA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: RETOS DE FUTURO.</p><p><strong>Autor:</strong> María José Santos González</p><p>RETOS REGULATORIOS EN TORNO A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.</p><p><strong>Autor:</strong> Antonio Merchán Murillo</p><p>Ventajas y riesgos de la Inteligencia Artificial. (<a href="https://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/ventajas-y-riesgos-de-la-inteligencia-artificial-651449483429">https://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/ventajas-y-riesgos-de-la-inteligencia-artificial-651449483429</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e13ced0994e3" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
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            <title><![CDATA[Inteligencia Artificial: su regulación y  desafíos legales. (Primera parte)]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Víctor Manuel García.]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 17:21:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-02-18T17:21:00.757Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Inteligencia Artificial: su regulación y desafíos legales. (Primera parte)</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*4B0pH9cSdAuOK1iKpWjj7A.jpeg" /></figure><p>Foto: Víctor Manuel García</p><p>Para la mayoría de las personas el término <em>Inteligencia Artificial</em> no les es extraño pues ha estado presente desde hace más de cincuenta años en la cultura popular; ha sido retratada en libros, revistas y películas ya sea en forma de robots humanoides o computadoras con comportamiento humanos. Durante mucho tiempo casi a la par de la acuñación del término se le ha contemplado como algo más cercano a la fantasía y a la ciencia ficción. No obstante, ya es toda una realidad en la segunda década del siglo 21.</p><p><strong>¿Qué es la Inteligencia Artificial (IA)?</strong></p><p>Por lo general se considera al científico John McCarthy como quien concibió el concepto, siendo el año de 1956 cuando lo pronunció por primera vez en una conferencia, enunciándolo de la siguiente manera:</p><p>“<em>Este estudio procederá sobre la base de que todos los aspectos del aprendizaje o de rasgo de la inteligencia pueden, en principio, ser descritos de una forma tan precisa que se puede crear una máquina que los simule”.</em></p><p>Este investigador pronosticó en aquel entonces que las primeras inteligencias artificiales serían toda una realidad para la década de los 60’s del pasado siglo, lo cual no ocurrió, siendo hasta la década de los 90’s y la primera década del siglo XXI cuando sensuscitaron importantes avances en la materia. Uno de los ejemplos más notables y difundidos llegó en el año de 1997, cuando la computadora conocida como Deep Blue, creada por IBM y que operaba como inteligencia artificial, derrotó al campeón mundial de ajedrez Gari Kasparov. Este hecho inspiró a la industria tecnológica para ampliar las investigaciones acerca de la I.A.</p><p>Definiciones más recientes precisan que una inteligencia artificial actúa imitando lo que hace una mente humana, y debe ser capaz de “percatarse” de lo que pasa a su alrededor, procesar esa información, y sacar conclusiones de ella, inferir nuevas conclusiones que no se le han preprogramado (González, 2013).</p><p>De acuerdo con Fujitsu, compañía japonesa en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), la IA sirve desde la clasificación de la información, hasta máquinas automatizadas en el proceso de manufactura (Forbes, 2017).</p><p>Para Enrique Zapata (2018), la I.A. se refiere al grupo de tecnologías digitales que permiten a las máquinas llevar a cabo tareas complejas que normalmente requieren inteligencia humana.</p><p>Según este investigador, la inteligencia artificial se divide en dos ramas principales:</p><p>A) <em>Inteligencia Artificial General</em>: Es aquella donde las máquinas tienen plena capacidad para replicar procesos intelectuales humanos, como por ejemplo, jugar videojuegos o reconocer imágenes concretas en fotografías.</p><p>B) <em>Inteligencia Artificial Específica</em>: la cual utiliza técnicas como la minería de datos, aprendizaje profundo o aprendizaje de redes neuronales artificiales.</p><p><strong>Algunos usos de la Inteligencia Artificial en la actualidad.</strong></p><ol><li>Innovación tecnológica mediante la implantación masiva de microchips o implantes cerebrales en el cuerpo humano que faciliten actividades.</li><li>Reconocimiento de voz: transformación del lenguaje humano a formatos computacionales como Siri de la marca Apple.</li></ol><p>3. Agentes virtuales: por ejemplo, los chatbots que están ganando terreno en el campo de servicio y atención al cliente tanto en bancos como Fintech.</p><p>4. Desarrollo de medios de transporte autónomos: Uber y Google son las empresas internacionales que más destacan en este campo gracias a sus avances al crear automóviles que funcionan sin conductores humanos. Por su parte, Rolls-Royce y Yara Birkeland han incursionado en la investigación y fabricación de barcos autónomos, cuya meta, fijada para el año 2020, es la de crear navíos capaces de navegar sin tripulación.</p><p>Considerando los usos mencionados, resultan evidentes los beneficios que proporciona el uso de la Inteligencia Artificial a nivel industrial y empresarial, lo que propician una mayor y cada vez más rápida adopción, situación que también ha generado interés y expectación internacional, por lo que gobiernos y sociedad cuestionan no sólo los las ventajas de la I.A., sino también sus posibles perjuicios y riesgos, pues por citar un ejemplo, las máquinas preprogramadas con Inteligencia Artificial pueden reemplazar a las personas de sus empleos.</p><p>Por otra parte, aquellos que defienden el uso de máquinas o robots programados con inteligencia artificial aducen que la intención principal es la de potenciar procesos industriales y de negocios, no se tiene por objetivo el reemplazo de la persona de su empelo sino de apoyar a los individuos y a las empresas.</p><p><strong>Crítica en contra de la Inteligencia Artificial</strong></p><p>No obstante la importancia que ha generado la implementación de la Inteligencia Artificial,existen críticas en contra de su implementación, entre las cuales se señalan que este tipo de máquinas pueden utilizarse con fines poco éticos e incluso ilegales en cualquier parte del mundo y en diferentes áreas, ya sea de tipo militar, espionaje industrial, tráfico y comercio ilegal de datos personales, etc.</p><p>Dichas críticas provienen del temor que origina la manera en que funcionan las máquinas inteligentes con I.A., pues poseen memoria y capacidad autónoma de aprendizaje, lo que a su vez les permite ampliar sus conocimientos y bancos de datos; por ellos existe la posibilidad de que ganarán relevancia mientras más aprendan de su entorno e impactando el modo de vida de los ciudadanos.</p><p>Ejemplo de esto se aprecia en lo declarado en el año 2017 por Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quien señaló que aproximadamente 9% de los empleos de los países miembros de ese organismo tienen posibilidades de ser automatizados, y por consecuencia, el riesgo para personas con bajos niveles educativos de perder su empleo es mayor.</p><p>Más tajante se advierte el pronóstico del Instituto de Investigaciones de la Multinacional McKinsey, (cuyo informe se puede consultar <a href="https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/digital%20disruption/harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/a-future-that-works-executive-summary-spanish-mgi-march-24-2017.ashx"><strong>aquí</strong></a><strong> </strong>)el cual dice que en el año 2030 la tecnología de la I.A. impactará la economía global principalmente en el sector laboral, lo que conllevará a que el 20% de la población económicamente activa a nivel mundial sea sustituida por alguna clase de máquina inteligente.</p><p>No debe obviarse que la I.A., a pesar de ser un fenómeno que en la última década ha crecido a un ritmo acelerado, tiene tras de sí una legislación y regulación escasa a nivel internacional, por la misma razón tampoco existen leyes que versen particularmente sobre la convivencia entre personas y máquinas inteligentes; el referente más similar susceptible de aplicación es el ISO. (<em>International Standard Organization</em>)</p><p>La norma ISO define inteligencia artificial como: <em>“la capacidad de una unidad funcional para realizar funciones que generalmente están asociadas con la inteligencia humana, como el razonamiento y el aprendizaje”</em>. Nótese que esta definición destaca por ser vaga, debido a que si fuese demasiado específica, los avances posteriores en inteligencia artificial pueden hacer que la descripción se vuelva obsoleta, por lo que ya que no abarcaría las nuevas mejoras tecnológicas.</p><p>Las normas que más destacan son: “I<em>SO 10218–1:2011, Robots and robotic devices</em> — Safety <em>requirements for industrial robots”</em>, <em>“ISO 13855, Safety of machinery — Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body”</em> y la <em>“ISO/TS 15066:2016(en) Robots and robotic devices — Collaborative robots”.</em></p><p>Ahora bien, es importante mencionar que las normativas ISO no tienen status de ley ni pueden servir como ejemplo regulador, son solamente una reglamentación de tipo industrial que sirven de modelo internacional, y por esa razón son englobadas o enmarcadas en el denominado <em>“soft law”</em>. En el ámbito jurídico, el <em>soft law</em>, está fuertemente asociado al derecho internacional, pues suele englobar códigos de conducta, recomendaciones, principios, etc. No obstante, carece de rigor jurídico de tipo coercitivo, es decir, no tiene observancia obligatoria para los individuos ni los gobiernos. Por lo anterior, la normativa ISO es insuficiente para regular los efectos jurídicos que puedan originarse entre máquinas inteligentes y sociedad.</p><p><strong>Escenario legal internacional de la Inteligencia Artificial</strong></p><p>En el año 2017, la Unión Europea propuso una regulación a la inteligencia Artificial, lo cual constituye un importante precedente al respecto a pesar de que aún quede por confirmarse su aprobación legislativa. Mediante un comunicado de fecha 25 de abril de 2018 dirigido al parlamento europeo, El Consejo Europeo, El comité económico y social europeo y el comité de las regiones, entre otras, se enunciaron las siguientes propuestas:</p><p>-Potenciar la capacidad tecnológica e industrial de la UE e impulsar la adopción de la IA en todos los ámbitos de la economía, tanto en el sector privado como en el público . Las inversiones en investigación e innovación y en la mejora del acceso a los datos forman parte de este objetivo.</p><p>-Prepararse para las transformaciones socioeconómicas que origina la IA, fomentando la modernización de los sistemas de educación y formación, favoreciendo el talento, previendo los cambios en el mercado laboral y prestando apoyo a las transiciones que se operen en él y a la adaptación de los sistemas de protección social.</p><p>-Garantizar el establecimiento de un marco ético y jurídico apropiado, basado en los valores de la Unión y en consonancia con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Incluye una próxima directriz sobre la interpretación de las actuales normas en materia de responsabilidad por productos defectuosos y un análisis pormenorizado de los retos emergentes, así como la cooperación con las partes interesadas, en el seno de una Alianza europea de la IA, para elaborar directrices éticas en la materia.</p><p>(El comunicado puede consultarse de manera íntegra en este <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?WT.mc_id=Twitter&amp;uri=COM%3A2018%3A237%3AFIN"><strong>enlace</strong></a>)</p><p>Por otra parte, el gobierno Español en el año 2017, creó una comisión para la elaboración de un <em>Libro blanco,</em> en donde se estudiarán y plasmarán las implicaciones sociales, jurídicas y éticas de la utilización de la Inteligencia Artificial y el Big Data en el sector privado y público, así como su impacto en la sociedad en general.</p><p>En todo caso está claro que existe una absoluta necesidad de regular jurídicamente la inteligencia artificial. CASTILLA, A. and ELMAN, J. (2017).</p><p>Entre las cuestiones más importantes que deben regularse no sólo en España, sino en todo el mundo, destacan la posible adquisición de personalidad jurídica de los robots programados con Inteligencia Artificial, así como su responsabilidad civil en caso de daños y perjuicios.</p><p>Tomando en consideración estos referentes, queda claro que el enfoque adecuado para solventar la relación entre el Derecho y la Inteligencia Artificial se encuentra en el <em>Derecho Computacional</em>, que trata sobre cómo la inteligencia artificial debe incorporar en sus algoritmos , el Derecho vigente, las normas jurídicas, sobre cada uno de los ámbitos normativos. MASIP RODÓ, D.: Inteligencia artificial avanzada, (2013), p. 13.</p><p>Este escenario guarda similitud con los Smart Contracts alojados en Blockchain, donde la colaboración entre programadores, notarios y abogados es necesaria para el buen funcionamiento de ese tipo de contratos; pues aquellos deben convertir el texto legal en algoritmos.</p><p>La regulación de la Inteligencia Artificial es indispensable, pues ello garantizaría una transición digital ordenada y al mismo tiempo brindaría a certeza jurídica a la sociedad que pudiera verse afectada por ella aún de manera indirecta.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5ad5faf8aead" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[REGULATION APPLICABLE TO THE SMART CONTRACT AND ITS SUBTYPES: SMART CODE CONTRACTS AND SMART LEGAL…]]></title>
            <link>https://medium.com/@abogadovicgarcia/regulation-applicable-to-the-smart-contract-and-its-subtypes-smart-code-contracts-and-smart-legal-73e387be09ad?source=rss-61e68ab96ea3------2</link>
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            <category><![CDATA[blockchain]]></category>
            <category><![CDATA[smart-contracts]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Víctor Manuel García.]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 15:48:29 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-01-05T00:57:01.554Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>THE REGULATION APPLICABLE TO THE SMART CONTRACT AND ITS SUBTYPES: SMART CODE CONTRACTS AND SMART LEGAL CONTRACT</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/696/1*qDQHLmOCw3_p7irURkKGYg.jpeg" /><figcaption>image taken from:<a href="https://www.coincrispy.com/2018/03/15/contratos-inteligentes-smart-contracts/">https://www.coincrispy.com/2018/03/15/contratos-inteligentes-smart-contracts/</a></figcaption></figure><p>Because of its decentralized, shared, consensual and immutable nature, Blockchain allows the operation and hosting of so-called Smart Contracts in the way Nick Zsabo had conceptualized it since 1994. The automatic and autonomous way in which Smart Contracts or Intelligent Contracts are executed has brought with it a scenario with a diversity of challenges from the legal point of view, since thanks to Blockchain some of the problems commonly presented by electronic contracts are resolved (such as manipulation of the wording or confirmation of issue and receipt). It is also important to mention that there are different types of Smart Contracts, two of them being Smart Code Contracts and Smart Legal Contracts.<br> <br> Intelligent contracts are expected to bring together the advantages of the block chain and automated or stand-alone processes to provide validated and peer-to-peer contract formation without the need for independent verification (BELLAMY and HILL, 2016).<br> <br> In the field of information technology, a Smart Contract is, in simple terms, a sequence of code and data that carries out the operation for which it was programmed; under this optic it would not be a contract in legal terms; a legal definition of an intelligent contract would be that of a computer program with coded self-executing instructions, where the code can, among other programmed instructions, contain those related to the fulfillment of clauses and where there is agreement of wills, thus concurring their relationship in the legal world.<br> <br> In view of the foregoing, the term Intelligent Contracts refers to any agreement that produces legal consequences and whose main characteristic is the already mentioned self-executing nature; it is important to qualify that the execution of the content programmed and written in the Smart Contract does not depend on the will of the parties, but takes place automatically when the conditions previously established have been fulfilled. Therefore, placing it in legal terms, a Smart Contract refers to the agreement of the wills of the parties that are embodied in computer code.<br> <br> According to certain doctrinal concepts, the Smart Contract would be a variation or even an evolution of the electronic contract, which has been consolidated in various legal systems around the world for two decades thanks to the global adoption of the Internet. An example of this can be seen in Spanish law, specifically in Law 34/2002 on Information Society Services and Electronic Commerce (LSSI), which incorporates Directive 2000/31/EC of the Council and the European Parliament which regulates certain legal aspects of Information Society Services, specifically those related to electronic commerce.<br> <br> According to the above-mentioned law, an electronic contract is defined as one “in which the offer and the acceptance are transmitted by means of electronic data processing and storage equipment connected to a telecommunications network”. According to this precept, electronic means are the characteristic that distinguishes it from a traditional paper-based contract.</p><p>REGULATION APPLICABLE TO SMART CONTRACTS.<br> Despite the advantages offered by the use of Smart Contracts, this does not mean that there are no legal uncertainties around them, since if these contracts are executed by equipment that has previously been programmed for it or created by artificial intelligence, they would not be considered as contracts in the strict legal sense, since the machines have no will and therefore cannot generate any agreement, regardless of the high or low complexity of the clauses contained in their code; this is echoed in the statements of MCJOHN and MCJOHN (2017),<br> “…a smart contract is not smart nor is it a contract. The smart contract to sell goods, for example, is robotic, not smart.”<br> <br> The strong possibility should also not be overlooked where, by mistake, the code was not properly programmed, which would generate legal consequences in the same way as with traditional contracts, since the error is one of the vices of consent, especially if the error is common to both parties and the reasons have expressly or tacitly constituted a presupposition based on the business; if so, it would constitute a ground for contesting the legal transaction, (i.e., the contract.) Thus the error is considered as a defect of consent in the following legal systems:<br> Article 1265, Spanish Civil Code: “Consent given in error, violence, intimidation or deceit shall be null and void”.<br> Article 1812, Mexican Federal Civil Code: “Consent is not valid if it has been given in error, torn away by violence or caught by fraud”.<br> <br> Therefore, if the error exists, the viability of annulling the contract also arises, although this could be more complex by virtue of the automatic nature of the execution of the Intelligent Contract and the immutability of the contract. has Blockchain, in case he was staying there.<br> <br> Both in Spain and in Mexico, to cite two cases of comparative law, there is no specific regulation or ordering on Smart Contracts in the same way as the one applicable to the electronic contract, due in part to the novelty of its form, and in another, because for now it is not strictly necessary, since, as mentioned in previous paragraphs, there are those who, not without reason, still doubt that they are authentic contracts.<br> <br> Principally, there are three requirements that must be met in order for the regulations applicable to the electronic contract to also be applicable to Smart Contracts in accordance with Spanish law:<br> 1.- Meets the essential requirements that must prevail in any contract. (Consent of the parties, a particular object, cause that gives rise to the contract)<br> 2.- The way in which it is plasma.<br> 3.- The possibility that the error may be presented as a defect of consent and the consequences that this defect may generate.<br> <br> However, if it was created in its entirety by a machine, it cannot be considered as a contract despite the fact that it has these three main characteristics, since, as has already been mentioned, the machines lack complete will.<br> <br> Some examples of the legal basis for the application of the electronic contract to Smart Contracts can be seen in the Spanish and Mexican Laws, which respectively say the following:</p><p>Article 23 of Law 34/2002, on Information Society Services and Electronic Commerce (LSSI): “…contracts entered into by electronic means shall produce all the effects provided for by the legal system, when the consent and the other requirements necessary for their validity concur.”.<br> Article 1803, Section I of the Federal Civil Code: “…electronic, optical or any other technology”.<br> <br> SMART CODE CONTRACTS &amp; SMART LEGAL CONTRACTS.</p><p>Although this reality about electronic contracting is not something new, it has been since the emergence of Blockchain technology when its presence has taken on greater significance. This technology also makes it possible to refer to two types of intelligent contracts: smart code contracts and smart legal contracts.</p><p>The former allude to the code sequences that form part or all of the pre-existing agreement and that are stored and executed in a chain of blocks, in addition to being verified by the users of the chain. An example of a Smart Code Contract would be as follows:</p><p>A company that rents autonomous vehicles asks each user to pay a certain amount in cryptoactives for the services it offers, and for this a Smart Contract would be programmed with the conditions established by the company and linking the digital wallets of both parties to this contract, automatically. As long as the agreed payments are fulfilled, the user will be able to continue as a lessee and will therefore continue to use the vehicle, but in the event that his digital wallet lacks the necessary funds, the car will cease to function, as long as the Smart Contract has programmed the necessary instructions that contemplate this scenario.</p><p>Smart Legal Contracts are very similar to Smart Code Contracts, since they also contain code sequences that express an agreement of wills, except that they are not executed or verified in a chain of blocks, in addition to the fact that the sections dump the code in the computer of a third party -where it will be executed automatically-, commonly a notary, who, as a notary public, provides legal certainty. These characteristics make them similar to contracts drafted in written form, so they would be a kind of “hybrid” contract because they have the characteristics of both an Intelligent Contract and a traditional contract.</p><p>In summary, these two types of Smart Contract share as a characteristic the implementation of code executed automatically once the agreed conditions have been previously fulfilled.</p><p>However, no matter how they are executed, verified, hosted or not in Blockchain, nor the differences or similarities between them, both are constituted by a code sequence and produce legal consequences.</p><p>CONTRACTS CREATED BY MACHINES.</p><p>The automatism of Smart Contracts (speaking of them in a broad sense) is characterized by the lack of need for human intervention, either for their execution or to verify their fulfillment, since the machines are in charge of carrying out these tasks when they have verified that the previously agreed conditions exist and acting mechanically according to the instructions for which they were programmed, this also makes the figure of the trusted intermediary unnecessary; by dispensing with human intervention, the execution of the contract becomes faster and more efficient, this also allows them to be created and executed automatically on a massive scale, which can be exploited at the business level because they can be elaborated very quickly.</p><p>In conclusion, the current regulation is perfectly applicable to Smart Contracts; however, if the legal scenario becomes more complex and relevant, the existing regulations would be insufficient because it is also possible that different types of Smart Contracts may arise from those mentioned in this text, and therefore, it would be necessary to adapt or adapt the current law or even more, the creation of a specific regulation for Smart Contracts, which would also imply important doctrinal changes in order to support the depth that the intelligent contract has with it.</p><p>SOURCES CONSULTED:</p><p>ARIAS POU, M.ª (2006). Manual práctico de comercio electrónico. Las Rozas: La Ley, Wolters Kluwer.</p><p>BARRANCO SAIZ, J. (2006). Sociedad de la Información. Telos: Cuadernos de comunicación e innovación , 69, 4–5.</p><p><a href="http://telos.fundaciontelefonica.com/telos/editorial.asp@rev=69.htm">http://telos.fundaciontelefonica.com/telos/editorial.asp@rev=69.htm</a> acceso 02/01/2019.</p><p>GARCÍA-GRANERO COLOMER, A. V., “Perfección, forma y prueba de los contratos”, en VVAA, Instituciones de Derecho Privado, tomo III, vol. 1., Obligaciones y contratos,Civitas, Madrid, 2002, pp. 323–524.</p><p>ESTEBAN DE LA ROSA, F., “El error como vicio del consentimiento contractual”, en VVAA,Derecho contractual comparado. Una perspectiva europea y transnacional, tomo I, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2016, 3ª ed., pp. 1117–1160.</p><p>Antonio Legerén-Molina. LOS CONTRATOS INTELIGENTES EN ESPAÑA. La disciplina de los Smart Contracts.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=73e387be09ad" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
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            <title><![CDATA[LA REGULACIÓN APLICABLE AL SMART CONTRACT Y SUS SUBTIPOS: SMART CODE CONTRACTS Y SMART LEGAL…]]></title>
            <link>https://medium.com/@abogadovicgarcia/la-regulaci%C3%B3n-aplicable-al-smart-contract-y-sus-subtipos-smart-code-contracts-y-smart-legal-51a71babf5d1?source=rss-61e68ab96ea3------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/51a71babf5d1</guid>
            <category><![CDATA[blockchain]]></category>
            <category><![CDATA[smart-contracts]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Víctor Manuel García.]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 15:44:44 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-07-22T02:41:26.370Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>LA REGULACIÓN APLICABLE AL SMART CONTRACT Y SUS SUBTIPOS: SMART CODE CONTRACT &amp; SMART LEGAL CONTRACT</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/696/1*qDQHLmOCw3_p7irURkKGYg.jpeg" /><figcaption>IMAGEN TOMADA DE <a href="https://www.coincrispy.com/2018/03/15/contratos-inteligentes-smart-contracts/">https://www.coincrispy.com/2018/03/15/contratos-inteligentes-smart-contracts/</a></figcaption></figure><p>Por su naturaleza descentralizada, compartida, consensuada y por su inmutabilidad, Blockchain permite la operación y alojamiento de los denominados Smart Contracts o Contratos Inteligentes de la forma en que Nick Zsabo la había conceptualizado desde el año de 1994.</p><p>El modo automático y autónomo en que se ejecutan los Smart Contracts o Contratos inteligentes han traído consigo un escenario con diversidad de retos desde el punto de vista jurídico pues gracias a Blockchain se resuelven algunos de los problemas que comúnmente presentan los contratos electrónicos, (tales como manipulación de la redacción o confirmación de emisión y recepción) también es importante mencionar que existen diferentes tipos de Smart Contracts, siendo dos de ellos los Smart Code Contracts y los Smart Legal Contracts.</p><p>Se espera que los contratos inteligentes reúnan las ventajas de la cadena de bloques y de los procesos automatizados o autónomos, para proporcionar una formación de contratos validada y de igual a igual sin necesidad de verificación independiente ((BELLAMY y HILL, 2016)</p><p>En el ámbito de la informática, un Smart Contract es, en términos simples, una secuencia de código y datos que efectúa la operación para la cual fue programado; bajo esta óptica no sería un contrato en términos jurídicos; una definición legal sobre un contrato inteligente sería la de un programa informático con instrucciones autoejecutables codificadas, donde el código puede, entre otras instrucciones programadas, contener las que tengan relación al cumplimiento de las cláusulas y en donde exista acuerdo de voluntades, concurriendo así su relación en el mundo legal.</p><p>A la vista de lo anterior, con el término Contratos Inteligentes se hace alusión a todo aquel acuerdo que produzca consecuencias de Derecho y cuya principal característica sea la ya mencionada naturaleza autoejecutable; es importante matizar que la ejecución del contenido programado y redactado en el Smart Contract no depende de la voluntad de las partes, sino que tiene lugar de forma automática cuando se han colmado las condiciones establecidas previamente. Por lo que, situándolo en términos jurídicos, un Smart Contract hace alusión al acuerdo de voluntades de las partes que sean plasmadas en código informático</p><p>Según ciertos conceptos doctrinales, el Smart Contract sería una variación o incluso una evolución del contrato electrónico, el cual se ha consolidado en diversos sistemas legales alrededor del mundo desde hace dos décadas gracias a la adopción global de internet. Ejemplo de esto se aprecia en el derecho Español, específicamente en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), que incorpora la Directiva 2000/31/CE del Consejo y del Parlamento Europeo en la que se regulan determinados aspectos jurídicos de los Servicios de la Sociedad de la Información, en concreto, los relacionados con el comercio electrónico</p><p>De acuerdo al ordenamiento citado, el contrato electrónico se define como aquel “en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones”. De acuerdo a este precepto, los medios electrónicos son la característica que lo distingue de un contrato tradicional plasmado en papel.</p><p>REGULACIÓN APLICABLE A LOS SMART CONTRACTS.</p><p>Tanto en España como en México, por citar dos casos de derecho comparado, no existe una regulación u ordenamiento específico sobre los Smart Contracts del mismo modo que el aplicable al contrato electrónico, debido en parte, a lo novedoso en su forma, y por otra, a que por ahora no es estrictamente necesario, pues, tal y como se mencionará en el apartado <em>Contratos creados por máquinas</em> , hay quienes no sin razón, aún dudan que sean contratos auténticos.</p><p>Principalmente, son tres los requisitos que deben colmarse para que la normatividad aplicable al contrato electrónico también lo sea para los Smart Contracts de acuerdo al Derecho Español:</p><p>1.- Reúne los requisitos esenciales que debe prevalecer en cualquier contrato. (Consentimiento de las partes, un objeto determinado, causa que origina el contrato)</p><p>2.- La forma en que se plasma.</p><p>3.- Si cabe la posibilidad que se presente el error como vicio del consentimiento y las consecuencias que puede generar dicho vicio.</p><p>No obstante, si fue creado en su totalidad por una máquina no podrá ser considerado como contrato a pesar de que reúna esas tres características principales, pues como ya se ha mencionado, las máquinas carecen por completo de voluntad.</p><p>Algunos ejemplos sobre el fundamento legal para la aplicación del ordenamiento del contrato electrónico a los Smart Contracts se aprecian en las Leyes Españolas y Mexicanas, las cuales, de manera respectiva dicen lo siguiente:</p><p>Artículo 23 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI) : «..los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez.».</p><p>Artículo 1803, Fracción I del Código Civil Federal: “…medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología”.</p><p>SMART CODE CONTRACTS &amp; SMART LEGAL CONTRACTS.</p><p>A pesar de que esta realidad acerca de la contratación electrónica no es algo novedoso, ha sido desde el surgimiento de la tecnología Blockchain o Cadena de Bloques cuando su presencia ha revestido mayor trascendencia. También por dicha tecnología es posible aludir a dos modalidades de contratos inteligentes: los llamados smart code contracts y los smart legal contracts.</p><p>Los Smart Code Contracts aluden a las secuencias de código que forma parte parcial o total del acuerdo preexistente y que están almacenadas y ejecutadas en una cadena de bloques, además de ser verificadas por los usuarios de la cadena. Un ejemplo de un Smart Code Contract sería el siguiente:</p><p>Una empresa que renta vehículos autónomos solicita que cada usuario le pague cierta cantidad en criptoactivos por los servicios que ofrece, y para ello se programaría un Smart Contract con las condiciones establecidas por la empresa y vinculando las billeteras digitales de ambas partes a este contrato, de manera automática. Mientras se cumplan los pagos acordados el usuario podrá continuar con su calidad de arrendatario y por consiguiente seguirá haciendo uso del vehículo, pero en el supuesto de que su billetera digital careciera de los fondos necesarios el automóvil dejaría de funcionar, siempre y cuando en el Smart Contract se hayan programado las instrucciones necesarias que contemplen este escenario.</p><p>Respecto a los Smart Legal Contracts éstos son muy similares a los Smart Code Contracts, ya que también contienen secuencias de código que expresan un acuerdo de voluntades excepto que no se ejecutan ni verifican en una cadena de bloques, además que las apartes vuelcan el código en la computadora de un tercero –en donde se ejecutará automáticamente-, comúnmente un notario, que por su calidad de fedatario público brinda certeza jurídica. Estas características los hacen semejantes a los contratos redactados de manera escrita, por lo que serían una especie de contrato “híbrido” por poseer características tanto de un Contrato Inteligente como de un contrato tradicional.</p><p>En síntesis, estos dos tipos de Smart Contract comparten como característica la implementación de código ejecutado de manera automática una vez que se han cumplido previamente las condiciones acordadas.</p><p>No obstante, sin importar la forma en que se ejecuten, verifiquen, se alojen o no en Blockchain, ni las diferencias o semejanzas que tengan entre sí, ambos están constituidos por una secuencia de código y producen consecuencias de derecho.</p><p>CONTRATOS CREADOS POR MÁQUINAS.</p><p>El automatismo de los Smart Contracts (hablando de ellos en sentido amplio,) se caracteriza por la falta de necesidad de intervención humana ya sea para su ejecución o para verificar su cumplimiento, pues las máquinas son las que se encargan de realizar esas tareas cuando han comprobado que existen las condiciones acordadas de manera previa y actuando mecánicamente de acuerdo a las instrucciones para las cuales fueron programadas, esto también hace innecesaria la figura del intermediario de confianza; al prescindir de la intervención humana la ejecución del contrato se vuelve más veloz y eficiente, esto también permite que sean creados y ejecutados automáticamente de forma masiva, lo cual puede ser aprovechado a nivel empresarial pues pueden elaborarse muy rápidamente.</p><p>A pesar de las ventajas que ofrece el uso de Smart Contracts ello no significa que no existan a su alrededor incertidumbres legales, pues si esos contratos son ejecutados por equipos que previamente han sido programados para ello o creados por inteligencias artificiales, no serían considerados como contratos en el estricto sentido jurídico, ya que las máquinas no tienen voluntad y por ende no pueden generar acuerdo alguno, independientemente de la alta o escasa complejidad de las cláusulas que contenga su código; esto encuentra eco en las afirmaciones de MCJOHN y MCJOHN (2017) ,</p><p>“…un contrato inteligente no es inteligente ni es un contrato. El contrato inteligente para vender bienes, por ejemplo, es robótico, no inteligente”</p><p>Tampoco debe soslayarse la fuerte posibilidad donde, por error no se programó adecuadamente el código, lo que generaría consecuencias jurídicas del mismo modo en que sucede con los contratos tradicionales, pues el error es uno de los vicios del consentimiento, sobre todo si el error es común a ambas partes y los motivos hayan constituido expresa o tácitamente, una presuposición a base del negocio; de ser así constituiría una causal de impugnación del negocio jurídico, ( o sea, el contrato.)</p><p>Así se contempla el error como vicio del consentimiento en los siguientes ordenamientos legales:</p><p>Artículo 1265, Código Civil Español: “Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo”</p><p>Artículo 1812, Código Civil Federal Mexicano: “El consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo”</p><p>Por lo tanto, si existe el error, también surge la viabilidad de anular el contrato, aunque esto podría resultar más complejo en virtud de la naturaleza automática en la ejecución del Contrato Inteligente y la inmutabilidad que tiene Blockchain, en caso de que estuviera alojado ahí.</p><p>En conclusión, la regulación actual es perfectamente aplicable a los Smart Contracts, sin embargo, si el escenario legal adquiere mayor complejidad y relevancia es posible que la normatividad existente sea insuficiente y por ende se volvería necesaria la adaptación o adecuación del derecho vigente o más aún, la creación de una regulación específica hacia los Smart Contracts, lo que también supondría cambios doctrinales importantes en aras de soportar la profundidad que tiene consigo el contrato inteligente.</p><p>Versión en inglés de este artículo: <a href="https://medium.com/@abogadovicgarcia/regulation-applicable-to-the-smart-contract-and-its-subtypes-smart-code-contracts-and-smart-legal-73e387be09ad">https://medium.com/@abogadovicgarcia/regulation-applicable-to-the-smart-contract-and-its-subtypes-smart-code-contracts-and-smart-legal-73e387be09ad</a></p><p>FUENTES CONSULTADAS:</p><p>ARIAS POU, M.ª (2006). Manual práctico de comercio electrónico. Las Rozas: La Ley, Wolters Kluwer.</p><p>Antonio Legerén-Molina. LOS CONTRATOS INTELIGENTES EN ESPAÑA .La disciplina de los Smart Contracts</p><p>GARCÍA-GRANERO COLOMER, A. V., «Perfección, forma y prueba de los contratos».</p><p>ESTEBAN DE LA ROSA, F., «El error como vicio del consentimiento contractual», en VVAA, Derecho contractual comparado. Una perspectiva europea y transnacional, tomo I,Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2016, 3ª ed., pp. 1117–1160.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=51a71babf5d1" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
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            <title><![CDATA[Edublock: La alternativa Blockchain/Smart Contracts en el ámbito de la educación superior.]]></title>
            <link>https://medium.com/@abogadovicgarcia/edublock-la-alternativa-blockchain-smart-contracts-en-el-%C3%A1mbito-de-la-educaci%C3%B3n-superior-3cf22789f2e2?source=rss-61e68ab96ea3------2</link>
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            <category><![CDATA[blockchain-technology]]></category>
            <category><![CDATA[smart-contracts]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Víctor Manuel García.]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 20:32:57 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2018-12-18T20:32:57.098Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/486/1*YbWrhPqXJwj9FotkU4_bbA.jpeg" /><figcaption>Imagen tomada de Ethereum Foundation.</figcaption></figure><p>Blockchain en una herramienta que destaca por sus características transparentes y descentralizadas, así como de su falta de necesidad de intermediarios de confianza, por lo que su utilidad es apreciada en demasía no sólo en los entornos financieros o económicos, sino los jurídicos, sociales, gubernamentales y educativos.</p><p>Las blockchains buscan dos cosas, por un lado, duplicar con seguridad un archivo en miles de ordenadores, y por otro, que ese archivo pueda alterarse cuando legítimamente corresponda (Ethereum Foundation, 2016).</p><p>El diseño de la arquitectura de Blockchain hace que sea sumamente difícil concretar la falsificación o duplicación no autorizada de los datos que en ella se alojan, por lo que un registro o una entrada que “miente”, significaría que se ha conseguido que más de la mitad de los servidores se sincronizaran para poder validar o propagar esa mentira; si bien existe la posibilidad de que se controle más del cincuenta por ciento de esos servidores, el esfuerzo para ello sería descomunal y no valdría la ganancia o el objetivo que se persigue.</p><p>Si bien en temas económicos, financieros y jurídicos ya se aprecian cambios importantes por el uso de Blockchain, los usos en el ámbito de la educación todavía están por definirse, aunque ya se vislumbra su posible utilidad.</p><p>El planteamiento de Blockchain está basado en la organización autónoma y democrática (Ethereum Foundation, 2016)</p><p>En términos socioeducativos, nos encontramos con un discurso que piensa en una Educación para todos, una futura educación sostenible y el emprendimiento social bajo la idea de comunidad (Artar et al., 2014.)</p><p><strong>El sistema Ledger (Libro mayor).</strong></p><p>Este sistema se asemeja a un cuaderno o libro contable; su uso en el ámbito educativo de nivel superior, sirve para acreditar de manera constante y permanente el aprendizaje, mediante el esfuerzo común. Por medio de The Ledger, Watters (2016) anunció la posible atracción entre la educación con el mercado blockchain y Smart Contract.</p><p>De acuerdo con Osborn ( 2016) <em>el ledger es el contenedor de los edublocks</em>, que son “paquetes de aprendizaje de una hora” (de duración).</p><p>Dichos paquetes son compartidos por un individuo, los que lo reciben hacen lo mismo con esos edublocks; de este modo se comparte e intercambia el aprendizaje y conocimiento.</p><p>Ejemplo del uso del ledger en la educación lo muestran el <em>Institute for the Future</em> (IFTF) y la <em>ACT Foundation </em>en donde, el primero hace uso del enfoque del juego (gaming) y el segundo busca equidad en la educación desde el punto de vista del servicio comunitario . En este caso, el ledger se materializa en un juego donde un estudiante asume el rol de “futurólogo” del año 2026.</p><p>El IFTF simula la situación real del futuro empleado y se registra en el libro mayor, para posteriormente mostrar los testimonios de estudiantes de nivel medio y superior además de su relación futura o posible con el empleador u orientador. El mapa de este juego de simulación se encuentra en este enlace: <a href="http://www.iftf.org/maps/actf/">http://www.iftf.org/maps/actf/</a>. Si bien es a nivel lúdico, este método no deja de ser un ejemplo palpable del uso del ledger, además que prepara al participante para que en un futuro sea consciente de lo que le espera en su educación universitaria y vida laboral.</p><p>En lo concerniente a la acreditación de la educación universitaria, el Knowledge Media Institute y la Open University hacen un uso más complejo del ledger distribuido pues lo han combinado con Blockchain y para ello, manejan una técnica que emplea dos principios estrechamente relacionados con el manejo de la información: 1) Big Data y 2) Técnicas diversas de análisis de datos.</p><p>De este modo, las calificaciones de los estudiantes universitarios quedan definidas -al igual que en los procesos tradicionales-, a través de notas, no obstante la diferencia radica en que las notas se obtendrían de manera más flexible, segura y de acuerdo a su origen (Ledger basado en Blockchain) generando una información más confiable y que estaría disponible para el empleador; el estudiante y futuro empleado depositaría evidencias de su nivel de conocimientos y aprendizaje por medio de ePortfolios, que también están basados en Blockchain. Es importante mencionar que el ePortfolio se considera un modo de almacenamiento de información no sólo de educación, sino de actividades, conocimiento y habilidades</p><p>Cabe mencionar que para el IFTF, cada edublock representa una hora de conocimiento de cualquier tipo, es decir, no forzosamente representa el conocimiento logrado en una hora de estudios superiores, también puede reflejar el aprendizaje obtenido de manera informal o empírica. (cursos, talleres, pasatiempos, entre otros)</p><p>Esto provocaría en el estudiante universitario un alto nivel de motivación, ya que se empeñaría en que todas las habilidades adquiridas a lo largo del tiempo quedasen reflejadas y registradas en una plataforma abierta y descentralizada; la evidencia de esas habilidades del futuro empleado estaría disponible para su consulta en Blockchain por el empleador, quien podrá ofrecer un trabajo que se adapte de manera integral sus aptitudes. Con esto también surge una fuerte posibilidad de que tanto el empleador como el futuro profesionista puedan prescindir por completo de la intervención de la institución educativa, quien también ha fungido tradicionalmente en varios casos como agente de empleos o promotor de los estudiantes egresados.</p><p>Si la relación entre empleador y egresado universitario se formaliza en un empleo remunerado, ésta podría plasmarse mediante un Smart Contract, lo que cerraría el círculo del empleo de Blockchain para un estudiante de nivel superior.</p><p>Si bien es cierto que lo que en este texto se expresa dista mucho de ser una realidad inaplazable, es evidente que el uso de Blockchain puede extenderse en el ámbito estudiantil universitario, empero, a pesar de sus posibles ventajas, quedan interrogantes por responder, tales como las siguientes:</p><p>¿Qué sucede si los datos en la cadena de bloques son incorrectos? ¿Está la educación (profesores, estudiantes, escuelas e incluso el gobierno) preparada para manejar y adaptar a la vida estudiantil la complejidad de Blockchain y la criptografía? ¿Qué sucederá con aquellos datos que si en un principio eran públicos el estudiante ya no quiere que tengan esa calidad? (tales como historial médico, acoso escolar, recursamiento de asignaturas, etc)</p><p>Las universidades deben plantearse todas las posibilidades y consecuencias que genere el uso de Blockchain, más allá de comprender su funcionamiento, pues si este escenario llega a concretarse supondría un cambio importante en sus estructuras.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3cf22789f2e2" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
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            <title><![CDATA[El Derecho Consuetudinario: Una alternativa para la solución de controversias en los Smart…]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Víctor Manuel García.]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 04:25:51 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-01-08T03:15:06.072Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>##El Derecho Consuetudinario: Una alternativa para la solución de controversias en los Smart Contracts.</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*rLdAF6wHHEtcjVMjNuRMhw.jpeg" /><figcaption>Foto: Víctor Manuel García</figcaption></figure><p>La principal baza de Blockchain o cadena de bloques es su funcionamiento como un mecanismo de consenso bajo supervisión o intervención humana. Ese consenso opera todo el tiempo y la cadena de bloques decide cuáles datos deben considerarse como auténticos y cuáles no. Todos los participantes de Blockchain validan los datos y almacenan la versión original una vez que se ha verificado.</p><p>Es importante mencionar que existen dos tipos de tecnología: física y social. La primera surge de las transformaciones o modificaciones de las cosas por medio de la ciencia o la ingeniería, mientras que la segunda se concibe como aquella que establece entre las personas nuevas formas para expresarse, comunicarse, cooperar y generar consenso.</p><p>Cuando se constituye como tecnología social ésta delimita la manera en que la sociedad debe realizar sus actividades cotidianas, tal y como sucedió con las computadoras personales o el correo electrónico; y debido a que dicta nuevas formas de interacción en la colectividad, la tecnología social se constituye como una fuerza coercitiva ya que quienes no se ajusten a ella quedan aislados e incomunicados de la sociedad, por haberse apartado de la norma (es decir, la tecnología social)</p><p>Blockchain está en vías de convertirse en una tecnología social ya que aunque ha establecido nuevas maneras para entablar cooperación entre los individuos, falta que sea adoptada de manera masiva a nivel mundial del mismo modo en que se ha adoptado la telefonía celular, por citar un ejemplo.</p><p>En este sentido la fuerza coercitiva de la tecnología guarda gran semejanza con la coercitividad del Derecho; la coerción es una presión que se ejerce sobre una persona para forzar una conducta o un cambio en su voluntad. (No debe confundirse este término con el de coacción, pues aquella tiene carácter impositivo mientras que la coacción sanciona una falta o una conducta que va en contra de las normas.)</p><p>Es por ello que para captar de mejor manera la semejanza entre las leyes y el ámbito de la tecnología, el profesor Lawrence Lessig formuló la proposición “El código es ley” o “El código como ley”, en el año 2000</p><p>En el ámbito jurídico, la trasgresión de las leyes es una coerción débil sin importar el grado de la sanción (coacción) que corresponda, pues la norma puede violarse si el individuo así lo decide y tiene la capacidad para ello, como por ejemplo, estacionar el automóvil en un lugar prohibido.</p><p>En lo que respecta al cumplimiento que se implementa en el código de un software, esto es una coerción fuerte porque la ley implementada en el software es difícil de violar. Ejemplo de esto es la imposibilidad de los residentes de américa latina de acceder al sitio de radio online Pandora, disponible únicamente para los Estados Unidos.</p><p>La cadena de bloques va más allá y es un ejemplo de “coerción absoluta” ya que no puede falsificarse o deformarse, por lo que las reglas establecidas en una cadena de bloques no pueden ser cambiadas. Si se considera al código de software como una ley tal y como dice Lessig, entonces, la cadena de bloques permite la implementación de “leyes absolutas” que nadie puede violar, y marcaría un parteaguas en las leyes y el ámbito del Derecho.</p><p>Con el aumento tanto en uso como en popularidad que ha conseguido Blockchain, también se ha generado mayor interés por los Smart Contracts ya que si bien éstos no son un concepto novedoso (su origen se remonta a la década de los 70’s) la cadena de bloques es la plataforma ideal para poder ejecutarlos pues sólo existían de forma conceptual. Los Smart Contracts son agentes de software automatizados alojados en Blockchain capaces de ejecutar acuerdos complejos de manera automática y autónoma cuando se cumplen determinadas condiciones.</p><p>Una nueva clase de ingenieros legales está ahora escribiendo contratos inteligentes que pueden transferir valor, pagar por propiedades y servicios del mundo real, licenciar propiedad intelectual y establecer sistemas de reglas técnicas para nuevas formas de coordinación organizacional e institucional (Davidson et al. 2018).</p><p>Se afirma que los contratos inteligentes crean incentivos para hacer posibles nuevas relaciones comerciales en la interacción no humana dentro del creciente ecosistema de dispositivos “inteligentes”, como en el comercio de máquina a máquina (Christidis &amp; Devetsikiotis, 2016).</p><p>Es importante mencionar que este tipo de contratos no necesariamente derivan ni hacen referencia a un acto jurídico ni reflejan el acuerdo de voluntades de las partes. En casos donde sí exista un acto jurídico o acuerdo de voluntades de las partes, surge también la necesidad de establecer una forma para la resolución de conflictos, no obstante resulta muy complicado satisfacer esa necesidad, ya que al auto ejecutarse son irreversibles, es importante señalar que el código no detecta si los acuerdos se fijaron en la cadena de bloques por error, de forma fraudulenta o por la fuerza.</p><p>No existe método alguno (al menos en la doctrina legal) que funcione como herramienta de impugnación para este tipo de contratos; un contrato tradicional redactado en papel puede modificarse e incluso anularse mediante un convenio pactado por las partes, un Smart Contract no puede manipularse, por lo que si en su redacción existe un vicio del consentimiento o de la voluntad ¿cómo puede enmendarse?</p><p>Suponiendo que dichos vicios no existieran y el Smart Contract contemplara circunstancias que no han sido legisladas por algún gobierno (como los criptoactivos o la inteligencia artificial) ¿qué autoridad, tribunal o sistema de arbitraje resolvería el conflicto?, sin olvidar que también debe determinarse el sistema de leyes de una jurisdicción o de un gobierno que deban ser empleados; esto no es fácil de establecer pues los Smart contracts están alojados en Blockchain un sitio virtual carente por completo de territorialidad y donde el anonimato es inherente a ella; por lo que tampoco puede señalarse sin lugar a duda tanto la identidad de las partes ni la ubicación física de los nodos.</p><p>Una alternativa para resolver estas controversias radica en los protocolos de resolución de conflictos en Blockchain, que funcionan a modo de arbitraje cibernético. La información relevante es enviada al protocolo que también utiliza Blockchain para su funcionamiento, formará un tribunal compuesto de jurados prestos para resolver la disputa y emitirán su fallo tras analizar la evidencia.</p><p>Esta alternativa es poco viable pues el fallo que hace el protocolo también se plasma en un Smart Contract, y aunque la resolución pueda consultarse por cualquiera en Blockchain, si tiene errores gramaticales o usa un vocabulario complejo en su redacción, sería necesario realizar otro arbitraje lo cual no deja de ser irónico y redundante. No obstante, aunque este supuesto no se presentara, tampoco significaría el final de la controversia ya que una de las partes puede perfectamente desconocer este fallo o no cumplir a lo que se ha comprometido, pues este protocolo al ser una especie de tribunal privado, no tiene facultades coercitivas ni coactivas como las que sí posee un gobierno soberano.</p><p>La solución momentánea para la resolución de conflictos originados por un Smart Contract no se encuentra en un sistema complejo de leyes escritas en papel o en programas informáticos, sino en el uso del honor o la confianza. En otras palabras, estas controversias deben dirimirse por el Derecho Consuetudinario.</p><p>El Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación define al Derecho Consuetudinario como <em>“derecho que nace de la costumbre, es decir de los usos reiterados que una sociedad considera obligatorios</em>”. En todas las civilizaciones, la primera forma de manifestación del derecho ha sido la costumbre y es algo que ha prevalecido hasta nuestros días.</p><p>La costumbre que crea el derecho o costumbre jurídica, es una especie dentro del conjunto de los usos sociales. En palabras de Claude du Pasquier: <em>“La costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado por ésta como jurídicamente obligatorio; es el derecho nacido consuetudinariamente, el ius moribus constitutum</em>”</p><p>Bajo esta óptica, no es necesario que las leyes escritas recuerden sus obligaciones a los individuos, ni tampoco es necesario la invocación de leyes o reglamentos para cumplir con algún acto jurídico. Un ejemplo de esto se puede encontrar en la vida cotidiana, cuando una persona decide comprar una taza de café. Acude al establecimiento donde lo venden y al momento en que lo recibe paga su costo. No hay necesidad de que se le recordara efectuar ese pago, pues aunque no exista una ley que sancione específicamente la falta de pago de café, el no hacerlo sí que genera una consecuencia.</p><p>El elemento subjetivo de la costumbre es lo que la distingue de otros hábitos sociales como son las reglas del trato social, la moda, las prácticas morales, religiosas, deportivas, etcétera. El Derecho confía en el honor de las personas y por ende no es necesario redactar una ley de pago por cada taza de café, ropa o comida que adquieran las personas.</p><p>La costumbre genera normas cuyo cumplimiento es obligatorio y le da un matiz legislativo aunque no tengan una redacción formal. El Derecho consuetudinario determina lo que de esas costumbres es bueno, razonable, malo e inaceptable, por lo que se erige como la opción más sencilla para la resolución de disputas derivadas de un Smart Contract; aunque no es la más adecuada pues tarde o temprano será insuficiente ya que del mismo modo en que existen diferentes sistemas legales que a su vez pertenecen a diferentes jurisdicciones, también existen diferentes costumbres entre naciones y en el interior de cada nación y el tiempo en que la costumbre logra cimentarse en una sociedad no destaca por su brevedad.</p><p>Fuentes consultadas:</p><p>Blockchain government — a next form of infrastructure for the twenty-first century</p><p>Autor: MyungSan Jun</p><p>Smart Contracting: A Multidisciplinary and Proactive Approach for the EU Digital Single Market</p><p>Autores: María Claudia Solarte-Vásquez, Katrin Nyman-Metcalf</p><p>Legal Engineering on the Blockchain: ‘Smart Contracts’ as Legal Conduct.</p><p>Autores: Jake Goldenfein — Andrea Leiter.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=68d97c250e6d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
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            <title><![CDATA[El conflicto entre Blockchain y la jurisidicción.]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Víctor Manuel García.]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 18:08:24 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2018-11-13T15:40:05.123Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>El conflicto entre Blockchain y jurisidicción.</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*um4xoTJvHeuTkbCBr3lSmg.jpeg" /><figcaption>Imagen tomada de <a href="http://futurescotevents.com/digital-justice-2018">http://futurescotevents.com/digital-justice-2018</a></figcaption></figure><p>El funcionamiento Blockchain o Cadena de Bloques, es de naturaleza descentralizada y tiene tras de sí una ideología de poder distribuido, esta característica ha generado incertidumbre jurídica a nivel internacional pues no hay consenso sobre el modo en que debe ser regulada, debido a que la cadena de bloques no está vinculada a una ubicación física concreta, por lo que en caso de existir controversias su resolución se dificulta debido a que se desconoce la jurisdicción que debe prevalecer o aplicarse para la resolución de conflictos.</p><p>Tradicionalmente, se define a la jurisdicción como el territorio donde un gobierno tiene la potestad de aplicar la ley, esta definición entra en oposición con las actividades llevadas a cabo en Blockchain , donde no existen espacios territoriales pertenecientes a una soberanía ni tampoco leyes o marcos jurídicos definidos ya que se encuentra en un espacio virtual en donde sus usuarios tienen seudoanonimato, no se sabe su nombre real ni su nacionalidad o lugar de residencia, tan sólo tienen una clave y un registro de usuario.</p><p>Es importante establecer o delimitar el ejercicio de la jurisdicción que deba aplicarse a Blockchain, pues de lo contrario, en caso de controversias entre sus usuarios o si se diera la comisión de delitos utilizando como medio la cadena de bloques (como fue el caso de Silk Road) éstos quedan desprotegidos, sin posibilidades de entablar algún recurso legal, ni contar con el auxilio de alguna normatividad, mucho menos de un gobierno que pueda interceder por ellos. Esta cuestión gana complejidad pues los usuarios de Blockchain, además actuar de manera seudo-anónima pueden encontrarse físicamente en diferentes países.</p><p>Una posibilidad para establecer el ejercicio de la jurisdicción aplicable a Blockchain, sería la de celebrar tratados internacionales entre el mayor número de naciones posibles tomando como inspiración el modelo normativo de la Unión Europea; el Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 10 y 11 de diciembre de 2009, adoptó un nuevo programa plurianual titulado <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32012R1215#ntr4-L_2012351ES.01000101-E0004"><em>«Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano»</em></a></p><p>Esto adquirió mayor carácter sustantivo con la refundición del <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1215&amp;from=ES"><strong>Reglamento (UE) n ° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012 , relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil</strong>.</a></p><p>El reglamento esencialmente establece que una persona que radique en un estado miembro de la Unión Europea puede ser demandada ante cualquier corte de los estados miembros, con la condición de que la falta se hubiese cometido en el lugar donde se le ha entablado proceso judicial. Estas disposiciones unifican las normas sobre conflictos de jurisdicción, garantizando reconocimiento y ejecución rápidos y simples de las resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro.</p><p>El cuarto considerando de este reglamento menciona que:</p><p><em>“…ciertas diferencias en las normas nacionales sobre competencia judicial y reconocimiento de las resoluciones judiciales hacen más difícil el buen funcionamiento del mercado interior. Son indispensables, por consiguiente, disposiciones mediante las que se unifiquen las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil, y se garanticen un reconocimiento y una ejecución rápidos y simples de las resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro.”</em></p><p>Lo establecido en ese cuarto considerando puede utilizarse -con las adaptaciones pertinentes- en lo concerniente a Blockchain, y generaría certeza jurídica pues ya existiría claridad sobre la jurisdicción aplicable para la resolución de controversias.</p><p>El llamado <a href="http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/235/235592.pdf"><em>Principio de Territorialidad</em></a><em> </em>(que se circunscribe al lugar en donde ejerce su soberanía el poder del Estado que las dictó, aplicando para todos los ciudadanos, cualquiera que sea su nacionalidad ), determina la competencia de los tribunales en el ámbito del Derecho Internacional Público, mientras que en el Derecho Internacional Privado ésta se establece ya sea por la ubicación (física) de la parte demandada, la ubicación de la responsabilidad civil, la ubicación de acuerdo o cumplimiento contractual, la ubicación del registro de la patente o marca registrada y <strong>la ubicación del servidor.</strong></p><p>En el caso donde fuera necesario conocer la ubicación de la parte demandada y la ubicación del servidor, se toma como ejemplo el caso conocido como <em>MacDermid, Inc. v. Deiter </em>que tuvo lugar<em> </em>en diciembre de 2012, donde MacDermid, una empresa química de Estados Unidos con instalaciones en Connecticut, demandó a Jackie Dieter, quien vivía en Canadá y trabajaba para la filial canadiense de MacDermid; Jackie Dieter justo antes de perder el empleo y desde una computadora en Canadá a otra ubicada en ese mismo país, utilizó la cuenta de correo electrónico corporativa, para enviar información confidencial de la empresa a su cuenta de correo electrónico personal sin autorización ni consentimiento de MacDermid.</p><p>La Corte de Apelaciones de Estados Unidos<strong> </strong><a href="https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-ca2-11-05388/pdf/USCOURTS-ca2-11-05388-0.pdf"><strong>en su fallo</strong></a>, dijo que a pesar de que Dieter interactuó con dos computadoras ubicadas físicamente en Canadá al momento de utilizar su cuenta de correo electrónico personal, la información que envió transitó por los servidores de la empresa ubicados en Connecticut, por lo que de acuerdo a las leyes Estadounidenses (en concreto, con la figura jurídica conocida como <em>Long- arm</em>, que faculta a los tribunales locales para ejercer su jurisdicción en acusados radicados en otra soberanía) equivale a haber usado un equipo informático ubicado físicamente en Estados Unidos, por lo que los Tribunales de Distrito de Connecticut tienen plena jurisdicción para conocer del caso.</p><p>Ahora bien, las normas del Derecho Internacional dicen que en caso de perjuicios o controversias entre las partes, debe aplicarse la ley del país en donde ocurrió el daño, y si ambas partes residen en el mismo país debe aplicarse la ley de dicho país.</p><p>Por último, de acuerdo a la ley del contrato, el emisor puede elegir desde un inicio, la ley que desea se aplique, pero aunque común en Derecho, esta práctica no tiene poder coercitivo, es decir, no vincula a las partes para que se sujeten a ella.</p><p>Para determinar el tribunal competente que pueda conocer de un litigio en donde se encuentren relacionados de alguna forma varios estados soberanos, existen dos reglas principales:</p><p><strong>Competencia judicial internacional directa:</strong> estudia la competencia para conocer y decidir sobre litigios que tienen puntos de contacto con más de un Estado. Ejemplo: Tribunal competente para conocer de la reparación del daño causado por un accidente automovilístico ocurrido en Colombia, entre un ciudadano argentino y uno uruguayo.</p><p><strong>Competencia judicial internacional indirecta</strong> que concierne al control local de las sentencias extranjeras para su reconocimiento y ejecución. Ejemplo: Efectos en México de una sentencia pronunciada en Noruega.</p><p>Por lo tanto, se advierte que existen diversos precedentes legales y disposiciones normativas -tanto formales como consuetudinarias-, que establecen reglas para resolver conflictos jurisdiccionales y por ende, iniciar procesos judiciales. No obstante, el ejercicio de la jurisdicción en las operaciones o actividades realizadas en Blockchain que deriven en controversias legales es una toda una coyuntura debido a que como ya se ha mencionado, se encuentra en un espacio virtual donde no es posible determinar físicamente ni los nodos ni la identidad real o legal del usuario; esto constituye un desafío para los reguladores que deberán legislar de la manera más adecuada posible el ejercicio de la jurisdicción en Blockchain, pues su adopción internacional crece a un ritmo muy acelerado; comúnmente las leyes evolucionan a un ritmo más lento que el tecnológico, por lo que no se vislumbra que en el corto plazo se determinen las disposiciones jurisdiccionales aplicables a Blockchain.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=58668242bdeb" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[La vigencia de la Ley Fintech]]></title>
            <link>https://medium.com/@abogadovicgarcia/la-vigencia-de-la-ley-fintech-7414482c8f3d?source=rss-61e68ab96ea3------2</link>
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            <dc:creator><![CDATA[Víctor Manuel García.]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 24 Oct 2018 02:06:03 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2018-10-24T02:38:31.337Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/400/1*f48tC0pf6VdxWdtQzgfQ7A.png" /></figure><p>Las disposiciones transitorias tienen entre sus funciones delimitar el inicio de la entrada en vigor de las leyes o las normas así como establecer si prevalecen parcialmente o si se extinguen ordenamientos anteriores, en otras palabras, otorgan efectividad a los las normas creadas; es importante mencionar que la entrada en vigor de una ley es un concepto jurídico diferente al de aplicación de la ley.</p><p>Lo que sigue no tiene como propósito constituir un análisis exhaustivo, sino el de ilustrar, con algunos ejemplos, ciertas confusiones que pueden surgir al intentar determinar los efectos y la aplicación de ciertas leyes, como es el caso de la Ley Fintech, que contiene un total de once disposiciones transitorias, de las cuales la primera de ellas dice textualmente:</p><p><em>“…La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.” (</em>La fecha de publicación es 10 de marzo de 2018)</p><p>No obstante, otras disposiciones transitorias de esta ley, como la segunda y tercera, no le otorgan plena efectividad pues establecen restricciones en cuanto a forma y que a grandes rasgos dicen de manera respectiva lo siguiente:</p><p>SEGUNDA.-</p><p>La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir de la fecha en que se publique la ley tendrá un plazo de seis y doce meses, para emitir de forma respectiva los criterios relacionados con los artículos 58 y 82 (respecto a los requisitos que deben cumplir las Instituciones de Tecnología Financiera para la implementación de métodos de prevención de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo y la autorización temporal para operar de los modelos novedosos.)</p><p>TERCERA.-</p><p>Respecto a la fracción tercera de esta disposición, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá un plazo de 24 meses para publicar los criterios que regulen el artículo 76, (respecto a lo que las Instituciones de Tecnología Financiera deben acatar sobre el uso e implementación de interfaces de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas -API’s, por sus siglas en inglés- que posibiliten el acceso y la conectividad y de otras interfaces para compartir diferentes tipos de datos de sus clientes o usuarios.)</p><p>De estas dos disposiciones transitorias se observan dos características importantes: 1) otras instituciones gubernamentales son las encargadas de efectuar la definición de criterios. 2) es necesario aguardar el tiempo establecido para conocer esa definición de criterios. Por lo tanto, es factible que el público en general se pregunte con toda validez por qué, si la ley dice en su primera disposición transitoria que se encuentra vigente desde el mes de marzo de 2018 sea necesario aguardar periodos de hasta dos años (como es el caso de las API’s) para que se den a conocer los criterios pertinentes.</p><p>En Derecho, se dice que una ley o una norma está vigente cuando comienza a desplegar los efectos jurídicos para los que fue creada y a su vez, esa vigencia se relaciona con la publicidad, es decir, a partir de que la ley se hace del conocimiento del público en general por medio de canales oficiales o de gobierno, en este caso y como ya se señaló, es el 10 de marzo de 2018.</p><p>Por lo tanto, ¿qué efectos produce aguardar la espera de emisión criterios, siendo que la Ley ya está vigente? ¿Significa que existe una vigencia incompleta? Esta ausencia de claridad origina que se hagan múltiples interpretaciones y cuestionamientos que influyen en los derechos e intereses de quienes se encuentren sujetos a lo que dice esta ley, que son principalmente, las autoridades financieras y las personas físicas o morales.</p><p>La ley fintech señala el momento en que entra en vigor pero no es específica sobre el momento exacto en que comienza su aplicación y por este motivo provoca falta de certeza jurídica, es decir, los ciudadanos que se encuentren sujetos a esta ley no tienen la completa certidumbre de que todo lo relacionado con ella se encuentre plenamente definido pues aún no se conocen los criterios que emitirán las instituciones gubernamentales en varios temas; se cita como ejemplo el artículo 30, que indica que las Instituciones de Financiamiento Colectivo (ITF) sólo podrán operar con los activos virtuales que:</p><p><em>“…sean determinados por el Banco de México mediante disposiciones de carácter general…”, “Para realizar operaciones con los activos virtuales a que se refiere el párrafo anterior, las ITF deberán contar con la previa autorización del Banco de México”</em></p><p>En el caso hipotético donde inversionista contacte a una ITF con el objetivo de financiar un proyecto de su interés y elija como medio de financiamiento un Activo Virtual como Bitcoin o Ethereum, se percatará que la ITF no puede aceptar ninguno de esos activos virtuales pues aún están pendientes de publicación los criterios que emitirá el Banco de México.</p><p>Ahora bien, el plazo que tiene el Banco de México para publicar los criterios sobre el uso de activos virtuales, de acuerdo con la disposición transitoria sexta en su segunda fracción, es de doce meses a partir del día en que se publicó la ley fintech, o sea que hasta el mes de marzo de 2019 se sabrá cuáles serán los activos virtuales que podrán utilizar las ITF y bajo qué tipo de circunstancias.</p><p>Para no caer en un desbordamiento también es conveniente publicar una ley que contenga la normatividad y criterios necesarios sin aguardar a lo que dispongan otras instituciones financieras o fiscales y así ser efectiva y vigente desde el momento de su publicación; empero, la tradición legislativa mexicana ha demostrado que cuando se marca un plazo máximo para la emisión de los criterios que establecen las disposiciones transitorias, generalmente los reguladores lo interpretan como el día en que deben publicarse; por lo que es poco factible que en este caso se publiquen antes del periodo que se señala en la Ley Fintech.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7414482c8f3d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Los criptoactivos y su compleja definición en la Ley FinTech]]></title>
            <link>https://medium.com/@abogadovicgarcia/el-metalenguaje-de-la-ley-5a892c0e1f7a?source=rss-61e68ab96ea3------2</link>
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            <dc:creator><![CDATA[Víctor Manuel García.]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 30 Sep 2018 19:13:42 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2018-10-02T03:36:59.628Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/500/1*gMJ0PrgjEEVUf_wErld56w.jpeg" /></figure><p>Es una costumbre a nivel mundial que las leyes sean redactadas en un lenguaje complejo, dotado de un vocabulario intrincado y poco frecuente en el ámbito cotidiano.</p><p>Debido a que la mayoría de la gente que no sea especialista en Leyes o Derecho no podrá comprender lo que aquellas quieren decir, necesitarán del auxilio de alguien experto. Esto provoca queLas leyes se conviertan en un metalenguaje, es decir, es necesario entender un lenguaje para aprender y comprender otro lenguaje.</p><p>Lo anterior lo podemos ejemplificar o comparar con las Matrioshkas rusas, esas famosas muñecas que al destaparlas encontramos otra en su interior, y si abrimos esa, también encontraremos una más. Esto desmotiva al ciudadano común a acercarse a las leyes para comprenderlas.</p><p>Como ya mencioné en mi entrega anterior, las leyes en México no se caracterizan por ser entendibles por el grueso de la población, los legisladores, esos enigmáticos creadores de las leyes y las normas no se preocupan por utilizar un vocabulario sencillo o un lenguaje ciudadano.</p><p>Recientemente, se promulgó la <strong>Ley para Regular las Instituciones de Tecnología</strong> <strong>Financiera</strong>, conocida popularmente como la <em>Ley Fintech. </em>Esta nueva Ley -que dicho sea de paso, ha sido generalmente bien recibida por la importancia que reviste- tampoco escapa en ser compleja, redundante y rebuscada en su redacción.</p><p>Tomo como ejemplo el artículo 30 de esta Ley, que dice textualmente en su primer párrafo:</p><p><em>Para efectos de la presente Ley, se considera activo virtual la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para </em><strong><em>todo tipo de actos jurídicos</em></strong><em> y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. En ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en territorio nacional, las divisas ni cualquier otro activo denominado en moneda de curso legal o en divisas.</em></p><p>Lo que dice este artículo fue objeto de confusión entre contadores e ingenieros a los que escuché discutirlo. Para ellos lo que está marcado en negritas era una mala definición, pues uno decía que actualmente en México no existen activos virtuales que se utilicen como medio de pago <strong>para todo tipo</strong> de actos jurídicos, mientras que el otro dijo que esos activos no sirven para todo tipo de actos jurídicos.</p><p>Su confusión es comprensible, pero para quienes estudiamos las leyes nos parece que la definición es clara, es entendible. El artículo quiere decir que los activos virtuales (así se les llama a las Criptomonedas en esta Ley) son los que pueden utilizarse como medio de pago por parte de la gente en cualquier tipo de acto jurídico; la confusión que se presenta con esta definición radica en que los que discutían no se enfocaron en tener en cuenta qué significa o qué son los actos jurídicos.</p><p>Por lo tanto es necesario definirlos,y para ello se transcribe lo que dice el Diccionario Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:</p><p><em>“Es la manifestación de voluntad de una o más personas, encaminada a producir consecuencias de derecho (que pueden consistir en la creación,modificación, transmisión o extinción de derechos subjetivos y obligaciones) y que se apoya para conseguir esa finalidad en la autorización que en tal sentido le concede el ordenamiento jurídico”</em></p><p>En otras palabras (y ejemplificando de paso, que las Leyes son metalenguaje), los actos jurídicos son aquellos acuerdos voluntarios de las personas que producen consecuencias legales.</p><p>Ahora, se enlistan ejemplos comunes de actos jurídicos:</p><ul><li>Pensión alimenticia.</li><li>Compraventa.</li><li>Divorcio.</li><li>Contrato laboral.</li><li>Pago de honorarios.</li><li>Permuta.</li><li>Pago y cobro de renta.</li><li>Contrato mercantil.</li><li>Testamento.</li><li>Registro de propiedad.</li></ul><p>Es cierto que no es un medio de pago de uso común, la gente no acostumbra pagar con activos virtuales, pero los debatientes pasaron por alto que los activos virtuales que se utilicen como medio de pago serán los que autorice y determine el Banco de México. Por lo tanto, si las personas que intervienen en los actos jurídicos acuerdan que el medio de pago sea en activos virtuales, y éstos son los autorizados por el Banco de México, entonces no existe nada ilegal en ello ni irregular.</p><p>Así las cosas, si combinamos activos virtuales + cualquier tipo de acto jurídico, nos damos cuenta que la definición de activos virtuales es correcta, el contenido de este primer párrafo del artículo 30 es adecuado. Empero, no es claro, es más bien abstracto y confuso.</p><p>Quiero puntualizar que la confusión suscitada respecto al concepto y uso de activos virtuales para todo tipo de actos jurídicos está completamente justificada. La redacción del artículo 30 es redundante, le falta mucha claridad y eso además de confusión, da lugar a múltiples interpretaciones y eso no debiera ser así pues la Constitución Política Mexicana establece en su artículo 14 nos habla que las leyes deben ser aplicadas de manera taxativa, es decir, de forma concreta.</p><p>Irónicamente, la taxatividad no está implícita en su redacción, tal y como se aprecia en sus párrafos segundo y tercero:</p><p><em>“En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.”</em></p><p><em>“En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.”</em></p><p>Quiero aclarar que si bien es cierto que dicho artículo tiene un enfoque dirigido principalmente a los ámbitos de Derecho Penal y Derecho Civil ello no es impedimento para que pueda aplicarse a todas las ramas del Derecho.</p><p>La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho una interpretación del artículo 14 Constitucional, en la Jurisprudencia 160794. 1a. CXCII/2011 (9a.). Primera Sala, de fecha Octubre de 2011, confirmando con ello que las Leyes Mexicanas son un metalenguaje, pues necesitamos de otros para poder entender su significado preciso y correcto.</p><p>Esa jurisprudencia dice, en lo que nos interesa, lo siguiente:</p><p><em>“En ese orden, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas…,…la legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta.”</em></p><p>De acuerdo con esa interpretación que ha hecho el Tribunal Máximo del país, la responsabilidad de la claridad y precisión en la redacción de las Leyes recae en el poder legislativo, lo cual es lógico pues ellos son los encargados de crearlas y aplicarlas. Esto significa que las Leyes en su redacción deben ser descritas adecuadamente y además tengan precisión, pues con esto serán conocidas correctamente para quienes está dirigida, o sea, los ciudadanos, y de acuerdo al ámbito en el que estén sujetos de su aplicación.</p><p>La creación de la Ley Fintech ha puesto en los primeros planos internacionales a nuestro país, ya es un referente por haber creado una ley especial, un ordenamiento exclusivo de las Fintech es algo que importantes mercados como Hong Kong, Reino Unido o Estados Unidos no tienen, y que tampoco se vislumbra en el corto plazo vayan a lograr; por ahora se han dedicado a actuar de modo reactivo, es decir, han adecuado leyes existentes conforme avanzan las tecnologías financieras y sus problemáticas. Por ello, era de suma importancia que con esta nueva ley se utilizara un lenguaje claro.</p><p>Con la legislación de la Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y su entrada en vigor, se ha desaprovechado una oportunidad inmejorable pues se volvió a abusar del uso del lenguaje complejo en su redacción, dificultando el acercamiento legal entre sociedad y gobierno</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5a892c0e1f7a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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