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        <title><![CDATA[Stories by Comandante Antonio García on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Comandante Antonio García on Medium]]></description>
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            <title>Stories by Comandante Antonio García on Medium</title>
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            <title><![CDATA[LA VERDAD, LA PRIMERA VÍCTIMA]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Comandante Antonio García]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 16 Nov 2026 14:06:25 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-16T14:06:25.826Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*6_FX4-JaFBbr8tmWjfZFIw.jpeg" /></figure><p>La liberación de los dos agentes del CTI por parte del Frente de Guerra Oriental del ELN amerita una reflexión, sobre todo, por parte los directores de medios de comunicación y creadores de opinión que se han quedado reproduciendo esquemas de análisis que reciben de organismos de seguridad e inteligencia del Estado a través de periodistas que mantienen una relación funcional ellos, desconociendo la verdadera razón social de la profesión, que consiste en brindar información objetiva al país, para ello se requiere ir a las fuentes directas, hacer trabajo de campo y no tanto limitarse a repetir las interpretaciones de los círculos de poder.</p><p>No es presentable que los casos de la capturas de integrantes del CTI sean considerados como “secuestros”. No toda privación de la libertad de personas se trata de secuestro, máxime cuando son integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía, o del CTI de la Fiscalía. Si bien son funcionarios públicos, pertenecen a instituciones armadas que enfrentan al ELN como un enemigo interno.</p><p>En estos casos son privaciones de la libertad que el Derecho Internacional, desde hace muchas décadas, las considera y están normadas como prisioneros de guerra. Ojalá el Estado tratara a los nuestros de la misma manera cuando son capturados, pero este no es el tema ahora. Todo Estado sabe que el espionaje (labores de inteligencia) tienen un tratamiento especial y, por ende, en el Derecho Internacional. Aquí la ingenuidad no puede tener cabida.</p><p>Todo personal militar, policial o de inteligencia es consciente de que realiza operaciones militares, policiales y de inteligencia en los territorios donde tenemos presencia, pues las instituciones adelantan planes contra el ELN y no van a dichos territorios a vender pan o helados. Muchos de ellos llevan dispositivos de seguridad y saben lo que pueden encontrar o enfrentar, no son ingenuos, ni ellos ni sus mandos. Incluso, saben que sus mantos y leyendas, que tratan de cubrir sus acciones, son vulnerables y muchos están expuestos. No es responsabilidad del ELN dejarse hacer inteligencia y presentar blanco ante cualquier enemigo que lo combate.</p><p>En el caso particular de los dos liberados del CTI, fueron juzgados por estar comprometidos en acciones contra la población civil y el ELN; ellos lo saben. Los hechos y acciones están documentados. Sin duda, hubo generosidad de parte del ELN, estatura ética y consideración con sus familias. No nos ufanamos por haberlos capturado, jamás los humillamos, se trataron con dignidad y respeto; no como sí lo hace cierto personaje, de cuyo nombre no quiero acordarme.</p><p>El Gobierno se negó a un canje humanitario, que otros países lo hacen (como es el caso de Estados Unidos, Rusia y hasta la Entidad sionista). Pero en Colombia no se puede, estamos muy atrás en la historia. Por tanto, la experiencia seguirá, pues lo correcto es aplicar la normatividad internacional que regula los conflictos internos. También queda ante la opinión nacional e internacional que el ELN aplica su normatividad jurídica en correspondencia al Derecho Internacional.</p><p>Volviendo a la matriz mediática funcional al gobierno y los organismos de inteligencia del Estado, ahora resulta que el ataque realizado con drones contra la Fuerza de Tarea Vulcano, el 12 de noviembre, en la Vereda Balcón de la Silla (Tibú, Norte de Santander), dizque se realizó desde Venezuela; pero lo que no dicen es que dichos militares habían llegado el día anterior a la zona y que los helicópteros militares que trataron de rescatar los muertos y heridos del Ejército no pudieron aterrizar porque las unidades que el ELN tenía en la zona no lo permitieron. Esas unidades del Ejército se encontraron con las tropas del ELN que están ahí desde hace años, pues la confrontación permanente contra la Banda del 33 así lo corrobora.</p><p>Falta ahora que digan que el ataque en Santa Rosa, Sur de Bolívar, también se hizo desde Venezuela; o el de Curumaní, o el de Casanare, o el de Tunja o los del Cauca. Tampoco les quedaría mal que dijeran que los ataques que el ELN realiza en el Chocó los lanza desde China o el Japón.</p><p>Y… ¿qué pasó con el bombardeo en Apure, Venezuela, que tanto gringos como el ministro de Defensa colombiano dijeron que había sido contra tropas del ELN, pero en la realidad fue un ataque contra población civil? ¿Será que no hay periodismo investigativo que entregue información objetiva? ¿El país se va a quedar con versiones chimbas? Si no hay periodismo profesional, objetivo, la primera víctima seguirá siendo la verdad.</p><p><strong>ADENDA: </strong>Luego del terremoto del 10 agosto, el verdadero milagro apareció con el suculento salario de gerente del Fondo Milagro. Como quien dice: un “salario milagro”.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=be5612a61f36" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[LA CALLE ESPERA]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Comandante Antonio García]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 12:50:44 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-09T12:50:44.736Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*6_FX4-JaFBbr8tmWjfZFIw.jpeg" /></figure><p>Una profunda crisis económica, social y política sacude a Europa y al mundo, así lo demuestra las más de 800.000 personas que se movilizan en Francia por el drástico aumento del costo de vida, el colapso del sistema educativo público, el encarecimiento de los servicios básicos y, para acabar de completar, el presupuesto de austeridad del gobierno de Emmanuel Macron. En Italia, sindicatos y jóvenes protestan contra la inflación, los salarios congelados, los recortes en educación y salud; en Portugal, los levantamientos se dan por los aumentos en el alquiler de vivienda, la precarización juvenil, las bajas pensiones y el estancamiento económico; España, Bélgica, Alemania, Austria o Albania ven a sus jóvenes levantarse junto a los sindicatos, transportadores y otros sectores que sufren por las políticas de austeridad social, mientras los presupuestos de defensa se incrementan por todos lados.</p><p>Aunque las expresiones de la crisis son diferentes en cada país, los indicadores económicos se repiten en todo el mundo; según el fondo Monetario Internacional, las proyecciones de crecimiento para el año en curso y el siguiente siguen siendo bajas en comparación al 2025, Estados Unidos se mantendrá en 2,3 %, Europa apenas supera el 1 %, América latina y el Caribe promediará el 2,3 %, África mantendrá el mismo 4,5 % y solo las economías emergentes y en desarrollo de Asia estarán por encima del 4,8 %, pero muy por debajo del 5,6 % del 2025; en conclusión: la tendencia es a la baja. La crisis energética es quizá el indicador del momento por la presión que está ejerciendo sobre las principales economías y termina afectando a todos los sectores. En Estados Unidos hay un creciente malestar por el incremento del Diesel. Desde el inicio de la guerra con Irán, en febrero pasado, el precio subió un 75 % y en Europa se incrementó por encima del 50 %. El empleo está cayendo o estancando, la inflación crece y la industria se deteriora a gran velocidad.</p><p>La crisis golpea a los de abajo porque las medidas que implementan los gobiernos descargan sobre estos sus costos y salvan a las grandes corporaciones, bancos e industria militar.</p><p>Ante las masivas movilizaciones, las corporaciones mediáticas, en algunos casos socias del sector de la industria militar, solo alcanzan a ver los carros quemados o escaparates rotos, no le atinan a ninguna de las causas que generan la rabia acumulada, como la perdida sostenida desde el 2019 del poder adquisitivo de los salarios en Francia, la crisis extrema de la vivienda en España o que la tasa de desempleo juvenil en la Unión Europea sea del 15,4 %, duplicando la tasa general; el declive del modelo social europeo se ha esparcido por todo el bloque. Sin embargo, a sus países no le faltan recursos para financiar guerras ajenas, como la de Ucrania, o para comprometerse a aumentar el gasto militar, que de por sí ya es alto.</p><p>Mientras los pueblos sufren los estragos de la crisis socio-económica y el cambio climático, los gobiernos se embarcan en una carrera armamentista que devora los presupuestos y nos aproxima al precipicio de la guerra. Más y más recursos para la guerra, también vuelve el servicio militar obligatorio en varios países europeos y en Japón se llega al colmo de alargar el enrolamiento hasta los 52 años, debido al envejecimiento de su población. También, mientras los presupuestos militares crecen, la ayuda global humanitaria se reduce.</p><p>En Colombia, la situación es mucho más grave; somos uno de los tres países con mayor desigualdad en el mundo, arrastramos índices de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema similares a la prepandemia (28 % y 9,6 %, respectivamente); la inflación año tras año reduce la capacidad adquisitiva de los salarios; el desempleo y la economía informal se mantienen altos y, según el Fondo monetario Internacional, las proyecciones de crecimiento económico no superan el 2,2 % para este año. Las medidas que toma el actual gobierno son peores que los ajustes de austeridad aplicados en Europa.</p><p>En el presupuesto aprobado para el 2027, $634,95 billones, el servicio de la deuda es una cuarta parte (24 %) y el rubro de defensa es el 11,8 %, solo superado por Educación y Salud; en cambio, lo destinado para la igualdad y equidad, agricultura y desarrollo rural, cultura y deporte y la JEP sufrieron serios recortes. Prioridad al gasto militar y la inversión social es “la cenicienta”. Pasamos de un presupuesto de defensa de $60 billones en 2025 a $74,9 billones para el 2027, un incremento del 24,8 %; lo aprobado para el 2027 equivale al 3,5 del PIB, muy por encima de varios países de la Unión Europea. En términos nominales, Colombia ocupa el puesto 29 entre los países que más gastan en defensa en el mundo, en América Latina solo nos supera Brasil. Los segundo más desiguales y los segundos que más gastamos en guerra.</p><p>Con las medidas que viene tomando el gobierno actual, al pueblo colombiano no le está quedando otro camino distinto que el tomado por los países europeos, empezando por Francia: la calle espera. Una reedición del 2021.</p><p><strong>ADENDA 1:</strong> La resistencia de los pueblos deja ver sus resultados en la derrota electoral de Trump.</p><p><strong>ADENDA 2:</strong> Con la caída de Santiago Peña en Paraguay, los gobiernos de derecha empiezan a desgranarse. El robo de los ahorros de los pueblos no puede quedar impune.</p><p><strong>ADENDA 3: </strong>Entre tanto, el expresidente de Colombia, adalid de la “seducción” y los “orgasmos”, terminó dando papaya a los adoradores de “Cristo Rey” y de los “santuarios” de Alejandro Ordóñez.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=efc3a07472e7" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[“TIGRE” CON RABO DE PAJA]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Comandante Antonio García]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 16:40:51 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-02T16:40:51.436Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*6_FX4-JaFBbr8tmWjfZFIw.jpeg" /></figure><p>En el debate de control político del pasado 27 de octubre en el Congreso Iván Cepeda presentó documentos, escrituras, registros inmobiliarios y estados financieros sobre los negocios de Abelardo de la Espriella y del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y de sus vínculos comerciales con personas relacionadas con el narcotráfico y el paramilitarismo.</p><p>Es parte de la larga historia de violencia donde estos dos fenómenos se entrelazan con personas de carne y hueso. Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias “Comandante Barbie”, fue condenado en 2007 a nueve años y dos meses de prisión por concierto para delinquir agravado para promover grupos de autodefensa y falsedad material en documento público. No solo ejerció la violencia con fusiles: también hizo parte de ese entramado en el que el control de la tierra, la acumulación de riqueza y las redes económicas se convirtieron en instrumentos de poder. Un entramado que, como sabemos, sigue vivo.</p><p>Lo que Cepeda puso sobre la mesa son documentos que relacionan el entorno familiar y empresarial de Barbie con negocios de don Abelardo. Entre los asuntos señalados están la adquisición de la finca Nueva Jerusalén, en el Cesar, a una hermana de alias Barbie, y los aportes financieros asociados a una empresa vinculada al “Tigre”, que no será una veterinaria, aunque podría necesitarla por el rabo de paja que desde hace rato le asoma, así vista con “cachaco”.</p><p>Este gobierno no tiene autoridad para presentarse como abanderado de la lucha contra el “narcoterrorismo” por cuanto existen evidencias documentadas sobre los negocios de don Abelardo con paramilitares y traquetos.</p><p>La propiedad rural en Colombia es la historia del despojo. No por gusto, el país tiene una de las distribuciones de tierra más desiguales del mundo. Detrás de los más de 8 millones de hectáreas tierra expropiada hay miles campesinos asesinados y otros tantos expulsados, comunidades afrodescendientes desplazadas, pueblos indígenas arrinconados, mientras que empresarios encontraron en esa guerra una oportunidad para ampliar sus patrimonios.</p><p>El paramilitarismo no fue solamente un proyecto de hombres armados. También fue un sistema de poder económico y político que tiene rostros conocidos, pero que una y otra vez se esquiva seguir los rastros de la violencia y los negocios tramposos que nos llevarían a quienes terminaron beneficiándose, y que hoy siguen ocupando posiciones desde las cuales pueden influir en el destino de los territorios.</p><p>Las élites que gobiernan tan solo han permitido que se pueda reconocer los vínculos entre política y paramilitarismo cuando ya han pasado varias décadas; así cuando aparecen las sentencias los protagonistas han perdido el poder. Al final inventan comisiones investigadoras, reconstrucciones históricas y frases solemnes.</p><p>Por eso, los interrogantes documentados sobre los negocios de don Abelardo, las relaciones de su entorno empresarial y el manejo de los bienes vinculados al narcotráfico deben responderse ahora. No cuando haya terminado su gobierno. No cuando los documentos se conviertan en material para una retrospectiva periodística.</p><p><strong>ADENDA 1:</strong> Más de 1.400 cadáveres de las bóvedas que colapsaron en el cementerio San Camilo de Pereira, siguen esperando un lugar para continuar con su último descanso. Si para los muertos no hay soluciones, menos para los vivos. Nada que aparecen los “milagros” y la “Patria” seguirá embolatada.</p><p><strong>ADENDA 2: </strong>El pasado mes de septiembre, en Barranquilla, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos suscribieron dos memorandos de “entendimiento”. El senador Kevin Gómez tuvo acceso al contenido del memorando y cuestionó el alcance de los compromisos asumidos por el Gobierno colombiano: “Abelardo no firmó ningún ‘acuerdo estratégico’ con Marco Rubio: firmó la capitulación de Colombia a los intereses mineros de Estados Unidos”.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=2f8bc87b9ac2" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
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            <title><![CDATA[DOCTRINA RECURRENTE]]></title>
            <link>https://medium.com/@antoniogarcte/doctrina-recurrente-e12d7b1523bd?source=rss-51850a510ab5------2</link>
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            <dc:creator><![CDATA[Comandante Antonio García]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 13:30:31 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-26T13:30:31.791Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/900/1*2J1soN-nS64iB8f3_AZchQ.jpeg" /></figure><p>En Colombia, los gobiernos pasan, inexorablemente, y sus discursos y las narrativas se tornan intrascendentes, como un cambio de traje entre desfile y desfile de una pasarela. Así, después de décadas de guerras, acuerdos de paz y promesas de seguridad, llega un nuevo presidente con un programa centrado en la “seguridad”, ofreciendo “mano dura” y la “amenaza abierta del uso de la fuerza”.</p><p>En 1978, Julio César Turbay Ayala promulgó el Estatuto de Seguridad como instrumento para combatir la subversión. Bajo la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, se amplió la intervención militar sobre la población civil y se restringieron garantías fundamentales. Organizaciones de derechos humanos e investigaciones históricas documentaron detenciones arbitrarias, torturas y persecución contra sindicalistas, estudiantes, intelectuales y opositores. La categoría de “enemigo interno” convirtió la sospecha política en justificación represiva. La seguridad del Estado terminó confundiéndose, peligrosamente, con la protección del orden establecido. En ese entonces se hizo famosa la sentencia: “es preferible condenar un inocente que un culpable quede libre”.</p><p>Décadas después, Álvaro Uribe Vélez institucionalizó la Seguridad Democrática, su gobierno cacareó la recuperación del control territorial, el fortalecimiento militar y la derrota de las guerrillas como condiciones para garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, esa estrategia fue inseparable de graves violaciones de derechos humanos, así como de la expansión y consolidación del paramilitarismo, cuyas estructuras y relaciones con sectores del establecimiento y de las instituciones estatales han sido objeto de investigaciones judiciales y de variados testimonios de implicados en los acontecimientos. A ello se suman las ejecuciones en estado de indefensión, ampliamente documentadas. La supuesta promesa de proteger a la población convivió con prácticas que victimizaron a civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. Como siempre, la seguridad estaba asociada a la protección de grandes propietarios, poderes mafiosos y élites económicas y políticas, antes que a la garantía efectiva de los derechos de una población empobrecida y marginada.</p><p>Hoy, don Abelardo vuelve a traer la propuesta de un estatuto antiterrorista y resulta interesante examinar sus alcances a la luz de sus vínculos profesionales previos con clientes y sectores de poder que podrían verse favorecidos por determinadas decisiones. A ello se suma el endurecimiento de las medidas de intervención policial frente a las protestas. El Gobierno ha anunciado herramientas jurídicas para enfrentar a los grupos armados ilegales y combatir el terrorismo; sin embargo, organizaciones y sectores críticos advierten sobre los riesgos de definiciones excesivamente amplias, poderes extraordinarios y disposiciones que terminen extendiendo la sospecha y la criminalización a la movilización social.</p><p>Ahí es cuando la seguridad se convierte en la doctrina recurrente que amenaza. Aunque los contextos son distintos, se da la tendencia a reducir conflictos sociales, políticos y territoriales complejos a meros problemas de orden público, exigiendo respuestas primordialmente militares, convirtiendo al contradictor en una amenaza absoluta, la protesta se vuelve sospechosa y la diferencia política queda expuesta a la vigilancia y la persecución. La contradicción es clara, mientras se invoca la democracia, se estrangulan las condiciones materiales para ejercerla.</p><p>Colombia ha conocido despojos, desplazamientos, concentración de la tierra y expansión de proyectos extractivistas por medio de la violencia. Hay que investigar quién se beneficia de la militarización, qué intereses económicos protege y qué derechos vulnera.</p><p>Otro elemento conecta estos períodos, las relaciones entre sectores del poder político, redes mafiosas y estructuras paramilitares, así como el conocimiento que de ellas tenían funcionarios estadounidenses. Archivos desclasificados del National Security Archive documentan que Washington recibió información y señalamientos sobre presuntos vínculos de Álvaro Uribe con paramilitares y narcotraficantes, sin que ello impidiera el fortalecimiento de la cooperación militar con su gobierno. Para el período de Julio César Turbay Ayala, los documentos estadounidenses registran políticos afines al gobierno relacionados con narcotraficantes. Los archivos dejan claro que Washington sí conocía, pero al ser aliados y partícipes de dicha doctrina conservaron su respaldo y garantizaron silencio.</p><p>Igual acontece con Abelardo De la Espriella, su nacionalidad estadounidense y sus vínculos políticos con sectores republicanos están reportados públicamente, los procesos que se siguen contra Alex Saab y exsocios o exclientes señalan sus turbias prácticas. Sin embargo, sigue siendo respaldado por Washington, así como lo ha hecho con gobiernos cuestionados por sus relaciones con estructuras ilegales, siempre y cuando garanticen cooperación militar y alineamiento estratégico. La experiencia colombiana muestra que los intereses de seguridad de Estados Unidos pesan más que los derechos humanos y la dignidad del país.</p><p>A esta arquitectura se suma la dependencia militar y tecnológica y la protección de intereses corporativos transnacionales, el respaldo irracional a Israel, en medio de las graves denuncias internacionales por su actuación en Gaza.</p><p>Hoy, se agrega otro componente: el espectáculo mediático y la egolatría televisada completan el dispositivo, el gobernante convertido en protagonista, la fabricación permanente de enemigos y la política como espectáculo desplazan o anulan el debate sobre la desigualdad, la deuda, la devastación ecológica y la construcción de paz. Se crea mucha niebla para ocultar los temas de interés de la población.</p><p>La ironía es brutal, se destinan recursos públicos a ampliar los dispositivos de control mientras las comunidades reclaman agua, vivienda, educación, salud y participación efectiva. Más represión, menos derechos; más negocios, menos soberanía.</p><p>Estamos ante una realidad donde la paz se ha reducido a firmar acuerdos y la democracia a votar. Se requiere entonces que las comunidades decidan sobre sus territorios, que se investiguen los vínculos entre criminalidad, redes empresariales, poderes políticos y Estado, y que se respeten los derechos colectivos frente a los intereses económicos.</p><p>Ningún estatuto puede convertir la protesta en delito. Ningún showman sustituye a la justicia, el pueblo no nació para ser audiencia de los poderosos ni territorio disponible para el negocio ajeno y el poder extranjero. La paz se construye con derechos, la soberanía se ejerce desde los pueblos y la democracia comienza cuando las comunidades pueden decidir, realmente, sobre su propio destino.</p><p><strong>ADENDA 1:</strong> Si bien las élites recompensan a quienes les sirven, no significa que les profesen lealtad o respeto. Y cuando el libreto no se sigue al pie de la letra aparecen los Rodrigo Lara. Aunque para don Abelardo también le puede correr la receta. Todos sabemos dónde reside el verdadero poder.</p><p><strong>ADENDA 2:</strong> El show no es cuento, es la niebla que nos cubre. Se retiran las obras de arte y se difunden fotografías que denotan su ausencia, al mismo tiempo, aparece De la Espriella con su discurso sobre la “contrarrevolución cultural” haciendo que todos miremos a ese mismo lugar. Mientras tanto, sin que nadie se dé cuenta, se produce “el milagro” de un Decreto.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e12d7b1523bd" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[RECICLANDO FACETAS DEL “FASCISMO CRIOLLO”]]></title>
            <link>https://medium.com/@antoniogarcte/reciclando-facetas-del-fascismo-criollo-9f775f32cd5a?source=rss-51850a510ab5------2</link>
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            <dc:creator><![CDATA[Comandante Antonio García]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 19 Oct 2026 12:46:42 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-19T12:46:42.757Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*6_FX4-JaFBbr8tmWjfZFIw.jpeg" /></figure><p>El Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador enfrenta una contradicción mayúscula en su política de seguridad: después de haber detenido a más de 93.000 personas durante el régimen de excepción iniciado en marzo de 2022, ahora estudia la posibilidad de una liberación anticipada y condicional que podría beneficiar aproximadamente al 50 % de quienes fueron encarcelados por colaborar con las pandillas. El anuncio genera profundos interrogantes sobre la legalidad de la medida, los criterios para seleccionar a sus beneficiarios y la responsabilidad estatal por las detenciones arbitrarias y los daños sufridos durante la reclusión.</p><p>Bukele sostiene que no todas las formas de colaboración con las pandillas tienen la misma gravedad. Según su explicación, no es equivalente participar directamente en delitos violentos que avisar sobre la presencia de la policía bajo la presión de estructuras que controlaban la vida cotidiana en determinados territorios. Afirma entonces que su Gobierno está revisando dichos niveles de participación para determinar quiénes podrían salir de prisión bajo monitoreo. Sin embargo, no ha precisado qué institución adelantará la evaluación, cuáles serán los criterios verificables ni qué procedimiento jurídico hará posible las excarcelaciones.</p><p>La propuesta representa un cambio significativo en el discurso oficial. El régimen de excepción y la política de “mano dura” han sido presentados como instrumentos decisivos para recuperar la seguridad y debilitar a las pandillas. No obstante, el anuncio de una revisión masiva de casos también plantea una pregunta de fondo: si las circunstancias individuales y los distintos grados de responsabilidad son relevantes ahora, ¿por qué no fueron examinados rigurosamente al momento de las detenciones, al igual que los procesos judiciales?</p><p>Pero no son solo esos cuestionamientos. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que el régimen de excepción ha dado lugar a detenciones arbitrarias, restricciones de garantías y abusos dentro de las cárceles.</p><p>De acuerdo con las cifras citadas por las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, se han documentado alrededor de 570 a 575 muertes bajo custodia estatal y más de 6.400 denuncias de vulneraciones de derechos. También se han reportado castigos físicos, falta de hidratación y negación de atención médica. Se sabe que estas condiciones habrían provocado daños graves en la salud de personas detenidas, incluidas afecciones renales y fallecimientos que, según las denuncias, pudieron evitarse con atención adecuada. Las organizaciones calculan, además, que decenas de miles de personas arrestadas podrían ser inocentes; estas cifras corresponden a estimaciones y denuncias de las entidades citadas, no a una determinación judicial definitiva sobre cada caso.</p><p>El propio Bukele ha reconocido que unas 8.000 personas habían sido liberadas tras comprobarse su inocencia, aunque defendió que las operaciones policiales tienen un margen de error. Para las organizaciones críticas, esa explicación no resuelve la dimensión del problema: la privación injusta de la libertad no es un simple error estadístico, sino una afectación de derechos que exige esclarecimiento, reparación y garantías de no repetición. La liberación de una persona, por sí sola, no devuelve el tiempo perdido ni compensa los daños físicos, emocionales, familiares, laborales y a la reputación que produce el encarcelamiento.</p><p>Por su parte, crece la presión internacional. Organizaciones de derechos humanos han anunciado que llevarán las denuncias sobre muertes bajo custodia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se han mencionado señalamientos de expertos internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad. Estas afirmaciones deben ser examinadas por las instancias competentes y no equivalen, por sí solas, a una sentencia. Sin embargo, muestran que las denuncias han trascendido el debate interno y pueden abrir escenarios de escrutinio internacional.</p><p>La directora de Socorro Jurídico Humanitario interpreta el anuncio del gobierno como un posible intento de contener el costo político y jurídico de las denuncias. A ello se suman las presiones sociales de familias que esperan el regreso de sus parientes y en el contexto electoral donde Bukele buscaría un nuevo mandato en medio de cuestionamientos sobre el deterioro institucional y las garantías democráticas. También se ha señalado que eventuales cambios en la composición política del Congreso de Estados Unidos podrían reactivar el escrutinio sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador.</p><p>Pese a las excarcelaciones anunciadas, Bukele no ha planteado poner fin al régimen de excepción. Lo ha comparado con una “quimioterapia” que habría reducido la violencia, pero que, según él, debe mantenerse porque todavía existirían riesgos. Esta pésima metáfora resume la justificación oficial de las medidas extraordinarias, aunque deja abierta la discusión sobre su duración, proporcionalidad y costo para los derechos constitucionales.</p><p>En el continente se está reciclando facetas del “fascismo criollo”. No podemos olvidar que don Abelardo se hizo elegir como presidente de Colombia apelando al discurso y propuesta de construir megacárceles para recluir allí a todo el que él considere delincuente. En una de sus destempladas alocuciones señaló que en los dos meses de gobierno había detenido a 32 mil “delincuentes”. Una cifra que llama la atención por cuando la población carcelaria semanas antes de dicha alocución rondaban los 103 mil, cuando apenas las cárceles tienen cupos para tan solo 81.189 detenidos. Estos 32 mil nuevos detenidos quién sabe a dónde los enviaría, o quizá está dando cifras amañadas. Como todo fascismo, estamos ante amenazas, mentiras y violencia. Así, la actualidad de Bukele anuncia el futuro que le espera a don Abelardo.</p><p><strong>ADENDA: </strong>¿Don Abelardo sí sabrá lo que es Cultura? Ahora habla de una “contrarrevolución cultural”, tocará decirle: “¡Santísima Virgen!”, para que no me excomulgue y a la vez reivindicar a las mujeres excluidas. En el nuevo nombre del Ministerio parece que va a primar el “patrimonio”, pero el del bolsillo. Hasta condena el “relativismo moral”, como si la moral y las normas no hubiesen evolucionado o revolucionado en las diferentes etapas y periodos de la humanidad. Solo falta que condene la Relatividad de Einstein.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9f775f32cd5a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[EL ABANICO COMPLETO DE LA GUERRA]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Comandante Antonio García]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 12:47:13 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-12T12:47:13.726Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/900/1*2J1soN-nS64iB8f3_AZchQ.jpeg" /></figure><p>En América Latina, los golpes de Estado, instigados por Estados Unidos y realizados por la bota militar, con tanques copando calles y plazas públicas y militares regados por todo el país, han ido mutando a otras modalidades. Sin que desaparezcan las amenazas de los arsenales del Norte rodeando cielos y mares, ahora los golpes pasan a ser liderados por jueces y medios de comunicación. Ecos de bombas judiciales y humos mediáticos.</p><p>Los primeros, para impedir el buen desempeño del gobierno, hasta llegar a la total anulación de un presidente, sacándolo de su casa de gobierno. Y los humos para -por medio de la guerra mediática- inclinar la opinión pública, convenciéndola de la veracidad de los “delitos” por los cuales los jueces bloquean a un presidente para sacarlo de sus funciones.</p><p>Además, acuden a recursos para impedir que un líder político (en especial expresidentes que no han comulgado con la órbita estadounidense) no sigan en la lucha política, anulándolos “legalmente” hasta llevarlos a prisión o al exilio obligado. Importante recordar que hubo un periodo anterior cuando aparecieron, como por arte de magia, “diagnósticos de cáncer” de manera simultánea en varios presidentes de la región, hasta que dieron en el blanco con la muerte de Hugo Chávez.</p><p>En tiempos actuales, se implementa una hábil combinación de recursos donde acumulan o crean pruebas de todo tipo; entre las fundamentales, que algún exfuncionario de confianza del exmandatario -quien es llevado a los tribunales- declare y acuse por uno u otro delito, como prueba máxima de lo denunciado. Estamos ante un entramado al parecer menos traumático, pero igual de letal que un golpe militar.</p><p>Las acusaciones por corrupción son las más recurrentes. Así fue empantanado el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, hasta sacarla de sus funciones. Y con recursos similares fueron empapelados Luis Inácio Lula y Rafael Correa, este último en exilio desde 2017. Quebrar los liderazgos políticos y dificultar la organización de las alternativas políticas y sociales es el propósito último de estas maniobras similares a los golpes militares del pasado.</p><p>Aunque para los liderazgos sociales también cabe el recurso más expedito del atentado personal, tan practicado en Colombia que ya es rutina cotidiana.</p><p>Por estos días, además, como un elemento fundamental que brinda luces sobre este tipo de conspiraciones y la acción constante de las oligarquías atornilladas en el dominio de países, sus Estados y gobiernos, sometidos a la esfera de los Estados Unidos, tenemos lo ocurrido en Bolivia con Cerimedo, personaje oscuro, espía, conspirador, consejero de presidentes, con antecedentes de acción en Argentina, Chile y otros países de la región.</p><p>La captura del personaje, caído en desgracia no por manipulación mediática y acciones similares, sino por intento de feminicidio, dejó en evidencia la existencia de un amplio y bien conformado equipo de técnicos en informática que, apoyados por grandes inversionistas, activan laboratorios de contrainformación y desinformación por medio de los cuales potencian la opinión ciudadana, favoreciendo a los grandes poderes de derecha y en contra de alternativas democráticas y populares. Una acción impulsada, por demás, con mayor ahínco en periodos electorales, confirmando que “el que escruta, elige”, ahora por otros medios y estrategias. Ayer fue Colombia y, mañana, Brasil asoma en la mira.</p><p>Pero mientras jueces y guerra mediática están en escena, los gringos y derechas del continente siguen aliados haciendo sonar los misiles en el Caribe y el Pacífico, también las fuerzas navales siguen constriñendo de manera inhumana al pueblo cubano y dando zarpazos como el acontecido el 3 de enero contra Venezuela.</p><p>Para ellos -los poderosos, gringos y oligarcas- romper las normas establecidas en la sociedad está dentro de su “legalidad”, pero cuando los pueblos defienden sus derechos o luchan por conquistar otros es ilegal y considerado “acción terrorista”. Como quien dice, “la ley del embudo”: lo ancho para ellos y lo angosto para uno.</p><p>Ese es el abanico completo de la guerra actual; en este contexto, don Abelardo prepara el “Estatuto Antiterrorista”. Claro y ¡el gringo ahí!</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=effc326a113e" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[LA NORMALIZACIÓN DE LA BARBARIE]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Comandante Antonio García]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 12:22:14 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-05T12:22:14.557Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*6_FX4-JaFBbr8tmWjfZFIw.jpeg" /></figure><p>Hay momentos en los que la violencia deja de ser una anomalía para instalarse como método de gobierno. Ese tránsito es particularmente peligroso, pues la excepción se vuelve norma y la sospecha sustituye a la prueba. Así, la categoría de “terrorista” opera como justificación para ampliar los márgenes del uso de la fuerza estatal.</p><p>Lo que ocurre en el Caribe y el Pacífico de Nuestra América, desde septiembre de 2025, donde las fuerzas armadas estadounidenses han atacado embarcaciones bajo el argumento de combatir el narcotráfico, es motivo de análisis en el informe Killing Spree, de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); ahí se documenta que, hasta julio de 2026, 67 embarcaciones fueron atacadas en 63 operaciones y 221 personas asesinadas, además de tres sobrevivientes. WOLA cuestiona la legalidad de estas acciones y señala que, en numerosos casos, no se ha presentado evidencia pública suficiente que demuestre que las embarcaciones transportaban drogas o que las personas atacadas representaban una amenaza militar.</p><p>El problema no es solamente la magnitud de las muertes, sino que, existiendo otras formas de abordar dichas naves, se han normalizado las acciones de guerra y se presentan como una operación ordinaria de seguridad, lo cual cambia la relación entre Estado, derecho y ciudadanía. Ahora, la sospecha se convierte en sentencia de muerte.</p><p>La consecuencia política es clara, cuando una persona deja de ser un presunto delincuente para convertirse en un “enemigo absoluto”, la fuerza militar comienza a ocupar el lugar que corresponde a la justicia. El riesgo no reside únicamente en una operación concreta, sino en el precedente que establece.</p><p>Además, la eficacia de esta política ha quedado cuestionada, WOLA señala que los ataques no han demostrado una reducción proporcional del flujo de cocaína hacia Estados Unidos, pero sí permite observar que la seguridad contemporánea se articula cada vez más con la geoeconomía, pues nuestros territorios han sido históricamente incorporados a las dinámicas mundiales como espacios de extracción y subordinación.</p><p>El uso de la “fuerza bruta”, por encima del derecho, no solo es en los mares contra las lanchas supuestamente de narcotraficantes, también se ha instalado en la cotidianidad. Así lo vio el mundo el 23 de septiembre en Madrid cuando Maricarmen, de 87 años de edad y quien llevaba 71 viviendo en el mismo apartamento, fue desalojada sin contemplaciones, usando la fuerza.</p><p>Igual es lo acontecido con Donovan Balanta, tres días antes, el 20 de septiembre, en Colombia en el barrio Caracolí, en el límite entre Ciudad Bolívar y Soacha, este afrodescendiente murió a causa de un procedimiento policial exuberante en el uso excesivo de la fuerza y expresiones racistas.</p><p>Ahora, en los tiempos de don Abelardo, donde para él es lo mismo la “razón” que la “fuerza”, siempre y cuando sea para defender el interés de los poderosos, así le resultará legal usar la fuerza.</p><p>La barbarie no se instala solamente cuando aumenta la violencia; también cuando disminuye nuestra capacidad de indignarnos frente a ella.</p><p>Este año se cumplen 50 años de la Carta de Argel, proclamada el 4 de julio de 1976 como Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. Su importancia está precisamente en recordar algo que el orden político contemporáneo suele olvidar: que los pueblos también son sujetos de derechos, que tienen derecho a la autodeterminación, a sus territorios, a sus riquezas y a rebelarse frente a la dominación. Y su artículo 28 llega todavía más lejos: establece que, cuando los derechos fundamentales de un pueblo son gravemente ignorados, este puede hacerlos valer mediante la lucha política o social e, incluso, como última instancia, mediante el alzamiento armado. Precisamente, en eso andamos.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=984a33dcb0a3" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[EL FASCISMO DEL FIN DEL MUNDO]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Comandante Antonio García]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:41:33 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-28T12:41:33.992Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/900/1*2J1soN-nS64iB8f3_AZchQ.jpeg" /></figure><p>El fascismo de hoy no promete a las sociedades una edad dorada. Pero sí asegura a una minoría privilegiada refugio mientras el resto del mundo se desliza hacia el precipicio. Naomi Klein y Astra Taylor, en su libro recién publicado “End Times Fascism: And the Fight for the Living World”, lo llaman “fascismo del fin del mundo”: una alianza entre ultrarricos, fundamentalismos y nacionalismos extremos que no está interesada en salvar el planeta, sino en prepararse para sobrevivir a su destrucción mientras ellos siguen engordando sus bolsillos.</p><p>El fascismo clásico europeo del siglo XX contenía una promesa para quienes pertenecían a la “comunidad” que el régimen consideraba legítima (nación, “raza”, pueblo). Desde luego, promesa excluyente y criminal, pero seguía siendo una promesa de futuro con casa, trabajo, prosperidad, seguridad y grandeza nacional para todos los que hacían parte de esa “comunidad”; así, ganó adeptos en la Europa deprimida por la gran crisis económica.</p><p>En cambio, el actual fascismo del fin del mundo afirma que no hay futuro común que preservar. Hay, apenas, lugares seguros para quienes puedan pagarlos. Esta es la mutación especialmente siniestra de la desigualdad actual.</p><p>El Gobierno de don Abelardo De La Espriella, uno de los integrantes de ese nuevo fascismo, prometió en campaña que estaría integrado por personas que nunca habían sido vistas por el Estado y que llegarían a transformar la política tradicional, los famosos “nunca”. Pero una de sus primeras muestras de cinismo ha sido reorganizar el país con las viejas élites y las mismas concentraciones de poder económico, institucional y mediático.</p><p>El terremoto del 10 de agosto ofrece una imagen brutal de esta contradicción. El sismo de magnitud 7,4 afectó a 15 departamentos y dejó más de 150.000 viviendas afectadas y cerca de 600 edificios colapsados. Un mes después, el presidente entrega la primera y única vivienda que ha construido como una imagen poderosa en la cual una familia recibe las llaves de una casa y don Abelardo puede decir que la reconstrucción ya comenzó.</p><p>¿Qué significa una sola casa reconstruida frente a una tragedia de tal magnitud? ¿Necesitará un mes para levantar cada una de las casas destruidas? Hagamos las cuentas. Decenas de miles de hogares siguen afectados, la infraestructura destruida, los servicios públicos ausentes, muchas escuelas en escombros, centros de salud cerrados, las vías averiadas y comunidades continúan esperando respuestas que no llegan.</p><p>En este fascismo del fin del mundo la política es una disputa por controlar el relato. No hace falta prohibir todos los periódicos ni cerrar todos los canales para debilitar la libertad de expresión (aunque está cerrando emisoras, programas que considera críticos e incluso despidiendo caricaturistas). Basta con convertir la información pública en espectáculo, hacer que el Gobierno sea el permanentemente protagonista y cada tragedia termine convertida en una oportunidad de propaganda.</p><p>Con estos instrumentos los ultrarricos, fundamentalistas y tecnócratas dueños de los medios de comunicación no tienen por qué presentarse con uniformes, marchas y discursos, simplemente practican una política que abandona lentamente la idea de un destino común y determinan que habrá ciudadanos de primera, de segunda y otros que quedarán fuera del refugio en un eventual apocalipsis.</p><p>Frente a esa posibilidad, no queda otra opción que no sea la defensa elemental de la vida. Porque si el mundo se acaba, al menos nos encontrará luchando, unidos y con dignidad.</p><p><strong>ADENDA 1:</strong> En tiempos de la política de “paz total” de Petro se capturó al “Comandante Araña” y ahora don Abelardo saca provecho extraditándolo a los Estados Unidos. ¿Vieron la valentía o “ardentía” -como el mismo dice-, expresándole improperios a un tipo encadenado de pies y manos?</p><p><strong>ADENDA 2:</strong> En un gobierno se captura con trampas y en otro se posa de valiente. Cualquier parecido es pura coincidencia.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=0184af86fedd" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[LAS TRES PERLAS DE LA SEMANA]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Comandante Antonio García]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 11:46:12 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-21T11:46:12.138Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*6_FX4-JaFBbr8tmWjfZFIw.jpeg" /></figure><p>La primera. Ahora, a don Abelardo se le dio por controlar la protesta de los estudiantes universitarios, ese es el centro de su objetivo. Para eso debe hacer ver a las universidades públicas como “antros del crimen”, juega entonces con su guerra mediática para distorsionar la realidad y colocar la “seguridad” como eje de toda su política gubernamental.</p><p>El derecho a la protesta y la autonomía universitaria, igual a lo acontecido con todos los derechos en la sociedad, desde la jornada de trabajo de 8 horas, el voto de las mujeres y pare de contar, han sido conquistados por la lucha de los pobres, soportando garrote, cárcel y plomo de gobiernos, policías, militares y agentes de inteligencia. Ah… y de los paramilitares, por supuesto. La protesta ha sido siempre el camino que hace posible construir un futuro digno para la humanidad. Por eso se dice que la rebeldía es la máxima expresión de libertad.</p><p>Si don Abelardo asoma las narices a la Universidad, muy seguramente le ocurrirá lo mismo que a Carlos Lleras Restrepo, cuando fue a la Universidad Nacional: se llevó una tanda de huevos y tomates en su reluciente calva.</p><p>La segunda. Don Abelardo, cuando no ríe sin sentido, anda disgustado, peleando contra molinos de viento, dice que “canceló los diálogos de paz con el ELN”, los cuales están cancelados desde hace dos años por incumplimientos de Petro. Parece que, por andar inventando mentiras, cada día se aleja más de la realidad. En esencia, en políticas de paz, este gobierno coincide con el anterior, pues ambos quieren el sometimiento y la desmovilización del ELN. Es la ausencia de una política de paz de Estado, que hemos dicho desde siempre, y ahora se hace evidente en toda su dimensión.</p><p>Pues con el desconocimiento de lo poco acordado y bastante incumplido por todos los gobiernos, ahora queda claro que a futuro nadie se atreverá a creer a gobierno alguno. ¿Quién va acordar con un gobierno si otro llega a desconocer y negar lo pactado con el anterior? Los conflictos armados solo podrán superarse por la vía política cuando el Estado esté en condiciones de pactar y todas sus instituciones tengan capacidad para que el Ejecutivo y los militares cumplan. Mientras tanto, solo con la participación de la sociedad podrá construirse un camino de paz por medio de un Gran Acuerdo Nacional.</p><p>Y la tercera. Se puso de moda otra vez los canjes, pues los capturados son Agentes de inteligencia de la Policía Nacional, al menos los últimos tres del Catatumbo fueron capturados infraganti en operaciones de inteligencia, tienen encima varios asesinatos, algunos de ellos rematados a sangre fría y en estado de indefensión y coordinaron con la Banda del 33 la información para los bombardeos donde murieron civiles. Si estas operaciones las realizaron de manera individual, tendrán que responder como personas; si son operaciones orientadas por los mandos de las instituciones, le toca a ellas. Examinen qué camino escogen, pues hasta el momento han reconocido su participación en estas operaciones que ocasionaron varias muertes, unas de combatientes y otras de civiles.</p><p>Como se ha expresado, el ELN está abierto a buscar opciones por la vía de la responsabilidad institucional del Estado. Esperamos que las instituciones no los dejen solos.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=92f00b8743f0" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[RAZÓN DE EXISTENCIA]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Comandante Antonio García]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 13:19:13 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-14T13:19:13.395Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/900/1*2J1soN-nS64iB8f3_AZchQ.jpeg" /></figure><p>Las palabras describen y guardan su propia historia y, en ese sentido, libran sus propias luchas. En su mañosa “batalla cultural”, en parte ensañada contra palabras, la reciente decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella la enfiló para dejar de usar el término “campesino” en sus comunicaciones oficiales y reemplazarla por “pequeños empresarios del campo”. Pareciera, a primera vista, una discusión semántica, pero en realidad es una disputa política por el significado de quienes trabajan y viven de la tierra. Así, entonces, no se trata de meras palabras, sino de ir en contra los sujetos sociales que encarnan la historia.</p><p>Ante el gran descontento que acarreó esta decisión, el nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, justificó el cambio diciendo que “campesino” es un término despectivo y que la nueva denominación busca “elevar el estatus” de quienes producen los alimentos del país. Este ministro no sabe dónde está parado, menos lo que quiere decir. A quién se le ocurre pensar que nuestros campesinos estén pensado en “elevar el estatus”, ellos han luchado durante toda la historia por justicia, equidad, derechos, defensa de sus territorios y el ambiente y, sobre todo, dignidad.</p><p>El campesinado es la raíz histórica de los pueblos y de su ser productivo social, nadie más encarna la identidad de historia y territorio -que bien podría decirse la territorialidad de la historia- que ha enfrentado la barbarie del Estado con sus Ejércitos oficiales y sus bandas paramilitares y su único plan contrainsurgente.</p><p>Ser campesino es razón de existencia, por eso nuestros campesinos se sienten orgullosos de serlo. Mucho menos se puede pensar que la dignidad se “eleva” cuando a una persona se le pretende negar su existencia: el ser campesino es identidad y pertenencia a sus organizaciones y a su lucha histórica. Y cuando un Estado empieza a sustituir el nombre del 28,5 % de su población por otro que le resulta políticamente más conveniente, no solamente está cambiando una palabra; está desconociendo la realidad.</p><p>Un campesino no deja de serlo porque ahora el Gobierno lo llame empresario, de la misma manera como tampoco desaparecerán la desigual distribución de la tierra, la precariedad rural, la interrogada soberanía alimentaria o el abandono del campo por parte de los gobiernos. Sencillamente, no desaparecen porque sean administrativamente rebautizadas.</p><p>De hecho, la Constitución colombiana dice exactamente lo contrario de lo que sugiere este borramiento: desde el Acto Legislativo 01 de 2023, el campesinado es reconocido expresamente como sujeto de derechos y de especial protección constitucional, con dimensiones económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales propias. Esto no fue una concesión del Estado, sino el resultado de décadas de luchas de las organizaciones campesinas que cobraron una deuda histórica con un reconocimiento constitucional.</p><p>Antes de ese reconocimiento, el propio Estado había tenido enormes dificultades para nombrar al campesinado como sujeto político específico. La reforma de 2023 modificó el Artículo 64 precisamente para reconocer su relación particular con la tierra, su papel en la producción de alimentos y sus derechos colectivos e individuales. Por eso resulta profundamente regresivo que, apenas tres años después, un Gobierno pretenda presentar la palabra “campesino” como una categoría que debe ser “superada”, como si el problema histórico hubiera sido el nombre y no las condiciones materiales de quienes viven y trabajan en el campo.</p><p>Mientras por un lado se quiere hacer ver que se trata de un simple cambio de “palabras”, por otro lado, con el Decreto 1368 del 8 de septiembre, se levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego y reactivó los permisos individuales vigentes, aunque manteniendo requisitos, restricciones y controles. Como quien dice, por un lado se va contra el pueblo en su ser campesino mientras que, por otro lado, a los que están con el Gobierno se les autorizan las pistolas. Claro, las pistolas y demás armas con que se dotan a las bandas paramilitares.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=bc5a82b4c764" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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