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        <title><![CDATA[Stories by Aranka on Medium]]></title>
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            <title>Stories by Aranka on Medium</title>
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            <title><![CDATA[Sin casa: Escasez de terreno y viviendas sociales]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Aranka]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 07 Sep 2021 00:00:33 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-09-07T00:00:33.485Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Por: José Pablo Espinoza y Aranka Paillao</p><p><strong>En Chile hay más de dos millones de personas que carecen de una vivienda. La encuesta Casen indica que el 54% se concentra en la Región Metropolitana y aunque un estudio de uso de suelo realizado por expertos urbanistas en conjunto con el Ministerio de Vivienda concluye que hay más de 300 hectáreas de suelo fiscal disponible en Santiago, los municipios dicen no tener terrenos disponibles para la construcción de viviendas sociales.</strong></p><p>Uno de los lugares más queridos por los vecinos de la unidad vecinal El Cortijo 30, en la comuna de Conchalí, es el Anfiteatro Cortijano, construido a mediados de los 90’ cerca de lo que hoy es la estación de metro Los Libertadores. En ese tiempo era un espacio de área verde que sería expropiado para construir estacionamientos, pero los vecinos se opusieron y luego de una pugna con el entonces alcalde de la comuna, Carlos Sottolichio Urquiza, lograron no solo mantener el sector, sino que también que se construyera allí este escenario que ha servido para el montaje de obras y talleres teatrales, galerías fotográficas e incluso talleres de circo.</p><p>Jessica Triviño (42) cuenta esta historia mientras lo contempla con una sonrisa en el rostro. Para ella, ese espacio representa el poder de la unidad vecinal.</p><p>Triviño es presidenta de la Asociación de Comités de Allegados de Conchalí -conocida comúnmente como Coordinadora de Allegados de Conchalí-, la agrupación de este tipo más grande de la comuna, compuesta formalmente por ocho comités, aunque existen otros 158 inscritos que participan de forma paralela.</p><p>El mayor éxito de la asociación se concretó en diciembre de 2019, cuando el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) finalmente les entregó el terreno correspondiente al Estadio el Cortijo para construir viviendas sociales y solventar la demanda habitacional de la comuna, un terreno de 25.817 m2 que llevaba más de 40 años en desuso y, aunque siempre estuvo en posesión del Estado, el traspaso desde el Instituto Nacional del Deporte (IND) hacia los vecinos demoró cuatro años en concretarse. Fue únicamente por la acción de Contraloría –y la presión de las organizaciones vecinales– que se agilizó el proceso, ya que sin su intervención la espera podría haber sido incluso de 10 años.</p><p>Si bien este terreno representa una victoria, no alcanza para solucionar el problema de fondo ya que solo podría albergar a unas 220 familias de las 700 que componen la agrupación, mientras que en la comuna, se necesitan más de 4.000 viviendas.</p><p>La asociación consideró a las personas más vulnerables para integrar el proyecto: “Cada comité lo conversó con sus socios y sacaron la prioridad dentro de las prioridades. Se priorizó a los adultos mayores, discapacitados, algunas personas en situación de calle. Los que estaban con más problemas se sacaron a ese proyecto”, explica Triviño.</p><p>Grace Arcos, concejala de la comuna, comenta que uno de los principales problemas radica en la pasividad para actuar en materia de vivienda: “Se considera un problema demasiado grande para ser solucionado por el municipio. La oficina municipal tiene como dos funcionarios que cumplen con un rol informativo y no de acompañamiento u orientación”.</p><p>A través de información entregada vía Ley de Transparencia, la Municipalidad de Conchalí asegura no contar con terrenos disponibles para viviendas sociales, sin embargo no es la única que sufre este problema. La misma respuesta se repite en otros 25 municipios de la Región Metropolitana consultados para esta investigación, precisamente aquellas donde existe una mayor concentración de personas que carecen de una vivienda.</p><p>Ante la falta de terrenos en la comuna, las oficinas de vivienda solo se remiten a recibir y entregar documentación respecto a subsidios: “La oficina de vivienda está ligada a la Secretaría de Planificación Municipal y no al área de desarrollo, lo que habla sobre el enfoque de las políticas de vivienda”, comenta Arcos.</p><p>Desde el Serviu, institución gestora de viviendas sociales, reconocen que la planificación es complicada, ya que no tienen un banco de terrenos con los que trabajar: “Sería un lujo para nosotros porque hoy en día lo que más nos limita a hacer viviendas sociales es encontrar terrenos”, dice Sebastián Norambuena, ejecutivo de Proyectos de la Subdirección de Operaciones Habitacionales del Serviu.</p><p>Contrario a esta versión oficial del gobierno y los municipios, Pablo Trivelli, director de la Maestría en Economía Urbana de la Universidad Mayor y economista de la Universidad de Chile, considera que existen terrenos de sobra para satisfacer el déficit existente en la Región Metropolitana. De eso da cuenta en el Estudio de Caracterización de Zonas con Potencial para Densificación en Comunas Pericentrales de Santiago, que realizó en 2017 junto al Ministerio de Vivienda.</p><p>“Hicimos un estudio que dio por resultado la existencia en el pericentro (zonas de crecimiento urbano) del orden de 500 hectáreas de sitios eriazos, por lo menos unas mil hectáreas de sitios con baja intensidad de uso y, de esas 500 hectáreas de sitios eriazos, 300 son de propiedad del Estado”, dice Trivelli.</p><p>El mismo estudio indica que bastarían 640.000 m2 (64 hectáreas) para satisfacer la necesidad habitacional existente hasta 2018, o sea, construir un promedio de 168 viviendas por hectárea para satisfacer la demanda de todo Santiago.</p><p>A través de la Ley de Transparencia, se realizaron consultas a las 37 comunas que componen el pericentro del Gran Santiago (excluyendo a Lampa, Colina, Peñaflor y San Bernardo) solicitando información sobre los terrenos públicos que se encuentren sin uso y disponibles para la construcción de viviendas sociales. Entre la información recopilada se reconocieron 42 terrenos públicos disponibles de propiedad municipal, aunque sólo 15 de ellos han sido destinados para viviendas sociales: cinco en Recoleta, tres en Estación Central, uno en La Cisterna, uno en Lo Barnechea, uno en Maipú, uno en Peñalolén, uno en San Joaquín, uno en Pirque y uno en San José de Maipo. En total, la superficie equivale a unos 223.608 m2, lo que alcanzaría a cubrir el 41,4% de la demanda de vivienda de toda la Región Metropolitana.</p><p><strong>Déficit habitacional en Chile</strong></p><p>Según la encuesta Casen 2017, el déficit habitacional, es decir, las viviendas nuevas que faltan por construir en el país, se incrementó en 13% con respecto a la encuesta anterior (año 2015), aumentando de 391.546 a 497.615. Bajo esta lógica, Minvu presentó en abril del 2019 el documento titulado “Un nuevo enfoque para la política habitacional”, contemplando la escasez de suelo en la Región Metropolitana como uno de los principales factores del déficit habitacional.</p><p>El mismo mes, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) también publicó un estudio sobre déficit habitacional (basándose en la encuesta Casen), en el que aseguraba que acceder a una vivienda propia es imposible. Pero sus cifras no se condicen con las entregadas por el Ministerio de Desarrollo Social, ya que calcula que en todo Chile son 739.603 las viviendas que faltan –un 48,6% más que la medición ministerial — , afectando a 2.219.000 personas. En Santiago, según estos últimos datos, se concentraría el 42,5% del total nacional, equivalente a 314.488 viviendas.</p><p>A pesar de los reveladores datos, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, considera que este aumento en la falta de vivienda no se compara con las cifras que se manejaban hace 20 años y que, entre las causas de este déficit es efectivamente el valor del precio del suelo.</p><p>“No hay un aumento en el déficit habitacional. Es más, ha habido una baja histórica en este ítem. Hasta hace 20 años hablábamos de un déficit que superaba el millón de unidades, siendo que ahora estamos en unas 400 mil viviendas. Además hay varios factores que inciden en la generación del déficit habitacional cuantitativo y una muy potente es el precio del suelo. Cada vez es más caro construir en las principales ciudades y localidades del país, lo que dificulta el acceso a la vivienda”.</p><p>Lo que tienen en común los informes entregados por el gobierno y por la CChC, es el aumento explosivo de familias allegadas, que aumentaron de 183.000 a 300.158 entre 2015 y 2017. La causa común: los ingresos no les permiten mantener una vivienda independiente.</p><p>Los altos costos de adquisición y mantención de una vivienda son un problema para quienes viven con sueldos mínimos. En Conchalí, las organizaciones para vivienda han realizado acciones para apoyarse unos a otros frente a estas situaciones: “Estábamos haciendo una colecta para una socia que paga $320 mil de arriendo, pero ella se enfermó, gana el mínimo, entonces paga el arriendo y queda en cero pesos. Con su marido comen, pero como ella se enfermó y no le han pagado licencia en el Compin, tuvieron que pagar el arriendo y no tenían para comer, nada para darle a los cabros. Esa es la realidad de la gente”, comenta Triviño.</p><p>En esta comuna, el arriendo de una habitación puede costar $150.000 y el de una casa difícilmente baja de los $300.000. Por eso las opciones de arriendo son muy bajas para los vecinos del sector: entre pagar un arriendo, ahorrar para una vivienda propia y definitiva y costear los gastos de vida, se quedan sin nada.</p><p>El Centro de Estudios Públicos (CEP) reveló en 2019 que el costo del suelo en la Región Metropolitana aumentó en un 106% durante la última década. Ese mismo año, la consultora Arenas y Cayo, aseguró que el valor del m2 de departamentos en la ciudad de Santiago es el más alto, comparado con el resto de Latinoamérica.</p><p>En la misma comuna de Conchalí, el valor del m2 ha aumentado en casi 50% en los últimos tres años, subiendo de 38,4 UF a 54,9 repercutiendo directamente en el costo de arriendo y, sobre todo, en la compra.</p><p>En una de las conclusiones del estudio realizado por la CChC dice: “Si hace 15 años una familia promedio necesitaba 8,8 años de ingresos para comprar una vivienda promedio, ahora necesita 16 años de ingresos para comprar la misma vivienda”.</p><p>Al respecto, Paulina Henoch, jefa del Centro de Estudios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, explica que la distinta metodología para realizar los estudios, según el perfil del ente, hace que vayan variando los resultado de cada organización.</p><p>“En el caso del Minvu, los datos oficiales son los de Casen y el Censo. La CChC también hace sus estudios, pero son muy distintos a los que hacemos acá. La metodología de ellos tiende a incorporar conceptos que nosotros tenemos en el análisis cualitativo. Por eso siempre sus datos son más altos que los otros”, señala.</p><p>Sin embargo, un estudio realizado por el centro de estudios Libertad y Desarrollo recalca que la metodología del gobierno se basa en el material del que está compuesta la vivienda, considerando como “irrecuperable” aquellas que han sido construidas con material ligero. “No se considera el grado de conservación de los muros de una vivienda para definir si es necesario su reemplazo. Por ejemplo, una vivienda de ladrillos pero con un estado de conservación irrecuperable no será parte del déficit habitacional de acuerdo a esta metodología”, dice el estudio.</p><p>También indica que, si bien el déficit disminuyó durante los ’90, aumentó drásticamente en la década siguiente, ya que no se consideró el estado de conservación de las propiedades, por lo que la metodología no alcanzó a considerar el deterioro de la calidad de las viviendas, dejando afuera una variable importante. En otras palabras, existe una cifra negra que contempla los hogares con condiciones básicas para vivir.</p><p><strong>El campamento de Giovanna</strong></p><p>En el límite entre las comunas de Pedro Aguirre Cerda y Estación Central, a pocos metros del mercado de Lo Valledor, se encuentra la Maestranza de San Eugenio. Esta conocida estación ferroviaria fue declarada Monumento Histórico en 2007 y esconde un sinfín de historias familiares de campamento que son el contraste de las mejores postales de trenes en nuestro país.</p><p>Según el Monitor de Campamentos de Techo, en esta zona vivían más de 32 familias que no tenían vivienda. Pero al comprobar en terreno la presencia de habitantes en el lugar, no hay más de dos familias que continúan morando en este sector.</p><p>“Al resto de las personas las echaron los Carabineros. Ya no queda casi nadie acá”, comenta la nueva guardia que cuida las dependencias de la empresa EFE (Empresa Ferrocarril del Estado), propietaria del terreno.</p><p>Giovanna Fernández (26) se niega a dejar su hogar. Junto a su pequeña hija Antonella, de apenas un año, son las últimas habitantes de la Maestranza. Llevan ahí instaladas ocho meses en una vivienda improvisada: un campamento armado con cartón, madera, nylon, plástico y cualquier otro elemento que ayude a aislar las altas -o bajas- temperaturas. Y ahí estarán hasta que les surja un lugar para vivir junto a Andrés, su pareja y padre de la niña.</p><p>“Todo esto era peladero, un basural gigante donde la gente venía a botar basura y mi pareja dijo: ‘Tengamos esto por último para tener algo estable para el invierno y para el verano’. Así que se construyó este campamento pidiendo tablas por todos lados, movilizándose”, recuerda la joven madre mientras le lanza agua a su hija con un rociador.</p><p>El campamento en que vive Giovanna es uno de los 802 que registró el Catastro Nacional de Campamentos MINVU 2019, mostrando un aumento en relación a las cifras que se manejaban en 2011, cuando estos “hogares improvisados” llegaron a 657 a nivel nacional. Es decir, la de Giovanna es una de las 47 mil familias que están en situación de campamento, de acuerdo a los registros oficiales.</p><p>Según una encuesta realizada por la Fundación Techo, el 60% de quienes viven en estas condiciones lo hace a raíz de los altos costos de la vivienda. El estudio revela que en promedio el ingreso mensual de los hogares, antes de vivir en un campamento, era de $336.000 y al menos el 40% era destinado a pagar arriendo.</p><p>La pieza de Giovanna está a menos de dos metros de la cocina, el living y el comedor. No tienen agua. La luz llega a través de una ampolleta que está conectada a una serie de cables que cuelgan del techo y que terminan en una luminaria pública en la calle. Las duchas consisten en baldes que son llenados con las mangueras que riegan el césped de una plaza aledaña.</p><p>“No es primera vez que vivo en un campamento. Cuando era más chica, con una ex pareja que tenía, también vivimos en un campamento. Mi ex suegra tenía siete hijos y no la podían echar con los hijos a la calle”, cuenta Giovanna.</p><p>Llevaban cerca de tres años viviendo en casa de su suegra, pero los problemas de convivencia le hicieron buscar un nuevo lugar para vivir con su familia. La primera opción era llegar al hogar de su madre en Buin, pero finalmente decidieron levantar su propia casa muy cerca del canal Zanjón de la Aguada. Nunca pensó en tener su propia casa, menos antes del nacimiento de su hija. Ahora debe esperar un año como mínimo para tener la antigüedad de ahorro que exige la postulación al subsidio, pero sin empleo y con su pareja trabajando a trato, el ahorro es cada vez más difícil.</p><p>Ivo Gasic, doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, considera que la creación de nuevos campamentos y la toma de terrenos es una culpa compartida, tanto del Estado como de los privados. “El precio del suelo genera que las familias tengan que tomarse los terrenos. Eso es así porque al Estado, por los subsidios que tiene, no le alcanza para postular a terrenos. Por eso las familias se los toman e incluso viven ahí porque no tienen plata para comprarlos, es así de simple. Y el aumento de déficit habitacional se explica, en parte, también por el factor suelo. Porque no es solo que sea más cara la construcción, sino que el Estado no está comprando el terreno en que las familias se quieren relocalizar”, explica.</p><p>Giovanna vuelve a mirar a su hija que juega con una silla de metal que recogió de la calle recientemente. Y retoma sobre su opción de encontrar un mejor lugar donde vivir: “Quiero postular a una vivienda. Especialmente por ella (su hija) para que tenga donde vivir y no se vaya a ninguna parte”.</p><p><strong>La casa no es para todos</strong></p><p>En la comuna de Peñalolén, específicamente en la población Lo Hermida, vive Santiago Castillo (25), quien hasta hace poco vivía en una pieza por la que pagaba $140.000.</p><p>Como dirigente del comité Luchadores de Lo Hermida, una de sus principales preocupaciones es quedarse en su comuna, donde están sus amigos y familiares, sus redes de apoyo. Este sentimiento es compartido por las 1500 familias que conforman esta agrupación, donde la mayoría son mujeres con hijos. Por eso es que la postulación a través del subsidio colectivo es la mejor oportunidad, ya que les permite postular en comunidad para desarrollar un proyecto a su medida. Pero el gran tope es la obtención de un terreno, ya que las municipalidades generalmente no tienen, así que los comités deben salir a buscar propiedades privadas que puedan comprar.</p><p>La Municipalidad solo posee un terreno disponible para viviendas sociales. De esta manera el resto de los 150 comités que se han organizado en la comuna, deben salir a buscar terrenos de propiedad privada en el que construir.</p><p>En una comuna como esta, que posee al menos 9000 m2 de terreno público, no es difícil encontrarlo. El conflicto radica en la adquisición que debe ser costeada por la municipalidad o el Serviu, sin embargo ninguna dispone de los recursos.</p><p>Esto es lo que sucede con el comité Luchadores de Lo Hermida, uno de los tres más grandes de la comuna. En sus dos años de existencia, han logrado encontrar un espacio en que podrían construir viviendas para gran parte de sus miembros, pero el costo escapa del presupuesto fiscal.</p><p>Se trata de una subdivisión de 135.000 m2 que corresponde a parte de la Viña Cousiño, donde existen plantaciones de parra, pero el m2 cuesta 15 UF, es decir, casi cuatro veces más de lo que paga Serviu (4 UF por m2). Considerando que en la comuna el costo promedio es de 64 UF por m2, la brecha parece insalvable.</p><p>Ivo Gasic señala que una de las causas del descontrol de los precios en los terrenos es el aumento de ingresos en la población, ya que los propietarios cobran más por los terrenos, absorbiendo los ahorros de los hogares. “El mercado inmobiliario se regula a sí mismo de acuerdo a los precios que los privados (inmobiliarias, dueños de inmuebles) disponen para los terrenos, en razón de la ganancia que se puede obtener, generando dinámicas que dejan al resto sin acceso a suelo”, dice.</p><p>El escenario podría seguir sin que el Estado intervenga. “Siempre va a ser así. No hay ninguna traba en Chile para eso. No estoy diciendo que el Estado lo fomenta, pero no tiene la espalda ni la voluntad para hacer algo. Es más chico que el mercado”, analiza el urbanista.</p><p>Es tal la diferencia que existe entre el Estado y el mercado que el Minvu encargó en 2014 un estudio al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica para despejar si un aumento en los subsidios de viviendas lograría ayudar a equilibrar la balanza en lo que respecta a la compra de terrenos. Pero el estudio arrojó que el aumento del monto del subsidio tendería a traspasarse al precio del suelo (subiría el precio), destacando, además, que el mercado privilegia la asignación de suelos a los “mejores pagadores”.</p><p>En el caso de Peñalolén, los mejores postores son las inmobiliarias que actualmente construyen departamentos en loteos que se han vendido de la Viña Cousiño y según los proyectos revisados en la zona, estos podrían costar al menos 7.000 UF.</p><p>Santiago y los miembros de comité piden que Serviu interceda en la compra de terrenos. “El 18 de junio (2019) tuvimos la reunión en el ex Congreso Nacional con Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda, y entre los acuerdos que tomamos está uno que es el más importante para nosotros: que se compre un terreno este año en Peñalolén. Propusimos el terreno de Vespucio 4.100, que está al lado de las cocheras del metro entre Las Torres y Quilín. Es un terreno que tiene muy buena ubicación y que también vale como lo mismo que los otros (15 UF/m2), pero como era de esperarse, Serviu ya se está corriendo con el acuerdo”, dice Santiago.</p><p>Según datos recogidos por el Boletín del Mercado de Suelo Urbano del Gran Santiago, en comunas como Cerrillos, Lo Espejo y Pudahuel, el precio del metro cuadrado se disparó pasando de 1,74 y 4 UF/m2 en 2010, llegando en el 2019 a un promedio de 72,5 UF/m2.</p><p>La encargada del área de vivienda de Cerrillos, Silvia Sepúlveda, comenta al respecto: “Si hoy día un comité encuentra un terreno que está desocupado, lo lleva al Serviu y el Serviu es quien lo evalúa porque son ellos quienes lo compran, no el municipio. Lo que pasa es que el municipio no va a poder comprar un terreno porque los costos son demasiado altos, yo no sé qué municipalidad podrá hacerlo, me imagino que Las Condes, Vitacura. A menos que el municipio se ganara el Loto y tuviera mucha plata y dijera ‘Ya, yo puedo comprarle este terreno a tal comité’, pero a la fecha no hay nada de eso”, dice.</p><p>Esta falta de recursos por parte del Estado hace que la búsqueda recaiga solamente en los comités y que las municipalidades queden en un segundo plano respecto a la adquisición de terrenos para los vecinos del sector.</p><p>Según datos de la Federación Nacional de Pobladores, Cerro Navia es una de las comunas con más familias a la espera de una vivienda, con 1.500 registradas. La encuesta Casen del año 2015 hace un zoom sobre esta comuna. evidenciando que hay hacinamiento en el 20% de la población, mientras que el 13% no tiene servicios básicos.</p><p>La encargada del Departamento de Vivienda y Urbanismo de la comuna, Carolina Beiroz, comenta que para este municipio es imposible pensar en la compra de un terreno o en gestionar un proyecto inmobiliario debido a la escasez de recursos que existe.</p><p>Además, los datos del Observatorio Fiscal reflejan que Cerro Navia cuenta con 143.328 mil pesos por cada habitante de la comuna, mientras que Vitacura cuenta con un presupuesto per cápita de 1 millón 136 mil pesos.</p><p>Tan complicada es la situación que el Departamento de Vivienda solo se encarga de trámites burocráticos y arreglar los techos de las casas de sus vecinos.</p><p>Al igual que en Cerro Navia, la comuna de Peñalolén continúa sufriendo la falta de terrenos públicos sumada a la poca ayuda que recibe de su municipio arrastra a las familias que no tienen un hogar a volver a la casa de sus padres, conllevando un aumentando en el hacinamiento. Santiago dice que son al menos 3000 las familias que están organizadas en comités, pero hay otras tantas que de forma independiente deben enfrentarse a los conflictos que alberga vivir en un lugar ajeno, donde nada es propio, donde incluso, hay hogares con dos o tres núcleos familiares conviviendo hasta que las condiciones digan lo contrario.</p><p><strong>Dos pintaninas y la paradoja de los sitios eriazos</strong></p><p>A principios de los 60´, los pobladores generaron un movimiento masivo de tomas de terreno que se replicó en muchas zonas de la capital. La Pintana no fue la excepción.</p><p>Inés Peralta (45) es una residente de la comuna y cuenta que sus padres fueron parte de los pobladores que llegaron a tomarse Santa Adriana, donde vivieron hasta que fueron desalojados y transportados en camiones por militares, quienes les dejaron como equipamiento “dos fonolas y una frazada”, según cuenta. Los movieron a lo que hoy es El Castillo, pero en ese entonces eran sitios -eriazos- agrícolas que no contaban con urbanización, alcantarillado ni tendido eléctrico.</p><p>La población subsistió gracias a la organización social, creando ollas comunes, sistemas de seguridad, comitivas de trabajo e incluso de cuidado de los niños.</p><p>Cerca de 10 años pasaron hasta que finalmente se urbanizó el sector a principios de los 70’, entregando cientos de viviendas y, de paso, ampliando el plano urbano. Los padres de Inés finalmente recibieron una casa en la población El Castillo en 1971, donde crecieron sus hijos.</p><p>Aunque sus progenitores tenían una vivienda propia, Inés nunca tuvo la oportunidad y cuando tenía 17 años, sus hermanos decidieron vender la casa familiar dejándola básicamente en la calle. Luego, embarazada, se fue a vivir a la casa de sus suegros, quienes les entregaron un antiguo taller mecánico que se ubicaba en el antejardín de la propiedad. Allí habilitaron su “casa”.</p><p>Han pasado casi 25 años desde que comenzó a vivir como allegada. Contando a su marido, sus tres hijos, el hermano mayor discapacitado que tiene a su cargo y ella, actualmente son seis las personas que habitan la pequeña estructura de dos habitaciones que se levanta en el patio delantero.</p><p>“Quiero una casa en la comuna porque a mí no me alcanza para ahorrar. Vivo en la casa de mis suegros con ellos. Además, tengo un hermano discapacitado que gana la pensión mínima. Hay que pagar deudas, comer y vestirse. Tengo mi puesto en la feria, pero a veces gano una luca o nada. Si me va bien gano 10 lucas en un día, pero son excepciones. Entonces, prefiero gastar la plata en la micro de mi hija cuando va a estudiar que ahorrar para comprar una casa. Aparte tengo que comprar los pañales y las cremas de mi hermano. Así es la realidad de las familias que viven acá”, cuenta Inés.</p><p>En 2018 se integró al Comité de Vivienda Fuerza y Esperanza, que lleva cuatro años luchando por un terreno donde construir un proyecto inmobiliario de mil viviendas, es decir, casi un cuarto de las 4.680 casas que faltan para cubrir la necesidad inmobiliaria de su comuna que afecta a más de mil familias, según asegura la Coordinadora de Allegados de La Pintana. El espacio al que aspira este comité es el que está en La Platina, un terreno eriazo de más de 2.400.000 m2 que se ubica al frente de los terrenos del campus universitario Antumapu, perteneciente a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile.</p><p>Según José Antonio Hidalgo, vocero de esta coordinadora, entidad encargada de velar por más de 1.800 familias que buscan una vivienda digna donde vivir, este gran espacio llevaba décadas sin ser utilizado. Cuenta incluso que en 1999 el Serviu Metropolitano junto al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), pretendieron transformar este fundo en un zoológico, pero nunca se logró concretar un acuerdo para desarrollar el proyecto que finalmente se desestimó. Luego, el terreno pasó al olvido para el municipio.</p><p>Pese a ello, la coordinadora ha pasado más de cinco años disputando este paño de terreno para que se transforme en próximas viviendas sociales que ayuden a disminuir el déficit habitacional que afecta en la comuna.</p><p>La demora en la tramitación se generó en las oficinas del ex seremi metropolitano, Aldo Ramaciotti. Dos años se demoró el cambio de uso de suelo que permitía darle un destino habitacional al sector que estaba destinado a ser área verde. Miembros de la coordinadora hicieron presión sobre Ramaciotti, quien envió la documentación al pleno de consejeros regionales, quienes debían aprobar o no el cambio de uso de suelo, que fue aprobado en menos de cuatro meses.</p><p>La tragedia vino cuando el actual Seremi, Boris Golppi, presentó un estudio de impacto ambiental que no cumplía con los requisitos para recibir la aprobación del Consejo Regional Metropolitano (Plenario de consejeros regionales) obligando al Serviu a realizar un nuevo concurso (publicado en el Diario Oficial el día 31 de julio de 2018) para realizar dicho estudio, que debía ser entregado en febrero del año 2019.</p><p>Los vecinos de La Platina tuvieron que esperar hasta abril para ver los resultados que garantizaban las condiciones básicas para establecer instrumentos urbanos para que una comunidad pueda vivir ahí, y el atraso significó un gran contratiempo para la continuidad del proyecto.</p><p>Finalmente, el 27 de junio de 2018, el Consejo Regional Metropolitano decidió aprobar el cambio de uso de suelo del sector, lo que permitiría que se pudiera utilizar este terreno para la construcción de viviendas. Debió iniciar durante 2019, aunque finalmente la construcción podría comenzar recién en 2021.</p><p>A diferencia de María Angélica Gaminao (42), vecina de La Pintana que esperaba recibir su casa en el mismo sector, Inés obtuvo el beneficio gracias a los concursos realizados por el comité al que pertenece y por el desarrollo de los proyectos que justamente se destinaron hacia la zona donde vive.</p><p>Para María Angélica, la falta de una vivienda ha sido un problema, especialmente después de separarse hace tres años, ya que desde entonces vive con sus tres hijos en la casa de sus padres. “Ha sido difícil no tener un hogar porque sé que molesto en la casa de mis papás. No puedo recibir visitas y cuando el papá (de los hijos) está de buenas y quiere ir a ver a los niños, tampoco lo puedo recibir porque no lo quieren ver. Entonces, de repente no hallo qué hacer, me siento atrapada”, dice.</p><p>Solía trabajar en una tienda de zapatos, ganando un sueldo que bordeaba los $600.000, pero al embarazarse fue despedida recibiendo únicamente el dinero de sus vacaciones. Poco más tarde, su hijo menor, de tres años, fue diagnosticado con autismo y desde entonces vende en las ferias libres para poder compatibilizar el cuidado familiar con las terapias que necesita el pequeño.</p><p>María Angélica e Inés son parte de los miles de pintaninos que aún no logran tener casas propias para salir del hacinamiento. Paradójicamente, la gran cantidad de terrenos eriazos que se encuentran en la comuna no pueden ser utilizados en primera instancia para viviendas sociales. La mayoría de ellos están restringidos por el tipo de uso de suelo que los planos reguladores le otorgan al sector. Y el cambio de uso de suelo en un terreno es un proceso que puede tardar años.</p><p>Según los datos obtenidos vía Ley de Transparencia, la Municipalidad de La Pintana no cuenta con terrenos públicos disponibles y tampoco cuenta en la actualidad con paños que se hayan destinado para viviendas sociales, aunque es considerada como la comuna con mayores sitios eriazos en la región, contando con 36.780.000 mts2. (367,8 hectáreas), según indica un estudio de 2015 elaborado por Atisba Monitor, oficina de urbanismo del arquitecto Iván Poduje.</p><p><strong>La Construcción de un proyecto de ley y los errores de una mala política habitacional</strong></p><p>“El Ministerio de Vivienda tiene como principal obligación disminuir el déficit habitacional y la principal política habitacional es entregar viviendas en propiedad”. Así inició el ministro Cristián Monckeberg el anuncio de la modernización del subsidio de arriendo, el cual, aumentaría el monto en un 31,8%, pasando de $90.000 a $118.000 con un tope de $311.212 para el valor total del arriendo. Éste proyecto busca beneficiar a jóvenes parejas, pero sobre todo, a adultos mayores.</p><p>A fines del 2018, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de ley de Integración Social y Urbana, que busca compensar la poca intervención del Estado en el mercado inmobiliario a través de la gestión de privados para construir viviendas, por medio de tres ejes centrales.</p><p>La primera parte hace énfasis en agregar el concepto “integración social” en varios cuerpos normativos relacionados a la creación de viviendas sociales en el país y el cambio de nombre de Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a Ministerio de la Ciudad, Vivienda y de Territorio. Esta parte del proyecto de ley fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados (94 votos a favor, 22 en contra y 12 abstenciones) el 14 de agosto de 2019.</p><p>En segundo lugar, se encuentra la modificación del artículo 28 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), que pretendía que el Estado concesionara terrenos públicos a empresas privadas -constructoras o inmobiliarias- con el acuerdo que estas construyeran y administraran el proyecto inmobiliario durante un periodo de 20 años. Luego de cumplir con el plazo establecido, la construcción pasaba a ser propiedad del Estado, sin embargo, se podía renovar el contrato con la entidad privada para su administración. Esta medida fue rechazada por cinco votos a favor, 73 en contra y 50 abstenciones en las votaciones.</p><p>La tercera y última parte del proyecto de ley establece beneficios normativos para las construcciones de edificios. Se pretendía que las edificaciones que cumplan con ciertos requisitos podrían pasar por alto algunas de las normas urbanísticas que rigen en las comunas (planos reguladores, por ejemplo) a cambios de generar “integración social”. El espíritu de esta propuesta es precisamente que las construcciones en sectores donde es imposible comprar un terreno por parte del Estado -debido al alto precio del terreno-, las empresas privadas que sí lo hagan puedan optar a beneficios normativos a cambio que un 20% de su construcción esté destinado a viviendas sociales. Esto también fue aprobado por los diputados, con 89 votos a favor, 34 en contra y 4 abstenciones.</p><p>El proyecto actualmente está en discusión en el Senado.</p><p>Durante el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet (2014–2018), en 2014, se promulgó la Ley N° 20.741, que modifica la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria creada con el fin de actualizar normas urbanísticas, referentes a la ley que desde 1997 regula la copropiedad inmobiliaria.</p><p>Entre los muchos puntos que se tocan y actualizan, la -nueva- ley que promulgó la entonces ministra de Vivienda Paulina Saball, contiene un artículo que dice lo siguiente:</p><p><strong>Artículo 3°</strong>.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N°2, de 1959, del Ministerio de Obras Públicas, sobre Plan Habitacional:</p><p>a) Agréganse en el artículo 1°, a continuación del inciso séptimo, los siguientes incisos octavo y noveno:</p><p>“El Reglamento Especial de Viviendas Económicas establecerá la categoría de “proyectos de viviendas integradas”, referida a proyectos que inducen o colaboran a mejorar los niveles de integración social urbana.</p><p>El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo podrá establecer <strong>beneficios de normas urbanísticas</strong> para dichos proyectos en lugares determinados, previa consulta a la municipalidad respectiva.”.</p><p>b) Agrégase en el inciso tercero del artículo 3°, a continuación de la expresión “edificada en cada grupo”, la frase “, salvo que dichos usos de suelo estén admitidos en el respectivo Plan Regulador Comunal, en cuyo caso no regirá la limitación de porcentaje”.</p><p>c) Reemplázase en el inciso primero del artículo 18 la expresión “para edificación de “vivienda económica”” por “de edificación que contemple “viviendas económicas””.</p><p>d) Elimínase el inciso segundo del artículo 19, pasando el actual inciso tercero a ser segundo.</p><p>El concepto de “beneficio normativo” nace a raíz de este artículo, pero su significado nunca fue definido. Posteriormente se introdujo en el proyecto de ley que envió el actual gobierno de Sebastián Piñera al Parlamento, como una herramienta para incentivar a las inmobiliarias a construir viviendas sociales a cambio de “ventajas” de edificación, de ésta forma las empresas privadas podrían comprar y construir proyectos habitacionales que tuvieran un porcentaje de viviendas destinadas a subsidios (para sector vulnerable y clase media) en sectores donde, por causa del mercado del suelo, el Estado no pudiera intervenir.</p><p>El arquitecto y diputado de Evopoli, Pablo Kast, que es el principal promotor de la ley, asegura que estos beneficios normativos que se estipulan en el texto son para la construcción de viviendas sociales y la generación de integración en estas. “Lo que hacen estos beneficios es premiar con una cantidad adicional de metros cuadrados, por ejemplo, a una inmobiliaria para que esta pueda construir, pero solamente en la medida en que esos metros cuadrados sean para viviendas sociales”, dice.</p><p>En ese sentido, el parlamentario entiende que estos incentivos son necesarios para que los agentes privados puedan promover la integración en sus construcciones hacia los subsidiados.</p><p>“Las constructoras siempre buscan aprovechar al máximo las casas que se puedan construir. Entonces, si uno les ofrece metros cuadrados y densidad a los privados, ahí realmente se puede generar la posibilidad de que estos generen viviendas de integración para las personas beneficiadas”, agrega Kast.</p><p>A juicio del diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social), presidente la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados, el uso de “beneficios normativos” es una estrategia del gobierno para aprovecharse del mencionado artículo 3, dándole la oportunidad a las inmobiliarias de no respetar el plan regulador. “Se trata de poder violar la norma a fin de hacer algo que sea útil para el país. Entonces dice que se le consultará al alcalde o a la municipalidad, pero de manera consultiva, así que lo que está estableciendo es una manera de pasar por encima del plan regulador”, comenta.</p><p>El parlamentario del Frente Amplio considera el plan regulador como la única forma democrática de construir, ya que es un acuerdo aprobado por el Consejo Municipal de la respectiva zona. Por tanto, los acuerdos que se pueden generar podrían ignorar las autoridades municipales.</p><p>“Muchas de las cosas que ellos creen que son buenas, yo también creo que son buenas, pero tienen que quedar establecidas, sino lo que estamos haciendo es quitarle poder a la regulación y entregárselos directamente al ministerio. Creo que la influencia del sector inmobiliario en los ministerios es demasiado grande para sacar a la gente de ahí. Yo quiero que la ciudad la construya la gente y no el ministerio en concomitancia con la inmobiliaria”, señala.</p><p>Por su parte, el diputado Kast defiende la ley bajo las buenas intenciones: “El resto, claro, es discutible, pero no era parte del corazón del proyecto, solo queríamos que se premiara en metros cuadrados y densidad para tener más viviendas sociales”.</p><p>Lo cierto es que este concepto no se ha definido aún y se sigue discutiendo el proyecto en la Cámara Alta del Congreso.</p><p>Sobre esto, Gonzalo Gazitúa, asesor legislativo del Minvu, explica que el proyecto busca recuperar la inversión que el Estado realiza en términos de conectividad (por ejemplo, construyendo líneas de metro) a través de la construcción de viviendas por parte de privados: “Esa ley estuvo pensada para llevar viviendas sociales a los buenos lugares de las ciudades, donde ya está el metro, hay parques, comercio y equipamiento; dónde estás integrado urbanamente. Es un lugar donde no necesitas mejorar, solo que no está habitado por personas con subsidios”.</p><p>Gazitúa explica que a través de esta ley es posible diseñar polígonos en lugares con ejes de movilidad que beneficien a los residentes del lugar, previa consulta municipal (que podría extenderse a la ciudadanía) donde se establecerán los requerimientos de la zona, por ejemplo, si se necesitan viviendas, sectores comerciales, etc.</p><p>Esa misma línea sigue el titular de la cartera de Vivienda, Cristián Monckeberg, quien añade precisamente que el proyecto de ley busca solucionar la problemática de la falta de terrenos a través de continuar la densificación de ciertas zonas para aprovechar la inversión pública.</p><p>“En estos tiempos, donde la escasez de suelo es un hecho, hemos puesto énfasis en densificar equilibradamente ciertas zonas que cuentan con atributos como localización y cercanía con servicios. Eso busca el proyecto de ley de integración Social y Urbana. Apuntamos al desarrollo de conjuntos habitacionales para familias de sectores medios y vulnerables. El objetivo es que en las áreas donde hay fuerte inversión estatal, sean espacios donde se pueda densificar de manera equilibrada e integrada socialmente”.</p><p>Otra problemática que también critica el diputado Winter, es que las familias que postulen por el D.S. 49 (subsidio colectivo o por comités) podrían no encontrar lugar cuando se trate de edificios de integración que realicen las inmobiliarias, ya que serían éstas quienes establezcan las normas.</p><p>“El conflicto que está por detrás es que la constructora pondrá las normas. El porcentaje que está destinado a viviendas sociales será destinado solo a las familias que posean subsidios individuales, se colocará todo el énfasis en eso. Entonces, el subsidio que es por comité, el colectivo, el que permite generar comunidad, muere. Por lo tanto, es el fin del movimiento de pobladores”, dice.</p><p>Gazitúa también se refiere a la intención de la ley respecto a las postulaciones colectivas: “Que uno contemple buenos mecanismos o nuevos mecanismos para el desarrollo de ese tipo de proyecto no mata el presupuesto del D.S. 49 (colectivo). Este subsidio tiene una línea presupuestaria con mucha plata y la sigue teniendo, pero en ningún momento el Minvu tiene la decisión de decir: ‘Vamos a matar el 49’ y que todos deban postular de manera individual, no dice eso. En el proyecto nunca se mencionó que queríamos eliminar ese tipo de postulación y quedó instalado por el miedo a que el ministerio promoviera mucho la postulación individual y dejará de lado la colectiva”.</p><p><strong>Políticas de vivienda</strong></p><p>En pleno centro de Santiago se encuentran las oficinas de la Coordinadora Metropolitana de Pobladores, presidida por Gianina Jara. Un organismo que en sus cuatro años de existencia se ha encargado de gestionar proyectos habitacionales para miles de familias en la Región Metropolitana y donde aseguran que “acceder a los proyectos no es fácil”.</p><p>Jara y su asesora, Carmen Saavedra, tienen experiencia en gestión social de viviendas y reconocen las falencias del sistema, en parte, por la extensa cantidad de tiempo y tramitaciones que deben efectuar para que tanto proyectos como terrenos sean aprobados por los distintos departamentos de Serviu. También está el mercado: “Optar a un proyecto de puras viviendas sociales es súper complicado porque son entre 10 y 15 años de espera, y el terreno tiene que calificar. Hoy, como es negocio redondo para las inmobiliarias, hay muchos terrenos que encuentras con uso de suelo agrícola. Haces un compromiso y cambias el uso de suelo, pero ellos borran este compromiso y prefieren vendérselo a privados que les pagan mucho más”, dice Jara.</p><p>El problema, aseguran ellas, está en las políticas habitacionales. Durante la década de los 90’, el Estado se convirtió en el principal actor en materia de viviendas, financiando dos tercios de la construcción inmobiliaria total, generando la mayor disminución histórica del déficit habitacional. Entre 1990 y 2002 se construyeron alrededor de 1.270.000 viviendas en todo el país, 1.084.700 de estas viviendas (85,4%) son soluciones habitacionales entregadas por el Minvu. Sin embargo, estas políticas se enfocaron en entregar a los privados la responsabilidad de satisfacer la demanda habitacional, tomando un rol subsidiario. Dentro de estas políticas, se incluyó también la eliminación de normas sobre límites urbanos, venta de suelo urbano en manos del Estado y la eliminación de impuestos y regulaciones a mercados inmobiliarios.</p><p>Para satisfacer la necesidad de vivienda, el Estado comenzó a financiar inmobiliarias privadas para la construcción de viviendas sociales mientras entregaba subsidios habitacionales a través de un sistema de <em>voucher</em>, que se canjeaban por propiedades (financiadas por el Estado). También construyó sitios urbanizados y equipados con servicios básicos que las familias pudieran seguir ampliando, las llamadas viviendas “progresivas”.</p><p>Durante este periodo, el déficit habitacional disminuyó notoriamente, ya que se habían construido muchas viviendas, pero había dinámicas de integración social o viabilidad que no estaban consideradas en la privatización del mercado urbano y se generó la segregación de la población más vulnerable hacia sectores periféricos de la ciudad, asentando a los pobladores en lugares que no estaban urbanizados, por lo que muchos beneficiarios devolvieron sus <em>voucher</em>. Como solución, el Estado entregó una segunda -y última- oportunidad para cambiarlo por otra vivienda disponible en el mercado.</p><p>Inés Peralta fue beneficiaria de uno de estos subsidios hace aproximadamente 23 años: “Me dijeron que las casas eran para Colina y fuimos con una prima a mirar. Las casas eran una cajita de cartón y tétrico, seco, feo, ni siquiera era un departamento. No cumplía las expectativas”.</p><p>El Observatorio Urbano elaboró un resumen de los proyectos habitacionales sociales realizados por Serviu. Estos indican que la construcción de viviendas sociales comenzó a disminuir a inicios de la década del 2000, cuando se redujo notablemente la construcción de conjuntos sociales en al menos dos mil proyectos cuando la estadística indicaba un déficit de más de 400 mil viviendas. Estas cifras no volvieron a aumentar de forma significativa. En los últimos cuatro años, Minvu solo ha realizado y concluido 263 proyectos habitacionales en Santiago de los cuales sólo 57 se desarrollaron en las cinco comunas más críticas: Puente Alto, con un déficit de 22.441 viviendas; Maipú, con 20.179; San Bernardo, con 19.339; Quilicura, con 18.424; y Pudahuel con 15.358.</p><p>Aunque la cantidad de viviendas construidas por el Minvu disminuyó considerablemente a partir de 2000, también se modificó el reglamento de construcción. Se dictó el Decreto Supremo 75 (DS 75) el 25 de mayo de 2001, modificando la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción de 1992. Entre las modificaciones se establecieron y especificaron equipamientos mínimos, por lo que las viviendas sociales deberían contar en adelante con servicios de agua potable, pavimentación específica para las necesidades de cada sector urbano, alcantarillado y electricidad tanto para la vivienda como para los alrededores.</p><p>A pesar de esto, desde la Coordinadora Metropolitana de Pobladores consideran que existen deficiencias que se han arrastrado por los últimos 40 años: “Todo pasa por las voluntades políticas y cómo se hacen las políticas habitacionales en Chile y eso está al debe. De todos los gobiernos, el único que hizo casa para los trabajadores fue el gobierno de la Unidad Popular, con terrenos que tenían patio donde se podía hacer vida de barrio, vida de familia, donde los niños podían jugar en el patio. Hoy día las casas no tienen mayor espacio”, comenta Saavedra.</p><p><strong>Minvu frente al déficit habitacional</strong></p><p>A partir de una solicitud de acceso a información pública, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó cuántas viviendas sociales han sido construidas durante los últimos cinco años en la Región Metropolitana y a cuántas familias han beneficiado. Según esos datos, entre 2015 y 2019 el total de beneficiados con la creación de viviendas sociales alcanzó las 20.623 familias<strong>.</strong> De esta cifra, sólo una cuarta parte pertenece a las comunas con mayor déficit habitacional: 1.853 en Quilicura;1.750 en Puente Alto; 1.260 en San Bernardo; 303 en Pudahuel; y 60 en Maipú.</p><p>Asimismo, entre 2015 y 2019 el Minvu ha realizado y concluido 326 proyectos habitacionales en la Región Metropolitana, entre los cuales sólo 71 se desarrollaron en las cinco comunas más críticas en términos de déficit habitacional de Santiago (Puente Alto 18; Maipú 2; San Bernardo 12; Quilicura 18; Pudahuel 21). Y se encuentran pendientes o en proceso 20 proyectos más en dichas zonas (Puente Alto 4; Maipú 2; San Bernardo 10; Quilicura 2; Pudahuel 2).</p><p>En la actualidad, el Minvu tiene en agenda alrededor de 118 proyectos en proceso. Fuera de eso, hay más de 11 mil familias que aún están a la espera de que se resuelva su situación habitacional.</p><p>Una de las soluciones del gobierno para paliar la crisis habitacional fue la creación del Decreto Supremo n°19 (año 2016) que permite la licitación de suelos fiscales, a inmobiliarias, con el compromiso de que un porcentaje de las viviendas que se construyan, sean dispuestas para subsidios habitacionales.</p><p>En la comuna de Cerrillos existen 14 terrenos sin uso, pero ninguno se ha destinado para la construcción de viviendas sociales, a pesar de que existe un déficit de más de 1.800 viviendas. En cambio, durante el año 2016 se dio inicio a un proyecto de integración que permite licitar los suelos correspondientes al ex aeródromo de la comuna, llamado Ciudad Parque Bicentenario.</p><p>Cuando el proyecto fue presentado, se dijo que en 2018 comenzaría con 2.300 viviendas destinadas a subsidios. Sin embargo, en 2017 se licitaron tres macrolotes, donde se construirán 290 viviendas para subsidios vulnerables y de clase media que sean residentes de la comuna, según los acuerdos a los que llegó en municipio con Serviu.</p><p>Al ser un proyecto de integración, la mitad de las viviendas construidas serán destinadas a beneficiarios de subsidios. El resto puede ser vendido de la forma en que el privado estime conveniente. Actualmente los departamentos son ofertados en precios que rondan las 6.000 UF.</p><p>Iván Poduje, arquitecto y magíster en Desarrollo Urbano de la Universidad Católica, apunta que existen más de 1000 hectáreas del fisco abandonadas y que no se entregan por celos constitucionales o para especular con ellas para poder generar lucro cuando el suelo aumente de precio.</p><p>“No se construyen por burocracia o porque no quieren entregar los terrenos. El grupo EFE (Empresa de Ferrocarriles del Estado) especula con los terrenos que tiene. El Ejército también tiene terrenos pero existen normas que impide que el Estado obligue a las Fuerzas Armadas a entregarlos. Hay que hacer cambios legales ahí para que no ocurra más. Pero eso es de la mayor urgencia: es impresentable tener más 150 mil familias sin casa y tener tantas hectáreas abandonadas”, dice el arquitecto.</p><p>Al respecto, Paulina Henoch, jefa del Centro de Estudios y Ciudad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, explica que el traspaso de terrenos entre entes fiscales no es tan sencillo y que poco a poco se le quita más atribuciones al Minvu.</p><p>“Con EFE, en 2019 se firmó un convenio para buscar un modelo de trabajo como traspaso de terrenos pero, lo que se ve, es que ellos tampoco quieren perjudicar su patrimonio. Entonces, claramente, si todo se ve desde un punto de vista económico, nadie construiría viviendas sociales, pues posiblemente las oficinas tendría mayor rentabilidad”, enfatiza la economista.</p><p>Siguiendo esa línea, la jefa del Centro de Estudios del Minvu revela que incluso el traspaso de terrenos con el Ministerio de Bienes Nacionales se ha visto condicionado en el último año, complicado aún más las labores para el ministerio.</p><p>“No es tan fácil el traspaso de terrenos. De hecho, en algún momento el traspaso de estos del Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) hacia el Minvu era gratuito, ahora no. Nosotros debemos pagar. Si queremos un espacio en Antofagasta que nos interesa, pero es del MBN, se los tenemos que pagar”, explica la economista.</p><p>En ese sentido, Poduje cuestiona el rol de los legisladores y emplaza a que deberían crear una ley que permita a las entidades fiscales entregar sus suelos. “Esa ley no existe hoy y hay que aplicarla a la Fuerza Armada, a las entidades públicas”.</p><p>Por vía transparencia se solicitaron los terrenos fiscales que fueron cedidos a las FFAA como Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF) y que se encuentren en la Región Metropolitana. Por parte del Ejército de Chile hay más de 369.397.290 m2 que el fisco le ha entregado a esta entidad. En el caso de la Armada, se le ha proporcionado 186.500.000 m2 y, por último, la Fuerza Aérea ha recibido más de 432.170 ‬m2, dando como total alrededor de 556.329.460 de metros cuadrados de territorio, lo que equivaldría a 55 mil hectáreas que las FFAA tienen solo en la Región Metropolitana. Cabe recordar que para solventar el déficit habitacional de Santiago hacen falta sólo 540.000 m2 (54 hectáreas).</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b1ac736d944e" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Piñera en Harvard]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Aranka]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 20:45:48 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-07-07T20:45:48.459Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Por Fernanda Valedenegro y Aranka Paillao</em></p><iframe src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fw.soundcloud.com%2Fplayer%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fapi.soundcloud.com%252Ftracks%252F332150439%26show_artwork%3Dtrue&amp;url=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Faranka-y-punto%2Farriba-los-corazones&amp;image=http%3A%2F%2Fa1.sndcdn.com%2Fimages%2Ffb_placeholder.png%3F1499342657&amp;key=a19fcc184b9711e1b4764040d3dc5c07&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=soundcloud" width="800" height="166" frameborder="0" scrolling="no"><a href="https://medium.com/media/9555cf204f53dcd2e0a0973b7f41d08d/href">https://medium.com/media/9555cf204f53dcd2e0a0973b7f41d08d/href</a></iframe><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/844/1*UTVZQseNUR7FrYnJ8B_YEw.jpeg" /></figure><p>Sebastián Piñera, presidente de Chile entre 2010 y 2014. Su formación académica la desarrolló alternando en dos colegios : Colegio del Verbo Divino y Colegio Saint Boniface, ambos católicos. Posteriormente ingresó a la facultad de economía de la Pontificia Universidad Católica donde se graduó como ingeniero comercial el año 1971.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/512/1*XYQkiOH1piBfyemXKjaTpg.jpeg" /></figure><p>En el año 1973 ingresó a la Universidad de Harvard, a seguir un programa de posgrado en Economía.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*T5cMt1Upr9Z51f18n1iIEg.jpeg" /></figure><p>El día 11 de Septiembre de 1973, mientras en Chile se llevaba a cabo un golpe de Estado, el ex presidente asistía a una clase dictada por Kenneth Arrow. Según cuenta James S. Henry, en su columna en la revista Forbes (2011) compañero de Piñera en ese periodo, este se habría enterado de <br>la noticia celebrándolo, con comentarios como: “ganamos” compartiendo su felicidad con el profesor y otros economistas.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*RAdtvWh1k-p6DNhHd53iyw.jpeg" /></figure><p>Para la campaña presidencial del 2005 Sebastián Piñera quiso resaltar su curriculum académico, específicamente su paso por la universidad estadounidense. Fue entonces cuando el entonces candidato presidencial, mintió para enriquecer su currículum. Ahí señaló que además de alumno, fue profesor de la prestigiosa universidad y que se graduó con honores máximos . <br>Finalmente, el error fue descubierto a fines de 2005, por un académico de Harvard y Piñera debió modificar su currículum, el que incluso exhibía en la página web de su campaña.<br>El hecho fue aclarado por su hija Magdalena, revelando que el cargo ocupado fue de teaching fellow y que con honores se refería a sus excelentes calificaciones.</p><p><em>Piñera </em><a href="https://prezi.com/p/ed7za6xtbcyh/"><em>alumno</em></a></p><p><em>Piñera </em><a href="https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1jaUIEk56c_BgHWN0aXFIdde-fppAjmpB4PtTWlgNVUo&amp;font=Default&amp;lang=en&amp;initial_zoom=2&amp;height=650"><em>universitario</em></a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f148d2e22e7d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
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            <title><![CDATA[Sebastian Piñera en Harvard]]></title>
            <link>https://medium.com/@ara_aranka/sebastian-pi%C3%B1era-en-harvard-16ac4ef76875?source=rss-810c096aa395------2</link>
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            <dc:creator><![CDATA[Aranka]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 27 Jun 2017 05:43:15 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-06-27T05:43:15.794Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Por: Fernanda Valdenegro y Aranka Paillao</p><p>Sebastián Piñera estudió en la facultad de economía de la Pontificia Universidad Católica donde se graduó como ingeniero comercial el año 1971. Posteriormente, en 1973 -hasta 1976- obtuvo la beca Fulbright y estudió en la Universidad de Harvard, donde obtuvo el grado de Doctor en Economía.<br>El día 11 de Septiembre de 1973, mientras en Chile se llevaba a cabo un golpe de Estado, Piñera asistía a una clase dictada por Kenneth Arrow. Según James S. Henry -compañero de Piñera en ese periodo- en su columna en la revista Forbes (2011), este se habría enterado de la noticia celebrándolo, diciendo: “ganamos”, compartiendo su felicidad con el profesor y otros economistas. <br>Para la campaña presidencial de 2005, Piñera quiso resaltar su curriculum académico, señalando que fue profesor de la prestigiosa universidad y que se graduó con honores. El hecho fue aclarado por su hija Magdalena, revelando que el cargo ocupado fue de teaching fellow y que con honores se refería a sus excelentes calificaciones.</p><p>Accede aquí para ver <a href="https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1jaUIEk56c_BgHWN0aXFIdde-fppAjmpB4PtTWlgNVUo&amp;font=Default&amp;lang=en&amp;initial_zoom=2&amp;height=650">timeline</a></p><p>Accede aquí para ver <a href="https://prezi.com/p/ed7za6xtbcyh/">Prezi</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=16ac4ef76875" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
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            <title><![CDATA[La marca de Nolli]]></title>
            <link>https://medium.com/@ara_aranka/la-marca-de-nolli-e40a959cbc36?source=rss-810c096aa395------2</link>
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            <dc:creator><![CDATA[Aranka]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 03:07:15 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-04-12T03:07:15.418Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>La marca de Nolli</p><p>El 23 de marzo de 2011 Ítalo Nolli muere baleado por efectivos de la PDI, luego de ser perseguido por Santiago tras acribillar a dos funcionarios policiales. Este hecho destapó la increíble historia del Rambo chileno, quien no solo movía millonarias sumas de dinero por la venta de cobre robado, sino que también era dueño de un arsenal de explosivos y armas de alto calibre.</p><p>Con un amplio prontuario, la vida y muerte de este ex mercenario se transformó en un hito en la historia policial nacional.</p><p><a href="https://uploads.knightlab.com/storymapjs/ca481d8486651274e7f74cbbfa67893e/italo-nolli/index.html">Así </a>se desarrolló la fatal jornada</p><p><a href="https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1MF363fbN29TjERY5J4ShIxliqi4vQhs3v7TVYDZiCWE&amp;font=Default&amp;lang=en&amp;initial_zoom=2&amp;height=650">Así </a>fue su vida</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e40a959cbc36" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
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            <title><![CDATA[Mayra Feddersen sobre ley de inmigración: “El sistema no está considerado para poder dar una…]]></title>
            <link>https://medium.com/@ara_aranka/mayra-feddersen-sobre-ley-de-inmigraci%C3%B3n-el-sistema-no-est%C3%A1-considerado-para-poder-dar-una-atenci-fe32eaadb093?source=rss-810c096aa395------2</link>
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            <dc:creator><![CDATA[Aranka]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 19 Oct 2015 01:45:34 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2015-10-19T01:45:34.418Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Mayra Feddersen sobre ley de inmigración: “El sistema no está considerado para poder dar una atención digna y expedita a los migrantes”</h3><p><strong>La ley de migración tiene cuarenta años de existencia, es la más antigua de América Latina</strong></p><p>La actual ley de migración ha sido cuestionada debido a su estructura y antigüedad, lo que crea conflictos para los inmigrantes al ingresar al país e incluso acceder a los beneficios necesarios para la subsistencia, por lo que la creación de una nueva ley es apoyada debido a la desactualización de ésta y la incrementación en el ingreso de inmigrantes. Rodrigo Sandoval, jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración admitió la importancia de una nueva ley, además se comprometió a presentar al parlamento el nuevo proyecto dentro de este periodo legislativo.</p><p>Mayra Feddersen, abogada doctorada en la Universidad de California, especializada en Derechos Humanos y actual asesora del DEM. Se refirió a temas como falencias que encierra la ley, la importancia de cambiar las normativa que evitan que Chile se aliste de la mejor manera frente al alza en el índice de inmigrantes. Además de la cobertura que tiene frente a situaciones que puedan enfrentar los inmigrantes incluyendo las opciones de empleo, muchos de éstos son los que chilenos no quieren llevar a cabo. Menciona también el escenario demográfico que enfrenta Chile actualmente y la proyección de una sociedad donde se tienen menos hijos, lo que evita la competencia directa en el ámbito laboral ya que los trabajadores chilenos no alcanzarían a cumplir los cupos existentes.</p><p>Las campañas de integración impulsadas por el DEM dejan en claro que la migración dejó de considerarse un atributo del Estado y se concibe como la plena libertad de la persona, por lo que no puede ser entendido como una amenaza según explicó Rodrigo Sandoval, en el marco del seminario de “Inclusión Social y Migración en Chile” realizado en agosto del presente año.</p><iframe src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fw.soundcloud.com%2Fplayer%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fapi.soundcloud.com%252Ftracks%252F229027677%26show_artwork%3Dtrue&amp;url=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Faranka-y-punto%2Fmayra-feddersen-sobre-ley-de-migracion&amp;image=http%3A%2F%2Fa1.sndcdn.com%2Fimages%2Ffb_placeholder.png%3F1445034305&amp;key=d04bfffea46d4aeda930ec88cc64b87c&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=soundcloud" width="500" height="166" frameborder="0" scrolling="no"><a href="https://medium.com/media/9a95be39a2f18eaa9bcb77915466db0d/href">https://medium.com/media/9a95be39a2f18eaa9bcb77915466db0d/href</a></iframe><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=fe32eaadb093" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
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            <title><![CDATA[La lenta desaparición de los minuteros]]></title>
            <link>https://medium.com/@ara_aranka/la-lenta-muerte-de-los-minuteros-208097ee716f?source=rss-810c096aa395------2</link>
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            <dc:creator><![CDATA[Aranka]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 28 Sep 2015 08:45:47 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2015-09-28T08:52:07.341Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Luis Maldonado es unos de los dos últimos minuteros que quedan en Santiago, el otro batalla con problemas de salud.</strong></p><p>“<strong>Antiguamente en los años cuarenta, cincuenta llegaron a haber 5 mil fotógrafos, se les llamaron minuteros (…) hoy solamente quedan cinco o seis, a través del país”</strong>. Don Luis aprendió el oficio de su tío, de quien también heredó la cámara y el amor por lo que hace, es lo único que le impulsa a seguir ya que la fotografía es su única fuente de ingresos aunque estos sean mínimos.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*bYGFEL3RT1KagHRCExDOzQ.jpeg" /></figure><p>Nació en 1968, en Santiago, como hijo, nieto y sobrino de fotografos minuteros se relacionó desde niño con el mundo de la fotografía acompañando a su padre en las fiestas nortinas donde retrataban la algarabía reinante. Aprendió ayudando a sus familiares y a pesar de iniciarse con cámaras polaroid sentía que tenía una union con el cajón, una necesidad mutua los unía <strong>“era como un matrimonio en cierta manera, yo necesitaba a la maquina y ella me necesitaba a mi”</strong> comenta. Desde entonces nunca más se separó de ella y ha tenido que unirse también a la tecnología.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*BXFVDrMzSRzwYCwwfi2KHg.jpeg" /></figure><p>Mensualmente son alrededor de cinco fotografías de cajón que se hacen por un valor inferior al real ya que la gente no pagaría lo que vale. “<strong>Me encanta, lamentablemente el tiempo se ha encargado de ir enterrando de a poco este trabajo por la tecnología (…) ya no es como antes, ha cambiado no es un trabajo que sea rentable, es muy bonito hacerlo pero no es rentable”</strong> integró una cámara digital que conecta a una impresora pequeña donde imprime las fotos en color que es la parte más importante de su solvencia económica, se demoran menos y son más baratas.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*3fg1TYfdYe039ibB4cWQnA.jpeg" /></figure><p>El año pasado realizó el proyecto de “La Legua en un cajón” en la que rescató aspectos culturales de su población y a raíz de esto surgió la intención del municipio por ayudar, sin embargo nunca se concretó. Hace no más de dos años obtuvo el permiso para trabajar en Plaza de Armas ya que es muy difícil obtenerlo y aunque se presentó al proyecto de patrimonio vivo no obtuvo nada, pero la verdadera angustia cae en la idea de ver cómo desaparecen sin que se haga algo por preservar ésta parte de la historia de Chile.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*Uh_5bm1HG54u696tiGZwxw.jpeg" /></figure><p>De su familia ya nadie se dedica a este arte porque ya no se puede vivir de ello, incluso su padre, el mayor promotor en su vida le pidió hace varios años que cambiara el rubro porque iba a morir de hambre, también ha tenido problemas con su esposa, especialmente cuando Plaza de Armas fue cerrada y tuvo que reubicarse en el Mercado Central, donde obtenía diariamente $2000 pesos, pero nada es suficiente para amainar el ánimo de Luis, quien estoico permanece en el optimismo de que llegue un golpe de suerte que cambie toda la situación.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*Y-qgWUb-WUidnvDkEn2z0A.jpeg" /></figure><p><strong>“Nadie es profeta en su tierra”</strong> dice mientras recuerda su paso por Venecia en el año 2003, en el festival Biennale del arte al que fue invitado por la fotógrafa Eugenia Vargas. La gente hacía filas para ser fotografiada mientras en Chile la importancia otorgada es mínima. <strong>“La gente te agradecía (…) eras importante, todos te querían grabar, todos querían tomarse fotos contigo, tu eras un personaje porque mantenías un oficio, un arte ya olvidado en el tiempo”. </strong>El tiempo ha cambiado y aunque envuelve a su sobrino de diez años en este mundo, ya casi se resigna a que la tradición muera.</p><p>Aranka Paillao</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=208097ee716f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Nuevamente se generan conflictos]]></title>
            <link>https://medium.com/@ara_aranka/nuevamente-se-generan-conflictos-f87a51ef6f75?source=rss-810c096aa395------2</link>
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            <dc:creator><![CDATA[Aranka]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 31 Aug 2015 08:32:10 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2015-08-31T08:32:10.808Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Nuevamente se generan conflictos</p><p><strong>Vecinos divididos por un terreno que no les pertenece</strong></p><p>La discusión sobre el destino de la propiedad ha generado altercados y problemáticas que se han hecho personales.</p><p>Corría el año 2006 cuando el Señor Marcial Gonzales Vieras decidió poner una antena de teléfono en el sitio eriazo que compró en un remate efectuado por el INP algunos años antes. Esto originó la unión de los vecinos que vivían alrededor del sitio ubicado entre Gandarillas, Ernesto Alvear, Choapa y Coquimbo, en la comuna de Puente Alto, se opusieron tan fervorosamente que la construcción no se realizó. Sin embargo no fue la misma alianza que se provocó cuando el año 2014 el dueño del sitio lo vendió al colegio de la fundación Domingo Matte de Mesías el que construirá un kínder y pre kínder, una parte de la comunidad se ha opuesto a este proyecto exigiendo áreas verdes y un espacio para quienes residen en el sector.</p><p>Patricia Álvarez, secretaria del director del colegio Domingo Matte expresó <strong>“Ese sitio está hace mucho tiempo abandonado (…) fácil más de veinte años y es un sector que normalmente asaltaban a los alumnos, no solamente a nuestros alumnos, es un sector bastante solo ahí y… peligroso”</strong> este es el sentir de gran parte de la población que ha visto como en más de 70 años (desde la fundación de la población) el terreno ha servido para acumular grandes cantidades de basura y apoyan la noción de la creación de un jardín ya que escasean.</p><p><strong>El que llegó a revolver el gallinero</strong></p><p>En las rejas que puso la fundación para cercar, se ven letreros que piden “menos cemento, más alimento” y rayados en el piso donde exigen más parques. Por el costado, en la calle se ve un huerto pequeño con plantas medicinales, acelgas, un poco más alejado se ven los restos de los que fue una plantación de maíz, iniciativas propuestas y promovidas por Luis Romero, ex estudiante de la Escuela Agroecológica de Pirque. Él me cuenta cómo el basurero era limpiado por un vecino, al que le ofreció la idea de crear un huerto comunitario. Como no podían entrar ya que era un recinto privado, comenzaron a plantar alrededor, esto generó un cambio que mejoró la convivencia entre los vecinos, se crearon colectivos que se unieron a otros de diferentes poblaciones con los que hicieron charlas, talleres, grupos de circo y la finalidad de todo esto es crear un eco barrio <strong>“por ahora estamos apostando por los niños”.</strong></p><p>Don Pablo Donoso hacía clases de artes marciales en el año 1997, enseñaba en una esquina, donde siempre estaba sucio y la iniciativa de la limpieza comenzó con el lugar donde practicaban, pero esta se fue extendiendo a lo largo del sitio. Cuando Luis propuso plantar vegetales la comunidad comenzó a regar las plantas que antes él solo regaba, comenzó a pagarle a la gente para que le ayudara a mantener el espacio limpio y se logró.</p><p>La necesidad de espacios verdes en la zona se hizo evidente, por tanto la mejor opción es usar el “terreno baldío” para beneficio de la comunidad ya cansada del asfalto, sin embargo la junta de vecinos no apoyó la postura de la agrupación liderada por don Pablo y Luis que alimentó sus esperanzas con la idea de que existen alrededor de 1400 mts. de sitio perteneciente a la municipalidad pero había sido comprada de manera ilícita por parte del colegio.</p><p>La señora Luisa Pinto, presidenta de la junta de vecinos por catorce años, cree que la mejor ocupación sería la construcción del colegio “<strong>Nos va a subir la plusvalía de la probidad, nos va a dar una mejor calidad de vida también a todos, por qué? Porque ya no va a estar ese peladero, tu vas a poder transitar porque imagínate tenemos aquí mismo el consultorio, dos tres de la mañana que te vayas por aquí por Tocornal, cruces Coquimbo y Gandarilla, ya por lo menos hay seguridad porque está la construcción de la Escuela Matte”. </strong>La ocupación de un espacio privado no corresponde a las decisiones de su cargo y además existen prioridades para su comunidad, compuesta en su mayoría por adultos mayores, quienes tienen necesidades.</p><p>La contraposición de opiniones ha originado bastantes altercados entre ambos personajes, quienes lideran dos posturas que dividen a los habitantes de la zona.</p><p>Al acercarme a la oficina de bienes raíces en la Municipalidad de Puente Alto a pedir antecedentes de la propiedad, no figuran espacios que pertenezcan a la comunidad.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f87a51ef6f75" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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