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        <title><![CDATA[Stories by Gerardo Daniel Padilla on Medium]]></title>
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            <title>Stories by Gerardo Daniel Padilla on Medium</title>
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            <title><![CDATA[Titi me preguntó: ¿Y si tuviéramos una Carta Cultural Iberoamericana de mayor fuerza jurídica?]]></title>
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            <category><![CDATA[justicia]]></category>
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            <category><![CDATA[garantismo]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Gerardo Daniel Padilla]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:59:51 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-04T05:06:02.024Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*HJlZOnKr_Hu9Pnjrfu-2Fw.png" /></figure><p>La actualización de la <a href="https://oei.int/wp-content/uploads/2006/11/carta-cultural-iberoamericana.pdf">Carta Cultural Iberoamericana</a> abre una oportunidad que no debería leerse llanamente como una “puesta al día”. El verdadero desafío que nos ocupa, radica en la posibilidad de instalar en ella nuevas y mejores capacidades de garantía para la gente, en cómo hacer que los derechos culturales estén más protegidos en la región y cuenten, desde ahora, con mayores posibilidades de concreción y exigibilidad.</p><p>Me interesa profundizar pues, sobre ese <strong>garantismo</strong> de la Carta, como un asunto apalancador, un catalizador capaz de movilizar y producir una suerte de efecto dominó sobre todo lo demás.</p><p>La Carta Cultural Iberoamericana (CCI), dio ya en 2006 un paso gigantesco, al reconocer a los derechos culturales como derechos fundamentales, integrantes, interdependientes e indivisibles de los derechos humanos. A dicho estándar alcanzado, no se le puede conceder marcha atrás y es justo por ello que la noción de <strong>no-regresividad</strong>, debería de ser el gran margen que delimite con claridad el proceso que se impulsa por su actualización en el marco del 20° aniversario del instrumento.</p><p>En ese sentido, cabe advertir el tope competencial que versa en el <a href="https://oei.int/wp-content/uploads/2025/09/declaracion-xxii-conferencia-iberoamericana-de-cultura-es-2025.pdf">Mandato adoptado en septiembre de 2025 en la Reunión de Ministras y Ministros de Cultura</a> celebrada como parte de los muchos encuentros oficiales preparatorios de cara a la <a href="https://www.30cumbreiberoamericana.gob.es/">Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará en noviembre de 2026</a>, el cual habla únicamente de actualizar la Carta; no de transicionarla del plano declarativo al plano de la convencionalidad. Con todo, no quisiera dejar de mencionar (si se quiere, con cierta nostalgia por dicha decisión institucional), una apuesta de horizonte a la que no deberíamos dejar de mirar, no deberíamos de renunciar a ella tan fácilmente, al menos, claro está, no desde la sociedad civil:</p><p><strong>Siempre que la herramienta no tenga retrocesos, no sea regresiva respecto de su estadío actual y que los planteamientos por su progresividad sean evidentes, habría de valorarse el impulsar un proceso por su suscripción como instrumento de carácter vinculante, uno que nos permita seguirnos encontrando luego en torno a una agenda compartida de incidencia, impulsora de las respectivas ratificaciones por país.</strong></p><p>Un poco se trata de andar la vía (no políticamente sencilla, pero totalmente posible), que andan los pactos y tratados internacionales. Un caso está en el recorrido de la <a href="https://www.unesco.org/es/legal-affairs/unesco-universal-declaration-cultural-diversity">Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 2001</a> de la UNESCO, que devino después, en 2005, en la <a href="https://www.unesco.org/es/legal-affairs/convention-protection-and-promotion-diversity-cultural-expressions">Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales</a>, a la cual, cabe reiterar, la propia Carta Cultural Iberoamericana se reconoce directamente vinculada.</p><p>Avanzar en esta clave, además, no sería extraño para la Comunidad Iberoamericana de Naciones, que ya tiene experiencia en la adopción de instrumentos de tipo <em>hard-law.</em> Para muestra, está la <a href="https://oij.org/wp-content/uploads/2017/01/Convenci%C3%B3n.pdf">Convención Iberoamericana de Derechos de las Personas Jóvenes</a> o el <a href="https://oiss.org/convenio-multilateral/convenio-multilateral-iberoamericano-de-seguridad-social/">Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social</a>. Vale la pena, pues, <strong>no detener las aspiraciones sobre construir una propuesta de instrumento con mayor fuerza jurídica.</strong></p><p>Tampoco significa que quedarnos con una herramienta “blanda”, lapide los empeños que se vuelcan en torno a este imaginario. Aunque a recursos así, que suele ubicárseles en el orden del <em>soft-law</em>, no les acompaña plena coercitividad legal, estos poco a poco, han comenzado a tener impacto al interior de las arquitecturas institucionales de los Estados. En México, por ejemplo, lo hemos visto con la <a href="https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_sp.pdf">Declaración de Principios de Yogyakarta</a>, que sin ser un documento internacional de carácter vinculante han servido para orientar estándares en materia de identidad sexogenérica, expresión de género y no discriminación, incluso a nivel de la <a href="https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2024-12/IDENTIDAD-AUTODETERMINADA.pdf">Suprema Corte</a> y del sistema nacional de justicia.</p><p>La idea es, pues, que hacia la siguiente década, ya no nos estemos preguntando como ahora, qué estamos perdiendo al tener una Carta meramente declarativa.</p><p>No obstante, ante el evidente contexto de policrisis política que nos atraviesa, el avance de la ultraderecha en Latinoamérica y el saldo desolador que deja por donde pasa, más el debilitamiento a nivel regional de la vida democrática (todos factores que, por su conjunto, no se antojan en definitiva, favorables para los derechos humanos), hay muchas aristas de las que una Carta, sí que se puede agarrar.</p><p><strong>La primera sería</strong> acompañar la actualización de un nuevo Plan de Acción. La CCI ya ha tenido soportes, agendas programáticas y documentos de desarrollo de este estilo, en <a href="https://derechodelacultura.org/archivos/13579">2007</a> y <a href="https://oei.int/wp-content/uploads/2012/08/libro-ibero-web.pdf">2012</a>, por referir un par de ejemplos. Aunque, al revisitarlos, pareciera que muchos de sus postulados se trabajaron con la inercia de aquellas tendencias de política cultural del cierre del siglo XX, es decir, del discurso estadista unilateral de la economía y las industrias creativas. Hoy el contexto es otro. Un naciente plan de acción debería tener como centralidad precisamente a los derechos culturales y como transversalidad la igualdad sustantiva de género, al tiempo de incorporar otra serie de componentes vertebradores; quizá los mismos que nos convocan a este proceso de revisión participativa: interculturalidad, sostenibilidad común, bioculturalidad, democracia cultural, interseccionalidad, entre otros.</p><p><strong>Una segunda posibilidad</strong>, sería explorar la creación de un mecanismo adicional de evaluación entre países sobre derechos culturales, con informes nacionales, subregionales, intersectoriales y “sombra” sobre su implementación. Aprendiendo de lo ya existente en el Sistema Universal de Derechos Humanos, como los <a href="https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/upr/upr-home">Exámenes Periódicos Universales (EPU)</a>, buscando que los Estados tengan a bien informar a sus pares sobre el qué están haciendo, cuáles son sus avances, qué brechas persisten y qué compromisos asumirán.</p><p><strong>Un tercer punto tendría que ver con</strong> la gobernanza cultural efectiva. Como ocurre con el <a href="https://www.unesco.org/creativity/en/partners-and-networks/civil-society-organizations/civil-society-forum">Foro de la Sociedad Civil</a> ligado a la Convención de 2005 de la UNESCO, la Carta podría propiciar un mecanismo permanente de participación social, pero éste, más accesible y cercano a agentes y organizaciones de base, ya sea mediante un nuevo foro propio, o bien, robusteciendo, dotando de mayor apertura y favoreciendo la accesibilidad al <a href="https://congresoiberoamericanodecultura.org/">Congreso Iberoamericano de Cultura</a>.</p><p><strong>También valdría la pena</strong> reimaginar y revitalizar al O<a href="https://oibc.oei.es/inicio.html">bservatorio Iberoamericano de Cultura y Desarrollo</a>, otra instancia que deriva de las decisiones que colegia el espacio iberoamericano y que podría, bebiendo de la experiencia y considerando los trabajos de la <a href="https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-cultural-rights">Relatoría Especial en la esfera de los Derechos Culturales de la ONU</a>, así como de la <a href="https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/r/DESCA/default.asp">Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana (REDESCA)</a>, generar investigación y estudios sobre las brechas, desigualdades y asimetrías en las condiciones materiales existentes para el ejercicio libre y pleno de los derechos culturales.</p><p>Finalmente, es imprescindible tener siempre presente en esta apuesta el modelo establecido alrededor de la Comunidad Iberoamericana de Naciones; un sistema de cooperación que articula cumbres, secretarías, organismos sectoriales, programas, redes, espacios y reuniones preparatorias temáticas, como el <a href="https://www.30cumbreiberoamericana.gob.es/es/agenda/foro-iberoamericano-de-genero">Foro Iberoamericano de Género</a> que está por venir y al que sería oportuno acercar, cuando menos, las aspiraciones que en esta materia hemos ido colectivizando.</p><p>Importa también, recordar el lugar del que emana y, a su vez, que habilita la propia Carta: el <a href="https://segib.org/es/cooperacion-iberoamericana/cultura-y-desarrollo-sostenible/"><strong>Espacio Cultural Iberoamericano</strong></a>; hoy valdría el esfuerzo, más que nunca, tender puentes y vaivenes (usando el lenguaje de la SEGIB) entre éste espacio, el <a href="https://segib.org/es/cooperacion-iberoamericana/conocimiento/"><strong>Espacio Iberoamericano del Conocimiento</strong></a> y el <a href="https://segib.org/es/cooperacion-iberoamericana/cohesion-social/"><strong>Espacio Iberoamericano de Cohesión Social</strong></a>, siendo este último aquel que contempla las grandes medidas multilaterales para hacer frente a las brechas de desigualdad estructural que persisten en la región.</p><p>Ya tenemos claro que reconocer un derecho no se trata sólo de nombrarlo. Garantizarlo implica, sí, crear política pública para promoverlo; sí, generar normativa y legislación para instituirlo; pero también mecanismos para proteger su ejercicio, así como para viabilizar su defensa, empoderamiento jurídico, procuración, exigibilidad, reparación y aseguramiento de la no repetición del daño cuando este ha sido vulnerado.</p><p>Y es allí donde está una de las grandes oportunidades de esta actualización. La Carta puede ser ese punto de articulación entre políticas culturales y <strong>justiciabilidad de los derechos culturales.</strong></p><p>Si ya estamos reconociendo que el derecho a la cultura y el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad son parte integral de los derechos humanos, la Carta entonces no podría interpelar sólo al “sector cultura”, ni únicamente a la <a href="https://segib.org/">SEGIB</a>, a la <a href="https://oei.int/">OEI</a> y a los programas e iniciativas Iber. Tendría que abrir conversaciones y ser generadora de vasos comunicantes, por no ir más lejos, con la <a href="https://www.cumbrejudicial.org/">Cumbre Judicial Iberoamericana</a>, con la <a href="https://iberred.notariado.org/">Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional</a> o con la <a href="https://comjib.org/">Conferencia Iberoamericana de Ministros de Justicia (COMJIB)</a>, que esa, además, recordemos, es un órgano temático oficial de la cooperación iberoamericana. ¿Por qué hacerlo, por qué también mirar hacia allá? Porque justo allí es donde se juega la materia de la protección, de la mediación y de la justicia restaurativa y alternativa de todos los derechos humanos.</p><p>La reciente <a href="https://comjib.org/wp-content/uploads/2026/03/CIAJ_ES_Adoptado.pdf"><strong>Convención Iberoamericana de Acceso a la Justicia</strong></a>, adoptada este mismo año, hace apenas unos tres meses, muestra que el entorno iberoamericano, incluso en un contexto político tan complejo, donde la democracia y el multilateralismo han sufrido tanto, todavía puede producir herramientas jurídicas valiosas, de vanguardia, y consensuar voluntades hacia su adopción.</p><p>Con esa permeabilidad, mutabilidad y fuerza irradiante que caracteriza a la cultura, la Carta actualizada podría encauzar esfuerzos serios para identificar y desmontar las barreras y problemáticas que impiden ejercer y desplegar nuestros derechos culturales.</p><p>Ese debería ser, creo, el tamaño de la ambición. No actualizar la Carta tan sólo para decir mejor lo que hoy ya muy bien decimos, sino <strong>para hacer que los derechos culturales tengan fuerza real, aplicación práctica, más concurrencia, mayores condiciones infraestructurales determinantes y más posibilidades materiales de hacerlos valer y avanzar, de ser agenciados, exigidos, blindados y tutelados.</strong></p><p>Por: Gerardo Daniel Padilla</p><blockquote>Apuntes para el conversatorio “Derechos culturales, equidad e igualdad de género”, en el marco del proceso participativo de actualización de la CCI (Junio, 2026).</blockquote><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=cb15ceb36d9b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[El potencial papel de la cultura y las comunidades creativas para fortalecer los Derechos Humanos]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Gerardo Daniel Padilla]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 18:38:12 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-08-07T01:02:49.790Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3><strong>El potencial papel de la cultura y las comunidades creativas para fortalecer los derechos humanos y el acceso a la justicia en México</strong></h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*uCQiGB3qijvBppcK_Q2NmQ.jpeg" /><figcaption>Fotografía: “Beers&amp;Politics SLP”. Noche cultural en defensa del Derecho a la Ciudad. Clara Díaz Rodríguez. 2022.</figcaption></figure><p>Con los hallazgos del último Examen Periódico Universal (EPU)<a href="#_ftn1">[1]</a>, que hacia el cierre de este 2023 sostuvo México ante los grupos de trabajo intergubernamentales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, asoma la pertinencia de sumarse y contribuir a visibilizar, a través de la tremenda inventiva y capacidad diligente que suele caracterizar al sector cultural y a las comunidades creativas, una conversación que acumula hasta este punto, más de 15 años de experiencia en activismos y negociaciones incansables, históricamente abanderada, sí por algunos organismos de la cooperación, pero de forma más prominente todavía, por organizaciones mexicanas de la sociedad civil, así como por defensores, activistas, periodistas e investigadores que actúan en el territorio nacional; todo, reconociendo el desafío que el Estado Mexicano evidentemente sigue enfrentando para garantizar el derecho a la cultura y a propósito también de los comicios electorales por los que se renovarán, a partir de octubre de 2024, los periodos de gestión gubernamental locales, subnacionales y de nivel federal, tanto del poder ejecutivo como del legislativo.</p><p>Aunque siempre destacado por adherirse a los pactos y tratados internacionales de protección a los derechos humanos e incluso en algunos casos, por jugar un importante papel como promotor de los mismos frente al resto de naciones, nuestro país guarda una deuda desde el año 2009 con un instrumento en específico: el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC).</p><p>Haremos un recuento ahora sobre los esfuerzos públicos y civiles que se han llevado a cabo en busca de ratificarlo e iremos secuenciando un par de ideas fuerza en respuesta a algunas provocaciones, a fin de abreviar los alcances jurídicos con los que esta herramienta impactaría sobre nuestros sistemas nacionales de justicia restaurativa y alternativa, de procuración de derechos humanos y claro, de cultura.</p><p><strong>I.</strong> <strong>¿Qué importancia es la que adquieren los tratados internacionales en nuestro país?</strong></p><p>Hacia el año 2011, México consolidó la reforma constitucional más relevante de su historia moderna, con ella, los derechos humanos enunciados en tratados internacionales suscritos por el Estado, alcanzaron el mismo rango y nivel de jerarquía que los consagrados en la Carta Magna y en la totalidad de nuestro cuerpo legal; quedando asegurado incluso, el acatamiento y la exigibilidad de aquel instrumento que otorga una mayor protección a sus sujetos; lo cual, en otras palabras quiere decir que las personas, podemos invocar y respaldarnos del derecho que mejor nos proteja o favorezca, sin distinción de que se encuentre éste reconocido en la Constitución o incorporado en alguno de los tratados.</p><p>Con la reforma, también quedó asentada de manera explícita, la obligación de todas y cada una de las autoridades por promover, respetar, proteger y garantizar todos y cada uno de los derechos humanos, incluidos, por tanto, los culturales. Éste último componente, cabe destacar, ha ido marcando una especie de pauta sobre la finalidad de la política pública que las instituciones coordinan, para que sea ésta tendiente a desarrollar mejores entornos, capacidades y posibilidades para el ejercicio libre y pleno de los derechos humanos.</p><p><strong>II.</strong> <strong>¿Qué garantiza a la cultura como derecho en nuestro país?</strong></p><p>Aquí podríamos desagregar varias cosas, hagámoslo de lo macro a lo micro. Nuestro texto constitucional reconoce el Derecho de Acceso a la Cultura y los derechos culturales desde la reforma a su Artículo 4 del año 2009 y, por su alcance vinculante, como bien lo hemos establecido, estos se reafirman en virtud del Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, ratificado por México en 1981 y por el cual, se asegura el derecho de toda persona: a) participar en la vida cultural; b) gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones y, c) beneficiarse de los intereses morales y materiales que así le correspondan por razón de sus producciones artísticas, literarias o científicas.</p><p>Luego, con la promulgación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en el año 2017, quedó reconocido, por disposición de su Artículo 11°, el derecho de todas las personas a: acceder y disfrutar de bienes y servicios culturales, al conocimiento y a la información del patrimonio material e inmaterial de las culturas en el territorio nacional y de otras comunidades, pueblos y naciones; a elegir libremente una o más identidades culturales así como a pertenecer a una o más comunidades culturales; a participar de manera activa y creativa en la cultura; a disfrutar de las manifestaciones culturales que así se prefieran; a comunicarse y expresar ideas en cualquier lengua; a disfrutar de la protección de sus obras conforme a los derechos de autor; a utilizar tecnologías de la información y las comunicaciones y, a los demás que se sigan estableciendo en la Constitución, en otras leyes o, una vez más, en los tratados internacionales.</p><p>Tras la expedición de dicha norma general, podríamos más o menos concluir que arrancó (y continúa todavía), un proceso de actualización a las leyes culturales del orden subnacional, que en muchos casos ha motivado la sociedad civil, en vinculación con el Poder Legislativo de cada Estado.</p><p>Sin adentrarnos de momento en los textos que regulan la protección al patrimonio; la propiedad intelectual; los aranceles, impuestos y estímulos relacionados con gremios o subsectores artísticos específicos o, los ordenamientos sobre pueblos originarios y comunidades indígenas; son resultado de este proceso de actualización hasta el momento, cerca de 27 leyes estatales de cultura<a href="#_ftn2">[2]</a> que han avanzado (unas más que otras), en la fundamental tarea de reconocer los derechos culturales de habitantes y visitantes, algunas incluso, generando apuestas ambiciosas al asentar nuevos derechos de óptica local y regional, con sistemas y mecanismos asociados que contribuyen a favorecer su ejercicio en el territorio respectivo.</p><p>Ahora bien, para conseguir lo que la normativa cultural establece, las autoridades están obligadas, también por ley y disposición constitucional, a diseñar, presupuestar, concertar e instrumentar medidas para garantizar la cultura como bien público y favorecer su goce como derecho fundamental, mismas que deben ser explicitadas en documentos de interés general y carácter vinculante de planeación estratégica para el desarrollo sostenible. Desde finales de los ochenta para acá (o bien, de lo que fuera la figura del CONACULTA<a href="#_ftn3">[3]</a> al actual modelo ministerial para la cultura<a href="#_ftn4">[4]</a>), estos documentos han tomado la forma de planes sectoriales, programas especiales, ejes o líneas estratégicas de cultura, que se alinean y responden a su vez, según el ámbito territorial donde se formulen, a los objetivos y políticas que acota el Plan Nacional de Desarrollo (para el nivel federal), en los Planes Estatales de Desarrollo (uno por cada Entidad de la República) o en los Planes Municipales de Desarrollo (uno por cada municipalidad del país).</p><p>No obstante, aún con todo este andamiaje, la acción pública para garantizar la cultura como derecho y fortalecerla a través de planes y políticas sigue suponiendo un reto, mayormente, por no ser dimensionada como prioridad en la agenda de las autoridades al poder.</p><p><strong>III.</strong> <strong>Entonces, ¿cuándo se vulnera el derecho a la cultura en México?</strong></p><p>La carencia de presupuestos para la cultura, no planear las respectivas medidas o políticas públicas o el optar por inyectar el poco presupuesto existente en acciones y proyectos culturales que benefician apenas a unos cuantos segmentos de la población, entrama gran parte de la respuesta a esta interrogante, por lo mismo, procuraremos llevar la reflexión hacia otros lugares.</p><p>Acá hay tres premisas que podrían orientarnos. La primera es que ninguna autoridad puede interferir ni obstruir a los particulares en el desenvolvimiento de su libertad creativa o en el disfrute de sus derechos culturales; la segunda, es que el Estado debe asegurar el desarrollo progresivo y la no-regresividad del derecho a la cultura, esto quiere decir que una vez alcanzado cierto estándar que favorece su ejercicio o exigibilidad, no puede tomarse una determinación arbitraria que represente “hacer retroceder” el estatus del derecho, no puede haber una marcha atrás injustificada y, la tercera, tiene que ver con la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, por ejemplo, si enfrentamos una transgresión de nuestros derechos en la esfera económica, social o cívico-política, seguramente la vulneración terminará por repercutir también en nuestro libre desarrollo cultural.</p><p>Por tratarse de derechos colectivos, en debate y clarificación permanente, existen un sinnúmero de acentos más, por lo que, para efectos de resumen, encuadraremos nuestra idea en torno a lo que podríamos considerar como los tres grandes ámbitos del ejercicio del derecho a la cultura: acceso, contribución y participación.</p><p>El derecho a acceder a la cultura puede verse vulnerado, entre otras cosas, por la centralización o falta de equidad territorial en la distribución de equipamientos culturales y recreativos, por la parcialidad del Estado al impulsar únicamente un determinado tipo de obras y repertorios artísticos; ante el acaparamiento de actividades, puestas en escena y contenidos culturales por un oligopolio; por la falta de infraestructura y conectividad, tanto física como digital, para consumir y hacerse de bienes y servicios culturales, etc.</p><p>El derecho a contribuir a la cultura puede verse vulnerado entre otras cosas, por una inacción pública que menoscabe la condición laboral de los trabajadores de la cultura, su seguridad social o su abanico de alternativas para una vida digna; ante una burocracia costosa y excesiva que obstaculice la labor de gestores, promotores y de espacios para la expresión cultural; ante la ausencia de políticas para la movilidad y el intercambio de artistas y talentos; por la poca recurrencia de subsidios para el fomento a la creatividad en otras lenguas o soportes alternativos; al imponer discursos estéticos “oficialistas”; por la falta de cuotas de paridad en convocatorias, por pensar en las infancias como meros consumidores, etc.</p><p>El derecho a participar en la vida cultural puede verse vulnerado entre otras cosas, por un Estado que no reconoce en la diversidad (cultural, étnica, etaria, sexogenérica, etc.) un estructurante de su sociedad y de su territorio; por la falta de instancias para la consultación culturalmente adecuada o para la gobernanza participativa y representativa donde se colegien decisiones sobre la agenda pública de la cultura; al invisibilizar los esfuerzos de iniciativas, redes y organizaciones de base comunitaria; al reprimir manifestaciones culturales en el espacio público; al relegar o silenciar expresiones de la creatividad disidentes, críticas y contestatarias, etc.</p><p><strong>IV.</strong> <strong>Y si nuestros derechos culturales son vulnerados, ¿cuál es el paso a seguir? ¿qué podemos hacer?</strong></p><p>Nuestro sistema jurídico habilita dos mecanismos de protección a los que las personas, de manera individual o colectiva podemos recurrir, ante el incumplimiento de tales deberes: uno jurisdiccional y otro no-jurisdiccional (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016).</p><p>El primero, implica que juzgados o tribunales analicen las demandas que les son comunicadas y procedan a determinar, mediante la emisión de una sentencia, si existe en efecto una violación a los derechos fundamentales, para que inicie entonces un proceso de reparación y restitución, de acceso a la verdad, se instruyan medidas cautelares o se establezcan criterios a seguir para la no repetición. El segundo, requiere que los particulares presenten una queja ante su respectiva Comisión Estatal o, en determinado caso, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra de alguna autoridad que, al haber cometido un acto u omisión administrativa, haya vulnerado libertades y garantías. Tras llevar a cabo la investigación que corresponda, la Comisión deberá extender una opinión o recomendación pública que, si bien, a diferencia de las sentencias, no guardan un carácter vinculante, los señalados sí que quedan con la responsabilidad de pronunciarse al respecto y, si así fuera, de fundar y hacer del conocimiento público el motivo por el cual no aceptan una recomendación.</p><p><strong>V.</strong> <strong>Pero ¿qué pasa ante violaciones sistemáticas, o incluso, ante la eventualidad de un silencio o inacción por parte de las instituciones que comprenden este sistema de protección y defensa de derechos humanos?</strong></p><p>De entrada, no es ningún secreto que las oficinas de los Ombudsperson recién están amasando experiencia técnica, acumulando criterios jurídicos y <em>testeando</em> dinámicas de mediación para resolver conflictos que se fundan en derechos culturales. La pasividad al actuar, en algunos casos, tiene que ver menos con indolencia y más con falta de capacidades instaladas para construir velozmente soluciones satisfactorias a las problemáticas que se les presentan.</p><p>Allí es donde puede entrar en escena lo que denominamos como “exigibilidad política y social”, motorizadora de procesos de incidencia que descansan en la observancia intersectorial, en la auditoría social y en la reivindicación popular. Acá sí que juegan un papel determinante las organizaciones de la sociedad civil, las entidades académicas, las comunidades culturales y los organismos internacionales, quienes hacen presión activa para que las cosas sucedan, conscientes de que los cambios son en pocas ocasiones producto de la voluntad de los actores al poder y, más bien, resultado de procesos cívicos que acumulan la suficiente “masa crítica” como para producir transformaciones.</p><p><strong>VI.</strong> <strong>Llegamos entonces al PF-PIDESC ¿de qué va? ¿por qué sería importante? ¿qué pasaría si México ratifica este Protocolo Facultativo?</strong></p><p>El PF-PIDESC, aprobado por la Asamblea General de la ONU en diciembre 2008 y abierto a su ratificación desde septiembre 2009, no es un texto que venga a adicionar nuevas libertades, es en todo caso, un tratado internacional que permite a las personas que consideran ser víctimas de una violación a sus derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, presentar denuncias a nivel internacional cuando no pueden acceder a la justicia o recibir una reparación adecuada por parte de los tribunales de su país.</p><p>El instrumento corrige un desequilibro histórico (ACNUDH, 2014), al instituir un recurso que permite al Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), diligenciar pugnas o controversias y proponer soluciones para enmendarlas. Es también una poderosa herramienta política, pues abona a la presión que realizan las organizaciones de defensa, al demandar mejoras en sus propias legislaciones, políticas y sistema judicial (Red-DESC, s.f.); para todo esto, sin embargo, el país debe primero convertirse en un Estado Parte del tratado, específicamente para el caso de México debería de ser mediante una firma-suscripción del Ejecutivo y su ratificación por parte del Senado.</p><p>En términos llanos, el Protocolo permitiría:</p><ul><li>Complementar, ampliar y robustecer los mecanismos, criterios e interpretaciones del poder judicial y de los organismos autónomos de procuración para los derechos humanos.</li><li>Que personas y colectividades, al encontrarse en una situación que no termina de resolverse por la autoridad en el país, puedan solicitar directamente al Sistema de Naciones Unidas la observancia, investigación y búsqueda de una solución, ante agravios a sus derechos económicos, sociales y, para el caso que aquí nos atañe, culturales.</li><li>Adoptar medidas para integrar de forma explícita los derechos culturales en la política pública nacional con un enfoque diferenciado que apunte a la resolución de las urgencias y que coloque en el centro a las comunidades en contextos vulnerables.</li></ul><p>Respecto a su contenido específico, el Protocolo establece tres mecanismos para atender violaciones a derechos económicos, sociales y culturales:</p><ol><li>Un procedimiento de comunicación individual o colectiva que permite a las víctimas, presentar una queja ante el CDESC de la ONU.</li><li>Un mecanismo interestatal, que permite a un Estado Parte, presentar comunicaciones ante el CDESC para denunciar que otro Estado Parte no ha cumplido con sus obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales.</li><li>Un mecanismo de investigación, que permite al CDESC iniciar averiguaciones cuando recibe información fiable de que en el Estado Parte existen violaciones graves o sistemáticas de los derechos reconocidos en el PIDESC.</li></ol><p><strong>VII.</strong> <strong>¿Un asunto que no tiene nada de nuevo?</strong></p><p>Adherirse al PF-PIDESC es un pendiente en la agenda pública nacional, punto. No diría solo en pausa, sino que pareciera, hasta demeritado por las autoridades. Aquí una línea del tiempo de los hitos cívicos y políticos por los que se ha promovido su firma y ratificación.</p><ul><li>En 2009, mismo año que quedó abierto para la suscripción de los países, México copatrocinó la Resolución A/HRC/10/L.14 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la cual se invitaba a todos los Estados Parte del PIDESC, a considerar la adhesión al Protocolo Facultativo. No obstante, hasta finales de 2010, solo 8 territorios latinoamericanos habían avanzado con la firma, sin ser México uno de estos (Sandoval Terán &amp; de la Torre, 2010).</li><li>Hacia el año 2011, una coalición de cerca de 95 organizaciones de la sociedad civil, presentaron ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, una petición respaldada por más de 18 mil firmas ciudadanas para que el Protocolo fuera finalmente adoptado (Social Watch, 2011); con este acto tan emblemático, nació la “Campaña mexicana por la ratificación del PF-PIDESC”.</li><li>En el año 2012, la alianza de organizaciones, redes, instancias autónomas, académicos, comunicadores, promotores y defensores de derechos humanos integrados a la mencionada “Campaña”, extendieron a la Cancillería un nuevo pliego suscrito por 179 ONGs, acompañado de 1,121 firmas más, por el que se exhortaba al Ejecutivo Federal a firmar el instrumento y turnarlo al Senado para su ratificación (Sandoval Terán, 2013).</li><li>Entre 2011 y 2018, se han abierto al menos dos periodos de consulta entre dependencias, órganos desconcentrados y descentralizados de la administración pública federal, encabezados y dirigidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, los cuales han tenido la finalidad de evaluar, desde una perspectiva intergubernamental, la posibilidad de que nuestro país se convierta en un Estado Parte (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2018).</li><li>El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, tras examinar en 2012 los Informes Periódicos de México, tuvo a bien incluir entre sus observaciones finales la recomendación de que el país adhiriera al PF-PIDESC (CEDR, 2019).</li><li>En su segundo Examen Periódico Universal (EPU) del año 2013, México recibió por conducto de sus pares, Bosnia y Herzegovina, la recomendación de firmar y ratificar el PF-PIDESC (Consejo de Derechos Humanos, 2013).</li><li>Entre 2013 y 2023, han tenido lugar al menos ocho exhortos dirigidos al titular del Poder Ejecutivo federal, para que éste proceda a firmar el Protocolo. Los exhortos se pronunciaron desde las tribunas del Congreso de la Unión por Diputados o Senadores emanados de diferentes grupos parlamentarios y fuerzas partidistas como PRD, Nueva Alianza, PAN, PT, MORENA y Ahora.</li><li>En noviembre de 2018, mediante su tercer EPU, México recibió recomendaciones respecto a ratificar el PF-PIDESC por parte de España, Portugal y Benín, así como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones no gubernamentales “Brigadas Internacionales de Paz México” y la “Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México” (ACNUDH, 2018). Georgia, por su lado, recomendó a nuestra nación acelerar la conclusión de las consultas interinstitucionales que impulsaba la Cancillería para finalmente adoptarlo (Consejo de Derechos Humanos, 2018). Según el procedimiento del propio EPU, una vez recibidas las recomendaciones de sus pares, el país debe comunicar la postura que sostiene respecto de éstas. México aceptó y dio soporte a todas las que le instaban a ratificar el PF-PIDESC (ACNUDH, 2018).</li><li>En abril de 2019, México recibió comunicación oficial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), por la que se le invitó una vez más a ratificar el PF-PIDESC (Bachelet, 2019).</li><li>En julio de 2019, la Mesa Directiva del Senado mexicano celebró un Conversatorio sobre el Protocolo Facultativo, de la mano de especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil<a href="#_ftn5">[5]</a> quienes hicieron un llamado para ratificar el PF-PIDESC. Las y los congresistas de diferente extracción política que se dieron cita (PAN y MORENA), incluido quien fuera en ese periodo presidente del Senado de la República, celebraron el encuentro con beneplácito y comunicaron que iniciaría un nuevo proceso de análisis y diálogo hacia su suscripción.</li><li>En mayo de 2023, en el marco del décimo aniversario de la entrada en vigor del PF-PIDESC a nivel mundial, la Representación del ACNUDH en nuestro país realizó un llamado más al Estado Mexicano urgiéndole a firmar el Protocolo (ACNUDH México, 2023).</li></ul><p>Con todo, jamás ha procedido la firma ni la ratificación. Desde 2014, la autoridad entregó al Consejo de Derechos Humanos una respuesta oficial del porqué, la cual apuntaba:</p><p><em>México acepta la recomendación sobre la ratificación del PF-PIDESC, entendiendo que la misma se encuentra sujeta al procedimiento previsto en la Ley sobre la Celebración de Tratados y a la conclusión de las consultas pertinentes con las instituciones a quienes competa la materia del Protocolo […]. Lo anterior obliga a realizar un análisis exhaustivo del impacto legislativo que ese acto implicaría </em>(Gobierno de México, 2014).</p><p>Por supuesto, esto deja cabida para las suposiciones: El Estado anticipa que la adopción del Protocolo implicaría un escrutinio más riguroso de sus políticas y prácticas; sus instituciones estarían bajo una lupa internacional de la cual no habría un total control y se enfrentaría constantemente a la tarea de resolver quejas y ocuparse de demandas de las que no tendría ni la capacidad ni los recursos para atender.</p><p>De hecho, la reticencia que pudiera tener el Estado Mexicano es más o menos obvia, éste es consciente de que los pueblos originarios, las comunidades afrodescendientes, las personas LGBTIQ+, las juventudes, las agrupaciones estudiantiles y universitarias, los periodistas, en fin, las poblaciones que históricamente han sufrido vejaciones; así como las organizaciones defensoras del derecho a la salud, a la seguridad social, al trabajo digno, a la vivienda, a la ciudad, a la educación, por mencionar algunas, emplearían con agudeza, efectividad, perseverancia e inmediatez los mecanismos del Protocolo.</p><p>De allí las reservas. No es ciencia de cohetes.</p><p><strong>VIII.</strong> <strong>Si bien nunca ha dejado de persistir como causa cívica destacada, aglutinadora de muchísimas voluntades, ¿por qué resulta importante revitalizar en este momento su discusión e impulso?</strong></p><p>Dos coyunturas a recordar en esta parte. La primera tiene que ver con los resultados que apunta el último EPU de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es decir, el cuarto del que participa nuestro país y que tuvo su evaluación entre enero y febrero de 2024.</p><p>Acá, el ACNUDH recuperó la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y sumó la del equipo de Naciones Unidas en el país para que el Estado Mexicano ratifique el tratado internacional de derechos humanos que aún tiene pendiente: el PF-PIDESC. Muy importante es que en este nuevo ciclo, destacó la especificidad de una recomendación en materia de derechos culturales emitida por la Oficina de la UNESCO, la cual hace un llamado para <em>“aplicar plenamente las disposiciones que promueven el acceso y la participación en el patrimonio cultural y las expresiones creativas que, como tales, propician la aplicación del derecho a tomar parte en la vida cultural y, a facilitar en ese sentido, la participación de las comunidades, los profesionales, los agentes culturales y las organizaciones de la sociedad civil, así como de los grupos vulnerables”</em> (Consejo de Derechos Humanos, 2023).</p><p>No es menor el hecho de que algunos Estados reconocieron la labor pública emprendida por México, al haber aprobado leyes, implementado ciertas políticas y creado algunas instituciones para contribuir a garantizar los derechos humanos, sin embargo, esto no se ha traducido necesariamente en un mejor panorama para el ejercicio de los derechos culturales a nivel territorial.</p><p>Aproximadamente, para mediados de éste mismo año, el gobierno deberá, luego de estudiar a detalle las más de 300 recomendaciones recibidas, volver a comparecer ante el Consejo, en Ginebra, para manifestar cuáles de éstas aceptará y se comprometerá a cumplir.</p><p>La segunda coyuntura, es la de los comicios electorales de junio y por los que se renovará, además de la titularidad de la Presidencia de la República, de 128 escaños al Senado y de 500 representaciones más para la Cámara de Diputados; a los gobernadores de 8 Entidades Federativas y a quien asumirá la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México; sin dejar de lado aquellas posiciones del orden regional que, entre congresistas locales, alcaldías, regidurías y sindicaturas, ascienden a poco más de 19 mil designaciones y mandatos de responsabilidad pública para las gestiones 2024–2030 y 2024–2027, respectivamente.</p><p>Aunque la entrada de nuevos funcionarios y representantes políticos pudiera conllevar a cierto estancamiento o ralentización de algunos avances hasta este punto conseguidos, por ejemplo, con la actual legislatura del Senado de la República, también puede suponer, una oportunidad por la que se abrirá, como obligación del Poder Ejecutivo, un nuevo periodo de diseño, planeación y presupuestación de políticas públicas para el desarrollo nacional y para el garantismo de los derechos humanos, los culturales incluidos.</p><p>Y es precisamente, imaginando ese escenario de ánimos renovados, aparejado a un escrutinio público que está y permanecerá gracias a que es encabezado por organizaciones civiles, comunicadores, defensores y organismos no-jurisdiccionales de derechos humanos, así como por la deuda moral de incumplimiento que México ha mostrado tener ante la comunidad internacional, de la que países y organismos ya han ido tomando nota a lo largo de los años, donde pienso que puede llegar a saldarse este enorme pendiente.</p><p><strong>IX.</strong> <strong>¿Y entonces el sector cultura? ¿cómo podemos sumarnos al esfuerzo que empuja la firma y ratificación del PF-PIDESC? Pero, sobre todo, ¿qué podemos traer de nuevo? ¿qué podemos hacer diferente?</strong></p><p>Valdría la pena recordar la experiencia de las Coaliciones y de la Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural (FICDC), integrada por múltiples organizaciones culturales en el mundo que impulsaron e incidieron incansablemente para que sus respectivos países ratificaran la Convención 2005 de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales; o también, la del Movimiento Global #Resiliart, por el que se articularon cientos de organizaciones de todos los continentes que promovieron más de 275 debates a escala global, con la participación de artistas y profesionales de 115 países (UNESCO, 2022), para visibilizar sus prácticas de resiliencia, demandas y reivindicaciones ante la crisis derivada de la pandemia por COVID-19 y que más adelante, se convertiría en una de las principales plataformas por la cual vincular la mirada de la sociedad civil al proceso que dio lugar a la Declaración de la Conferencia Mundial de Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, MONDIACULT 2022.</p><p>La energía, capacidad crítica e interpretativa, su singularidad y habilidad transdisciplinaria, así como la versatilidad para producir en diferentes soportes y lenguajes, son virtudes increíblemente poderosas de las y los artistas, diseñadores, creadores y trabajadores de la cultura; éstas reinventan el discurso, generan narrativas alternas, nueva plasticidad u otras capacidades expresivas a partir de la creatividad y la innovación que le son inherentes al sector y que podrían compaginarse muy bien para dar un empuje no visto hasta ahora en torno a esta consigna que abanderan las organizaciones de derechos humanos desde hace tanto tiempo, sensibilizando con enfoques no convencionales a estadistas y tomadores de decisiones o socializando de formas distintas, entre ciudadanía, públicos, comunidades y poblaciones con las que los agentes culturales sostienen confianza y proximidad, la importancia que el asunto guarda y las posibilidades que secuenciaría.</p><p>Por otro lado, es la oportunidad para que la Secretaría de Cultura, como una de las dependencias ejecutoras del Gobierno de México para el PIDESC, se movilice. Su inacción con este respecto ha sido prácticamente total, cuando podría ser, de hecho, la que dé soporte a la causa ante la Cancillería y ante la autoridad de justicia, o la que dé respaldo y visibilidad a las voces de las víctimas que han estado esperando a que esto al fin se consolide, o simplemente, la que propicie una discusión intergubernamental necesaria, jugando un papel más activo que el que ha venido jugando hasta el momento.</p><p>Recientemente, hemos comunicado esta urgencia en foros y espacios de trabajo convocados por los equipos técnicos de las candidaturas a la Presidencia de la República<a href="#_ftn6">[6]</a>, a través de los que se pretende concertar la agenda de prioridades culturales de los próximos seis años. En todos se ha reconocido al PF-PIDESC como una gran tarea pendiente y en todos se ha mencionado (siempre muy por “encimita”), el compromiso por su suscripción a futuro.</p><p><strong>X.</strong> <strong>A manera de cierre: un nuevo exhorto.</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*grThsSETeFpA1TDOD-RPAA.jpeg" /><figcaption>Fotografía: Mural “Juntes, diverses, rebeldes”. Archivo, 2023.</figcaption></figure><p>El llamado, en esta ocasión, es a involucrarnos muy activamente en el debate desde los sectores culturales y creativos, pues quizá, lo que la cultura pueda aportar a los esfuerzos de las y los colegas promotores y defensores de derechos humanos sea la acción colectiva que necesitábamos para marcar la diferencia. No dejamos de instar al titular del Poder Ejecutivo federal (al saliente y al entrante), a suscribir el Protocolo y, a la Secretaría de Cultura, a asumirse seriamente como parte vertebral del sistema que garantiza derechos culturales en México para actuar en consecuencia, ayudando a mediar, a destrabar las cosas en donde estén trabadas. Es hora de que la Comisión de Cultura del Senado de la República también se preocupe y se vincule enteramente en el proceso. Y a las organizaciones, redes y alianzas, que por casi dos décadas han resistido y sostenido esta búsqueda, a que piensen en las herramientas y en los agentes del arte, la creatividad y la cultura como aliados en potencia, ya hemos coincidido antes y juntos nos hemos hecho fuertes.</p><p>La tarea es pues, impostergable.</p><p><em>#CulturaPorPIDESC</em></p><p>Por: Gerardo Daniel Padilla<br>Original para Revista CCK (2024).</p><p><strong>Notas al pie de página:</strong></p><p><a href="#_ftnref1">[1]</a> EL EPU es un mecanismo entre pares (Estados examinando a otros Estados), en el que se evalúa la situación de derechos humanos y el nivel de cumplimiento de las obligaciones y compromisos internacionales de cada país miembro de la ONU, para después emitir recomendaciones e informes de evaluación a ser adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Centro Prodh, 2024).</p><p><a href="#_ftnref2">[2]</a> Foro virtual de la Red de Investigadores Parlamentarios en Línea (REDIPAL) del Congreso mexicano con el recuento de las leyes culturales: <a href="http://redipal.diputados.gob.mx/forum/topic/123">http://redipal.diputados.gob.mx/forum/topic/123</a></p><p><a href="#_ftnref3">[3]</a> El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), fue un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, tuvo la responsabilidad de ejecutar la política cultural en el país desde su creación en 1988 y hasta el año de su extinción en 2015.</p><p><a href="#_ftnref4">[4]</a> La Secretaría de Cultura es una de las 19 Secretarías que conforman el gabinete del Poder Ejecutivo Federal. Se creó por decreto presidencial aprobado por el Congreso en diciembre de 2015. Asumió todas las atribuciones del CONACULTA y está encargada de diseñar y ejecutar las políticas culturales en el país, en coordinación con las 32 dependencias de cultura de cada Entidad Federativa. En México, el término ‘Secretaría’, utilizado comúnmente para referirse a las distintas dependencias del Gobierno nacional, es equivalente al concepto de ‘Ministerio’ empleado en otros países.</p><p><a href="#_ftnref5">[5]</a> Transmisión del Conversatorio alojada en canal oficial del Senado de la República:<br> <a href="https://youtu.be/JHrNSXeuxMY?si=re-FuUfYMQG7Z50H">https://youtu.be/JHrNSXeuxMY?si=re-FuUfYMQG7Z50H</a></p><p><a href="#_ftnref6">[6]</a> Artículo del diario Crónica sobre la extensión de esta solicitud en el marco de los foros “Diálogos por la Transformación”, encabezados por la Presidenta de la Comisión de Cultura del Senado, Susana Harp Iturribarría: <a href="https://www.cronica.com.mx/cultura/llueven-peticiones-harp-orozco-parte-comunidad-cultural.html">https://www.cronica.com.mx/cultura/llueven-peticiones-harp-orozco-parte-comunidad-cultural.html</a></p><p><strong>Referencias</strong></p><p>ACNUDH. (2014). <em>Protocolo Facultativo del PIDESC, a un año de su entrada en vigor</em>. Obtenido de <a href="https://hchr.org.mx/historias-destacadas/protocolo-facultativo-del-pidesc-a-un-ano-de-su-entrada-en-vigor-2/">https://hchr.org.mx/historias-destacadas/protocolo-facultativo-del-pidesc-a-un-ano-de-su-entrada-en-vigor-2/</a></p><p>ACNUDH. (2018). Resumen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre México. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En ONU (Ed.). Obtenido de <a href="https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/257/73/pdf/g1825773.pdf?token=ofHQaaV1F7BjXvBGXe&amp;fe=true">https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/257/73/pdf/g1825773.pdf?token=ofHQaaV1F7BjXvBGXe&amp;fe=true</a></p><p>ACNUDH. (2018). <em>Thematic List of Recommendations. México.</em> Obtenido de <a href="https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/Session31/MX/UPR31_Mexico_Thematic_list_of_Recommendations_E.docx">https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/Session31/MX/UPR31_Mexico_Thematic_list_of_Recommendations_E.docx</a></p><p>Bachelet, M. (30 de Abril de 2019). <em>Cartas del AC a los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros. México.</em> (ACNUDH, Ed.) Obtenido de <a href="https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/Session31/MX/LetterMexico_SP.pdf">https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/Session31/MX/LetterMexico_SP.pdf</a></p><p>Centro Prodh. (Febrero de 2024). <em>Examen Periódico Universal: México reprobado ante la comunidad internacional</em>. (C. d. Juárez, Productor) Obtenido de <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/epu-crisis-derechos-humanos-mexico">https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/epu-crisis-derechos-humanos-mexico</a></p><p>Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (Noviembre de 2016). <em>Los Derechos Humanos Culturales.</em> (CNDH, Ed.) Obtenido de <a href="https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/26-DH_Culturales.pdf">https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/26-DH_Culturales.pdf</a></p><p>Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. (2019). Observaciones finales sobre los informes periódicos 18ᵒ a 21ᵒ combinados de México. ONU.</p><p>Consejo de Derechos Humanos. (2013). Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. México. ONU. Obtenido de <a href="https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g13/189/45/pdf/g1318945.pdf?token=0QroXtnaAr3MdolLJm&amp;fe=true">https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g13/189/45/pdf/g1318945.pdf?token=0QroXtnaAr3MdolLJm&amp;fe=true</a></p><p>Consejo de Derechos Humanos. (2018). Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. México. Obtenido de <a href="https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/447/02/pdf/g1844702.pdf?token=VBFhk1hgirnBanLyxE&amp;fe=true">https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/447/02/pdf/g1844702.pdf?token=VBFhk1hgirnBanLyxE&amp;fe=true</a></p><p>Consejo de Derechos Humanos. (2023). Recopilación de información preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En ONU (Ed.). Obtenido de <a href="https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/229/02/pdf/g2322902.pdf?token=XPlgkdhQ2xP5ObAWGL&amp;fe=true">https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/229/02/pdf/g2322902.pdf?token=XPlgkdhQ2xP5ObAWGL&amp;fe=true</a></p><p>Delfín, M. (2022). Abrir la gobernanza cultural mediante la participación de la sociedad civil. En <em>Re|Pensar las Políticas para la Creatividad</em> (págs. 117–138). París.</p><p>Gobierno de México. (2014). Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas presentadas por el Estado examinado. Consejo de Derechos Humanos. Obtenido de <a href="https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/Session17/MX/A_HRC_25_7_Add.1_Mexico_S.doc">https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/Session17/MX/A_HRC_25_7_Add.1_Mexico_S.doc</a></p><p>Herrera Montejano, E. (Enero de 2024). Llueven peticiones a Harp y Orozco de parte de la comunidad cultural. Las miembros del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum recibieron propuestas en el encuentro Diálogos por la Transformación. <em>Crónica</em>. Obtenido de <a href="https://www.cronica.com.mx/cultura/llueven-peticiones-harp-orozco-parte-comunidad-cultural.html">https://www.cronica.com.mx/cultura/llueven-peticiones-harp-orozco-parte-comunidad-cultural.html</a></p><p>Oficina del ACNUDH en México. (Mayo de 2023). <em>A diez años de su entrada en vigor a nivel mundial, la ONU-DH llama al Estado mexicano a ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.</em> Obtenido de <a href="https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2023/05/20230504-ONU-DH-llama-al-Estado-mexicano-a-ratificar-el-PF-PIDESC-vf.pdf">https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2023/05/20230504-ONU-DH-llama-al-Estado-mexicano-a-ratificar-el-PF-PIDESC-vf.pdf</a></p><p>Red-DESC. (s.f.). <em>¿Qué es el PF-PIDESC?</em> Obtenido de <a href="https://www.escr-net.org/es/que-es-pf-pidesc">https://www.escr-net.org/es/que-es-pf-pidesc</a></p><p>Sandoval Terán, A. (2013). Se acumulan exhortos al Estado mexicano para que se adhiera al Protocolo Facultativo del PIDESC. (Red-DESC, Ed.) México. Obtenido de <a href="https://www.escr-net.org/es/node/366521">https://www.escr-net.org/es/node/366521</a></p><p>Sandoval Terán, A., &amp; de la Torre, C. (2010). <em>Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: exigibles y justiciables. Preguntas y respuestas sobre los DESC y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.</em> México, D.F.: Espacio DESC, PIDHDD, Oficina del ACNUDH en México.</p><p>Secretaría de Relaciones Exteriores. (2018). Libro Blanco Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 2012–2018 “Las iniciativas de México en los Foros internacionales”. México. Obtenido de <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426874/LB_Iniciativas_Mx_Foros_Internacionales_2012-2018.pdf">https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426874/LB_Iniciativas_Mx_Foros_Internacionales_2012-2018.pdf</a></p><p>Senado de la Reública. (Julio de 2019). Conversatorio sobre el protocolo facultativo del PIDESC. Ciudad de México, México. Obtenido de <a href="https://youtu.be/JHrNSXeuxMY?si=BIjxfDa7uBepJX_4">https://youtu.be/JHrNSXeuxMY?si=BIjxfDa7uBepJX_4</a></p><p>Social Watch. (2011). <em>Sociedad Civil Mexicana apura ratificación de Protocolo sobre DESC</em>. Obtenido de <a href="https://www.socialwatch.org/es/node/14149">https://www.socialwatch.org/es/node/14149</a></p><p>Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2021). <em>Creando lazos con tus derechos. ¿Qué pasa si no se respetan mis derechos humanos?</em> Ciudad de México.</p><p>UNESCO. (2022). <em>Re|Pensar las Políticas para la Creatividad. Plantear la cultura como un bien público global.</em> Paris: UNESCO.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=38eae438d6aa" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Veinte persistencias erradas en las políticas públicas para la cultura]]></title>
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            <category><![CDATA[desarrollo-sostenible]]></category>
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            <category><![CDATA[políticas-culturales]]></category>
            <category><![CDATA[folclore]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Gerardo Daniel Padilla]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 22 May 2024 20:19:02 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-05-22T20:19:02.768Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gTutKM6V7McQdM0tLgKe3Q.png" /></figure><blockquote><strong>Persistencia.-</strong> De persistir. Mantenerse firme o constante. Durar por largo tiempo.<br><strong>Falaz.-</strong> Que esconde una falacia. Halaga y atrae con falsas apariencias. Engaña.<br><strong>Vigencia.-</strong> De vigente. Que está en vigor y en observancia.</blockquote><h3>Listado de persistencias:</h3><ol><li>Que la cultura tiene un carácter secundario y que, para poder atender lo cultural, es necesario primero, satisfacer otros asuntos o elementos <em>«vitales».</em></li><li>Que la función del Estado es producir, programar y liderar una agenda de eventos y actividades culturales, más allá de proveer condiciones y posibilidades para que lxs particulares, generen, produzcan y lideren su propia actividad cultural.</li><li>Que cultura es sinónimo de Bellas Artes.</li><li>Que una oficina pública para la cultura debe estar forzosamente supeditada a otra oficina con agenda de <em>«mayor relevancia»</em> o bien que, desde el servicio público, lo cultural sólo puede encausarse en torno a binomios: “cultura y desarrollo social”, “cultura y educación”, “cultura y turismo”, “cultura, recreación y deporte”, “cultura y las artes”.</li><li>Que existen lugares y comunidades donde no hay cultura y, por tanto, <em>“hay que llevar la cultura a donde no la hay”.</em></li><li>Que la premisa del desarrollo sostenible (construida en torno a las dimensiones de equilibrio medioambiental, crecimiento económico e inclusión social), es hiper-inapelable y que lo cultural, por tanto, no cabe como agenda, dimensión, pilar, objetivo y, mucho menos, problematización del desarrollo.</li><li>Que la visión de la cabeza de sector es fundamentalmente inmejorable y que, por tanto, es plausible imaginar y diseñar planes de desarrollo cultural sin participación ciudadana, articulación intersectorial ni mecanismos de evaluación o auditoría social.</li><li>Que la “industria creativa” es el único vértice que encuentra a lo económico con lo cultural.</li><li>Que el “folclor”, meramente como política o programa de Estado, no se encuentra atravesado por ningún tipo de connotación colonialista, racista, extractivista y/o clasista.</li><li>Que deben permear las costumbres, las tradiciones y el relativismo cultural por encima de los derechos humanos.</li><li>Que la función única e insustituible de los programas y presupuestos culturales es la construcción de públicos, más no así, la construcción de ciudadanía.</li><li>Que la concursabilidad es un equivalente o representa mejora sobre la condición laboral del artista o del trabajador de la cultura / Que la concursabilidad es la opción única para democratizar el presupuesto público de la cultura.</li><li>Que corresponde al Estado sostener y regular un discurso estético / Que debe institucionalizar las expresiones de la «alta cultura» e identificar aquellas que pertenecen a la «baja cultura», a la «cultura de masas» y/o a la «cultura popular».</li><li>Que el modelo de evaluación de la política cultural debe ejecutarse estrictamente bajo métodos estandarizados de control y seguimiento administrativo, como los MIR, POA y PBR, concibiendo indicadores estilo <em>“número de eventos realizados”</em> o <em>“público asistente”</em>.</li><li>Que la cooperación multilateral y el entrelazado de políticas públicas con marcos internacionales de derechos culturales, son responsabilidades exclusivas del gobierno federal y no pueden ser, bajo ninguna circunstancia, tareas de autoridades subnacionales ni locales.</li><li>Que la cultura no es un derecho.</li><li>Que todas y todos tenemos igualdad inherente de condiciones para acceder a la cultura, por tanto, no es necesaria la actuación pública con perspectiva de equidad territorial, ni hacen falta acciones afirmativas para poblaciones que sistemática e históricamente han sufrido vejaciones (mujeres, niñxs, migrantes, personas LGBTTTIQA+, adultxs mayores, pueblos originarios, afrodescendencias, juventudes, personas con discapacidad, etc.).</li><li>Que los derechos y las políticas culturales son, en estricto, prerrogativas para artistas, creadorxs, científicxs y creativxs; les pertenecen de forma exclusiva y, por ende, no son derechos ni políticas para las personas o las colectividades en lo general.</li><li>Que la cultura no es exigible, justiciable ni materia de cortes o tribunales y que, una vulneración a los derechos culturales no conlleva sanción ni consecuencia alguna.</li><li>Que, tras la mayor crisis global de la historia reciente, derivada de la pandemia por COVID-19, cualquiera de las premisas anteriores debe persistir.</li></ol><p>Por: Gerardo Daniel Padilla<br>Original para RGC Ediciones (2023).</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c9bed6a5b4c2" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Por mapas vivos para fortalecer nuestros derechos y políticas culturales]]></title>
            <link>https://medium.com/@gdanielpadilla/por-mapas-vivos-para-fortalecer-nuestros-derechos-y-pol%C3%ADticas-culturales-8d09f734d768?source=rss-a35e05897adc------2</link>
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            <category><![CDATA[ciudad]]></category>
            <category><![CDATA[mapas]]></category>
            <category><![CDATA[derechos-culturales]]></category>
            <category><![CDATA[políticas-culturales]]></category>
            <category><![CDATA[derecho-a-la-ciudad]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Gerardo Daniel Padilla]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 22 May 2024 17:58:21 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-05-22T17:58:21.900Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*YIUCdaB5C3Pkm5NLiuVO1Q.png" /></figure><p>Hay un valor indiscutible en la georreferenciación. El mapa, que ya de por sí es útil, cuando hace las veces de lienzo sobre el cual superponer información, se convierte en una herramienta de verdad diversa que, a una ojeada simple, puede decirnos montones de cosas. Nos apasionan los mapas porque nos dan pistas del mundo en el que vivimos.</p><p>Total, que eso nadie lo niega.</p><p>Lo que hace que me rasque la nuca es cuando se propone al mapa como meta última de una política cultural de Estado, allí en ese contexto, es donde me parece que su utilidad pública se condena o mínimo, se antoja cortoplacista. A ver, se tienen que reunir varias condiciones para que esto pase, pero de hecho ni es tan difícil identificarlas, porque suelen ocurrir y porque el pasado ya nos ha ido dejando con experiencias amargas varias. Acá enlisto algunas que medio traigo presentes:</p><ol><li>Que detrás de la gestión del mapa sólo exista una parte involucrada, cosa que prende aún más alertas cuando esa parte es estrictamente gubernamental, detonando la duda sobre su continuidad o vigencia más allá de voluntades políticas trienales o sexenales.</li><li>Muy ligado a lo anterior, que el mapa se soporte en una plataforma complejísima, manejable solo por aquellos pocos con la expertise técnica o con la tecnología. Cuando esto sucede, el alcance de la herramienta se limita de forma inmediata. Terminamos leyendo instructivos como «tú llena esta ficha, nos la mandas, acá nosotros te registramos y te avisamos cuando ya quedes mapeado».</li><li>Que la información contenida no sea de datos abiertos o se encuentre bajó algún estándar de propiedad intelectual que restrinja su uso y aprovechamiento por terceros ¿entonces, mapear <em>lo cultural</em>, para qué?</li><li>Más aún, que el desarrollo de un mapeo cultural se realice absolutamente fuera de esta perspectiva de los «mapas vivos». Esto es esencial porque si se está apuntando a la cultura, hay que recordar que ésta es un blanco complicado de atinar, al estar en constante movimiento.</li></ol><p>Lo de los <em>mapas vivos</em> me suena porque hablan de una cartografía en beta, que parte de reconocer el estatus cambiante del territorio, asume que quienes dan significado a las cosas en las ciudades son las personas, vuelve al mapa menos una fotografía de un momento y más una transmisión en vivo y, sabe también, que hay capas de información cultural (entre espacios, dinámicas, ánimos, no-lugares, desplazamientos, etc.), por debajo de lo georreferenciado, probablemente<em> inmapeables</em>.</p><p>Ya a estas alturas, si la lógica institucional se mantiene en <em>mapear por mapear</em>, vamos a terminar colocando un pin sobre todas las estatuas y recintos bellos, mismos que, quizá dentro de algunos años, ya no van a representar a nadie.</p><p>También no es una vertiente inexplorada ni mucho menos, hay respuestas ahí a lado y repositorios extensos con Buenas Prácticas. Geolocalizar como primer paso, sobre todo donde hay realmente ausencia drástica de información <em>(etic), </em>es importante, y la conformación de un atlas como componente de la política cultural, está bien, pero ojo, nunca como finalidad, aunque sí como medio y puente para conectar con mejores procesos y políticas culturales a futuro; a decir:</p><ul><li>El mapeo puede favorecer la asociatividad, la vinculación entre agentes, organizaciones y colectividades culturales con el espacio público y la posibilidad de tejer o estrechar relaciones y aprender a leer juntos el entorno en que accionamos.</li><li>El mapeo cultural, entre otras capas de datos georreferenciados, puede dar nuevos sentidos a la información demográfica, socioeconómica, geopolítica, de suelo, de equipamiento, de conectividad, de frontera, de inventarios, de activos, etc., aproxima pues, a dimensionar el ecosistema cultural de la ciudad y permite identificar estado, ausencia o posibilidades de procomún y de gobernanza de los espacios públicos. Puede, pues, ayudar a tomar mejores decisiones.</li><li>El mapeo cultural es capaz de contribuir a fortalecer la memoria histórica y colectiva, pudiendo ser (el mapa) incluso, instrumento auxiliar de agenciamiento para la incidencia y defensa de derechos culturales. Adicionalmente, puede animar la necesaria discusión sobre lo que concebimos como herencia y patrimonios.</li></ul><p>A mi ver, es justo desde las organizaciones civiles y desde las iniciativas ciudadanas que empujan la visibilidad de sus procesos territoriales, que el registro, el entrelazado o la caracterización espacial alcanza estas y otras escalas. Es allí donde cualquier cartografía, producto de la exploración comunitaria del hábitat y del espacio humano, se relaciona estrechamente con el ejercicio colectivo del derecho a la ciudad.</p><p>Al Estado en todo caso lo que le toca es facilitar la existencia, actualización, acceso y democratización de estas prácticas y herramientas, quizá desde la mirada del derecho de acceso a la información pública, por ende, derecho a garantizar desde su quehacer institucional diario, de forma proactiva y obligatoria; no como proyecto extraordinario, costoso y estrafalario, que requiere la intervención forzosa de un ente privado y una presupuestación espectacular para lograrse, pensando al mapa o en algunas ocasiones todavía, al directorio, como el gran y único objetivo a alcanzar en implementación de una política cultural “innovadora” (léase innovadora entre comillas), en ese truco ya nadie cae, menos en la era del software libre, gratuito y colaborativo.</p><p>Los equipos que fueron desarrollando el contenido de la <a href="https://www.laculturaesunderecho.org/carta">Carta y del Reglamento de Derechos Culturales de San Luis Potosí</a>, México, entre 2019 y 2021, ya arrojaban una serie de nociones bien interesantes al respecto, que amplían hoy un poco más el panorama.</p><p>En la declaración internacional, por ejemplo, se enuncian como derechos de toda persona:</p><p><em>“A la Ciudad, para co-diseñarla, intervenirla, acceder y participar en sus espacios cotidianos y de la vida cultural, es decir, en los recintos físicos o en los sitios de significancia personal o colectiva, en los entornos digitales, virtuales y también en puntos y rutas emergentes o transitorias, como escenarios que potencializan la libre creación y las distintas formas de expresar la diversidad y la identidad, la construcción de ciudadanía, el desenvolvimiento de la cultura viva, el reconocimiento mutuo, la convivencia, el intercambio y la comunalidad”,</em> y <em>«A conocer y difundir información sobre equipamientos, lugares y recintos de resguardo de la memoria, patrimonios e iniciativas culturales, mediante sistemas de información abiertos por los que sea posible identificar espacios para el ejercicio de la ciudadanía cultural».</em></p><p>Ese último fue importantísimo porque lleva al mapeo y a la investigación sobre los recursos culturales locales hacia al plano del derecho cultural, volviéndoles, por tanto, exigibles y atándoles características para, incluso, su posible justiciabilidad.</p><p>Por otro lado, en la normatividad local quedaron enlistadas al menos un par de disposiciones claras sobre lo que el Estado tiene que hacer de forma inaplazable en esta materia:</p><p><em>«Elaborar y actualizar inventarios, catálogos, mapeos, directorios y/o relevamientos de datos socioculturales, ya sea directamente o mediante acuerdos de articulación para el aprovechamiento de sistemas públicos y abiertos de información en materia de cultura»</em>, así como <em>«Proponer, formular y ejecutar estrategias y acciones tendientes al reconocimiento, registro, promoción y fortalecimiento de agentes y organizaciones de la cultura viva, comunitaria y autogestiva existente en el territorio municipal».</em></p><p>Las que realmente destacan, en definitiva, son las Ordenanzas de Cultura Viva en Latinoamérica, algunas con procedimientos vinculantes muy bien detallados. La de <a href="https://iberculturaviva.org/wp-content/uploads/2019/04/ordenanza-cultura-viva-comunitaria-1.pdf">Córdoba, Argentina</a>; por ejemplo, da pistas sobre la creación de un Registro Municipal de Organizaciones Culturales, de actualización permanente, edición libre y de acceso público físico y virtual, ya suscribiendo la finalidad explícita de fortalecer y facilitar beneficios a todas aquellas agrupaciones comunitarias en éste autoregistradas.</p><p>Puntos así van abonando de a poco, pero a paso firme, al asunto de la progresividad y no regresividad en Derechos Humanos y a que la cosa vaya más allá de las voluntades que un gobierno, durante su periodo administrativo, pueda tener.</p><p>La invitación es, pues, a pensar esto de los procesos de relevamiento y entrelazado territorial, en el ring del derecho a la ciudad y de los derechos culturales.</p><p>Cuando nosotrxs mismxs podemos dibujar los mapas de nuestras ciudades, se abren alternativas frente a prácticas extractivistas, unilaterales y verticales de análisis del territorio, hacia una cartografía más bien de afectos, de significados y de asuntos que le son verdaderamente importantes a la gente; posibilidad que, entonces sí, construye políticas culturales más sólidas y de largo aliento, donde una aplicación tan simple como un mapa, juega precisamente un papel orientativo, de mediación, descentralización y conecte hacia horizontes de anhelo común.</p><p>Por: Gerardo Daniel Padilla<br>Original para RGC Ediciones (2022).</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=8d09f734d768" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[El Zapotillo, una inundación a los Derechos Culturales]]></title>
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            <category><![CDATA[desarrollo]]></category>
            <category><![CDATA[derechos-culturales]]></category>
            <category><![CDATA[derechos-humanos]]></category>
            <category><![CDATA[temaca]]></category>
            <category><![CDATA[jalisco]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Gerardo Daniel Padilla]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 22 May 2024 17:37:01 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-05-24T03:29:07.137Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué tan profundamente mal se encuentra planteado un proyecto, cuando requiere, como un sencillo paso para su implementación, de la inundación de tres pueblos?</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*r482KvWnShccZVE9_JZlQg.jpeg" /></figure><p>Comprender el contexto que rodea a Temaca, requiere de la disección de muchas capas. Sus grandes rasgos, implican una apuesta de la administración pública hecha en 2005 por solucionar el histórico problema de abastecimiento de agua para la zona de Los Altos de Jalisco, el Área Metropolitana de Guadalajara y el municipio de León, Guanajuato; ésta se ve impulsada por los gobiernos estatales involucrados, pero principalmente, por el jalisciense. Actualmente, propone la elevación a 105 metros de una cortina que posibilitaría, según organismos federales, una capacidad de almacenamiento para la represa superior a los 910 millones de m³, así como la consecución de un caudal que resolvería los problemas existentes respecto a la distribución del agua, aunque ello, derivaría en la inundación de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y, por ende, en la reubicación de sus habitantes, mismos que, de acuerdo a las palabras determinantes de Aristóteles Sandoval “solamente cederán su espacio al beneficio colectivo”.</p><p>Ellos, sin embargo, los que se enfrentan en directo con esta decisión innegablemente unilateral, conocen con plenitud lo que consideran como la otra cara de las pretensiones y de los antecedentes de El Zapotillo, tienen más de una década señalando la suerte de irregularidades que giran en torno al proyecto, desde anomalías en el tratamiento de la licitación, hasta manifestaciones de impacto ambiental que discrepan entre expedientes, la operación de la obra sin los permisos del poder legislativo o el nunca ocurrido proceso de consultación o socialización que debió llevarse a cabo previo a que el ejecutivo decidiera cualquier cosa; demandan sean consideradas otras opciones de desarrollo que favorezcan una verdadera gestión integral del agua, una que no implique tengan que ser sepultados; sobre todo, entre sus exigencias, destaca un genuino llamado a que se respeten y garanticen sus derechos humanos.</p><p>De entre todas, ésta última capa que menciono me parecería la sustancial, acá el enfoque del debate se centra menos en el conjunto de complejos argumentos técnicos, jurídicos y ecológicos y más en las personas, lo que favorece comunicar e informar a muchos otros sobre el tema y permite identificar los puntos más sensibles que discuten cada una de las partes.</p><p>Esta perspectiva, vuelve visible también, una de las constantes que acompañan al proceso desde hace más de 10 años: la valoración, por parte del Gobierno del Estado, de violar de manera categórica los Derechos Culturales en nombre del progreso.</p><p>El reclamo parte, por supuesto, de la incertidumbre del ciudadano respecto a su patrimonio y su futuro, pero lo expresa en un sentido mucho más amplio y colectivo, preservando los modos y estilos de vida de su comunidad, procurando la prevalencia de su riqueza e identidad cultural, participando de sus costumbres, fomentando sus tradiciones, defendiendo su derecho a pertenecer a un pueblo y a conservar en paz la posesión de su territorio.</p><p>El día que el Gobernador anunció su nueva determinación, dijo también que encaminaría los esfuerzos para que<em>“la huella cultural de las poblaciones permanezca con la reubicación”</em> a fin de que <em>“se rescate todo aquello que tenga valor para el pueblo y la cultura de los jaliscienses”</em>; aunque quizá lo que no sepa, es que cada vez son más los organismos dedicados al estudio y promoción de la sostenibilidad, que han logrado puntualizar los altos costos sociales, económicos y culturales que la construcción de una gran presa o megaobra de cualquier tipo, impone sobre las comunidades que tienen que ser desarraigadas del asentamiento que habitan. La Comisión Mundial de Represas, por ejemplo, con su informe “Represas y Desarrollo: Un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones”, destacó que rara vez ha sido posible restaurar los modos y medios de vida entre los reasentados, que es el patrimonio cultural edificado otra de las víctimas y que muchos recursos y bienes artístico-culturales terminan siendo imposibles de salvaguardar; lo cual tiene lógica, pues las estrategias de reubicación, se focalizan en el traslado físico, no de comunidades y mucho menos de culturas; así pues, las expresiones culturales que logran ser rescatadas, al final, se ven desagregadas del contexto social que les daba sentido.</p><p>Cuando corrían los primeros años del conflicto, una de las peticiones ciudadanas que tuvo eco, fue la de realizar un peritaje sobre el patrimonio cultural de los territorios, lo que derivó en una intervención del INAH y de la Secretaría de Cultura de Jalisco; sus apreciaciones finales aseveraron el alto valor histórico del templo de Nuestra Señora de los Remedios ubicado en Temacapulín, el de Flamacordis en Acasico, del camposanto del Cerro de la Gloria y de un conjunto de fincas a ser sujetas de conservación y restauración especializada. Revisiones más recientes, lo que ponen sobre la mesa, es la valuación del patrimonio inmaterial que la zona representa, su geografía y vitalidad a lo largo del tiempo, la vuelven un referente obligatorio al hablar de la época prehispánica, colonial y del Siglo XIX del occidente del país. Temaca es pues, necesario para explicar a Jalisco a través de los años.</p><p>Estos hallazgos de orden cultural, muchos otros más en materia de derechos humanos y todos los de carácter jurídico y ambiental, vuelven a ser subestimados por el Gobierno del Estado, lo relevante ahora es que, para hacerlo, anteponen un nuevo estudio pagado a la UNOPS por 90 millones de pesos, que vino a funcionar muy bien como vacuna política, pues brinda al Ejecutivo la oportunidad de posicionar su decisión como una respuesta al análisis técnico y profesional que membretó Naciones Unidas.</p><p>La comunidad académica local y las organizaciones civiles que han hecho suya la causa de los pobladores, ya han manifestado que la consultoría prestada por la UNOPS, funciona únicamente como un estudio justificativo de los 105 metros de altura a los que se proyecta elevar la cortina de la represa, pondera que su construcción es una medida viable para solucionar la problemática de abastecimiento de agua y no pone a consideración de las autoridades ninguna otra alternativa para la gestión integral de éste recurso. La realidad es que con esta resolución, se dispara de nueva cuenta la sospecha de que detrás de los planes para EL Zapotillo, hay un interés que tiene que ver con particulares y con sus grandes capitales, de no ser así, ya se hubiera atendido una década de reclamos o ya se hubieran considerado las opciones que ajustan más sus criterios a los del desarrollo sostenible, como el saneamiento de las cuencas y los ríos desde los que ya se distribuye el agua o la reparación de las tuberías del Área Metropolitana de Guadalajara.</p><p>Los pueblos tienen el indiscutible derecho de ser consultados y de tomar una decisión libre, colectiva y sin las presiones de los agentes externos a los que muy difícilmente podrá llegar a importarles el monto cultural, histórico y social que se perdería, pues de suscribir la petición de las comunidades afectadas a que se respeten sus derechos humanos y culturales, tendrían que renunciar, por ende, al retorno económico de su inversión.</p><p>Quizá si imaginamos que algún día, un desconocido toca a la puerta de la casa para solicitar nuestro desalojo por tener la encomienda de inundarla, junto con el barrio y la ciudad donde crecimos y como pretexto, nos pone el de un bien común y mayor; podamos comprender más éste asunto.</p><p>No hay duda de que existe una problemática en torno a la distribución de agua para Jalisco y Guanajuato, pero es responsabilidad de sus gobiernos, explorar opciones no depredadoras por las que pueda resolverse y es precisamente la opción que más apremian la que debería descartarse de una buena vez.</p><p>En aquel discurso, cuando por enésima vez se sentenció a Temaca, Aristóteles tuvo razón en que lo señalaría la historia, pero dudosamente será como <em>“el precursor de los recursos que la gente necesita”</em>, sino como el gobernador que no cumplió con su promesa. Habrá quien, después de mucho tiempo, narre el relato de El Zapotillo, como aquel proyecto que usó la bandera del desarrollo y el progreso para atropellar la democracia, la cultura y los derechos humanos.</p><p>Por: Gerardo Daniel Padilla<br>Original para Revista Morbífica (2017).</p><p><em>Referencias:</em></p><ul><li><a href="http://www.elrio.mx/la-presa-zapotillo-culagos-cualtos-reprueban-a-aristoteles-sandoval/"><em>http://www.elrio.mx/la-presa-zapotillo-culagos-cualtos-reprueban-a-aristoteles-sandoval/</em></a></li><li><a href="https://cronicadesociales.org/2011/05/11/imposible-trasladar-el-patrimonio-cultural-de-temacapulin-advierte-cronista-de-los-altos/"><em>https://cronicadesociales.org/2011/05/11/imposible-trasladar-el-patrimonio-cultural-de-temacapulin-advierte-cronista-de-los-altos/</em></a></li><li><a href="http://www.milenio.com/firmas/frank_lozano/temacapulin-aristoteles_sandoval-presa_18_986481406.html"><em>http://www.milenio.com/firmas/frank_lozano/temacapulin-aristoteles_sandoval-presa_18_986481406.html</em></a></li><li><a href="http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/142028/6/presa-el-zapotillo-en-vilo-por-anomalias.htm"><em>http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/142028/6/presa-el-zapotillo-en-vilo-por-anomalias.htm</em></a></li></ul><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=475fb18a3c01" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[El discurso de la cultura como recurso del político]]></title>
            <link>https://medium.com/@gdanielpadilla/el-discurso-de-la-cultura-como-recurso-pol%C3%ADtico-dbab1b0ab7cc?source=rss-a35e05897adc------2</link>
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            <category><![CDATA[cultura]]></category>
            <category><![CDATA[política]]></category>
            <category><![CDATA[discurso]]></category>
            <category><![CDATA[peña-nieto]]></category>
            <category><![CDATA[conaculta]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Gerardo Daniel Padilla]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 22 May 2024 04:00:54 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-01-30T03:08:25.316Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*wjkpEhitVYXwldVOyb_Viw.jpeg" /></figure><p>Una de las tantas asignaturas pendientes que 2016 dejó a la vida pública nacional, ésta, ante el fallecimiento de Rafael Tovar y de Teresa, fue la del proceso por el que se designaría a un nuevo titular de la todavía naciente Secretaría de Cultura federal, proceso que debía entenderse, además, como una prioridad, pues el año cerraba con la discusión y el tratamiento de temas medulares para el sector: legislación en la materia desde el Senado, la integración del comité redactor de la ley de cultura, el planteamiento de rutas y propuestas de fortalecimiento presupuestal ante el brutal recorte del nuevo ejercicio fiscal, más la amplitud en las críticas al nuevo Reglamento Interior de la Secretaría, (señalado por su elaboración tras bambalinas), marcaban ese ritmo para no dejar acéfala ni un minuto más a dicha instancia.</p><p>Tenía sentido, por lo tanto, que una de las primeras acciones de gobierno para el año que recién inicia, fuera precisamente, proponer e instalar a un nuevo secretario en el cargo, quizá un perfil que pudiera a la vez, tanto consolidar la visión que Tovar y de Teresa tenía para el presente sexenio, como reformular por otro lado, nuevas estrategias para el desarrollo cultural con visión a futuro, alguien que supiera hacer las veces de articulador y auditor de cada acción legislativa actual en materia de Derechos Culturales y fuese conocedor de los aparatos burocráticos, a fin de garantizar la no ralentización de la agenda en curso de las instituciones artísticas y culturales.</p><p>El perfil fue encontrado en María Cristina García Cepeda, quien hasta hace unos días se encontraba al frente del Instituto Nacional de Bellas Artes, destacada por su trayectoria de más de 30 años en el medio, cercana colaboradora de su antecesor.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*WfM-nCvwr7nmlcdQgYOEkQ.jpeg" /></figure><p>El anuncio de éste ajuste al Gabinete, dado el pasado 4 de enero (primer mensaje oficial del año), vino acompañado, sin embargo, de otra serie de pronunciamientos emitidos por Enrique Peña Nieto relativos al tema de la Cancillería y al del aumento a los precios de los combustibles; el primero, con la reinserción de Luis Videgaray al equipo presidencial, después de la que resultaría, para éste último al menos, la no tan desafortunada decisión de invitar al entonces candidato republicano Donald Trump a tierras mexicanas, y el segundo, dado como un apresurado posicionamiento justificativo de las acciones tomadas por el Gobierno Federal respecto al tema petrolero. La evidente crisis político-social, característica de la gestión peñanietista, pero que ha llegado, otra vez, a un punto álgido, ahora con el asunto del “gasolinazo”, nos obliga a poner sobre la mesa que a tales tópicos, por su importancia, debió dárseles un tratamiento dentro de un foro y un momento distinto, particular, efectuado mucho antes y para nada enmarcado por la toma de protesta constitucional a García Cepeda.</p><p>Y es que pareciera, que el discurso de la cultura, al servicio de la clase política, resultase en un componente predilecto del cual echar mano para atenuar y adelgazar situaciones complejas. Sobre ello escribía alguna vez Juan Domingo Argüelles, “ocurre que el tema de la cultura es muy útil y oportunísimo en tiempos de grave crisis política” (2015), aludiendo a lo que consideró como la estrategia salinista de aproximación con el entonces subsector cultura para propiciar y construir credibilidad, luego de llegar a la presidencia de la República tras un proceso electoral muy cuestionado. En ese mismo sentido, Tomás Ejea Mendoza, se refería a la creación del CONACULTA y del FONCA como, sí, un esfuerzo por transformar la política del gobierno federal hacia con la cultura y el arte, pero que también podía entenderse como un acto que buscaba “resarcir, en la medida de lo posible, el descontento social” (2010), a vida de establecer una estrategia de reconciliación nacional.</p><p>Bajo ese contexto, lo que presenciamos en ésta ocasión, entre la reincorporación de Videgaray Caso a Relaciones Exteriores, quien después, externaría entre sus subsecretarios que -venía a aprender- de ellos, y el momento en que el Presidente aseguró ser empático con la molestia ciudadana que representaba el elevado costo de las gasolinas; fue el acto protocolario por el que integraría a funciones a la nueva secretaria de cultura, no sin antes, claro, hablar de las bondades que el campo cultural posibilita al país, doler un poco el deceso de Don Rafael Tovar y encomendarle a “Maraki”, como la llamó, la consolidación de la SC en lo administrativo y programático atendiendo a las necesidades de la comunidad, algo sobre el derecho de acceso a la cultura y poco más sobre el impulso a artistas y creadores.</p><p>Sara Sefchovich planteaba, que el discurso cultural como servidumbre del político, en México al menos, tiene dos características que le otorgan pauta y que se han venido perfeccionando con el pasar del tiempo: su modo de ser “oficialista” (la forma en que se transmite y se elige qué circular) y su “positividad” (su aspecto triunfalista desde el que se habla de la obtención de grandes resultados siempre), atributos por los que se busca hacer pensar que la cultura es un terreno en el que no ha habido crisis nunca, una especie de <em>safe zone</em> desde la que se puede partir para decir casi cualquier cosa, sin importar qué tan bestial esa cosa pueda ser.</p><p>Es un hecho que, una parte de garantizar la continuidad de las labores en la Secretaría de Cultura, requería de la promoción y emplazamiento de su nuevo responsable, y el que ésta tarea se haya realizado a la par de otras de tipo diplomático, que, más que estrategias parecieran acciones desesperadas, tan sólo reveló, de nuevo, la precaria organización en las agendas y prioridades del Ejecutivo Federal. El problema no es pues, de forma, si no de fondo; para explicar esto, pondremos sobre relieve algunas realidades: (1) mucho antes de su transformación en Secretaría de Estado, es con la constitución del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1988, que se traza un gran cambio en la manera de pensar las políticas públicas en materia de cultura para el país; (2) tal como la de García Cepeda hoy al frente de la SC, la trayectoria de cada uno de los otrora titulares del CONACULTA, se caracteriza por ser amplísima, reconocida y en muchos de los casos, condecorada, y (3) desde que se comenzaron a elaborar programas especiales de gobierno para la cultura, a partir del sexenio de Salinas de Gortari, estos han ido quedando realmente cortos en sus mecanismos de democratización, instrumentación, asignación de recursos y comparación de sus alcances reales contra sus metas trazadas; todo ello mientras la dinámica cultural se vuelve cada vez más diversa.</p><p>Lo que tenemos entonces, es un déficit de resultados e indicadores que contrasta con la historia, fuerza y modernización de nuestras instituciones culturales, mismas que, según lo que parece, han sido coordinadas desde hace décadas por los perfiles indicados. Ésta relación de variables que no se corresponde, puede ser explicada por una razón tan sencilla, como intrincada: El desarrollo cultural no ha sido prioridad, para ninguna agenda política y para ninguna agenda de gobierno, es pues “un tema infravalorado. Puede suceder, como recién lo atestiguamos, que al frente de una dependencia exista una persona de nivel […] pero que su gestión dependa de un gobierno enano, miserable con los presupuestos, incapaz de entender los alcances que pueden tener las políticas culturales en el desarrollo del país y en la transformación social” (Lozano del Real, 2016) .</p><p><em>“Administrar el desorden”</em> se ha convertido cada vez más en la constante. Con trayectoria o sin ella, ocurre que deja de pesar el rol y la visión de aquellos que ocupan las titularidades de los organismos artístico-culturales y sus agregadurías; hoy las circunstancias insinúan apremiar el caso hipotético que alguna vez (en plática de creativos y borrachos), alguien exponía: la gestión de Peña Nieto podría reducir el papel del Secretario de Cultura, así fuera éste Vasconcelos, al de un simple “<em>administrador de los desmadres”</em>.</p><p>La realidad obligará al político a dejar de utilizar lo cultural como el cosmético con el que cubre sus faltas, ese grupo “pequeño pero estridente” del que hablaba Argüelles, se robustece y complejiza cada vez más. No bastará pues, con utilizar el término para vanagloriarse desde un discurso electorero; informar el estatus de la política cultural mexicana deberá corresponder con lo día a día observable por y en el sector.</p><p>Lo de las instituciones, quizá, sea una fase con muchas más capas, las problemáticas no se resolverán con la instalación de equis o ye secretario por más especializado que éste sea, no mientras las agendas políticas y gubernamentales sigan operándose en clave partidista y con la ausencia de una visión de desarrollo. En ésta parte, tal vez lo que nos toque, sea seguir señalando y por supuesto, ante los oídos sordos, continuar en la construcción plural de las rutas de abajo hacia arriba.</p><p>El encuadre es pesimista: el veloz desplome por el que atraviesa la economía mexicana ante el dólar, las cláusulas que alejan cada vez más la inversión norteamericana y la proyección inestable en el precio de los combustibles, fallas que se antojan como las <em>irremediabilidades</em> de la reforma energética y hacendaria, cobran ahora la factura de las malas decisiones y, la cultura, ese recurso que la clase política sabe muy bien eclipsar, puede llegar a ser la gran articuladora ante el presente momento de hartazgo social; el espacio de expresión, de liberación de iniciativas y aportaciones para la exigencia de un cambio por parte de las grandes cabezas, que al parecer, chico les ha quedado el cuerpo al interior de un panorama que no deja ver balance más que caída.</p><p>Entretanto, bienvenida María Cristina García Cepeda, el tiempo sabrá desasociar su trabajo y perfil de la administración de EPN… no por ahora. Esperamos que el anuncio por el que se le encomendó a la Secretaría de Cultura haya sido por ella y por todos bien recibido, hasta como una buena noticia, contrario a como se recibe la noticia sobre un gasolinazo.</p><p>Por: Gerardo Daniel Padilla y Daniel Tachi Villalba<br>Original para Revista Contrasentido (2017).</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=dbab1b0ab7cc" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[México 2016: La diversidad vulnerada]]></title>
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            <category><![CDATA[cultura]]></category>
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            <dc:creator><![CDATA[Gerardo Daniel Padilla]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 20 May 2024 17:26:11 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-05-24T03:05:37.868Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Todavía en México: La diversidad vulnerada</h3><p>Aunque expresado en ocasiones ya incontables, hoy el escenario que plantea la realidad nacional, pareciera volver a requerir lo mencionemos:</p><p>Si, cultura es también identidad, es autoconcepto, el conjunto de lo que nos define en el momento y que permite identificarnos con o respecto al otro, localizarnos, pertenecer, aproximarnos a la construcción del “soy” y el “somos”, individualidad y al mismo tiempo, colectividad.</p><p>Si, cultura es también diversidad, y ésta condición se suscribe en la configuración heterogénea de la mexicanidad, en las genuinas, únicas y múltiples experiencias que traza nuestro territorio y la gente.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*MRerRfz-IFmn-9SvGHSMRA.png" /></figure><p>Partir de éste reconocimiento, incluso, nos ha dado la posibilidad de hablar en la actualidad de derechos culturales (entendidos como garantías de las que somos sujetos, no sólo por ser ciudadanos de un Estado-Nación, sino por el simple hecho de nacer y ser personas), mismos que se encuentran incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento para construir ese pacto de igualdad y condiciones de equidad para todos, pero más que nada, entre los muchos y las poblaciones que históricamente han sido las dolientes de la intolerancia, pero que siempre han estado ahí, aquellas que en otro tiempo (que pareciera hoy regresar), se etiquetaran bajo la terminación de «ciudadanos de segunda»; ahora, aún, en vulnerabilidad.</p><p>Si éste texto optara por referir una lista de grupos que histórica y sistemáticamente han sufrido vulneraciones, enunciaría entre ésta, claro, a la comunidad LGBTTTIQA+, y hoy (ante la coyuntura generada por agrupaciones que, frente a la propuesta de reforma constitucional del ejecutivo federal respecto al matrimonio igualitario, la adopción, el divorcio y la identidad de género, se han escudado en la defensa de una causa por demás rebasada en nuestros días); por supuesto que lo hará y, además, también pondrá sobre relieve su manifestación sociopolítica y lucha por justicia social, abierta desde hace más de cuatro décadas, a vida del reconocimiento de sus derechos como individuos y como miembros de la sociedad.</p><p>Apelando a esa diversidad cultural, señalada en renglones arriba, compréndase desde aquí, un esfuerzo por poner en valor los procesos y las narrativas de quienes ya basta de marginar, hoy, con discursos totalizadores que pretenden sugerir cómo sí y cómo no ha de configurarse la familia, pretendiendo lograr que ciertas orientaciones sexogenéricas (hetero/cis), tengan mayores derechos sobre otras.</p><p>Me parece entonces, que el resultado de las manifestaciones pro-matrimonio “natural”, ocurridas el pasado fin de semana en diversas ciudades del país, lo que pone sobre la mesa es el estatus actual de la aceptación que se tiene del “otro” (en parte, por la ausencia de políticas públicas equitativas), un conservadurismo que pareciera perversamente incrustado en la cotidianidad, evidencia un diálogo fracturado y urge a una discusión al más amplio nivel, que debe ser obligatoriamente posibilitada por el Estado, haciendo, primero, un llamado desde el laicismo y segundo, abrazando la tolerancia, el respeto y la pluralidad como las vías que podrán conectar los puntos hacia el consenso social, articulando un tejido que ha de imbricarse desde la paz.</p><p>No escuché ninguna consigna de parte de los que se dieron cita a la marcha liderada desde el Frente Nacional por la Familia que pidiera, por ejemplo, una respuesta a su gobierno respecto a lo que hará para reducir los índices de violencia intrafamiliar o abatir el machismo, esa sí, una práctica casi institucionalizada promotora de la desigualdad; no, el llamado era para vulnerar decisiones de vida no heteronormativas, punto.</p><p>Lo que está en juego aquí, son pues, las garantías más esenciales, nuestros derechos de primera a última generación. Hay que ser congruentes con la memoria histórica del país, esa que ha sido pautada por su multiplicidad de expresiones encontradas, hoy reflejada en la diversidad sociocultural de lo que somos.</p><p>Los tiempos exigen charlemos, re-pensar juntxs el concepto un tanto fatigado de familia y agotar un tema que, hasta ahora, ha imposibilitado transitemos hacia la implementación de estrategias reales contra la discriminación. Hay que decirlo, el aparato que clasifica, califica y por ende, segrega; ha permanecido irreductible durante la construcción de nuestra identidad nacional a lo largo de todo éste tiempo. Mira que ponerle trabas a la libertad en nuestros días.</p><p>Por: Gerardo Daniel Padilla<br>Original para Revista Morbífica (2016).</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=97197a97ac4a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[¿Cabe una dimensión cultural en los proyectos de desarrollo?]]></title>
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            <category><![CDATA[cultura]]></category>
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            <category><![CDATA[territorio]]></category>
            <category><![CDATA[desarrollo-sostenible]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Gerardo Daniel Padilla]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 20 May 2024 15:58:28 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-05-20T15:58:28.116Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Por supuesto que no se trata de un esfuerzo reciente, si bien ubicar a la cultura en el centro de las ideas de desarrollo ha sido reto y objeto de estudio de múltiples actores desde mediados del siglo pasado, no es hasta la década de los noventas en que el debate al respecto (posibilitado por entidades internacionales y cuerpos especializados), adquirió un carácter cuya puntualidad, marcando siempre el relieve en “ lo local”, permitió generar insumos que derivaron en una serie de recomendaciones y declaratorias con cualidades de adaptación y aplicación territorial.</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*S6zt53fxQbHi8bBTUSCRJw.jpeg" /></figure><p><strong>Sobre vincular cultura y territorio: Algunos apuntes breves.</strong></p><p>Limitar la comprensión del territorio a términos de espacialidad, conlleva a vulnerar sus posibilidades de mejora; dimensionarlo únicamente como la delimitación geográfica de un lugar, equivale a verle como una especie de contenedor, condición que es realidad para cientos de proyectos de desarrollo en el país, y ya en más de una ocasión, requisito. Las vicisitudes en el pueblo de Temacapulín, en la Sierra de Catorce, en Tajamar, por mencionar algunas; ejemplifican las consecuencias de estos proyectos: ponen en tela de juicio los manejos entre gobierno y empresas desarrolladoras, violentan la vida de las comunidades que ahí habitan y se visibiliza siempre, el deterioro e impacto medioambiental que producen.</p><p>Frente a éste escenario, quienes gestionan modelos integrales de ciudad (modelos que suelen coincidir en el entrelazado de al menos dos procesos: planeación y participación), y que entre sus metas trazan la construcción de comunidad; abrazan la propuesta, crítica y reflexión de los investigadores: Deben considerarse, en todo momento, las condiciones culturales locales para la generación de programas y planes de desarrollo en un territorio, y éste, ha de razonarse más allá de sus variables físicas, al dotársele de un profundo análisis desde lo cultural, situación que permitirá, ya no sólo georreferenciarlo sino entenderlo además como una construcción social, cargada de historia, de significaciones individuales y colectivas, de posibilidades y de expectativas generadas a partir de las interacciones sociales y simbólicas de quienes en él habitan.</p><p>No hacerlo -o seguirlo haciendo como en otras ocasiones se ha hecho-, es atentar contra los modos de vida de las comunidades, contra la memoria, la identidad y contra la salvaguarda y dinamización de nuestro patrimonio edificado, natural e intangible.</p><p>Por: Gerardo Daniel Padilla<br>Original para Revista Morbífica (2016).</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=99304e43cf9b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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