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        <title><![CDATA[Stories by Héctor Silva Ávalos on Medium]]></title>
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            <title>Stories by Héctor Silva Ávalos on Medium</title>
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            <title><![CDATA[Fiscalía salvadoreña investigó a los hermanos de Nayib Bukele y a una asesora venezolana como…]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Héctor Silva Ávalos]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 20:46:57 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-01T20:46:57.129Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Fiscalía salvadoreña investigó a los hermanos de Nayib Bukele y a una asesora venezolana como supuestos jefes de una red criminal</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/768/0*ycrDuSjwirNJMBrm.jpg" /><figcaption>Nayib Bukele y sus hermanos en la casa presidencial de El Salvador</figcaption></figure><p><strong>[Esta nota fue publicada en el portal argentino Infobae a finales de 2022. Le republico aquí para refrescar sobre la investigación que la fiscalía general de El Salvador emprendió en 2020 y 2021, la cual arrojó fuertes indicios de corrupción y criminalidad organizada en el entorno de Nayib Bukele. Aquella investigación quedó enterrada luego de que el presidente salvadoreño nombró a Rodolfo Delgado como fiscal general, pero los hallazgos de entonces siguen alimentando investigaciones periodísticas, la más reciente sobre </strong><a href="https://armando.info/banco-de-asesor-venezolano-de-bukele-esta-al-centro-de-demanda-por-prestamo-de-290-millones-a-tv-azteca/"><strong>uno de los asesores venezolanos</strong></a><strong> que ya aparecían nombrados.]</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/541/1*xAe2WvOloAb4gZLZvyzncg.jpeg" /></figure><p>Héctor Silva Ávalos</p><p><em>Un resumen del expediente Catedral, al que el autor tuvo acceso en 2022, revela que tres hermanos del presidente salvadoreño fueron listados como sospechosos de liderar una estructura criminal que, entre otras cosas, ejecutó el pacto con las pandillas MS13 y Barrio 18.</em></p><p>Para finales de 2020 los informes y diagramas que resumían la investigación al entorno del presidente Nayib Bukele por sospechas de corrupción y asociaciones criminales con la MS13 y el Barrio 18 estaban en el despacho del ex fiscal general Raúl Melara. En uno de los esquemas aparecen las fotografías y nombres de Karim Bukele y los mellizos Ibrajim y Yusef Bukele, los hermanos del presidente, como los principales tomadores de decisiones de la organización.</p><p>Los hermanos Bukele son, según los investigadores de la fiscalía salvadoreña, el “centro de poder” de la organización que coexiste con la presidencia de la república de El Salvador y cuyos principales alfiles, peones y protectores son funcionarios del gobierno que preside Nayib Bukele. Se trata, dicen los agentes, de una organización que tiene una “finalidad delictiva” y cuyos objetivos más importantes son dos: “obtener lucro” y la “acumulación de poder”.</p><p>“Lo que convierte en delictiva una asociación u organización es su objetivo, al estar orientada a la comisión de delitos dolosos (con intención)”, escriben los fiscales en el expediente que, en la oficina del exfiscal general Melara, fue bautizado como Catedral, por el tamaño de la investigación y la gravedad de lo investigado.</p><p>Las investigaciones de Catedral llevaron a los fiscales a concluir que la organización que se supone dirigían los hermanos Bukele cometió varios delitos para obtener lucro y acumular poder. Todos esos delitos se cometieron en tres operaciones: “La negociación con estructuras de liderazgos de maras o pandillas”, “la creación de plazas fantasmas en tiendas institucionales de la dirección general de centros penales” y la compra irregular de canastas básicas por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería durante la pandemia de Covid-19 y su uso con fines político-electorales, según el informe de Catedral.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*hSSuyOjfUg7xMhBoIWaq8w.jpeg" /><figcaption>Diapositiva de una presentación preparada por la fiscalía general de El Salvador en 2021, antes de que Nayib Bukele controlara la institución.</figcaption></figure><p>En concreto, los fiscales investigaron delitos como actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, falsedad documental agravada y peculado.</p><p>El autor tuvo acceso a los documentos de la fiscalía y al resumen del Caso Catedral a través de dos investigadores, uno salvadoreño que trabajó de cerca con el fiscal Melara y con Germán Arriaza, el fiscal que dirigió la investigación en El Salvador, y otro estadounidense que ha colaborado con la fuerza de tarea Vulcano, el grupo especial de Estados Unidos, formado por agentes del Departamento de Justicia (DOJ en inglés) y del Departamento de Estado (DOS en inglés) que retomó las investigaciones de Catedral y alimentó un expediente abierto por fiscales del Distrito Sur de Nueva York (SDNY en inglés) que, según una publicación de la agencia Reuters, acusará al menos a dos funcionarios de Bukele por delitos relacionados con el pacto con la MS13 y el Barrio 18.</p><p>Desde septiembre pasado (2022), el autor confirmó la veracidad de los documentos con otro asesor del exfiscal Melara y con funcionarios estadounidenses, incluidos uno del Departamento de Estado y dos asistentes legislativos que han conocido las investigaciones de Vulcano y del SDNY.</p><p>El martes 28 de octubre, Germán Arriaza, quien fue jefe de la unidad especial de la Fiscalía General que investigó Catedral, también confirmó a Reuters la autenticidad de los documentos acumulados en el expediente al que Infobae ha tenido acceso.</p><p>Arriaza, quien tuvo que salir de El Salvador, fue removido de su cargo como investigador jefe de Catedral por Rodolfo Delgado, el fiscal al que los diputados de Bukele impusieron en mayo de 2021, en parte para enterrar estas investigaciones que comprometen a sus hermanos y a funcionarios que son o han sido cercanos a él, como Carolina Recinos, su jefa de gabinete; Pablo Salvador Anliker, su ex ministro de Agricultura; Xavier Zablah, presidente del partido Nuevas Ideas y esposo de la secretaria de comunicaciones de la presidencia; y Juan Carlos Bidegain Hananía, ministro de Gobernación, entre otros.</p><p>Los fiscales de Catedral también listan a varios ciudadanos venezolanos, asesores del presidente Bukele, como parte de la organización, entre ellos a <a href="https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/05/06/quien-es-la-asesora-del-gobierno-de-el-salvador-vinculada-a-raul-gorrin-el-testaferro-de-maduro/">Sara Hannah Georges</a>, la operadora nativa de Venezuela que, según investigaciones periodísticas, dirigió una especie de gabinete en la sombra durante la pandemia y ha estado involucrada en la planificación del lanzamiento de la aplicación digital Chivo Wallet, financiada por el gobierno Bukele con fondos públicos para poner a circular el bitcoin.</p><p>El autor intentó contactar a la casa de gobierno de El Salvador para obtener reacción de los funcionarios y familiares del presidente Bukele implicados en el expediente Catedral, pero no hubo respuesta. También se intentó tener una reacción del actual fiscal general, Rodolfo Delgado, pero tampoco respondió.</p><p><strong>El “centro de poder” de los Bukele</strong></p><p>El gobierno de Nayib Bukele no ha escatimado esfuerzos ni pleitos a la hora de negar los resultados que arrojó el Caso Catedral. No es para menos: según los investigadores salvadoreños que trabajaron en ese expediente, los hermanos del presidente están a la cabeza de la cadena de mando.</p><p>Uno de los primeros esquemas de la organización investigada que se conoció en el despacho de Raúl Melara detalla líneas de mando y círculos de poder y tomas de decisiones. Al centro de todo hay un círculo en el que aparecen los tres hermanos, listados bajo la etiqueta familia, como los directores de un pequeño grupo en el que se toman las decisiones más importantes, que incluye, también, a miembros “con jerarquía material en la función pública” y a “miembros con jerarquía en el partido político de la organización”, es decir, Nuevas Ideas, el partido del presidente.</p><p>Del “centro de poder”, dice el análisis de los fiscales, “emanan las directrices” que luego se trasladan a quienes tienen poder en los ministerios o en Nuevas Ideas.</p><p>Los fiscales lo describen así: “prácticamente una orden emanada de personas en este nivel, significa que es una orden de equivalente del centro de poder. Hay personas que están en la estructura gubernamental y personas fuera de la estructura gubernamental, teniendo el nivel de Comisionadas Presidenciales para temas específicos. Su función es la labor de coordinación entre Ministerios para el cumplimiento de las directrices emanadas por el Centro de Poder”.</p><p>En la primera línea de la estructura están Karim Bukele, siete años menor que su hermano Nayib, y los mellizos Ibrajim y Yusef, que tienen nueve años menos que el presidente. De hecho, lo que plantean los fiscales de Catedral confirma la influencia de los hermanos menores en el gobierno del presidente Bukele, aun sin ser funcionarios.</p><p>Fue Karim quien, en nombre de su hermano, dirigió en 2020, al inicio de la pandemia, la negociación con diputados de la derechista ARENA para la aprobación de un decreto que dio amplias prerrogativas al ejército para realizar detenciones durante las cuarentenas impuestas, según reveló una investigación de El Faro. De acuerdo con las investigaciones de Catedral, fue precisamente amparada en leyes y decretos aprobados durante la pandemia que la organización delictiva enquistada en el gobierno realizó ventas irregulares de alimentos e insumos.</p><p>Una investigación del medio venezolano Armando Info reveló, en septiembre de este año, que fue Karim Bukele quien primero contactó a Lester Toledo, un consultor político relacionado a la oposición venezolana, para que trabajara asesorando a Nayib Bukele en El Salvador. Con Toledo llegó Sarah Hannah Georges, otra venezolana, quien fue asistente de Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López.</p><p>Hannah y Karim Bukele, según la publicación de Armando info, establecieron una relación personal cercana. Hannah desplazó a Toledo como jefa de los asesores venezolanos y comenzó a dar órdenes a ministros y funcionarios del gobierno. A ella, los investigadores de Catedral la ubican una línea por debajo de los Bukele, como parte del grupo que traslada las direcciones del centro de poder a otros funcionarios. En ese mismo nivel está Carolina Recinos, la jefa de gabinete a la que Estados Unidos señala como supuesta responsable de actos de corrupción y a la que el Departamento del Tesoro en Washington ha sancionado.</p><p>Los mellizos Yusef e Ibrajim Bukele también tienen voces influyentes en el gobierno. El 16 de julio de este año, el periódico digital El Faro publicó una investigación que revela cómo los dos hermanos menores del presidente fueron los principales interlocutores del gobierno salvadoreño en pláticas con criptoinversionistas para planificar la entrada en vigor de una criptomoneda salvadoreña, lo cual no ha ocurrido.</p><p>Y en octubre de este año, Infobae reveló que fue Ibrajim Bukele quien lideró la delegación del gobierno salvadoreño que viajó a Washington a intentar cerrar una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo de US$1.3 mil millones de dólares, algo que no consiguió.</p><p>De acuerdo con los fiscales de Catedral, debajo de los tres hermanos hay “distintos niveles de jerarquía en la actuación de la organización, desde la jerarquía hasta los ejecutores”.</p><p>Marcela Galeas, abogada penalista salvadoreña, dijo que los funcionarios implicados en la cadena de mando de una organización delictiva pueden ser objeto de imputaciones criminales. “Siendo funcionarios tienen posición de garante y responsabilidades directas por sus facultades, no pueden justificar su omisión de actuar o su negligencia en sus cargos amparados en la ley… Si se realizaron delitos en pro de concentrar poder, dependiendo del número y de los gestores y mandos podría hablarse de concurso para delinquir y niveles de participación”, explicó.</p><p>Por debajo de los dos primeros niveles estratégicos de la organización, en los que están los hermanos, Recinos y los venezolanos, hay una línea de funcionarios a los que Catedral identifica abiertamente como “estructura criminal”. Ahí están, por ejemplo, Osiris Luna Meza, director general de prisiones, y Carlos Marroquín, comisionado presidencial para la reactivación del tejido social, ambos sancionados por el Tesoro estadounidense y sujetos de una inminente acusación penal en Nueva York por su supuesta participación en el pacto con las pandillas.</p><p><strong>Ocultar la Catedral: objetivo prioritario</strong></p><p>El fiscal general bukelista Rodolfo Delgado ya había adelantado el 23 de diciembre pasado que no da credibilidad al expediente Catedral ni a los reportes periodísticos basados en la información que ha arrojado esa investigación. Las revelaciones, dijo Delgado, a quien los diputados de Bukele reeligieron como fiscal general el 22 de diciembre, son “porquería disfrazada de noticia”.</p><p>Delgado también trató de desmeritar la investigación Catedral diciendo que los grupos anticorrupción que la dirigieron “nunca existieron” y que todo solo existía “en la mente de malos fiscales que ya dejaron la institución”, en una clara referencia a Arriaza, el jefe del Grupo Especial Antimafia, heredero de la Unidad Anticorrupción y contra la Impunidad del Fiscalía General, creada en 2016 con apoyo de Estados Unidos.</p><p>Rodolfo Delgado miente sobre la unidad anticorrupción: esta se fundó cuando Douglas Meléndez era fiscal general y él, Delgado, uno de sus asesores. De hecho, según confirmaron un exfiscal y un ex funcionario del Ministerio de Hacienda que atestiguaron el nacimiento de la unidad y asistieron a reuniones en la embajada de Estados Unidos en San Salvador para hablar del apoyo de Washington a esta, Meléndez consideró en algún momento a Delgado para dirigir la unidad, pero Estados Unidos no avaló ese nombramiento. Un diplomático estadounidense que estuvo destacado en El Salvador confirmó el veto al actual fiscal general.</p><p>De parte de las investigaciones que luego pasaron al expediente Catedral recibió informes el mismo presidente Nayib Bukele, sobre todo en lo relacionado a las supuestas comprar irregulares de alimentos e insumos médicos durante la pandemia. Esas investigaciones las inició la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador, la CICIES, a la que Bukele y Delgado terminaron deshaciendo cuando las investigaciones implicaron a Anliker y a Recinos, entre otros.</p><p>El fiscal general Delgado también aseguró, tras ser reelecto por la Asamblea Legislativa bukelista, que Catedral no era más que un informe desplegado en formato Power Point. Él también sabe que eso no es así. Hay, sí, un resumen de 129 páginas que es del conocimiento, entre otros, de investigadores estadounidenses, en el que constan documentos, fotografías, transcripciones de escuchas telefónicas, registros públicos y correos institucionales, entre otros elementos de prueba que implican a funcionarios de Bukele en la planificación del pacto pandillero y en la corrupción durante la pandemia.</p><p>Delgado sabe, también, porque Arriaza se lo informó, que al menos nueve funcionarios de Bukele fueron sometidos a escuchas telefónicas controladas judicialmente y que hay, en esas conversaciones, evidencias de delitos. Rodolfo Delgado sabe esto como sabe que, cuando él llegó a la Fiscalía General, había ahí centenares de documentos del consorcio Alba Petróleos que comprometen al presidente Nayib Bukele con un posible esquema de lavado de dinero. Y que hay documentos hacendarios que comprometen a la familia presidencial con posible evasión de impuestos.</p><p>A Reuters, Arriaza le dijo: “Fueron nuestras investigaciones las que llevaron al gobierno a disolver el grupo anticorrupción”. Arriaza salió de la Fiscalía el 7 de mayo de 2021, 6 días después de que Delgado llegó como fiscal general y, en uno de sus primeros actos, enterró todas las investigaciones de la unidad especial.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c95141f11bac" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Una farsa tras otra: El caso de los veteranos de guerra perseguidos por Bukele]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Héctor Silva Ávalos]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 18:21:15 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-07T18:21:15.521Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/680/1*DZ2KmJCyJr8jUuTGUo3E3Q.jpeg" /><figcaption>Protesta en el caso contra veteranos de guerra en El Salvador.</figcaption></figure><p><em>La segunda semana de agosto de 2026, la fiscalía salvadoreña llevó a un tribunal una acusación delirante contra varias personas, casi todos adultos mayores, a los que ha tenido presos sin juicio durante 26 meses y a quienes acusa de planificar atentados dinamiteros para sabotear la juramentación de Bukele el 1 de junio de 2024, fecha en que el presidente salvadoreño tomó posesión por segunda vez tras reelegirse a pesar de que la constitución de su país lo prohíbe. Este es el relato del caso inventado contra los adultos mayores, varios de ellos veteranos de la guerra civil salvadoreña de los 80.</em></p><p><strong>Héctor Silva Ávalos</strong></p><p>Toda la investigación empezó a las 2:30 p.m. del 30 de mayo de 2024 con el acta elaborada por dos policías, los investigadores Edgar Elenilson Maldonado Cruz y José Napoleón Anaya Ávalos de la División Especial contra el Crimen Organizado (DECO) de la policía salvadoreña, quienes consignaron, a esa hora, dos docenas de líneas en las que cabe todo el caso que terminaron de armar menos de seis horas después.</p><p>La historia incluye a un jefe pandillero de la MS13 que, según documentación judicial en Estados Unidos, es parte del liderazgo que <a href="https://prensacomunitaria.org/2025/09/como-pinta-el-futuro-del-juicio-en-nueva-york-a-los-lideres-de-la-ms13-que-pactaron-con-nayib-bukele/">pactó gobernabilidad con el presidente salvadoreño Nayib Bukele</a>, a 14 personas, casi todos adultos mayores y veteranos de guerra, un bar de narcos en algún lugar de México y un billar en la periferia norte de San Salvador. Quienes cuentan la historia son personas no identificadas cuyos testimonios la fiscalía, controlada por Bukele, ha ofrecido como únicas pruebas en un caso abierto por posibles acciones terroristas planificadas para el 1 de junio de 2024, el día en que el presidente asumió su segundo mandato, que está prohibido por la Constitución salvadoreña.</p><p>Durante las horas que duró la investigación de los supuestos atentados, un puñado de policías de la DECO pusieron por escrito en cuatro actas conocidas como “pesquisas de información” lo dicho por testigos a los que solo nombran como “fuente humana” o “persona del sexo hombre mayor de edad”. Basados en esas actas, el mismo día que las escribieron, los policías, bajo la dirección de la Fiscalía General de la República, iniciaron operativos para capturar a las 14 personas nombradas.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/809/1*K13QdwW1u-Ixg4XLRgtu2A.jpeg" /><figcaption><em>Fragmento de la acusación presentada por la fiscalía de Bukele en julio pasado contra los veteranos de guerra.</em></figcaption></figure><p>En la primera acta, de las 2:30 p.m., Los policías dijeron que una “fuente humana”, a la que nunca identifican y de cuyo testimonio formal no dejan constancia en la acusación final, contó que había escuchado en un bar en México a unos pandilleros de la MS13 y varias personas con acento salvadoreño y sin “lenguaje pandillero…” hablar de un “atentado dinamitero para que el día del presidente”. Solo eso: así está escrito en la acusación referencia 32-UEPD-2024 presentada por el fiscal Josué Omar Aguilar Molina, el agente designado por el fiscal general Rodolfo Delgado para este caso, al juez 3 del Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador el 30 de julio de 2026.</p><p>La “fuente humana” no identificada, según se desprende de lo escrito por los investigadores, entiende que pandilleros y civiles se referían a la toma de posesión de Bukele el 1 de junio de 2024. Los agentes Maldonado y Anaya escriben que quienes estaban en la reunión tenían listos artefactos explosivos que habían sido preparados por miembros del partido FMLN y que “utilizarían a miembros de ese partido que estaban cerca del mandatario salvadoreño”.</p><p>Ese es todo el relato. No hay fechas ni ubicación del bar, establecimiento, pueblo o ciudad en México en la que esta conversación se supone ocurrió. Nada.</p><p>Tampoco queda claro, por la forma en que los fiscales han redactado la acusación, quién dice qué: si los investigadores dicen que quienes estaban en la supuesta reunión tenían explosivos o si lo dice la “fuente humana”; tampoco aclaran quién, se supone, utilizaría a los supuestos miembros del FMLN cercanos a Bukele ni para qué los utilizarían.</p><p>Sobre la “fuente humana” los agentes dicen esto: “que por su actividad económica desde hace unos meses ha viajado a los estados de Jalisco, Sinaloa y Juárez en México -Juárez no es un estado, es un lugar fronterizo con Estados Unidos que se llama Ciudad Juárez y está en el estado de Chihuahua-, observando en dichos estados que han estado llegando muchos miembros de pandillas con armas de grueso calibre, los cuales han estado trabajando para los carteles Sinaloa y Juárez Nueva Generación -no existe ni en México ni en otra parte del mundo una organización nombrada Juárez Nueva Generación, sí existe el cartel Jalisco Nueva Generación.”</p><p>Resumiendo: A las 2:30 p.m. del 30 de mayo, los agentes Maldonado y Anaya dejan por escrito un supuesto testimonio en un relato sin demasiado sentido del que se desprende que alguien escucha a un grupo hablar, en un bar mexicano, de un supuesto atentado en El Salvador. No hay, en este relato, mención a nombres propios ni otra pista. Pero si hay dos alias de pandilleros que estaban ahí a los que en el relato se nombra como “Donki de Stoner” y “Greñas de Stoner”. No son alias menores, al menos uno de ellos no lo es. Volvemos a ellos luego.</p><p><strong>De un bar en México a un billar en Aguilares</strong></p><p>A las tres de la tarde del 30 de mayo, media hora después de firmar su historia sobre México, los pandilleros, los narcos y los atentados, los agentes Maldonado y Anaya escriben una segunda acta con una nueva historia. Aquí, los policías vuelven a citar un testigo anónimo, uno diferente, quien se supone escuchó en un establecimiento solo nombrado El Billar, ubicado en el parque municipal de Guazapa, al norte de San Salvador, a veteranos de la guerra civil salvadoreña que planificaban atentados terroristas para el 1 de junio de 2024, el día de la segunda toma de posesión de Bukele. En esta nueva acta, los investigadores Maldonado y Ayala añaden que el objetivo de esos actos es “atentar contra la vida de personas y (causar) daños a la propiedad pública y privada”.</p><p>El testigo anónimo, según los policías, identifica a 10 personas, de quienes da nombres, apellidos, números telefónicos, afiliaciones políticas y a organizaciones civiles, los que se supone participarían en los atentados.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/623/1*yfl23scboX7kj9UDto0Iqg.jpeg" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/620/1*FHfR0EogjRqk90a9iteaNA.jpeg" /><figcaption><em>Fragmentos del dictamen de acusación, de 40 páginas, que resumen lo que se supone dijo un testigo no identificado. Con esa información, la policía de Bukele ordenó capturas y registros.</em></figcaption></figure><p>No hay, en este segundo relato, ninguna relación con el primero, aquel en que el otro testigo anónimo hablaba de una reunión en un bar en algún lugar de México en el que hombres sin nombre platicaban con dos pandilleros sobre supuestos atentados en El Salvador.</p><p>Luego, en una tercera acta policial, el agente Maldonado y el investigador Isaías Beltrán Nájera, también de la DECO, citan a un testigo -no está claro si es el mismo nombrado en la segunda acta- que habla sobre una reunión -tampoco se aclara si es la misma ya citada. Esta acta es de las 5:00 p.m. Finalmente, a las 8:00 p.m. del 30 de mayo, citando a un testigo no identificado -tampoco explican si es uno de los ya mencionados en los escritos anteriores-, producen otro documento en el que se menciona a cinco veteranos de guerra como participantes en la organización de los supuestos atentados.</p><p>Eso es lo que ha mostrado la fiscalía al tribunal, cinco actas elaboradas durante la tarde de un día en la que cuatro policías hablan de cosas que les han dicho testigos a los que no nombran y los que hablan sobre hechos inconexos. Todas esas actas tienen coincidencias, una de ellas es que en ninguna queda claro si lo que ahí esta escrito lo dicen los supuestos testigos o los agentes que las escriben. Cuando estas actas policiales asignan culpas no probadas y dicen que los veteranos nombrados han planificado “atentados” para “sembrar terror” no se sabe si ese viene de la boca de los supuestos testigos o de los lapiceros de los agentes de la DECO.</p><p>Las detenciones de las personas nombradas por los supuestos testigos iniciaron incluso antes de que los policías terminaran de redactar sus actas. Según la acusación de la fiscalía, uno de los nombrados fue detenido a las 5:50 p.m., podo más de dos horas antes de que los agentes de la DECO terminarán los escritos en los que está basado todo este caso. Sobre las otras detenciones la acusación solo deja constancia de horas, no de fechas exactas.</p><p>Y, de nuevo, en las actas sobre esas capturas las acusaciones se atribuyen de forma indistinta a supuestos testigos no nombrados y, en otras partes del texto, se leen como si fuesen dichas por los policías. En una de las órdenes de detención dice así: “(los sospechosos) pretenden sembrar terror y dar a conocer la fuerza nacional de la oposición salvadoreña que no está de acuerdo con la reelección del presidente y aprovechar los periodistas que vendrán de todas las partes del mundo y empañar la imagen del presidente y el plan de seguridad y combate frontal contra las Maras o Pandillas”. ¿Un testigo dijo eso? ¿O los policías? No está claro.</p><p>Las cuatro actas de investigación elaboradas el 30 de mayo de 2024 entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m. y los informes sobre las capturas de 11 imputados presentes (de 14, tres de ellos ausentes) forman todo el paquete de pruebas que la fiscalía presenta en este caso. Eso y supuestos explosivos decomisados a algunos de ellos, los cuales ya no existen porque fueron destruidos. Durante el año y dos meses que ha durado la instrucción, la fiscalía de Rodolfo Delgado, el fiscal impuesto por el presidente Nayib Bukele y sus diputados, no ha añadido prueba nueva.</p><p><strong>Actor invitado: el “Greñas de Stoner”</strong></p><p>Se llama César López Larios y su alias es ese, “Greñas de Stoners”. A él los supuestos testigos del caso contra los veteranos y los policías que escribieron las actas de investigación lo hicieron protagonista en hojas de papel. De acuerdo con el testimonio de alguien a quien los agentes de la DECO solo identifican como “fuente humana”, “Greñas” estaba en una reunión en un bar de narcos en las que se hablaba de atentados terroristas en San Salvador. Los policías, y se entiende que el testigo, dejan entrever que se trata de los mismos atentados por los que luego capturaron a los veteranos aunque no hay nada en los testimonios que relacione al Greñas y al bar mexicano con los detenidos.</p><p>Como sea, Greñas está ahí, en la investigación policial en la que se basa todo el caso contra los veteranos. Se le menciona una vez como alguien que, se supone, participó de la planificación de esos supuestos atentados o al menos escuchó algo al respecto.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*LnuqKZWyyD5Yyq5ZIkwGjQ.jpeg" /><figcaption><em>César Humberto López Larios, alias Greñas de Stoners, jefe de la MS13 enviado por el gobierno de Donald Trump a El Salvador. Foto: Cortesía.</em></figcaption></figure><p>Donde Greñas no está es en la lista de testigos presentada por la fiscalía de Bukele. Ni él ni ninguna de las “fuentes humanas” en las que se basa el caso. Eso aunque a Greñas la fiscalía y Bukele lo tienen a la mano desde marzo de 2025, cuando <a href="https://www.elsalvador.com/h-noticias/h-nacional/estados-unidos-deporta-grenas-razones-seguridad-geopolitica/1206853/2025/">Estados Unidos lo devolvió a El Salvador en virtud de un pacto político</a> que permitió al gobierno de Donald Trump en Washington utilizar el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) como destino de 252 venezolanos a los que el gobierno estadounidense deportó y etiquetó como miembros de la pandilla Tren de Aragua. En uno de los aviones que llevaron a los sudamericanos también viajó el pandillero salvadoreño.</p><p>A Greñas lo detuvieron agentes federales estadounidenses en Houston en junio de 2024, luego de que sus pares mexicanos lo arrestaron en el sureño estado de Chiapas. El líder pandillero salvadoreño había sido condenado a 163 años de cárcel en El Salvador en 2019, pero fue liberado en 2020, ya cuando Nayib Bukele era presidente. López Larios huyó a México y, tras ser capturado y enviado a Estados Unidos, su nombre engrosó la lista de varios líderes de la MS13 procesados por terrorismo y otros crímenes que estaban entonces a la disposición de cortes neoyorquinas.</p><p>En el marco de esos procesos judiciales, las cortes estadounidenses han conocido prueba de que López Larios y los otros jefes pandilleros negociaron con el gobierno de Bukele beneficios carcelarios y penales a cambio de dinero, votos y gobernabilidad. Con esas y otras pruebas, la fiscalía salvadoreña -antes de ser controlada por Bukele- y su par estadounidense investigaron al presidente salvadoreño y a varios de sus colaboradores e incluso, según una nota de la agencia Reuters, <a href="https://www.reuters.com/world/americas/exclusive-us-preparing-indictments-against-salvadoran-officials-over-alleged-2021-12-10/">tenían listas dos acusaciones formales</a> contra Osiris Luna Meza, director de cárceles, y contra Carlos Marroquín, secretario presidencial, las cuales nunca llegaron a los tribunales por decisiones políticas de la administración de Joe Biden.</p><p>A pesar de varias peticiones de extradición infructuosas, <a href="https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/10/06/como-nayib-bukele-logro-bloquear-la-extradicion-de-un-jefe-pandillero-a-estados-unidos-y-mantener-en-pie-su-pacto-con-la-ms13/">alguna bloqueada por el fiscal general que impuso Bukele</a> en 2021, y la fuga de un jefe pandillero facilitada por Marroquín, quien sacó de la cárcel a Élmer Canales Rivera, alias “Crook” y lo llevó hasta Guatemala, la fiscalía estadounidense presentó dos casos robustos por terrorismo contra la jefatura de la MS13, uno en 2020 y otro en 2022. En esos juicios hay documentos y testimonios que comprometen a Bukele y a su gobierno con el pacto.</p><p>En febrero de 2025, cuando ya Donald Trump había asumido como presidente de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio visitó a Bukele para afianzar una alianza política que incluyó, entre otras cosas, el uso del CECOT para recibir a migrantes expulsados por Washington y la devolución a El Salvador de líderes pandilleros como Crook y Greñas. El Departamento de Justicia estadounidense (DOJ) intentó desestimar los casos judiciales de varios pandilleros, pero solo logró hacerlo con el de Greñas, lo cual permitió su regreso a El Salvador en uno de los aviones que llevaron a los venezolanos al CECOT.</p><p>Aunque los fiscales estadounidenses intentaron desechar otras acusaciones en Nueva York, <a href="https://www.elsalvador.com/h-noticias/h-nacional/juicio-lideres-pandila-mas-en-eeuu-sigue-pese-deporacion-grenas/1210528/2025/">una jueza les pidió explicaciones</a> sobre esa intención y, con ello, detuvo las devoluciones de otros pandilleros, cuyos procesos siguen abiertos y con audiencias de presentación de pruebas programadas en algunos casos para octubre próximo.</p><p>Al final, Greñas sí regreso a El Salvador y está a las órdenes de la dirección carcelaria al mando de Osiris Luna Meza, uno de los funcionarios implicados por el FBI estadounidense en el pacto de Bukele con las pandillas.</p><p>El 30 de julio pasado, 26 meses después de meter presos a los veteranos de guerra a los que acusa de planificar atentados dinamiteros y 16 meses después del regreso de Greñas a una cárcel salvadoreña, la fiscalía controlada por Bukele presentó un dictamen de acusación en el que propone que el líder pandillero fue uno de los que supo sobre la planificación de esos atentados o, incluso, pudo haber participado en ellos. Pero, de nuevo, la mención del líder pandillero es solo eso, una mención en una acusación en la que no hay más pruebas que lo dicho por los policías captores y otros agentes del Estado. Es una forma de acusar que se ha convertido en marca de fábrica durante el gobierno de Bukele: capturas, prisión provisional indefinida, juicios en secreto y acusaciones basadas en testigos anónimos que cuentan historias como la de los adultos mayores que, se supone, hablaron con un jefe pandillero fugado de atentados dinamiteros de cuya planificación no hay prueba alguna.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=0caeb94e1e14" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[El viaje a Sudáfrica 2010 con los jefes del narco]]></title>
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            <category><![CDATA[juan-orlando-hernández]]></category>
            <category><![CDATA[narcotráfico]]></category>
            <category><![CDATA[donald-trump]]></category>
            <category><![CDATA[sudafrica-2010]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Héctor Silva Ávalos]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 15 Dec 2025 16:24:04 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-12-15T16:24:04.420Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Publicado en Infobae el 22 de abril de 2023</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*b-xmxSAPCd6wUK4C2TIgKQ.jpeg" /><figcaption><em>Juan Orlando Hernández, expresidente condenado por narcotráfico en Estados Unidos (segundo desdela derecha), junto a Miguel Arnulfo Valle, capo del narco, durante un partido del Mundial Sudáfrica 2010. Foto cortesía, tomada del expediente judicial abierto a Valle en una corte estadounidense.</em></figcaption></figure><p>Documentos que la justicia estadounidense desclasificó antes del juicio en la que Juan Orlando Hernández fue condenado y sentenciado por narcotráfico confirman que el exmandatario se codeaba con los narcos más importantes de su país desde que era presidente del Congreso.</p><p>Juan Orlando Hernández no tenía ni seis meses de haber jurado como presidente del Congreso en Honduras cuando viajó a Sudáfrica, en 2010, para asistir a los partidos que la selección de su país, clasificada por segunda vez a una Copa del Mundo, jugaría ahí. Al político lo acompañaba, entre otros, Miguel Arnulfo Valle, entonces líder de uno de los carteles más importantes de tráfico de cocaína en Centroamérica, a quien luego JOH traicionó.</p><p>Arnulfo Fagot, otro de los narcos que viajaba en la comitiva, no pudo quedarse hasta el final para ver a la selección de su país: un asunto urgente lo hizo devolverse a Honduras. De acuerdo con el testimonio que Miguel Arnulfo Valle dio en una corte estadounidense, Fagot suspendió su viaje para recibir un cargamento de siete toneladas de cocaína que estaba por llegar a las costas hondureñas. En documentos judiciales introducidos en una corte estadounidense consta que Juan Orlando Hernández estuvo presente en conversaciones en que Fagot y Valle explicaron los motivos del abrupto regreso del primero a Honduras.</p><p>En un paquete de documentos desclasificados por la justicia estadounidense consta que JOH se codeaba con Miguel Arnulfo Valle Valle, del cartel de Los Valle y uno de los operadores más importantes del Cartel de Sinaloa en Honduras, desde principios de la década pasada. Fue el mismo Miguel Arnulfo Valle el que confirmó que tanto Hernández como otro ex presidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas, viajaron a Sudáfrica junto a miembros del cartel hondureño.</p><p>Valle fue detenido en Honduras en 2014 en un operativo ejecutado por el exdirector de la Policía Nacional, Ramón Sabillón. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) apoyó la operación para capturar al capo, la cual se llevó a cabo a espaldas de Hernández, quien para entonces ya era presidente de Honduras.</p><p>Tras su captura, Valle fue testigo en juicios a otros narcotraficantes hondureños en Estados Unidos. Así ocurrió en el caso de Fagot, quien fue, a principios de la década 2010, uno de los grandes proveedores de droga procedente de Colombia a los carteles hondureños. Valle aseguró, en el juicio, que Fagot tenía una finca y pistas clandestinas para el aterrizaje de aeronaves en La Mosquitia, una región remota y selvática de Honduras que es el principal punto de llegada de narcoaviones en Centroamérica.</p><p>Cuando Valle, Fagot y Hernández estaban en Sudáfrica 2010, Fagot recibió una llamada de sus proveedores en la que le avisaba que una carga importante estaba por llegar a las costas de La Mosquitia<strong> </strong>en el Caribe hondureño. El narco tenía que ir personalmente a supervisar la entrega. Miguel Arnulfo Valle lo explicó en la corte, a la que fue llamado como testigo en el juicio a Fagot.</p><p>- “¿Habló con don Arnulfo Fagot mientras estuvieron en la Copa del Mundo en Sudáfrica?”, preguntó uno de los fiscales al testigo.</p><p>- “Sí, señor”, respondió, escueto, Valle.</p><p>- “¿Socializaba con él?”</p><p>- “Sí, nos quedamos en el mismo hotel”</p><p>- “¿Se quedó don Arnulfo en Sudáfrica todo el tiempo que duró la Copa del Mundo?”, insistió el fiscal.</p><p>- “No, señor”</p><p>- “¿Sabe por qué no?”</p><p>- “Tuvo que irse antes que nosotros”</p><p>- “¿Por qué se fue antes que ustedes?”</p><p>- “Porque un submarino con 7,000 kilos de cocaína llegaría a Honduras y él tenía que ir a recibirlos”, explicó Miguel Arnulfo Valle.</p><p>- “¿Cómo sabía usted eso?”</p><p>- “Él me lo dijo”</p><p>El extenso testimonio de Valle en el juicio a Fagot arroja nuevas pistas sobre las formas en que los narcos hondureños hacían negocios entre ellos, sobre las rutas que la cocaína seguía por Honduras desde que aterrizaba en La Mosquitia hasta que salía hacia Guatemala por el fronterizo departamento de Copán, que Los Valle controlaban. Las palabras del capo en la corte también traen nueva luz a la profunda implicación del Partido Nacional de Juan Orlando Hernández en todo el asunto.</p><p>Rafael Leonardo Callejas, el expresidente que viajo a Sudáfrica con JOH y los narcos, también fue miembro del Partido Nacional y gobernó Honduras entre 1990 y 1994. A principios de los 2000 Callejas fue electo como presidente de la federación hondureña de fútbol, de la que renunció tras resultar implicado en el escándalo de corrupción global de la FIFA, el organismo rector del balompié en el mundo. Fue condenado por recibir sobornos y murió en 2020 mientras esperaba su sentencia.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/975/1*StWgrL3klB6cwtMnV5XZUA.png" /><figcaption><em>Extracto del testimonio que el narcotráfico Miguel Ángel Valle dio en una corte distrital en Virginia, Estados Unidos.</em></figcaption></figure><p>Cuando Callejas y Hernández viajaron a Sudáfrica con Miguel Arnulfo Valle y sus lugartenientes, Honduras acababa de pasar, en 2009, un golpe de Estado que depuso al presidente liberal Manuel Zelaya. En 2010, el opositor Partido Nacional volvió a consolidarse en el poder, con Juan Orlando al frente del Congreso y Porfirio Lobo Sosa como presidente del país. A la postre, Lobo y Hernández terminaron su vida política con serios señalamientos de ser cómplices del narcotráfico y, en el caso del segundo, con un proceso judicial por narcotráfico en el que fue condenado.</p><p>En 2010, Miguel Arnulfo Valle ya era uno de los principales capos del narcotráfico en Honduras. Su familia encabezaba un consorcio de traficantes que hacía tratos con el Cartel de Sinaloa y controlaba la salida de un 80% de la cocaína que pasaba entonces por Honduras hacia el norte, según cálculos que la DEA ha hecho públicos.</p><p>Cuando la comitiva de políticos y narcos hondureños volvió de Sudáfrica, el mapa de crimen organizado empezaba a cambiar en el país centroamericano. En los siguientes tres años, el poder de Juan Orlando Hernández se consolidaría mientras iniciaba el ocaso de Los Valle Valle.</p><p><strong>El pacto roto</strong></p><p>La temperatura apenas subía de los cero centígrados la tarde del 28 de noviembre de 2018 cuando Miguel Arnulfo Valle Valle se sentó en la corte distrital de Virginia, en las cercanías de Washington, DC, a dar testimonio sobre sus tratos con Arnulfo Fagot-Máximo, el “Tocayo”, quien era juzgado por narcotráfico en el tribunal estadounidense.</p><p>Durante un receso, juez y partes abordaron un tema incómodo para la fiscalía: el violento pasado de Valle, el testigo estrella, y cómo este afectaba su credibilidad en el estrado. La fiscalía pidió limitar la exposición de información sobre los asesinatos en que Valle había estado implicado en Honduras; después de todo, argumentaron los fiscales, el narco ya había sido condenado dos veces por sus crímenes de tráfico. El juez accedió en aras de conocer más sobre el rol de Fagot-Máximo en el mapa del narcotráfico en Honduras.</p><p>Valle, quien había pactado con la fiscalía revelar más información a cambio de reducciones en sus sentencias, explicó con bastante detalle cosas que, en 2018, no eran del todo públicas en Honduras. Confirmó, por ejemplo, que a principios de 2010 eran dos las grandes organizaciones de narcotráfico las que controlaban el paso de la cocaína por Honduras. Los Cachiros mandaban desde La Mosquitia, en el este, hasta La Ceiba, una ciudad ubicada en el litoral norte del país a medio camino entre la frontera con Nicaragua y el límite con Guatemala. De La Ceiba hacia Copán, en el extremo occidental, dominaban Los Valle.</p><p>Miguel Arnulfo Valle reveló que Rodolfo Vergara, un operador colombiano también conocido como El Cinco, era uno de los principales proveedores de droga en aquellos tiempos. Era él quien fletaba entregas masivas de cocaína que aterrizaban en La Mosquitia, como la de 7 toneladas que recibió Fagot-Máximo en pleno Mundial de Sudáfrica.</p><p>Fagot era uno de los intermediarios, con quienes los clanes Valle y Cachiros hacían dos tipos de tratos. O les compraban toda la droga recibida y luego ellos se la vendían a los traficantes guatemaltecos que servían al Cartel de Sinaloa en el norte. O lo hacían como empresa compartida: los clanes asumían la mayor parte de la responsabilidad del traslado, pero los intermediarios se hacían cargo de sacar la droga de La Mosquitia a cambio del 12% del cargamento, pagadero en dinero o en especies. Valle lo explicó así en la corte de Virginia: en una ocasión, Fagot-Máximo, recibió 1,200 kilos de cocaína en La Mosquitia y los movió hasta un punto cercano a La Ceiba, donde empleados de Los Valle los recogieron para llevarlos a Copán; a cambio, Fagot se quedó con 144 kilos.</p><p>Valle también explicó que José Manuel López Morales, un guatemalteco conocido como Che Morales, era uno de los principales compradores de la cocaína en Chiquimula y Zacapa, los departamentos del sureste de Guatemala fronterizos con Honduras. Che Morales fue detenido y juzgado por narcotráfico en Estados Unidos en 2017.</p><p>Otra socia de Los Valle, en el norte de Guatemala, fue la guatemalteca Sebastiana Cotton Vásquez, quien controlaba el paso de la droga en Malacatán, en la zona fronteriza con México. Todos, declaró Miguel Arnulfo Valle, trabajaban entonces para el Cartel de Sinaloa.</p><p>Otros testimonios anexos en procesos judiciales contra políticos y narcotraficantes hondureños en Estados Unidos completan la historia que Valle dibujó en su testimonio en Virginia en 2018. Es una historia de complicidades y traiciones.</p><p>En 2022, cuando ya Juan Orlando Hernández había sido extraditado a Estados Unidos tras ser capturado en Tegucigalpa, la DEA hizo pública una foto a la que uno de sus agentes había accedido durante la investigación al narcotraficante Noé Montes Bobadilla, a quien Miguel Arnulfo Valle también se refirió como uno de sus proveedores durante el juicio a Arnulfo Fagot en 2018.</p><p>La foto expuesta por la DEA confirma lo que Valle había dicho sobre los políticos hondureños. En ella aparece Juan Orlando Hernández junto al capo de Los Valle Valle en un estadio durante el Mundial Sudáfrica 2010. Es, en realidad, la foto de un teléfono Black Berry, en cuya pantalla aparece un grupo de cuatro personas que saludan a la cámara. En el extremo derecho, enfundado con una gorra, camiseta y chaqueta de la selección hondureña, está Miguel Arnulfo Valle, sonriente, con el dedo pulgar de su mano izquierda levantada y su brazo derecho alrededor del hombre que está junto a él, Juan Orlando Hernández, entonces presidente del Congreso de Honduras, también ataviado con parafernalia de la H, como se conoce al equipo nacional.</p><p>No duraría mucho aquella camaradería, pero sí lo suficiente para que Hernández se beneficiara de su relación con los Valle Valle en su camino a la presidencia de Honduras.</p><p>Entre 2011 y 2013, JOH y su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández se valieron de Alexander Ardón, alcalde del Partido Nacional en El Paraíso, Copán, y narcotraficante, para afianzar tratos con Los Valle. Diversas fuentes que el autor consultó en Honduras en los últimos años, entre ellas funcionarios de inteligencia policial y de la fiscalía, han confirmado que Ardón fue el puente entre los narcos y los Hernández, y que a través de él el Partido Nacional recibió dinero de la cocaína para financiar campañas de diputados, alcaldes y la presidencial que acabaría poniendo a JOH al frente del poder Ejecutivo.</p><p>Para 2013, de acuerdo con estas investigaciones, Tony Hernández vio una oportunidad de desplazar a Los Valle a través de una extradición a Estados Unidos. Ardón llevó mensajes entre unos y otros durante un buen tiempo hasta que, en 2014, llevó la advertencia final a Los Valle: “Váyanse”, les dijo según relató un investigador hondureño que siguió la pista a los narcos del occidente de su país durante una década, “el hombre (el presidente) los va a matar”.</p><p>En octubre de 2014, el general Ramón Sabillón, entonces director de la policía hondureña, desplegó un discreto operativo para capturar a Los Valle; lo hizo sin informar a casa presidencial. Sabillón detuvo a Miguel Arnulfo Valle y a su hermano, Luis Valle, en las montañas que circundan El Espíritu, la aldea de Copán de la que son originarios y en la que tenían su cuartel general, y los llevó a Tegucigalpa. Fue ahí que uno de los hermanos le confirmó al general algo que él sospechaba desde algún tiempo: los Hernández estaban metidos hasta la cabeza con los narcos. Parte de la droga que se movía en Copán, dijeron Los Valle, era de “el hombre”.</p><p>Al poco tiempo Sabillón fue destituido y tuvo que abandonar Honduras por temor a que lo mataran. Volvió a principios de 2022 para formar parte del gabinete de la recién electa Xiomara Castro. En febrero, el general dirigió personalmente el operativo de captura de Juan Orlando Hernández en Tegucigalpa. Hoy, el expresidente hondureño espera juicio por narcotráfico en Nueva York. Buena parte de las pruebas son testimonios como el que Miguel Arnulfo Valle dio sobre el viaje a Sudáfrica 2010.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=0853fa5a4265" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Trump pardoned the drug lord president while Honduras still awaits justice for its dead]]></title>
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            <category><![CDATA[juan-orlando-hernández]]></category>
            <category><![CDATA[honduras]]></category>
            <category><![CDATA[narcotráfico]]></category>
            <category><![CDATA[cocaína]]></category>
            <category><![CDATA[donald-trump]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Héctor Silva Ávalos]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 21:01:56 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-12-08T21:01:56.907Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*W1xaA_qyv9IT54O4ZpCbsg.jpeg" /><figcaption>Juan Orlando Hernández (center), before his extradition to the United States in April 2022.</figcaption></figure><p>Ana García de Hernández, wife of former president Juan Orlando Hernández, was the first to announce the news on her X account. “Yesterday, Monday, December 1, 2025, was a day we will never forget. After almost four years of pain, waiting, and difficult trials, my husband Juan Orlando Hernández is once again a free man,” she wrote, and then thanked the man who had made that freedom possible: Donald Trump, the president of the United States.</p><p>It was all joy in the Hernández household. His two daughters, Daniela and Isabela, celebrated with smiles and tears of gratitude. Daniela offered her “deepest gratitude” to Trump on her social media accounts. Tomás Zambrano, the leader of Hernández’s National Party and one of his most loyal political heirs, also celebrated.</p><p>All of them have repeated the same lines when talking about the trial that ended with Hernández’s conviction for drug trafficking offenses and, later, with the 45-year prison sentence handed down in June 2024 by Judge Kevin Castel of New York. That trial, they say, was rigged. They claim there was no compelling proof, nor was Hernández allowed to present exculpatory evidence, such as his excellent relationship with U.S. officials during the administrations of Joe Biden and Trump’s first term.</p><p>None of that is true.</p><p>I covered the trial of JOH, as the former president is known in Honduras by his initials, from the moment it began in February 2024. I was there until the end when the jury handed its verdict on March 8. Like two dozen Honduran colleagues who were present, I had access to all the questioning and documents presented by both sides. I can say this: there was compelling evidence, the trial was conducted with absolute fairness, and JOH had all the resources he needed to defend himself, including two top-notch lawyers paid for in part by US taxpayers. There was no rigging.</p><p>One of the defense’s favorite arguments during the trial was that most of the witnesses presented by the prosecution are drug traffickers. And it is true, criminals such as Devis Leonel Rivera Maradiaga, one of the leaders of the Los Cachiros gang and responsible for 78 murders, Alex Ardón, a former drug-trafficking mayor and political associate of Hernández, and Alexander Monroy Murillo, a Colombian who was Sinaloa’s main operator in Honduras and Guatemala when Hernández rose to power, testified for the prosecution. Regarding the defense’s objections to these individuals, a prosecutor responded as follows in the New York court: “To talk about a drug trafficker, we didn’t bring in Girl Scouts or choir boys; we brought in the bloodthirsty criminals with whom the defendant conspired.”</p><p>Monroy, the Sinaloa operator, explained that he was Joaquín Guzmán Loera’s -El Chapo from Sinaloa- personal envoy to Central America during the past decade and that he had sent a $1 million bribe to Hernández to guarantee the cartel’s access to the main Honduran ports.</p><p>In his dealings with Trump, JOH reiterated his complaints in a four-page letter asking him to grant him a presidential pardon. That letter, according to New York Times reporter Kenneth Vogel, was delivered to Trump by Roger Stone. Stone is a lobbyist who became famous in Washington for representing bloodthirsty dictators such as Mobutu Sese Seko of Zaire and Ferdinand Marcos of the Philippines and is very close to the Republican president. In his letter, Hernández refers to himself as a “politically persecuted” figure and compares himself to Trump, who, he says, suffered the same fate.</p><p>“I was prosecuted without solid evidence, based on testimony from violent traffickers, professional liars…” Hernández insists in his letter to Trump. And he adds another thing that is a lie, or at least a half-truth: he claims that it was Joe Biden’s administration that persecuted him. No: much of the evidence that the Department of Justice presented in New York was gathered between 2017 and 2020, when Trump was president for the first time and, more importantly, prosecutors built the case against JOH during those years, after they arrested Antonio “Tony” Hernández, a former congressman, brother of the former Honduran president, and also ultimately convicted of drug trafficking.</p><p>But there were other witnesses, not just the drug traffickers with whom Hernández made deals and from whom he received money. An accountant explained how his boss, a businessman associated with drug traffickers in Northern Honduras, had financed JOH’s campaigns. This witness, the accountant, also said that he had handed over electronic files with evidence against the former president to a prosecutor who was later murdered. That woman’s name was Marlene Banegas; her death remains unpunished.</p><p>Prosecutors also showed at the trial photos of Juan Orlando Hernández with drug traffickers, one of them taken at a match during the 2010 World Cup in South Africa. They also presented a notebook confiscated from a drug trafficker in which the former president’s name appears.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*b-xmxSAPCd6wUK4C2TIgKQ.jpeg" /><figcaption>Photo of Juan Orlando Hernández at a match during the 2010 World Cup in South Africa. On the right, Miguel Arnulfo Valle, Honduran drug trafficker.</figcaption></figure><p>There were also many things that were not said at the trial in New York but are written in dozens of investigations carried out by police intelligence agencies, investigators, and Honduran prosecutors who faced exile, imprisonment, and even murder for messing with “the man,” as they say in Honduras.</p><p>Before covering the New York trial, I reported on the Hernández’s presidency, more closely since he was irregularly re-elected in 2017. I traveled to every corner of Honduras where JOH’s mark was palpable and where his name was whispered when people talked about drug trafficking.</p><p>In the mountains of Copán, in the western side of the country, on the border with Guatemala, I learned the story of Sherill Yubissa Hernández Mancía, a prosecutor who was murdered when she began investigating Tony Hernández’s business dealings with Alexander Ardón, a narco-mayor who was a political ally of the president and his brother, as well as the links between drug trafficking and the gangs in the area. This woman was killed in 2018, when she was 28 years old. A prosecutorial investigation team and the Public Ministry, then controlled by JOH’s men, tried to pass off her death as a suicide, but allegations by the country’s chief forensic scientist gave them away: Sherill Yubissa had been murdered.</p><p>It was in the mountains of Copán, in El Espíritu and El Paraíso, towns that were the base of operations for the country’s most powerful drug clans, that I learned how the Hernández family betrayed the drug lords they had partnered with in order to take over the entire business. That story was told to me by police detectives, army officers, and the drug traffickers themselves.</p><p>In San Pedro Sula, the country’s industrial capital, I heard for the first time the story of Marlene Banegas, the prosecutor who was killed after receiving a USB drive with evidence incriminating the president with Giovanni Fuentes, a drug trafficker who paid bribes to Hernández in the Presidential Palace itself, as demonstrated by the US Attorney’s Office during the trial in New York.</p><p>Near Catacamas, in Olancho, police officers and environmental activists explained to me how Tony Hernández used a military airstrip called El Aguacate to move cocaine.</p><p>In Tegucigalpa, a former police intelligence chief explained to me the connection between the violent death of Said Lobo, son of former president Porfirio “Pepe” Lobo, in a nightclub in the capital in July 2022, and the possibility that Fabio, another son of Pepe, convicted of drug trafficking in New York, would testify against Hernández. This is what that source told me: “It was clear that there was a link between that massacre and the trials in New York. There were preparatory acts leading up to the murders, a specialized hit job. Nothing was left to chance. There were people on the inside who gave them the information… Analysis of the videos (taken at the crime scene) makes it clear that these were commandos, and our investigations led us to conclude that they were special forces working for organized crime.”</p><p>And in Gracias, Lempira, the city where Hernández was born, I reconstructed the story of a drug lab run by Tony, JOH’s brother, which was raided and discovered by the police in 2014, and how prosecutors from the Public Ministry protected the brothers from that investigation.</p><p>For more than a decade, dozens of Honduran police officers, detectives, and prosecutors worked with their US counterparts at the DEA and FBI to uncover the entire drug trafficking network in Honduras. Starting in 2018, when the Americans captured Tony at the Miami airport, a conviction began to grow among U.S. prosecutors: Honduras was a narco-state, and its leader was none other than the country’s president, Juan Orlando Hernández Alvarado.</p><p>In the winter of 2024, over a period of fourteen days, twelve US citizens heard just some of the evidence gathered during those investigations and reached the unanimous conclusion that Hernández was guilty of drug trafficking. Today, thanks to Donald Trump, JOH is free and pardoned, but the verdict has not changed: the former president remains a drug trafficker who has been tried and found guilty. In Honduras, where JOH still cannot return because he is still subject to an arrest warrant for corruption offenses, the dead left behind by his enterprise remain buried.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=6f32909a3a6b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Aeronaves para confirmar el nexo de JOH con los narcos de Choloma]]></title>
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            <category><![CDATA[choloma]]></category>
            <category><![CDATA[juan-orlando-hernández]]></category>
            <category><![CDATA[honduras]]></category>
            <category><![CDATA[narcos]]></category>
            <category><![CDATA[narcotráfico]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Héctor Silva Ávalos]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 18:32:54 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-12-05T18:32:54.665Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/975/1*bKmBGxtaMG2YWjcGB_L1aw.png" /><figcaption>Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y narcotraficante condenado, junto a su esposa, la exprimera dama Ana García de Hernández. Foto: Cortesía.</figcaption></figure><p><em>Publicada el 23 de octubre de 2022 en Infobae.</em></p><p>Choloma es una ciudad a medio camino entre San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras, y Puerto Cortés, la principal puerta marítima del país al Caribe. Choloma es famosa por dos cosas: es uno de los centros textileros más importantes de Centroamérica y también uno de los lugares más peligrosos de la región. Aquí han mandado los narcotraficantes y las pandillas desde inicios del siglo. Juan Orlando Hernández utilizó, a principios de la década 2010, una red de testaferros originarios de este lugar, incluido uno de los narcos más sanguinarios del norte hondureño, para blanquear dinero</p><p>Hay otra cosa sobre esta ciudad calurosa de calles polvorientas, rodeada por cerros, que había estado escondida por capas de impunidad y secreto hasta hace poco. Fue aquí, en buena medida, donde el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por tráfico internacional de cocaína, empezó a tejer los hilos que lo unieron con los caciques locales de la droga y a construir, con ellos, un imperio criminal.</p><p>En Choloma se juntaron dos de los narcos más importantes del mapa criminal hondureño a principios de la década pasada con un piloto aviador que, según la justicia estadounidense, fue uno de los principales testaferros de JOH, como se conoce coloquialmente al expresidente de Honduras por sus iniciales. Los narcos son Giovanny Fuentes y Melvin Sandres, alias Metro, y el piloto se llama Félix Francisco Pacheco Reyes. Los tres nombres aparecen en diversos documentos judiciales estadounidenses anexos a procesos contra narcotraficantes de Honduras, incluido el de Juan Antonio “Tony” Hernández, el hermando del expresidente.</p><p>Tres aeronaves compradas por empresas asociadas a una red de testaferros que trabajaron con los Hernández, y que el expresidente y su familia usaron para lavar dinero según fiscales estadounidenses, formaron uno de los hilos en común entre el imperio de JOH y estos narcos.</p><p>El 10 de abril de 2019, cuando Donald Trum era presidente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ en inglés) envió una solicitud de asistencia judicial al Ministerio Público de Honduras (MPH), en el que pedían información sobre varios posibles socios de Tony Hernández. Uno de los hombres por que los agentes estadounidenses preguntaron es Pacheco Reyes, “un testaferro” que uso la compañía “Aviation Partners para comprar el avión Beechcraft King” de placas estadounidenses que luego fueron cambiadas al registro hondureño HR-AXL.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/350/0*gC8kktYJsc3nIF-i" /><figcaption>En 2019, el Departamento de Juticia, durante la primera administración de Donald Trump, pidió a las autoridades hondureñas información sobre la red de testaferros que estuvo al servicio de Juan Orlando Hernández.</figcaption></figure><p>Durante varios años, a partir de 2012, cuando empezó la compra de los aviones, los Hernández estacionaron el HR-AXL en un hangar del aeropuerto internacional en Tegucigalpa, la capital, según la solicitud de asistencia judicial estadounidense. Ahí estacionaban también un jet King Air 200 con registro HR-CLQ y un Helicóptero Bell 429 global ranger, registro hondureño HR-GCA. Todas las aeronaves fueron compradas por la red de testaferros. Según una investigación de la Revista Expediente Público, el costo combinado de compra fue de USD 10,450,000.</p><p>Cuando una compañía de Pacheco Reyes compró los aviones, en 2012, Hernández era un político en ascenso que, tras pasar por la presidencia del Congreso Nacional, se disponía a convertirse en presidente del país. Una vez instalado en la casa presidencial, JOH y su familia empezaron a utilizar dinero público para abastecer las aeronaves, según la investigación estadounidense.</p><p>“De acuerdo con un testigo -dice el documento de DOJ-, funcionarios hondureños utilizaron fondos públicos para operar estas aeronaves en asuntos oficiales, y una porción de ese dinero terminó, al final, en manos de la familia Hernández a través de intermediarios como Pacheco Reyes”.</p><p>Pacheco no solo fue el procurador de aeronaves para los Hernández Alvarado. Sus compañías también sirvieron para afianzar los nexos financieros y comerciales con los narcotraficantes.</p><p>Una de las empresas relacionadas a Aviaton Partners, a través de documentos registrales, es Caribbean Tours. Ambas están relacionadas con los testaferros de los Hernández. Y en ambas aparecen como socios, además de Pacheco Reyes, Lidia Elizabeth Antúnez Figueroa y Carlos Armando García Cárcamo. Es, a través de estos dos últimos, que la red se extendió hasta Melvin Sandres, alias Metro, capo del narcotráfico en Choloma cuando Juan Orlando Hernández empezaba su ascenso hacia lo más alto del poder político hondureño. Sandres es propietario, junto a Antúnez y García Cárcamo, de Lino’s Sport, una empresa de utensilios deportivos que el narco utilizó, entre otras cosas, para equipar al club de fútbol de Choloma, del que él era dueño.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/350/0*OBtr2lRN-f1Oa7MN" /><figcaption>Melvin Sandres, narcotraficante asesinado en 2013 y capo en la ciudad de Choloma, fue parte de la red de testaferrato de Juan Orlando Hernández.</figcaption></figure><p>Melvin Sandres, narcotraficante asesinado en 2013 y capo en la ciudad de Choloma, fue parte de la red de testaferrato de Juan Orlando Hernández.</p><p>Caribbean Tours también está relacionada a Sergio Neftalí Mejía Duarte, un narcotraficante que fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en mayo de 2018. Después de la condena, las autoridades hondureñas inmovilizaron los bienes de compañías asociadas a Mejía Duarte, once de ellas, entre las que figuraba Caribbean Tours. Los aviones, sin embargo, habían sido transferidos a otra empresa antes de las inmovilizaciones, una llamada Inversionistas Tecnológicos Unidos, propiedad de otro testaferro de Juan Orlando Hernández.</p><p><strong>Los testaferros de JOH y la ruta aérea del narco hondureño</strong></p><p>Melvin Sandres era uno de los hombres más poderosos en Choloma a finales de la década 2000 e inicios de los 2010. Junto a Giovanny Fuentes, otro capo local, habían construido en la ciudad textilera un cuartel desde el que regentaban el paso de cocaína por las rutas norteñas de Honduras, que unen las pistas clandestinas en los departamentos de Yoro y Olancho en el nororiente, donde aterriza la droga proveniente de Suramérica, y desde donde forjaron alianzas políticas que luego pusieron a disposición de Hernández cuando, en 2012, el político era el presidente del Congreso y empezaba a cosechar los apoyos criminales y financieros que terminarían aupándolo a la presidencia.</p><p>En Choloma, Fuentes y Sandres pusieron a disposición de JOH dinero del narco y, según un testimonio del primero ante agentes estadounidenses, un narcolaboratorio que en sus mejores días llegó a producir entre 300 y 500 kilos de cocaína. Además, Sandres fue parte de la red de testaferros que, entre otras cosas, proveyó de aviones al entonces presidente y su familia.</p><p>Durante años, mientras Estados Unidos lo investigaba por sospechas de que era él quien en realidad dirigía desde lo más alto del poder político el tráfico de cocaína por Honduras, Juan Orlando Hernández lo negó todo. Cuando, a partir de marzo de 2020, el narco Giovanny Fuentes empezó a colaborar con las autoridades estadounidenses, que lo habían detenido ese año, contó cómo él y Sandres, el narco-testaferro, se asociaron a JOH. El presidente dijo que todo era una venganza de los narcotraficantes a los que él había combatido. Esa fue siempre su defensa; es lo que seguían diciendo sus portavoces mientras él esperaba juicio en una celda de Nueva York, a donde fue extraditado en abril de 2022.</p><p>Siempre sostuvo la defensa de Hernández que las únicas pruebas con las que contó Estados Unidos son los testimonios de narcos como Fuentes, pero lo cierto es que hubo más, como muestran los documentos registrales y testimonios de decenas de oficiales, algunos de los cuales han conversado con el autor, que dan fe de cómo la red de testaferros en la que participaron narcotraficantes sirvió al expresidente para blanquear dinero. Otros testimonios indican que los aviones, además, volaban por una ruta aérea que cruza Honduras y por la que también se movía la droga.</p><p>Una foto tomada en 2015 y publicada en varios medios oficiales hondureños muestra a Ana García de Hernández, entonces primera dama del país, bajando de uno de los aviones comprados por los testaferros de su marido, el HR-AXL, en el aeropuerto Río Amarillo del departamento de Copán, en el occidente del país.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/350/0*O3GpOOpCC6vA7xoh" /><figcaption>Foto de archivo del helicóptero Bell 429 global ranger, registro HR-GCA, comprado por la familia de Juan Orlando Hernández a través de una red de testaferros de la que formó parte uno de los narcotraficantes más poderosos del país.</figcaption></figure><p>Río Amarillo es un aeródromo ubicado a menos de 20 kilómetros de Copán Ruinas, una ciudad colonial aledaña a un recinto de ruinas mayas. A pesar de que es un destino turístico, el tráfico aéreo hacía ahí, a través de Río Amarillo, es mínimo. El aeropuerto, sin embargo, se mantiene en perfectas condiciones y bajo custodia constante de una unidad militar, según pudo constatar el autor durante un viaje a la zona a mediados de 2021. El aeródromo está ubicado en un pequeño valle al pie de las montañas de Copán, donde a inicios de la década de 2010 mandaba el clan narcotraficante de Los Valle Valle, a quienes Juan Orlando Hernández persiguió luego de romper un pacto que, según un exjefe de la inteligencia policial hondureña, incluyó financiamiento para la campaña presidencial de 2013.</p><p>Unos 170 kilómetros al este de Río Amarillo hay otro aeródromo, el de Celaque, en las afueras de Gracias, la ciudad del departamento de Lempira de la que son originarios los Hernández. JOH lo inauguró en 2014. A Celaque tampoco llegan apenas vuelos comerciales. El aeródromo servía, sobre todo, para el aterrizaje de aviones militares y de algunos aviones particulares, según funcionarios consultados en Gracias entre 2019 y 2021.</p><p>En uno de los cerros aledaños a Celaque, conocido como La Iguala, un comando de inteligencia policial encontró en 2014 un narcolaboratorio equipado para producir clorhidrato de cocaína. Había también plantas de marihuana. Los policías capturaron a dos colombianos, pero cuando el oficial jefe intentó remitirlos al Ministerio Público se encontró con la reticencia de los fiscales. Los extranjeros, explicaron al jefe policial, contaban con la protección de Constantino Zavala Laínez, otro oficial de la Policía Nacional. Y Zavala, descubrirían después los investigadores hondureños, era allegado a Tony Hernández, el hermano del presidente.</p><p>Los investigadores del DOJ estadounidense también preguntaron por Zavala Laínez en la petición de asistencia judicial en la que reclamaron a sus homólogos hondureños información sobre los aviones de los Hernández y sus testaferros. “(Un) testigo se reunió con Hernández Alvarado para platicar sobre los arrestos (de los colombianos) y (Tony) Hernández Alvarado le agradeció a Zavala Laínez por su protección”, dice en el documento.</p><p>“Toda esa operación del narcolaboratorio de La Iguala tenía protección de los de arriba”, dijo uno de los oficiales que participó en el operativo para intervenir el narcolaboratorio. “Todo eso era de los Hernández”, reiteró. Según este policía, cuando aquel laboratorio estaba en funcionamiento las rutas de la droga y el poder en torno a ellas estaba por reconfigurarse en Honduras: un nuevo grupo político, el de JOH y su familia, empezaba a ganar terreno frente a los clanes tradicionales y los pequeños capos que controlaban las plazas más importantes del país. En ese reacomodo, el control de pistas aéreas y aeronaves no fue un considerando menor, asegura el oficial.</p><p>Antes de instalar el laboratorio en La Iguala, los Hernández ya habían comprado al menos uno de los aviones a través de la red de testaferros que coordinaba Félix Francisco Pacheco Reyes y en la que también estuvo Melvin Sandres, alias Metro, uno de los jefes de los narcos de Choloma. Pero Metro era, a principios de la década pasada, mucho más, era uno de los capos más sanguinarios en el mapa hondureño.</p><p><strong>El reino del terror en Choloma</strong></p><p>Al lugar solo se le conoce como la discoteca de Metro. A mediados de 2021, el autor recorrió las calles de Choloma, el local era solo un recuerdo de sus días de esplendor: un edificio gris, con una sección a medio construir, del que apenas salía una musiquita tenue. A finales de la primera década del siglo, sin embargo, este era el cuartel general de Melvin Sandres, uno de los dos narcos que controlaban plaza en Choloma a punta de terror.</p><p>Sandres era un tipo popular, extrovertido y fiestero. Giovanny Fuentes, su socio, era parco, malencarado y arrogante. Así, al menos, los describe un investigador hondureño que les siguió la pista por años y quien habló desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público.</p><p>Sandres y Fuentes eran, a finales de la década de 2000, matones al servicio de Devis Leonel Rivera Maradiaga, el jefe de la banda Los Cachiros, que controlaba la entrada de cocaína por las pistas clandestinas del noreste y su tránsito hasta las carreteras y trochas que conectan con Guatemala. En esa ruta, Choloma ocupa un lugar central como plaza de lavado de activos y almacenamiento. Desde ahí la droga se redistribuía al occidente y hacia el sur, para alimentar la ruta hacia México, o hacia el norte para ser embarcada en Puerto Cortés.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/350/0*xdFmwa0f3ld_4f_V" /><figcaption>Melvin Sandres, alias Metro (de rojo) se asoció a través de una empresa de utensilios deportivos, con una red de testaferros que sirvió al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para comprar una flotilla de aviones.</figcaption></figure><p>Melvin Sandres, alias Metro (de rojo), se asoció a través de una empresa de utensilios deportivos con una red de testaferros que sirvió al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para comprar una flotilla de aviones.</p><p>Para probar su lealtad a Devis Leonel Rivera Maradiaga, el jefe de Los Cachiros, Sandres torturó y enterró vivo a un mecánico aviador que debía dinero al capo.</p><p>De a poco, la influencia de Sandres en Choloma creció y él empezó a hacer tratos a espaldas de sus jefes. Según documentos judiciales estadounidenses, llegó incluso a “distribuir droga en la Florida”. Hubo, dicen investigadores hondureños, una especie de pacto entre Sandres, Giovanny Fuentes y Los Cachiros en 2012. El clan de Rivera Maradiaga dejaría operar a los narcos de Choloma con cierta independencia a cambio de tener libertad para usar sin contratiempos las rutas de la ciudad.</p><p>Antes, en 2011, Sandres y Fuentes habían instalado un narcolaboratorio en Cerro Negro, en las afueras de Choloma. Ese año, la policía allanó el laboratorio, pero no encontraron nada porque los narcos habían recibido un soplo oportuno sobre la operación. Poco después, los dos narcos secuestraron al oficial que había estado a cargo de la operación y se aseguraron de enviar un mensaje claro: lo torturaron y dejaron las señales de las torturas en el cuerpo, alfileres en las uñas, golpes de pistola en las manos y una bolsa plástica cubriéndole el rostro. Meses después, Sandres quemó vivo a un sicario de quien sospechaba que había participado en el asesinato de un familiar.</p><p>El poder de Sandres y Fuentes en Choloma era una mesa de tres patas: el acceso directo a los proveedores suramericanos de la cocaína, los contactos políticos locales y nacionales, y una amplia red social y criminal en la ciudad industrial. Para garantizar esto último, Sandres acudió al fútbol e invirtió en el Atlético Choloma, un equipo de segunda división al que llevó de forma efímera a la primera. Los partidos del Choloma, recuerda un vecino, eran un despliegue de ruido, fiesta y despilfarro en las épocas de Sandres. “Cerraban las calles, traían muchachas y bandas de música… El equipo era malo pero la gente gozaba”, dice.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/350/0*YE2EMx948jLopdcm" /><figcaption>Melvin Sandres utilizó al Atlético Choloma, un equió de fútbol, para afianzar su poder en el bajomundo.</figcaption></figure><p>El músculo criminal lo daban, en buena medida, las pandillas, que son varias en Choloma. Sandres y Fuentes, dice el memorando de sentencia en el proceso seguido al segundo en Estados Unidos, “comandaban batallones de pandilleros que actuaban como seguridad y soldados en las guerras de las drogas”.</p><p>Una líder feminista con quien el autor conversó en Choloma en 2021 contó que los guardaespaldas de Sandres gozaban de impunidad absoluta y fueron responsables de decenas de violaciones de mujeres jóvenes.</p><p>A mediados de 2013, Fuentes y Sandres tenían ya construida la alianza con la que pensaban ganar autonomía absoluta en Choloma y, desde ahí, expandirse: el pacto con los Hernández Alvarado, con Tony y su hermano Juan Orlando. Los tratos habían empezado antes, en 2011, cuando JOH era presidente del Congreso. Ese año, según testimonios recogidos por investigadores de Estados Unidos, los narcos se reunieron en Graneros de Choloma, una empresa local, con un enviado de JOH, quien les dijo que llegaba “en nombre del jefe”.</p><p>Pero no fue hasta otra reunión en Graneros de Choloma que, según un contador de esa empresa que presenció los encuentros entre los narcos y los Hernández, que la alianza se afianzó. Fuentes y Sandres accedieron a dar a JOH acceso al narcolaboratorio de Cerro Negro. Uno de los testigos en el caso estadounidense contra Fuentes dijo que, en ese encuentro, Hernández también pidió apoyo para su campaña presidencial y ofreció protección del Ministerio Público, de la policía y del ejército.</p><p>Mientras Melvin Sandres y Giovanny Fuentes afianzaban su pacto, la red de testaferros, cuya traza llega hasta los asocios entre una compañía del primero y otros testaferros de los Hernández, el futuro presidente de la república se aperaba con aviones que luego volarían por las rutas aéreas de la droga y se fletarían con dineros públicos.</p><p>Todo parecía marchar bien en la alianza entre los hombres de Choloma y el clan Hernández. Y así ocurrió: el pacto, de acuerdo con los testigos en el proceso judicial contra Giovanny Fuentes, duró al menos hasta 2019. Melvin Sandres no se benefició, al final, de todo aquello: las viejas deudas con sus antiguos jefes de la banda Los Cachiros le costaron la vida. El 29 de octubre de 2013, un matón que según investigadores hondureños trabajaba para Devis Leonel Rivera Maradiaga, el jefe cachiro, asesinó a Sandres en las calles de Choloma.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=6b8b8bf8330a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
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            <title><![CDATA[Crónicas sobre el narcopresidente de Honduras]]></title>
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            <category><![CDATA[honduras]]></category>
            <category><![CDATA[donald-trump]]></category>
            <category><![CDATA[narcotráfico]]></category>
            <category><![CDATA[centro-américa]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Héctor Silva Ávalos]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 14:10:38 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-12-04T14:10:38.281Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, acaba de perdonar a Juan Orlando Hernández, jefe de Estado de Honduras entre 2014 y 2022 y a quien una corte en Nueva York condenó a 45 años de cárcel por delitos de narcotráfico. Desde su nueva libertad, recuperada el 1 de diciembre, JOH, como se le conoce en Honduras por sus iniciales, insiste en que es inocente y que su juicio fue una operación política ideada por el gobierno de Joe Biden. Eso es mentira. No dice, Hernández, que cuando el Departamento de Justicia estadounidense preparó la acusación que lo señala como uno de los narcotraficantes más violentos y efectivos del continente, era Trump quien estaba en la Casa Blanca. Durante una década cubrí el gobierno de JOH y la Honduras que él convirtió en un narcoestado. En estos tiempos en que las máquinas de propaganda crean narrativas alternas a la realidad, vuelvo a las crónicas sobre el narcopresidente de Honduras y las publicó aquí, una por una, en preparación de un libro sobre el tema.</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*w1x8OUJyT8_E8sbI3Tna3g.jpeg" /><figcaption>Nasry “Tito” Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional a quien el gobierno de Donald Trump y el movimiento MAGA (“Make America Great Again”) han dado su apoyo, junto a Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño condenado por narcotráfico al que Trump acaba de perdonar. Foto: archivo personal.</figcaption></figure><ol><li><strong>La traición de Juan Orlando y la caída de los Valle Valle</strong></li></ol><p><em>Publicada en Infobae. 12 de febrero de 2022.</em></p><p><strong>El Espíritu, Copán.</strong> La mujer, joven, supervisa al hombre que lava el todoterreno blanco estacionado en la calle principal de El Espíritu, en el occidental departamento hondureño de Copán. Es una calle estrecha, que se extiende unos 300 metros desde la entrada del pueblo hasta el templo católico y está flanqueada por pequeñas mansiones y palacetes que contrastan con el paisaje rural de montaña que las rodean. Son edificios en ruinas, testimonio mudo del poder que antes mandaba en este lugar, el del narcotráfico.</p><p>El Espíritu fue, hasta mediados de la década pasada, el centro de operaciones de la familia Valle Valle, uno de los clanes de narcotraficantes más poderosos que hayan existido en Honduras. Hoy solo hay ruinas, leyendas y algunas pistas de la gran traición que acabó con el poder del clan, protagonizada por Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras.</p><p>La mujer que examina el lavado del todoterreno blanco es pariente de Digna Valle, matriarca del clan y su cabeza financiera según documentos judiciales e investigaciones periodísticas. “De ella -la joven- se dice que es la única que no se metió en nada, y es la que ha quedado viendo lo poco que les dejaron (a Los Valle)”, dice un exfuncionario municipal de Copán que conoció a la familia en las décadas de los 90 y 2000 durante un recorrido por El Espíritu en agosto de 2021.</p><p>Lo que rodea a la familiar de Digna esta tarde templada son ruinas. Todas las casas son apenas esqueletos de concreto y hierros enclavados en la montaña. Dentro de los palacetes no hay nada. Los saqueadores, los soldados y funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández se llevaron muebles, ventanas, inodoros, baldosas luego de que las autoridades hondureñas confiscaron las propiedades de los Valle en El Espíritu y a lo largo de todo Copán en 2014.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/547/1*P9BgKiSqEQmVeKXnp18snA.png" /><figcaption><em>Luis y Miguel Arnulfo Valle Valle. Foto publicada por la Policía Nacional de Honduras.</em></figcaption></figure><p>A inicios de la década pasada, cuando Juan Orlando Hernández se disponía a jurar como presidente de Honduras, las primeras advertencias empezaron a llegar a la familia Valle, según confirmaron un oficial del ejército que investigó al clan durante una década y otro militar que participó directamente en el operativo de captura de los líderes de la banda en 2014.</p><p>El exfuncionario municipal de Copán recuerda que fue Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, quien llevó a los hermanos Valle la advertencia final. Váyanse de aquí, les dijo en una conversación en La Entrada, la ciudad que es desde donde el departamento de Copán se abre hacia las montañas que hacen frontera con Guatemala. “Tony y Los Valle habían sido aliados, pero Tony sabía que no había vuelta atrás, que Juan Orlando iba a declararles la guerra”, dice un coronel de la policía hondureña que investigó a Los Valle bajo las órdenes del general Ramón Sabillón, entonces jefe de la Policía Nacional.</p><p>Con aquella advertencia iniciaba la caída de Los Valle Valle.</p><p><strong>Enemigos íntimos</strong></p><p>A Juan Orlando Hernández le gusta repetir que fue su gobierno el que aprobó la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos y que, durante su gestión (2014–2021), 59 capos del tráfico de cocaína terminaron en Estados Unidos. Eso y otras cosas recordó el expresidente hondureño a Washington en una carta abierta que publicó en su cuenta de Twitter el 7 de febrero de 2022, un día después de que el Departamento de Estado lo incluyó en la llamada Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica.</p><p>Mostrarse al mundo como el principal enemigo de los capos hondureños ha sido la respuesta de Hernández a todas las acusaciones que pesan sobre él por su supuesta participación en el narcotráfico. La realidad sobre la relación entre el expresidente y los clanes narcotraficantes más importantes de Honduras, como Los Valle en occidente y Los Cachiros en el norte, ha sido diferente.</p><p>Una de las medallas que JOH se cuelga es la entrega de los hermanos Valle a Estados Unidos el 18 de diciembre de 2014. Pero, según han contado dos oficiales de alto rango de la Policía Nacional que participaron en la captura de Los Valle, la idea inicial no era detener a los capos, sino aniquilarlos.</p><p>Fue por eso por lo que Ramón Sabillón, entonces jefe de la PN, decidió montar un operativo de captura el domingo 5 de octubre de 2014 con apoyo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) sin avisar al presidente, su jefe.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/975/1*z0yTjDD_zCqNSgkDWkSOrw.png" /><figcaption><em>Interior de una de las casas confiscadas al clan Valle Valle en Honduras. Foto: Policía Nacional de Honduras.</em></figcaption></figure><p>“Lo que (Hernández) pretendía era matarlos. A ellos y a Los Cachiros…”, dijo en Tegucigalpa uno de los oficiales que participó en las capturas de los narcotraficantes.</p><p>Como medida de protección, para evitar cualquier atentado contra Miguel Arnulfo y Luis Alonso, los dos hermanos que cayeron primero, Sabillón los mantuvo en un lugar que él controlaba directamente, la sede de las fuerzas especiales de la policía, conocidas como batallón Cobra, en la capital Tegucigalpa, a unos 370 kilómetros de El Espíritu.</p><p>Sabillón interrogó varias veces a Los Valle en el cuartel de los Cobra y se enteró, de boca de los narcos, que había relaciones entre ellos y Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en marzo de 2021 por narcotráfico.</p><p>De acuerdo con testimonios y documentos judiciales recogidos en Estados Unidos para el juicio de “Tony” Hernández y otros narcotraficantes hondureños, Los Valle compartían el control de Copán con otros capos, como el entonces alcalde de El Paraíso, Alexander Ardón, miembro del Partido Nacional de Hernández. Los Valle eran, sin embargo, el clan que más presencia tenía, por el alcance de su operación, por sus contactos con el Cartel de Sinaloa en México y por su brutalidad. Durante todo el inicio del nuevo siglo, todos convivieron en armonía en una especie de paz mafiosa en Copán.</p><p>Ardón, que también terminó en manos de autoridades estadounidenses, dijo durante el juicio a Tony Hernández en Nueva York que el presidente Juan Orlando había recibido en 2013 un millón de dólares de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, líder de Sinaloa, a cambio de garantías de que la operación de sus socios hondureños no sería lastimada si Hernández se convertía en presidente, como en efecto ocurrió aquel año.</p><p>Pero, al decir de Ardón, JOH no cumplió su parte del trato. “Le dije a Juan Orlando Hernández que le habían pagado un millón de dólares para proteger a los Valle… me dijo que no tenía obligaciones con nadie”, aseguró Ardón a la corte neoyorquina cuando sirvió como testigo en el juicio a Tony Hernández en octubre de 2019.</p><p>Fue el general Sabillón uno de los primeros en hacer públicas las razones por las que el presidente quería evitar a toda costa que los Valle terminaran en Estados Unidos. El policía dijo a una periodista en 2016 que uno de los Valle le confesó que “(Tony) el hermano del hombre (Juan Orlando) trabajaba” con Alexander Ardón, el alcalde narco asociado con los Valle.</p><p>Juan Orlando Hernández se cobró la desobediencia de Sabillón con creces. Capturar a los Valle sin que el presidente lo supiera, lo que habría desarmado el plan de aniquilar a los narcos antes de que hablaran sobre la implicación del presidente con El Chapo y los negocios de Tony Hernández, costó al general el despido y el exilio.</p><p>Sabillón recibió su notificación de despido a finales de noviembre de 2014, poco menos de dos meses después de haber capturado a los Valle. El gobierno lo vendió como parte de una depuración emprendida por su gobierno para limpiar la policía. En realidad, esa limpia sirvió a Hernández para deshacerse de oficiales molestos que habían investigado a narcotraficantes que terminaron denunciando la complicidad de la familia presidencial en el negocio de la cocaína. En 2016, Sabillón se fue a Estados Unidos exiliado; regresó a finales de 2021 tras el triunfo de Xiomara Castro en las elecciones presidenciales y fue nombrado el nuevo ministro de seguridad de Honduras.</p><p>Alexander Ardón se entregó el 14 de enero de 2019 a la DEA, luego de negociar con los estadounidenses que daría testimonio en el juicio a Tony Hernández. Cuando habló, Ardón dio más pistas sobre la participación del presidente en el narcotráfico. Reveló, entre otras cosas, detalles del plan que los Hernández ejecutaron desde 2013 para arrebatar el control de las rutas de la cocaína a los clanes locales.</p><p>Cuando, en 2022, el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken comentó la inclusión de Hernández en la Lista Engel<em> </em>escribió que la decisión se basó en “testimonios” como los de Ardón y los Valle, aunque no mencionó a estos narcos con nombre y apellido. Washington, de hecho, había decidido poner en la lista a Juan Orlando en julio pasado, cuando aún era presidente, pero prefirió esperar hasta después de las elecciones que dejaron a Castro como presidenta y a Hernández con el fuero que le otorga su calidad de diputado del Parlamento Centroamericano.</p><p>La caída de los Valle y Ardón no significó que las rutas de Copán quedaran despobladas, como sí ocurrió con pueblos como El Espíritu, otrora cuartel general convertido en un montón de ruinas. El negocio siguió y también la violencia. El 10 de diciembre de 2019, un comando paramilitar asesinó en La Entrada a José Luis Pinto, un abogado de los Valle y quien también representaba a alias Magdaleno Meza, un socio del clan que tenía en su poder libretas en las que se supone había referencia a los hermanos Hernández y quien fue asesinado en una cárcel hondureña en octubre de 2019. Esas libretas fueron usadas en 2024 como pruebas en el juicio que terminó con la condena de 45 años a Hernández por narcotráfico.</p><p>Dos días antes del anuncio estadounidense sobre la inclusión de JOH en la Lista Engel, hubo otro recordatorio macabro de la violencia narco en Copán. También en La Entrada, pistoleros asesinaron a Reynerio José Valle, un adolescente de 15 años, hijo de Reynerio Valle, el menor del clan. “Los ciclos de venganza en Copán van para largo… no importa que los Valle estén presos y que a JOH se lo lleven (extraditado)”, dijo en 2022 un policía que estuvo destacado en Copán la década pasada.</p><p><strong>La entrega y la diabetes de Luis Alonso</strong></p><p>A Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle los hundió, al final, la traición de Juan Orlando Hernández, pero ellos mismos habían empezado a cincelar su destino años antes.</p><p>Un oficial hondureño que siguió la pista a los Valle desde 2013, y quien habló bajo condición de anonimato por seguridad, dijo que uno de los primeros quiebres en la cadena del poder fue la desaparición, en 2014, de Mayra y Jazmín Lemus, dos hermanas que se casaron con Luis Alfonso y Miguel Arnulfo respectivamente.</p><p>El extrabajador municipal que conoció a los Valle relata lo que, sobre esa desaparición, se supo en Copán. Mayra, la esposa de Miguel Arnulfo, empezó a quejarse de forma muy discreta por los maltratos de su marido a finales de 2013 hasta que un día, ella y su hermana desaparecieron sin dejar rastro. “Luis lloraba por Jazmín, se emborrachaba, ahí empezó a decaer”, asegura esta fuente.</p><p>El oficial hondureño asegura que, en la Policía Nacional, hubo noticias de que las hermanas se fugaron a Estados Unidos y ahí se convirtieron en testigos protegidas. Autoridades estadounidenses consultadas no corroboraron esta versión.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/975/1*SPQCFo3gMuJx2D5OdSTU-w.png" /><figcaption>Luis Alonso Valle y su esposa Mayra Lemus.</figcaption></figure><p>También fue la arrogancia. Aun sabiéndose perseguidos, los Valle no dudaban en filmar sus propiedades en El Espíritu para luego utilizar las imágenes en vídeos musicales hechos a la medida que circulaban por la plataforma YouTube. En uno de esos vídeos, dedicados a un cumpleaños del hijo menor de Miguel Arnulfo Valle y Jazmín Lemus, hay detalles que sirvieron a la inteligencia policial hondureña para planificar la captura de los hermanos.</p><p>Lo cierto es que durante más de un año los hombres del general Sabillón y los agentes de la DEA estrecharon el cerco. Sabían, por ejemplo, que los Valle habían abierto una ruta desde El Espíritu a la frontera con Guatemala, la cual solo se podía recorrer en mula; sabían también que Luis Alfonso tenía que inyectarse insulina varias veces al día por su diabetes y que, debido al frágil estado de salud de Luis, una enfermera acompañaba a los hermanos siempre.</p><p>Cuando los capturaron, según un reporte de inteligencia, los Valle habían intentado huir a Honduras, pero la insulina de Luis Alonso se había terminado y el dinero que tenían encaletado en un tanque de agua a medio camino en la frontera con Guatemala no era suficiente. Los Valle tuvieron que desandar sus pasos. Cuando iban de regreso a El Espíritu los estaban esperando.</p><p>En sus mejores días, la familia Valle, presidida por Doña Digna -como se le sigue llamando en Copán-, y por sus hermanos Miguel Arnulfo, Luis Alonso y José Reynerio, controlaba la salida de la cocaína que llegaba desde Suramérica hacia la vecina Guatemala. Fueron, los Valle, uno de los clanes que convirtieron a Honduras en el epicentro regional del tráfico de cocaína. Su negocio, según cálculos que se desprenden de testimonios en los juicios estadounidenses, llegó a generar ganancias anuales de hasta US$250 millones.</p><p>Cuando la policía de Juan Orlando Hernández entró a El Espíritu, tras la captura de los capos, encontró US$11.2 millones enterrados en caletas dentro de las casas de la familia que hoy están desmanteladas.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/975/1*2M80rhumrXUGQD2kdchPTQ.png" /><figcaption><em>Templo católico en El Espíritu, Copán. Una leyenda local, esparcida entre militares, es que los Valle Valle guardaron parte de su dinero en caletas dentro del templo. Ninguna autoridad lo ha confirmado de forma oficial, pero sí que, tras la captura de los capos, soldados encontraron perforaciones en las paredes. Foto tomada por el autor en 2021.</em></figcaption></figure><p>En los alrededores del pueblo una leyenda narco aseguraba que Miguel Arnulfo y doña Digna escondieron más dinero en el templo católico que la familia ayudó a remodelara. Si era así, los Valle se llevaron la plata antes de irse: cuando soldados y policías buscaron en el templo no hallaron nada. Imposible saberlo ahora. La iglesia, como los palacetes de los Valle en El Espíritu son vestigios de una guerra que parece lejos de terminar.</p><p>Una de las preguntas más acuciantes en Honduras, tras la salida de Juan Orlando Hernández del poder, era si el expresidente acompañará a los Valle, a Ardón y a su hermano Tony en una cárcel estadounidense. Al final, el narcopresidente también estuvo preso en el norte, pero lo perdonaron; lo perdonó Donald Trump, el presidente republicano.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b4ca604e0d28" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Una reflexión: ¿Qué hace ahora el periodismo en Centroamérica?]]></title>
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            <category><![CDATA[periodismo]]></category>
            <category><![CDATA[autoritarismo]]></category>
            <category><![CDATA[guatemala]]></category>
            <category><![CDATA[centro-américa]]></category>
            <category><![CDATA[el-salvador]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Héctor Silva Ávalos]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 20:19:06 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-11-05T20:19:06.054Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Héctor Silva Ávalos</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*0MQ11wmpmThCHandsapF-g.jpeg" /><figcaption>Foto de Raúl Hernández, tomada de Creative Commons.</figcaption></figure><p>A los periodistas nos ha pasado, un poco, lo que al Partido Demócrata en Estados Unidos: hemos ido perdiendo nuestros buenos reflejos para entender lo que nos rodea y, embebidos durante años en los postulados de esa escuela para la que contar bonito es más importante que contar a tiempo, perdimos la agilidad que demanda la velocidad de las cosas, sobre todo en una época en que la posverdad y la mentira viajan, disfrazadas de hechos, a velocidades insostenibles. De a poco, perdimos el olfato y terminamos, solos, viéndonos el ombligo.</p><p>Desde hace tiempo, además, vivimos en el calvario del financiamiento. ¿Quién paga el periodismo? ¿Cuál es el mejor modelo? ¿Tienen todos los modelos blindaje ético? Tras la lenta debacle de los medios tradicionales, los diarios y los noticieros de radio y televisión, que en América Latina eran la mayoría propiedad privada de familias o corporaciones con intereses económicos diversos, muchos intentamos saltar, con más o menos éxito, a modelos más independientes, pero nos topamos casi siempre con el asunto de la sostenibilidad financiera y, salvo un puñado de ejemplos, casi todos los experimentos que montamos murieron estrangulados por la precariedad y el acoso del poder de turno.</p><p>Hay, además, algo que es esencial a este momento. A la debacle anunciada de la plata siguieron, en el caso centroamericano, el exilio, el encarcelamiento, la difamación y la censura en todas sus formas. Es decir, a los males que ya llevábamos viendo durante años asomarse en el horizonte -además de la falta de dinero la censura impuesta por gobiernos de izquierda radical y por el crimen organizado- se añadió la llegada de populismos autoritarios de derecha que irrumpieron aupados por la saludable popularidad de líderes como Donald Trump, Nayib Bukele o Javier Milei.</p><p>Para el periodismo centroamericano, y me detengo en el salvadoreño porque es el que mejor conozco, esto ha sido una estocada muy seria, no letal aún, pero sí capaz de ponerlo a la defensiva en condiciones límite, como el espadachín que debe protegerse la cara con una mano mientras con la otra intenta taparse el boquete abierto en el estómago para no desangrarse.</p><blockquote>Disciplina es una palabra clave aquí. El periodismo de bar con cuates, largas noches bohemias y brindis como el hombre araña del meme (sos vergón-vos también) no sirve.</blockquote><p>Baste un vistazo rápido por la región para hacer el punto. Los medios independientes más importantes de El Salvador, El Faro a la cabeza, están en el exilio, con sus periodistas y editores desperdigados por el mundo y a medio camino entre sobrevivir y continuar con el afán de reportear, escribir, editar y publicar. A algunos les echa la mano la cooperación internacional, a muchos otros no; algunos pueden darse el lujo de jalar solos para Ciudad de México, Guatemala o San José, otros tienen que pensar en sus familias que quedan en San Salvador. No es, por donde se le vea, una epopeya, es una putada. Y es, sobre todo, una putada que resta energías al complicado oficio de reportear y contar; eso se nota en lo que el periodismo salvadoreño publica desde el exilio, que, como es lógico y entendible, no tiene el mismo calado.</p><p>En Guatemala, el cerco impuesto por el Ministerio Público es, si cabe, más perverso, o al menos tiene un punto macabro que es diferente. Allá la principal arma de los dueños del cerrojo es el miedo. Quienes han hecho de acallar a los periodistas una de sus tareas vitales, como los fiscales Ángel Pineda o Rafael Curruchiche o el activista paralegal de ultraderecha Ricardo Méndez Ruiz, se ocuparon, desde el principio, en dejar claros los caminos. Por eso arrestaron primero a José Rubén Zamora, el periodista más influyente del país desde que empezó el siglo, y se juraron a sí mismos, acuerpados como están de todo el entramado judicial guatemalteco, mantenerlo ahí como ejemplo.</p><p>A lo de Zamora se sumó el terror sicológico promovido desde el MP y la Fundaterror a través de las redes sociales, el netcenter que le dicen en Guatemala. Avisos de persecución y simulación de casos judiciales para acompañar la vieja y confiable fórmula del seguimiento, de las llamadas anónimas y de los carros sin placas parqueados en las esquinas. Eso también ha mermado las energías de muchos colegas en Guate, que hoy deben pasar la mitad del tiempo mirando por encima del hombro mientras intentan concentrarse en sus teclados.</p><p>¿Y Honduras? Ahí, en general, siguen mandando los medios tradicionales, los grandes periódicos y televisoras, y todos, o el noventaymucho por ciento, están metidos en el embrollo político como actores militantes del oficialismo o la oposición. El mapa de medios independientes en este país es mucho más limitado que el de los dos vecinos. Y en Honduras, como en El Salvador, la política partidaria ha creado un ecosistema de sitios con apariencia noticiosa que cuentan con recursos saludables para desinformar -en el caso salvadoreño el gobierno de Nayib Bukele utiliza fondos de Casa Presidencial y de la compañía eléctrica estatal para financiar un periódico de propaganda, un canal de televisión y decenas de portales y youtubers.</p><p>Competir contra eso ya era difícil en condiciones más o menos normales. Ahora, desde fuera, pasa a ser un reto distinto, uno que no se resuelve ya con los argumentos de antes, porque el paradigma es diferente.</p><p>La nueva llegada de los autoritarismos a Centroamérica trajo un reto al que el periodismo regional llevaba un buen rato sin enfrentarse, tanto que las nuevas generaciones de reporteros no lo conocían, el de ejercer fuera de los límites que impone el ideario democrático; la criminalización del oficio, la visión del periodista como enemigo del Estado y su anulación a través de la censura formal volvieron a ser normalidad, como lo habían sido hasta la última década del siglo anterior.</p><p>Anquilosado como estaba, el periodismo, o buena parte de él, pensó durante un buen rato que bastaba con levantar la ceja, explicar que todo aquello estaba mal y sentarse a esperar que las cosas se arreglaran porque debían de hacerlo, porque era lo correcto. Al final, como el lord inglés que camina anonadado mientras los cañones de los corsarios desbaratan su elegante navío, el laureado periodismo centroamericano caminó a la oscuridad. O como los jedi, incapaces de ver cómo les crecía Palpatine en las narices, el periodismo se vio impotente cuando ya no bastaba con contar a ese monstruo como contaban todo lo demás.</p><p>Aun así, el periodismo no dejó de contar. Aun después de las primeras estocadas. Aun después de las más recientes, que en algunos casos han sido letales. Contó corrupciones, abusos de poder, contó sobre las víctimas. Contó. Pero, y esta es acaso la estocada que más duele, muchos dejaron de escucharlo. Convencidos de que los desmanes eran normales, incluso deseables, de que los males habían llegado para quedarse un buen rato y poco se podía hacer, o desmotivados por el miedo que ya calaba hondo, muchos y muchas dejaron de leer, de oír, de interesarse.</p><p>Como un viejo profesor aburrido, el periodismo se vio hablándose a sí mismo en un auditorio cada vez más vacío. No dejó de investigar, pero dejó pendiente la tarea de seguir siendo interesante. Se había vuelo un barco demasiado pesado, incapaz de virar a tiempo para evitar las ráfagas. Y ahí está, en medio de la tormenta, con las velas recogidas y sin saber muy bien cómo acometer el <em>Zeitgeist, </em>el espíritu de los tiempos.</p><p>Y estos tiempos necesitan algo diferente. Necesitan más rapidez, más disciplina y un cambio de paradigma: el trabajoso periodismo de investigación y el afán de identificar lo bueno, lo válido y lo útil con formas cuasiliterarias ya no son, me temo, argumentos suficientes.</p><p>Hoy, al periodismo centroamericano le toca aprender a hacerse relevante desde el exilio, encontrar métodos ágiles, baratos y eficientes para seguir ejerciendo, lo que implica, en esencia, tener fuentes suficientes que le permitan seguir accediendo a información relevante, enjundia y disciplina para entender el contexto a pesar de estar alejado de él, y versatilidad para volver a ser interesante a través de las plataformas en las que hoy se comunica.</p><p>Disciplina es una palabra clave aquí. El periodismo de bar con cuates, largas noches bohemias y brindis como el hombre araña del meme (sos vergón-vos también) no sirve. Hoy tercia producir mucho, rápido y con hechos comprobados. ¿Difícil? Diferente a lo hecho desde hace un par de décadas. Pero al final no es nada nuevo. Se trata, solo, de volver a algunos postulados del diarismo, sobre todo a los de la construcción y cuido constante de fuentes y la disciplina que solo se aprende cuando se ha de levantar, en un día, notas capaces de explicar cosas que tengan sentido, trasladar información útil y hacerlo con el mejor apego posible a la realidad que ya ocurrió.</p><p>Lo de las fuentes es, acaso, lo más importante al hacer periodismo desde el exilio. No hay otra forma cuando todo ha quedado tan lejos. No hay fórmulas exactas, pero sí pistas de cómo tratarlas y afianzarlas. Lo primero, seguir publicando: las fuentes hablan de las oscuridades que conocen porque, por necesidad, asco o supervivencia, quieren contarlas, y si no ven afuera lo que cuentan dejan de hacerlo. Lo segundo: respetarlas, ponerlas a ellas por encima del autobombo. No debería ser necesario aclararlo, pero lo es: no hablo, solo, de las filtraciones que vienen, directas, de las oficinas desde las que se ejerce el poder; hablo, sobre todo, de respetar mucho a quienes se arriesgan para contar.</p><p>Luego, las plataformas. Aquí solo queda repetir lo leído en los manuales escritos por los periódicos que han tenido éxito en mantener sus audiencias, como la regla de los tres treses: 30 segundos para mantener la atención en un audiovisual en redes sociales, 3 minutos para explicar en TV y 30 minutos para explayarse en una explicación o exposición más detallada en un podcast. La fórmula puede ser tan válida o desechable como cualquiera, pero deja clara la tendencia a la inmediatez, la rapidez y la necesidad de subirse a ellas con toda la dignidad e información posible para seguir teniendo relevancia. Nada de esto significa apostar por lo superficial, solo se trata de condensar, de privilegiar, de sintetizar y de contextualizar con precisión. Esos ejercicios, propios del diarismo, y no las largas y atiborradas piezas, son la voz propia que puede ser útil.</p><p>Está herido el periodismo, sí. ¿De muerte? Digamos que, en los casos centroamericanos, las estocadas han sido graves, y que de las decisiones que el espadachín tome ahora dependerá si vive un día más para limpiarse la herida y volver a empuñar el hierro.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d58e4d3d9ed4" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Hasta pronto, padre Chema]]></title>
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            <category><![CDATA[caso-jesuitas]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Héctor Silva Ávalos]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 05 Sep 2025 17:37:17 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-09-05T17:37:17.677Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*il28ZREiLQRWrh3KoRssuQ.jpeg" /></figure><p>Héctor Silva Ávalos</p><p>El sacerdote jesuita José María Tojeira fue uno de los primeros que vio los cadáveres de sus seis compañeros asesinados en la Universidad Centroamericana de San Salvador la mañana del 16 de noviembre de 1989 por un comando del ejército salvadoreño. Fue uno de sus más destacados herederos, de ellos y de sus enseñanzas. Y, como ellos, fue un cristiano valiente, uno que le habló al poder a la cara y abogó siempre por los más desposeídos en El Salvador, que son millones. Fue, por eso, heredero también de San Óscar Arnulfo Romero.</p><p>Chema, como lo conocimos todos, murió el 5 de septiembre en Ciudad de Guatemala. Tenía 78 años. Era un jesuita con todas las letras. O al menos así lo recuerdo yo. Intolerante con la injusticia y coherente en su enseñanza, pero también comprensivo y cálido.</p><p>Acaso por eso, cuando leo sobre Francisco, el papa argentino, también jesuita, me acuerdo de Chema: humildes como el carpintero de Nazareth a la hora de esparcir el mensaje cristiano, pero también firmes como Él al llevar a la práctica los mensajes del evangelio que proclaman a la iglesia de Cristo como una que existe plena ahí donde están los marginados.</p><p>Lo recuerdo, sobre todo, en el púlpito, en la capilla que con más cariño vive en mí, que es la de la UCA. Pero también en su oficina del IDHUCA, donde lo buscaba para que me escuchara en confesión. Nunca, en mi vida de católico practicante, me sentí más cómodo viviendo ese sacramento que en aquellas sesiones con el padre Chema, que empezaban con los ritos formales y pasaban, luego, a ser pláticas de amigos, discusiones amenas y profundas sobre la realidad salvadoreña y sobre la horrible matanza que tanto lo marcó a él, a mí, a la UCA, a todo El Salvador.</p><p>Mi relación con el padre Chema creció cuando lo entrevisté, allá por 2013, para una investigación sobre la masacre en la que me embarqué entonces. Me contó muchas cosas. Recordó, frente a mí, que no había terminado de rasurarse aquella madrugada cuando le avisaron que, en el campus universitario, yacían los cuerpos acribillados de Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Joaquín López, Amado López y Juan Ramón Moreno, y de Elba Ramos y su hija Celina, quienes trabajaban con ellos.</p><p>Al hablar de los mártires con Chema no solo aprendí detalles sobre cómo la UCA vivió los días previos a la masacre y sobre como el Estado salvadoreño utilizó todo su poder para encubrirla y proteger a los culpables; aprendí también sobre el perdón, que es quizá la enseñanza del nazareno más difícil de vivir. Chema me dijo una vez que él había logrado perdonar a los asesinos. Perdonó, sí, pero también dedicó buena parte de su vida a procurar justicia para los mártires y sus familias.</p><p>Fue un titán del perdón, pero también de la memoria histórica, por la que luchó desde su sacerdocio, su cátedra y desde el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Y por eso fue una voz incómoda para todos los gobiernos salvadoreños, de derecha e izquierda, a los que nunca dudó en echarles en cara sus abusos y olvidos.</p><p>Dijo Ellacuría, al hablar sobre San Óscar Romero, mártir de la iglesia, que con él, con monseñor, Dios había pasado por El Salvador. Lo dijo en la homilía que pronunció durante el funeral del santo, que entonces era solo el arzobispo asesinado por las fuerzas del odio, encarnadas en la misma ideología de quienes también mataron a los jesuitas de la UCA. Sin duda, Dios también pasó por mi país con el padre Chema.</p><p>No son días buenos en El Salvador. Son días en que voces de cristianos valientes como Chema, y la de los valientes en general, son escasas. Mi país, sin duda, lo extrañará aunque mi país no lo sepa aún.</p><p>Hoy, Chema está con el Creador, con Monseñor, con mi padre que también los admiró a ambos, con sus hermanos mártires, con Elba y Celina. Con todos los salvadoreños y salvadoreñas de fe que creyeron, como él, que el reino de Cristo debe de existir también en esta tierra.</p><p>Descanse en paz, padre Chema. Hasta pronto.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=cdd42344bee5" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Opinión: La historia más importante en El Salvador de Bukele no es la ministra uniformada]]></title>
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            <category><![CDATA[nayib-bukele]]></category>
            <category><![CDATA[autoritarismo]]></category>
            <category><![CDATA[el-salvador]]></category>
            <category><![CDATA[corrupción]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Héctor Silva Ávalos]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 18:08:06 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-09-01T18:08:06.716Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*aDm-x3MX0LjmMJdh-sVcFA.jpeg" /><figcaption>Nayib Bukele y sus hermanos.</figcaption></figure><p>Héctor Silva Ávalos</p><p>La historia más importante sigue siendo el saqueo del Estado y la reforma política emprendida por el presidente, su círculo familiar y sus operadores para asegurar la continuidad de una dinastía capaz de administrar el país con impunidad y, en el futuro, evitar preocuparse por la posibilidad de que los metan presos.</p><p>Todo lo que hacen Bukele y los suyos, todo, está orientado a lograr ese doble fin: saqueo e impunidad.</p><p>La historia para seguir investigando y contando, si se pretende echar luz sobre El Salvador de Bukele, es la del itinerario hacia el poder absoluto sobre el Estado y la sociedad, la de cómo se tejió o cómo se ha ido tejiendo el plan del presidente, que no es algo elaborado al completo desde el principio, sino una hoja de ruta autoritaria capaz de ajustarse a los débiles desafíos que le ha puesto un sistema democrático tan enclenque como el que encontró al asumir el poder.</p><p>Conocemos hechos, algunos puentes entre ellos y protagonistas a los que ya podemos nombrar, como Nayib Bukele y <a href="https://ysuca.org.sv/2021/12/los-hermanos-de-nayib-bukele-fueron-investigados-como-jefes-de-una-red-criminal-enquistada-en-el-gobierno/">sus hermanos, Karim, Ibrajim y Yusuf</a>, otros familiares como su esposa Gabriela Rodríguez o su primo Xavier Zablah, operadores en la sombra como la venezolana <a href="https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/05/06/quien-es-la-asesora-del-gobierno-de-el-salvador-vinculada-a-raul-gorrin-el-testaferro-de-maduro/">Sara Hannah</a>, y locales como Ernesto Castro, Conan Castro (ya exiliado del grupo), <a href="https://focostv.com/empresas-de-los-amigos-del-jefe-de-fraccion-de-nuevas-ideas-recibieron-6-9-millones-del-estado/">Christian Guevara</a>, Suecy Callejas, Sofía Medina, <a href="https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/10/08/quien-es-carolina-recinos-la-poderosa-funcionaria-salvadorena-acusada-por-desmanejos-y-corrupcion/">Carolina Recinos</a>, <a href="https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/10/30/el-oscuro-gabinete-de-seguridad-de-nayib-bukele-plagado-de-denuncias-de-corrupcion-tortura-y-lavado-de-dinero/">Gustavo Villatoro</a> y <a href="https://elfaro.net/es/202210/el_salvador/26427/El-fiscal-general-trabaj%C3%B3-29-meses-para-uno-de-los-principales-colaboradores-de--la-MS-13.htm">Rodolfo Delgado</a> por mencionar algunos. Pero nos falta conocer mucho más.</p><p>Y hoy es más difícil conocer.</p><p>En este apartado, el del conocimiento sobre lo que está pasando en nuestro país, El Salvador tiene un problema: el plan de Bukele incluye, como un ítem esencial, la eliminación o enajenación de la inteligencia; en El Salvador ya muy pocos piensan, muy pocos son capaces de abstraerse del torbellino de desinformación, pistas falsas, verdades a medias y balbuceos superficiales que dominan la comunicación pública, sobre todo a través de las redes sociales, que son la más importante forma de comunicación en la actualidad.</p><p>Bukele se ha asegurado de confinar la inteligencia a reductos cada vez más estrechos, de exiliarla o, en muchos casos, de domesticarla. Los tanques de pensamiento, universidades, círculos literarios, unidades de investigación -periodística, académica o científica- desaparecieron salvo muy contadas excepciones. Para eso el régimen utilizó herramientas legales como la Ley de Agentes Extranjeros, a la Fiscalía General de la República para criminalizar o el dinero público para cooptarlas. ¿Ejemplos? La Universidad de El Salvador y los tradicionales <em>think tanks </em>de la derecha, otrora tan combativas, están silenciadas por opción propia.</p><p>Otra modalidad del silenciamiento ha sido forzar al exilio al periodismo crítico e independiente, uno de los más reconocidos en América Latina desde principios de siglo. Fue una operación pensada y ejecutada durante años, que pasó primero por campañas de desprestigio y exilio de algunos de los periodistas más reconocidos del país, luego por el acoso estatal a través de los ministerios de hacienda y trabajo y, por último, por la amenaza de arrestos y la expatriación de redacciones completas, como en Nicaragua.</p><p>Los medios de comunicación que han quedado en El Salvador, la mayoría de las estaciones de TV y radio, operan en abierta complicidad o desde la cómoda superficialidad a favor del régimen. Los dos grandes periódicos impresos luchan por sobrevivir reinventándose casi a diario, pero su posición ante el régimen es hoy menos crítica.</p><p>El efecto más visible de la anulación de la inteligencia y la crítica es la homogenización del pensamiento y la reducción de la realidad a explicaciones superficiales y sin matices de lo que ocurre en el país.</p><p>Bukele, gracias a todo esto, creó una narrativa según la cual El Salvador no es el reducto de sus aspiraciones autoritarias y económicas, sino el país más seguro del continente, en el que el despegue económico es posible, en el que la única corrupción reseñable o imputable es la del pasado y en el que no creer eso es ser enemigo del pueblo.</p><p>Los periodistas muchas veces queremos creer que lo que contamos cambia cosas. A veces, sí, descubrir entuertos ocultos puede generar algún movimiento pequeño que, sumado a otras acciones de otros actores, ha desembocado en efectos cascada al final de los cuales sí hay virajes de los hechos políticos en el sentido amplio de la palabra. Pero suelen ser cambios muy pequeños, minúsculos diques en aguas tan bravas que terminan destruidos y diluidos en las corrientes. En este El Salvador, el de Nayib Bukele, ese ejercicio de influencia es ya muy difícil; el presidente se aseguró de que así fuera.</p><p>Anulada la capacidad de denuncia y descubrimiento, disminuida la inteligencia, Bukele ha logrado subvertir la ley, interpretándola según su conveniencia o violándola sin reparos, para hacerse con el control absoluto del Estado.</p><p>Es de sobra conocido el camino de la reforma política que, sin crítica ni acción social efectiva en su contra, trazó y recorrió Nayib Bukele para llegar a dónde está, un lugar en que <a href="https://prensacomunitaria.org/2025/08/como-nayib-bukele-destruyo-la-democracia-en-el-salvador-ocho-momentos-clave/">ya no existe ningún impedimento formal para permanecer en el poder hasta que él lo decida</a>. Empezó con el golpe sobre la mesa que implicó su entrada con soldados y policías a la Asamblea Legislativa en 2020, siguió con la reconfiguración ilegal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General, la interpretación de la nueva corte que le abrió el camino a la reelección, el rediseño de los distritos electorales y la toma de todos los entes contralores del país.</p><p>También <a href="https://prensacomunitaria.org/2025/07/asi-persigue-la-policia-politica-de-bukele/">convirtió Bukele a la Policía Nacional Civil en una policía política</a>, y la ha ocupado para llenar cuotas diarias de arrestos con las que alimentar su discurso de seguridad pública y, luego, a través de una operación más sofisticada, en centro de espionaje y acoso de opositores.</p><p>Mientras hacía todo esto, Bukele y los suyos robaban.</p><p>Robaban con alguna prudencia al principio. Muy pronto lo hicieron a manos llenas. Desde arriba, empezando por el presidente y sus tres hermanos, que son el círculo de poder primario en El Salvador, se instauró la cultura del desfalco; de ahí para abajo, todos empezaron a robar.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*OyqJrvGXXtsk9YXt-vwuvA.jpeg" /><figcaption>Los diputados Suecy Callejas y Ernesto Castro, señalados por recibir fondos preferenciales del banco estatal.</figcaption></figure><p>Hubo robos personales, corrupción protagonizada por <a href="https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/12/18/quien-es-conan-castro-el-cerebro-juridico-de-nayib-bukele-al-que-estados-unidos-acaba-de-sancionar/">secretarios presidenciales que tuvieron que salir corriendo</a> en silencio cuando el asunto se volvió en contra de los intereses del presidente, o por <a href="https://www.elsalvador.com/h-noticias/h-negocios/banco-hipotecario-presto-4-9-millones-a-circulo-de-nuevas-ideas/1120033/2024/">diputados que accedían a créditos del banco estatal</a>, o por <a href="https://www.divergentes.com/la-playa-de-nayib-bukele/">la familia presidencial que se hacía de terrenos</a> y propiedades millonarias. Todo eso lo documentó el periodismo con pruebas irrefutables, algunas provenientes de los entes contralores, como la fiscalía, que investigaron al grupo presidencial cuando este aún no los dominaba.</p><p>Han robado de todo. Fondos públicos durante la pandemia, a través de contratos con empresas de cartón que venden, digamos, aires acondicionados a instituciones públicas, <a href="https://www.propublica.org/article/bukele-trump-el-salvador-ms13-pandilla-vulcan-corrupcion-investigacion">dinero de la cooperación estadounidense para alimentar el pacto de gobernabilidad de la MS13 y el Barrio 18</a>…</p><p>Robaron también fondos que miles de personas depositaron en <a href="https://prensacomunitaria.org/2025/05/me-van-a-matar-la-suplica-de-manuel-coto-financista-de-nayib-bukele-y-nuevas-ideas-en-el-salvador/">COSAVI</a>, una cooperativa de ahorro y préstamos a la que saquearon con créditos preferenciales para funcionarios del partido Nuevas Ideas, el oficialista, y a la que intervinieron para esconder la información que los comprometía cuando el escándalo del fraude estaba por saltar. El asunto se ha saldado con la muerte del presidente de la cooperativa en un incidente aéreo que también costó la vida al director y subdirector de la PNC. Los estafados no han recibido un céntimo de lo desfalcado.</p><p><a href="https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/03/18/pagos-fantasmas-e-indicios-de-lavado-las-acusaciones-de-corrupcion-contra-nayib-bukele-que-lo-siguen-desde-que-era-alcalde/">Habían empezado a robar antes, cuando Bukele era alcalde</a>, a través de contratos oscuros y concesiones amañadas. Por robar se robarán, incluso, a la selección nacional de fútbol, que no es un gran botín, pero sí puede ser otro argumento para alimentar el populismo y las narrativas distractoras que el aparato oficial de propaganda se inventa cada vez que el guion presenta fisuras o cuando los pocos asuntos que se salen de control del presidente, como las intensas lluvias que dejan en evidencia la nula inversión en infraestructura y prevención de desastres, o los juicios en Estados Unidos a los líderes pandilleros con los que pactó, amenazan con desviar la atención pública del embrutecimiento al descubrimiento.</p><p>Cuando uno de los íntimos de Bukele empezó a contar sobre la corrupción, primero a lo interno y luego a investigadores estadounidenses, el presidente y los suyos lo arrestaron, le inventaron un caso con la fiscalía general, <a href="https://prensacomunitaria.org/2024/09/el-salvador-alejandro-muyshondt-el-asesor-de-nayib-bukele-que-supo-demasiado-y-termino-muerto/">le dieron una golpiza, lo enviaron a un hospital y se aseguraron de que saliera de ahí muerto</a>. Fue el primer mensaje claro de hasta dónde estaban dispuestos a llegar.</p><p>Así escrito, y leído, todo esto sustenta el uso de dos palabras que se han escrito para calificar los gobiernos de Juan Orlando Hernández en Honduras o de Daniel Ortega en Nicaragua: gobierno criminal; o estas dos: estado mafioso. Esa sigue siendo la historia más importante en El Salvador, la construcción del estado mafioso, que para serlo debe de ser también antidemocrático, opaco e impune. Pero esa historia no es fácil ni rentable ni seguro contarla. Es una historia tan impopular como popular es el presidente.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/750/1*sXjlfEUenXlEfGjJ90_h1w.jpeg" /><figcaption>Una de las historia que el régimen de Nayib Bukele más se ha esforzado en ocultar es la de su pacto con las pandillas MS13 y Barrio 18.</figcaption></figure><p>Nayib Bukele debe gran parte de su éxito político a su capacidad para crear narrativas y colocarlas sin apenas obstáculos en aparatos de difusión masiva que siguen aumentando su popularidad. Pero eso, y esto es importante, no se debe a la popularidad del presidente: Bukele no ha podido, primero, decir y hacer lo que quiera por ser popular; antes armó un inmenso aparato de propaganda que le permitió crear un público para el cual la popularidad del presidente es la historia más importante. Y ese aparato, su megáfono, lo construyó Bukele casi siempre con fondos públicos y, cuando no tenía acceso a ellos, a con dinero del petróleo venezolano que recibió a través de su antiguo partido, el izquierdista FMLN.</p><p>Con fondos públicos alimenta Bukele su canal de televisión y su periódico, que fundó pagando mejores sueldos que el promedio del mercado y desmantelando, así, la redacción de La Prensa Gráfica, uno de los diarios de mayor circulación en el país. Con fondos públicos ha alimentado granjas de troles y centros de espionaje a periodistas. Con fondos públicos paga la pauta publicitaria con la que ha domesticado a todas las televisoras y radios del país.</p><p>Ese aparato ha hecho muy bien dos cosas: mantener en mínimos los espacios a los que llegan los descubrimientos de la prensa independiente y crear distractores cada vez que su matriz narrativa sufre alguna interferencia.</p><p>El distractor más reciente ha sido el nombramiento de una militar como ministra de educación. Esa ha sido la historia sobre El Salvador durante dos semanas seguidas, esa y no, por ejemplo, que en una corte de Nueva York está por definirse si un segundo líder de la MS13, con la que Bukele pactó gobernabilidad a cambio de dinero y beneficios, es enviado a una cárcel salvadoreña como parte del trato político con la administración de Donald Trump en Washington. Que este pandillero no declare en la corte estadounidense sobre sus tratos con Bukele podrá evitar al presidente salvadoreño dolores de cabeza judiciales en el futuro.</p><p>De Karla Trigueros, la ministra uniformada, y de sus primeras medidas al frente de la oficina <a href="https://www.infobae.com/america/america-latina/2025/08/22/bukele-nombro-a-una-militar-como-ministra-de-educacion-las-nuevas-reglas-para-los-alumnos/">sigue tuiteando y escribiendo medio mundo</a>, incluidos varios medios internacionales. El subtexto preferido de esas notas suele ser que nombrar una militar al frente de educación es una muestra más del descenso autoritario de Bukele, pero el gancho de las notas pasa, casi siempre, por hablar de cómo la mujer está obligando a los alumnos salvadoreños a llevar cortes de pelo como lo llevan los cadetes y a vestir con las camisas metidas en el pantalón. De nuevo el genio de Bukele: su dominio de la narrativa le permite entender que se hablará más de las medidas que del fondo y que hablar de todo eso distraerá de otros temas más escabrosos.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*B184wJpBmU7fnVn5m2DJPQ.jpeg" /><figcaption>Karla Trigueros, nueva ministra de educación de El Salvador.</figcaption></figure><p>Bukele seguirá perfeccionando su modelo narrativo, no solo porque los últimos reductos críticos siguen taladrando aun desde sus respectivos exilios, también porque su trato con Trump le ha abierto nuevos frentes entre políticos estadounidenses de oposición y porque, en el futuro próximo, su gobierno se enfrentará a retos, sobre todo económicos, que no admitirán distracciones tan sencillas. Una de esas historias es la debacle del sistema de pensiones, del que ya Bukele extrajo millones de dólares, que los especialistas prevén tocará un momento crítico en 2027, año para el que están pautados varios pagos de deuda pública.</p><p>Desde los reductos que aún quedan, por pequeños que sean, se tratará de seguir contando y descubriendo todo lo que se pueda. Y de apostar a que la inteligencia aún no ha muerto del todo y que aún es capaz de reconocer la cloaca más allá del humo.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4caf2ec30ab1" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Análisis: Bukele aún tiene un problema grave en Nueva York]]></title>
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            <category><![CDATA[el-salvador]]></category>
            <category><![CDATA[gangs]]></category>
            <category><![CDATA[ms-13]]></category>
            <category><![CDATA[nayib-bukele]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Héctor Silva Ávalos]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 17:59:54 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-08-08T18:01:09.061Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>La jueza que lleva el caso contra nueve líderes de la MS13, señalados entre otras cosas de hacer un pacto de gobernabilidad con el gobierno salvadoreño, ha preguntado si enviar a estos jefes a El Salvador es un buen trato para la comunidad neoyorquina afectada por asesinatos y otros crímenes atribuidos a la pandilla.</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*t_3mYBjXshF8xJaBkQikaw.jpeg" /></figure><p>Héctor Silva Ávalos</p><p>El dossier criminal de la MS13 en la corte este de Nueva York sigue siendo un asunto grave para el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Tan grave como lo fueron los testimonios de narcos y asesinos para el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien, después de que esos narcos hablaran en otra corte neoyorquina sobre sus tratos con él, fue sentenciado a 35 años por narcotráfico.</p><p>La justicia estadounidense lleva dos casos contra 27 líderes de la MS13, a los que acusa de terrorismo y de diseñar, planificar y ejecutar crímenes en pueblos y ciudades de los Estados Unidos. Una de las acusaciones fue introducida en sede judicial durante la primera administración del presidente Donald Trump, en diciembre de 2020, y la otra durante la de Joe Biden, en septiembre de 2022.</p><p>Ambas acusaciones se nutren, en buena medida, de lo averiguado por agentes federales destacados en la Fuerza de Tarea Vulcano, la cual trabajó de la mano con sus pares salvadoreños y autoridades locales en Estados Unidos al menos desde 2019. Uno de los jefes de Vulcano fue John J. Durham, quien actualmente es líder de fiscales en el distrito este de Nueva York y dirige la acusación contra los jefes pandilleros.</p><p>Vulcano descubrió, muy pronto, que Nayib Bukele tenía desde 2015 tratos con la MS13 y con el Barrio 18, la otra pandilla centroamericana que nació y creció en los 80 y 90 en los Estados Unidos. Los agentes documentaron sus hallazgos y hablaron con decenas de testigos, los más importantes los pandilleros mismos, quienes facilitaron grabaciones de audios y videos que implican a funcionarios de Bukele. También habló Vulcano con colaboradores del presidente, quienes aceptaron que hubo un pacto e implicaron al político y a otros miembros de su círculo íntimo.</p><p>Tan convencidos estaban los investigadores y fiscales que trabajaron en Vulcano de sus hallazgos que prepararon sendas acusaciones contra Osiris Luna, el jefe de cárceles de Bukele, y contra Carlos Marroquín, uno de sus secretarios presidenciales. Esos requerimientos fiscales estaban listos para ser presentados a un gran jurado, pero la fiscalía estadounidense se abstuvo por instrucciones políticas de la administración Biden, según me han confirmado a lo largo de meses pasados dos profesionales que trabajaron de cerca con Vulcano.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/750/1*sXjlfEUenXlEfGjJ90_h1w.jpeg" /></figure><p>Tan convencidos estaban los investigadores de Vulcano de sus hallazgos que elaboraron una lista para investigar las cuentas bancarias de varios funcionarios salvadoreños por sospechas de lavado de dinero relacionado con las pandillas, según reveló en junio pasado una investigación del portal ProPublica basado en entrevistas con agentes federales y documentos oficiales a los que tuvieron acceso.</p><p>Esto escribieron los periodistas de ProPublica: “En 2021, los agentes elaboraron una petición para revisar cuentas de bancos estadounidenses a nombre de figuras políticas salvadoreñas para buscar evidencias de lavado de dinero relacionado a la sospecha de que se habían desviado fondos públicos estadounidenses. <a href="https://www.propublica.org/article/bukele-trump-el-salvador-ms13-gang-vulcan-corruption-investigation"><strong>La lista hecha por los agentes incluía a Bukele</strong></a>, altos oficiales y sus parientes, de acuerdo con los documentos revisados”.</p><p>En corto: Vulcano siempre sospechó que Nayib Bukele participó directamente en el pacto con la MS13 e, incluso, contempló la posibilidad de que el gobierno salvadoreño haya desviado fondos de la cooperación estadounidense para alimentar ese pacto con los líderes pandilleros. ¿Por qué no siguió esa investigación? Por razones políticas.</p><p><strong>El enfriamiento de los burócratas de Biden y el pacto con Trump</strong></p><p>Bukele ha tratado, desde que asumió la presidencia de El Salvador en 2019, de esconder su pacto con las pandillas por todos los medios posibles. Cuando, en 2021, su partido ganó mayoría absoluta en el congreso, Bukele se deshizo del fiscal general Raúl Melara y puso en su lugar a Rodolfo Delgado, un abogado leal, a quien encargó deshacerse del grupo de fiscales salvadoreños que había colaborado con Vulcano.</p><p>Antes, como me lo han dicho media docena de agentes y diplomáticos estadounidenses, el presidente salvadoreño se aseguró de que Vulcano perdiera el apoyo político de la embajada en San Salvador, lo que implicó, entre otras cosas, la salida forzada de algunos investigadores que conocían detalles del pacto.</p><p>Antes de irse, Melara había arreglado con sus pares estadounidenses los detalles técnicos para garantizar que no hubiese trabas legales cuando Estados Unidos pidiera la extradición de algunos de los líderes presos en El Salvador. Expulsado Melara<a href="https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscal-Delgado-pidio-a-CSJ-no-extradir-al-Blue-20211107-0066.html"><strong>, Delgado desconoció esos arreglos y envió escritos a la Corte Suprema de Justicia para pedir que no se extraditara a algunos de los jefes pandilleros</strong></a> que los estadounidenses en efecto pidieron. Tal fue el caso, por ejemplo, de Eliú Armando Melgar Díaz, alias Blue, como lo reportó La Prensa Gráfica.</p><p>A otros líderes, como Élmer Canales Rivera, alias Crook, el gobierno de Bukele simplemente los sacó de la cárcel y los ayudó a fugarse.</p><p>Estados Unidos, sin embargo, mantuvo siempre fresca la pista de todos los líderes reclamados por las cortes estadounidenses y, eventualmente, logró arrestar a la mayoría y ponerlos a disposición de los jueces. No hubo, por un buen rato, interferencias.</p><p>Desde Washington, la administración de Joe Biden apoyó los esfuerzos del Departamento de Justicia, del que depende Vulcano, con sanciones por corrupción y acciones antidemocráticas a algunos de los funcionarios señalados, como Luna y Marroquín. Pero ese apoyo se fue desvaneciendo cuando los burócratas del Departamento de Estado decidieron dejar a Bukele en paz, argumentando que el salvadoreño era muy popular. El desentendimiento fue tal que <a href="https://prensacomunitaria.org/2023/12/la-visita-de-marco-rubio-a-bukele-como-el-partido-republicano-ha-influido-en-la-politica-exterior-de-washington-en-el-salvador-segunda-y-ultima-parte/"><strong>el entonces senador republicano Marco Rubio</strong></a> asumió, de a poco, la batuta de las relaciones bilaterales entre Washington y San Salvador.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/273/1*mfaSCOMfvwFx3IEpDTWaHQ.png" /><figcaption>César Humberto Larios, alias Greñas de Stoners, enviado de regreso a El Salvador.</figcaption></figure><p>Con la segunda presidencia de Trump, se configuró un pacto político, gestionado en buena medida por Rubio, ya en su calidad de secretario de estado, que puede haber llevado alivio a Bukele. A cambio de recibir a venezolanos en su promocionada megacárcel, el CECOT, y de recibir millones de dólares por ello, Bukele pidió a la administración Trump que le enviara de regreso a los líderes de la MS13 que están a las órdenes de las cortes neoyorquinas.</p><p>Gracias a ese trato, Durham y Vulcano dieron marcha atrás: la fiscalía del distrito este de Nueva York pidió a la jueza Joan Azrack, a cargo de uno de los casos, que devolviera al jefe pandillero <a href="https://prensacomunitaria.org/2025/03/estados-unidos-contra-si-mismo-por-que-la-fiscalia-estadounidense-renuncio-a-juzgar-a-un-lider-de-la-ms13-y-se-lo-devolvio-a-nayib-bukele/"><strong>César Humberto Larios, alias Greñas</strong></a>. La jueza accedió y Larios, en efecto, viajó con los venezolanos enviados por Trump al CECOT el 16 de marzo pasado.</p><p>Por escritos anexos a los procesos judiciales se entiende que el gobierno estadounidense tiene contemplada la posibilidad de pedir que otros líderes de la MS13 juzgados en Nueva York sean enviados a El Salvador sin mayor explicación. La jueza Azrack, sin embargo, acaba de poner un alto temporal a esa pretensión haciendo eso, pidiendo explicaciones al gobierno estadounidense.</p><p><strong>El caso de Vulcano contra la MS13 sigue vigente por ahora</strong></p><p>El gran caso judicial contra la MS13 por terrorismo es obra de Donald Trump y su administración, la primera. En 2015 y 2016, el republicano, en su campaña presidencial, acusó a la pandilla centroamericana de perpetrar crímenes horrendos en las calles y pueblos estadounidenses.</p><p>Miembros de la MS13, en efecto, han participado, durante más de tres décadas, en múltiples empresas criminales en los Estados Unidos, muchas de ellas relacionadas con el liderazgo de la pandilla en El Salvador. En su narrativa electoral en 2016, Trump puso como ejemplo los asesinatos de las jóvenes Kayla Cuevas y Nisa Mickens en Long Island en 2016.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/712/1*4oBp0L2UltvlqQA4baRdew.jpeg" /><figcaption>Extracto del documento judicial en que la jueza Joan Azrack pide explicaciones al gobierno de los Estados Unidos sobre la posibilidad de que líderes de la MS13 juzgados en Nueva York sean enviados a El Salvador.</figcaption></figure><p>Uno de los alegatos principales de los fiscales neoyorquinos y la selección misma de la jurisdicción para juzgar a criminales que, en algunos casos, han actuado desde El Salvador, es que toda la pandilla es una gran estructura mafiosa que, gracias en buena medida al apoyo político gestionado con sucesivos gobiernos salvadoreños, ha sido capaz de extender negocios y empresas criminales hasta los barrios de Estados Unidos.</p><p>Eso, las implicaciones locales de las acciones ejecutadas por la MS13 a lo largo de los años en las comunidades aledañas a Nueva York, ha servido a la jueza Joan Azrack para cuestionar las intenciones del gobierno estadounidense de regresar a los líderes pandilleros a los dominios de Bukele, el presidente con el que la MS13 pactó. “¿Es un buen trato?”, se preguntó la jueza en una audiencia realizada el 24 de julio pasado en el caso específico contra Vladimir Antonio Arévalo Chávez, alias Vampiro de Monserrat, otro de los líderes.</p><p>Hizo más la jueza en esa audiencia: le pidió al gobierno que explique por escrito el porqué de sus recientes acciones y de sus intenciones de desechar los casos criminales contra los líderes a los que el mismo gobierno ha acusado de terrorismo y asesinatos. ¿Por qué el gobierno (fiscalía) quiere entorpecer esta acusación y desechar estos cargos tan graves…?” La jueza también recordó que los “crímenes alegados” han tenido “consecuencias graves” en Nueva York. Los fiscales tienen hasta el próximo viernes, 15 de agosto, para contestar.</p><p><a href="https://x.com/HsilvAvalos/status/1953827511512498559">https://x.com/HsilvAvalos/status/1953827511512498559</a></p><p>Por ahora, las preguntas de la jueza han puesto un obstáculo temporal a las intenciones de la administración de Nayib Bukele de seguir cubriendo de silencio su pacto con las pandillas MS13 y Barrio 18.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=47944469981d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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