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        <title><![CDATA[Stories by Marco Arellano Toledo on Medium]]></title>
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            <title>Stories by Marco Arellano Toledo on Medium</title>
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            <title><![CDATA[Del zoon politikón al zoon elektronikón]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Marco Arellano Toledo]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 03:49:04 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-02-26T03:49:04.599Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>La detención de <em>El Mencho</em> el pasado 22 de febrero no fue solo un golpe al crimen organizado, fue, también, un laboratorio para observar la mutación silenciosa que hemos estado experimentando en nuestras sociedades. Una suerte de transición del <em>zoon politikón</em>, ese animal político que Aristóteles colocó en el centro de la vida en común, hacia el <em>zoon elektronikón</em>, una criatura nueva que habita pantallas y cuya sociabilidad se ha desplazado del ágora a los algoritmos impulsados por IA.</p><p>El concepto no es mío. Vicente Huici Urmeneta y Andrés Davila Legerén lo acuñaron en 2016, en un artículo de la revista Política y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid, para advertir sobre las transformaciones en las condiciones de la socialidad de colectivos públicos. Lo que ellos anticiparon como una reflexión teórica, la captura el pasado domingo, del narcotraficante más buscado de México lo ha convertido en una realidad tangible.</p><p>El ágora, aquel espacio físico donde los ciudadanos se reunían para deliberar sobre el bien común ha quedado en el olvido. En su lugar, el debate público se ha fragmentado en miles de plataformas digitales que no son espacios públicos en sentido estricto, sino territorios de propiedad privada. Durante las horas que siguieron a la detención, la conversación no ocurrió en los medios tradicionales, se mudó a los teléfonos de las personas, saturándolos de información sin filtro, en un ruido ensordecedor donde la inmediatez sustituyó a la deliberación y la especulación compitió en igualdad de condiciones con los hechos.</p><p>Para Aristóteles, el logos, entendido como razón y palabra, era la herramienta fundamental para construir acuerdos y discernir lo justo de lo injusto. Hoy, esa función la ha usurpado el algoritmo. En la tarde del domingo pasado quien determinó lo qué era relevante, noticioso e informativo saber sobre la captura del capo fue un código informático programado para maximizar el tiempo de permanencia en la pantalla, que priorizó los videos más impactantes, los memes más ocurrentes y los rumores más descabellados por encima del análisis ponderado o la información contrastada; fue sin más, la hegemonía del <em>like</em> y del <em>share</em>.</p><p>El <em>zoon politikón</em> se construía en la interdependencia, en el encuentro con otros diferentes. El <em>zoon elektronikón</em>, por el contrario, tiende a encerrarse en ecosistemas de confirmación donde solo encuentra a quienes ya piensan como él. Aquella tarde surgieron realidades paralelas e incomunicadas entre sí. Por ejemplo, una donde se celebraba el éxito gubernamental, otra donde se tejían teorías conspirativas sobre la veracidad del operativo, y una más donde la narcocultura encontraba motivos para la épica y la reproducción de la violencia, el caos y el desgobierno. Sin un relato oficial temprano, cada uno se refugió en su burbuja, haciendo imposible la construcción de una verdad compartida.</p><p>La infodemia, esa sobreabundancia de información no contrastada que paraliza en lugar de ilustrar, encontró ahí su caldo de cultivo. Durante las horas de silencio oficial, el vacío fue llenado por audios y videos filtrados falsos, especulaciones sin fundamento y desinformación organizada. El ciudadano digital, bombardeado por estímulos contradictorios, perdió la capacidad de distinguir lo relevante de lo accesorio, lo verídico de lo fabricado, quedando atrapado en una niebla donde todos los relatos parecen igualmente válidos, pero también, igualmente sospechosos. Las instituciones, diseñadas para los ritmos pausados del <em>zoon politikón</em>, se mostraron anacrónicas. Mientras el gobierno se preparaba para su conferencia matutina, las redes ya habían decretado su propia versión de los hechos.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/704/1*mSxSRdhR9yadBRamo6joSg@2x.jpeg" /></figure><p>La participación política se va degradando durante estos fenómenos, pues dar un <em>like</em> o compartir una publicación se confunde con el involucramiento cívico. La indignación o el apoyo se reducen a un clic, generando una ilusión de activismo que carece del compromiso y la profundidad de la acción colectiva real. Es una participación de sofá que no mueve nada, salvo el dedo que desliza la pantalla. Y todo ocurre en un presente continuo que devora la memoria. Toda la atención estaba puesta en los acontecimientos luego de la aprehensión de <em>El Mencho</em>. El <em>zoon elektronikón</em> es un animal condenado al instante, incapaz de sostener narrativas de largo plazo, lo que imposibilita la rendición de cuentas y beneficia a quienes prefieren que los temas incómodos se diluyen en el ruido.</p><p>La transición del <em>zoon politikón</em> al <em>zoon elektronikón</em> no es un simple cambio de herramientas comunicativas, es, por lo contrario, una mutación en la esencia misma de lo político. Sí el ágora se digitaliza, sí el logos es secuestrado por el algoritmo, la ciudadanía se convierte en consumidora pasiva de relatos ajenos, es decir, dejamos de ser animales políticos para convertirnos en terminales de una gran máquina de desinformación. El caso de la detención de <em>El Mencho</em> en México es una alerta roja en términos informativos. El reto no es solo recuperar el espacio público digital, más bien debemos repensar cómo participar en política cuando el enemigo ya no sólo es una idea contraria, sino el ruido mismo.</p><p>Marco Arellano Toledo es doctor en Ciencia Política.</p><p>Profesor en el Centro de Estudios Políticos de la FCPYS en la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNII-I.</p><p>x: @marellano7</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=199893abefa0" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Hoy les anuncio que Maquiavelo vive]]></title>
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            <category><![CDATA[machiavelli]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Marco Arellano Toledo]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 07:49:57 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-01-26T07:49:57.462Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Afirmar que Javier Milei leyó a Maquiavelo sería una crueldad. Imponerle semejante carga intelectual es algo que ni sus más fanáticos seguidores deberían hacer. Su hazaña fue distinta, en el foro económico de Davos, Suiza, dio por muerto a quien lleva cinco siglos enseñando el oficio de gobernar. Un truco mediático para capturar el reflector global y erigirse, una vez más, en el protagonista de la conversación. Pero no todo lo dicho en Davos a propósito del pensador florentino es una tontería de esas que se le ocurren seguido. Al matarlo, tal y como estrepitosamente lo anunció, lo que realmente nos está planteando el presidente es la subordinación de toda la vida colectiva a la lógica económica y el desconocimiento de la política como un ente gravitacional irremplazable de la acción humana. A contracorriente de este nuevo fundamentalismo de Milei, la realidad da fe de que el florentino no sólo está vigente, sino que es indispensable para comprender nuestro mundo convulso en pleno siglo XXI.</p><p>El primer error de quien da por muerto a Maquiavelo es creer que la política es un ruido molesto en la armonía del mercado. El gran aporte de Maquiavelo fue justamente lo contrario, buscó secularizar el poder, separarlo de la moral religiosa y entenderlo como un todo con reglas propias. La política no era para él, un estorbo, sino el único instrumento capaz de estructurar la naturaleza conflictiva del ser humano y construir un orden estable. Al matar a Maquiavelo y lo que él nos enseñó, el presidente argentino pretende subordinar toda la vida colectiva a la lógica económica, regresar a una visión premoderna, donde un dogma, ahora el del mercado, debe dictar las reglas de la convivencia, ignorando que el Estado es, por definición, ese orden político que no admite nada superior a sí mismo.</p><p>El segundo error en las palabras de Milei se evidencia cuando insinúa que el conflicto social es un virus a erradicar. Maquiavelo, en su realismo nos enseñó lo opuesto. En una república sana, los tumultos entre el pueblo y los grandes no son una patología, sino el motor que genera las leyes a favor de la libertad. La política es el dique que canaliza las pasiones humanas inevitables para evitar que estalle la violencia desenfrenada. Un sistema que pretenda suprimir este mecanismo en nombre de una eficiencia pura, como lo plantea Millei, no está eliminando la política, más bien está acumulando presión para una explosión social.</p><p>El tercer desliz del discurso de Millei es la confusión entre producción y distribución. La idea de que cualquier corrección a los resultados del mercado destruye el bienestar es un sofisma. La producción puede responder a leyes técnicas, pero la distribución es, y siempre ha sido, un asunto de instituciones humanas y decisiones políticas. Maquiavelo entendía que el Estado debía velar por el bien común. Una sociedad puede ser técnicamente eficiente y moralmente injusta. Decidir cómo se reparte la riqueza, cómo se protege a los débiles y cómo se sostiene el pacto social no es una perturbación al orden natural, es la tarea primordial de la política. Abandonar esta responsabilidad en manos de una supuesta mano invisible del mercado, esa que pregona el presidente argentino, no es pragmatismo, es más bien, una abdicación de la soberanía del Estado y de la potestad del mismo.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*Ar3Sf_oiwLY-0IOTL0mQXQ.png" /><figcaption>Image by Nano Banana</figcaption></figure><p>La mayor ironía de declarar muerto a Maquiavelo en Davos es que se hizo en el mismo foro donde Donald Trump, aliado ideológico de Milei, ofreció una perspectiva diferente sobre el poder, la soberanía y la importancia del Estado. Mientras el argentino condenaba la “razón de Estado”, el estadounidense la ejercía con descarnada transaccionalidad, amenazando con aranceles para conseguir ventajas geopolíticas. Este contraste no es una casualidad, por el contrario, es la demostración práctica de que el núcleo del pensamiento de Maquiavelo es un logos que nos permite seguir entendiendo al mundo que hoy vivimos.</p><p>La máxima que pronunció Milei, “lo justo no puede ser ineficiente”, erige una moral absoluta que choca con la ética de la responsabilidad que requiere gobernar. Maquiavelo sabía que el gobernante, a diferencia del hombre privado, a veces debe “entrar en el mal” si la salvación de la comunidad lo exige. Esto no es cinismo, por el contrario, es la aceptación del peso abrumador del mantenimiento del propio Estado. Un líder que se aferra a un dogma económico como verdad incuestionable, abandonando su deber de generar cohesión y prevenir crisis, no está siendo moralmente superior, está evadiendo su responsabilidad política, que en Maquiavelo se entendería como una falta de <em>virtú</em>.</p><p>La vigencia de Maquiavelo en el siglo XXI es la vigencia de la política como la única herramienta capaz de transformar el conflicto en acuerdos, las pugnas en leyes y la diversidad de intereses en un orden común que garantice la libertad. Declararlo muerto es, en el fondo, admitir que se prefiere la comodidad de un dogma libertario a la compleja y noble tarea de gobernar entre seres humanos reales. Maquiavelo seguirá presente entre nosotros mientras el poder, la ambición y la necesidad de convivir sigan siendo el núcleo de nuestra historia compartida.</p><p>Marco Arellano Toledo es doctor en Ciencia Política. Profesor en el Centro de Estudios Políticos de la FCPYS en la UNAM.</p><p>x: @marellano7</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=de1ad3fedb40" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[América Latina ante la “Doctrina Donroe”]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Marco Arellano Toledo]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 07 Jan 2026 20:10:36 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-01-08T17:37:58.662Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>La Doctrina Monroe es una postura de la política exterior de Estados Unidos mediante la cual este país se opone a la intervención de potencias europeas (y posteriormente, extracontinentales) en los asuntos del hemisferio occidental, considerándola una amenaza a su propia seguridad. Fue articulada por primera vez por el presidente James Monroe en su discurso anual ante el Congreso el 2 de diciembre de 1823. En diciembre de 2025, al conmemorarse más de doscientos años, la Casa Blanca publicó una <a href="https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/12/america-250-presidential-message-on-the-anniversary-of-the-monroe-doctrine/">actualización</a> de esta doctrina, conocida como el “Corolario Trump”, que reafirma y expande su vigencia como eje central de la estrategia de seguridad nacional estadounidense para la región.</p><p>Los primeros días de diciembre de 2025 tuve acceso temprano a este documento de 33 páginas a través de un colega que me lo compartió, él lo señaló como el gran eje de la política internacional de la administración Trump. En ese momento leí el documento llamado “<a href="https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf">National Security Strategy of the United States of America November 2025</a>” y lo creí un exceso, algo panfletario. En él se eleva la doctrina de “Estados Unidos primero” y establece un reajuste de la política exterior estadounidense por parte del Gobierno, que va desde la redistribución de recursos militares en el hemisferio occidental hasta la adopción de una postura de confrontación sin precedentes hacia Europa.</p><p>Hoy, tan solo un mes después, es una realidad. Este documento no es retórico; es lo que parece, una hoja de ruta para una regresión peligrosa al peor imperialismo del siglo pasado y representa una amenaza existencial para la soberanía y el futuro de toda América Latina. Así, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero fue un ejemplo de la nueva doctrina de seguridad hemisférica que Washington ha formalizado.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*7NDNWX_unh2sfdIb39EjSw.png" /><figcaption>“Latinoamérica Unida” by Primitive Ink and Mapoteca</figcaption></figure><p>La nueva doctrina afirma sin ambages que Estados Unidos reclama su “preeminencia en el hemisferio occidental” y se abroga el derecho de usar “fuerza letal” donde y cuando lo considere necesario. No ve a América Latina como una comunidad de naciones soberanas, sino como un patio trasero, una extensión de su frontera de seguridad. La operación en Venezuela, justificada bajo el difuso paraguas del narcoterrorismo, establece un precedente gravísimo, pues como ya se ha señalado en diversos medios de información, fue una incursión militar en suelo soberano, con decenas de muertos, que terminó con un jefe de Estado secuestrado para ser juzgado en cortes extranjeras. El mensaje es crudo e ineludible, para Estados Unidos la soberanía de los países de América Latina es condicional y depende únicamente del interés de Washington.</p><p>Detrás de esta doctrina hay tres pilares que delinean un futuro de sumisión para la región. Primero, un control unilateral que se ejerce mediante la militarización. Se anuncia una expansión de bases militares y acuerdos que buscan convertir a países latinoamericanos en gendarmes regionales, erosionando nuestra autonomía regional en nombre de la seguridad norteamericana. Segundo, una lógica de contención y alineamiento forzoso. El texto busca explícitamente “negar la influencia a potencias extra-hemisféricas”, como China y Rusia, transformando a América Latina en un tablero de la Nueva Guerra Fría donde nuestras relaciones soberanas pueden ser castigadas. Tercero, un interés económico descarnado. La retórica sobre “recuperar” el petróleo venezolano deja al descubierto el viejo apetito por los recursos estratégicos de la región, desde el litio hasta el gas y el cobre, ahora disfrazado de cruzada moral.</p><p>Si los gobiernos latinoamericanos no articulan una respuesta unida y firme, el futuro que nos espera es sombrío. Cualquier país cuyas políticas internas o alianzas sean inconvenientes para Washington se volverá vulnerable a la desestabilización, sanciones asfixiantes o incluso a nuevas acciones militares “quirúrgicas”. Esta estrategia, que premia la docilidad y castiga la disidencia, busca fracturar a la región, reviviendo la nefasta dinámica de países “buenos” y “malos” según el dictado del norte. Peor aún, normaliza la idea de que un Estado puede imponer su ley más allá de sus fronteras, un precedente que entierra el derecho internacional y nos devuelve a la ley de la jungla.</p><p>Ante esta coyuntura histórica, las declaraciones aisladas de las y los presidentes de la región latinoamericana de condena ya no bastan. La única respuesta posible es la unidad estratégica y la acción coordinada. América Latina no es un conjunto de países dispersos. Compartimos una identidad profunda forjada en una historia común de yugo colonial, de luchas por la independencia y del desafío perpetuo de construir Estados soberanos y repúblicas democráticas. Nos une una idiosincrasia similar, lenguas hermanas y una cultura rica que es nuestro mayor patrimonio.</p><p>Los gobiernos de la región deben activar de inmediato los mecanismos de defensa colectiva en la CELAC y la OEA. La violación de la soberanía de un Estado miembro es un ataque a todos, y estas instancias deben exigir con una sola voz el respeto al orden internacional. Asimismo, los bloques de integración como el Mercosur, la Comunidad Andina o el SICA deben trascender lo comercial y articular una política exterior común. Nuestro poder real reside en nuestro mercado conjunto y en nuestro peso diplomático unificado. Europa puede ser un aliado, en el momento en el que ha perdido relevancia con la emergencia de las otras dos potencias hemisféricas: China y Rusia.</p><p>Este es el momento de reafirmar los principios que le dieron origen a nuestra región, no en vano hemos luchado contra imperios coloniales hace más de 500 años para aceptar ahora un nuevo corolario que nos reduce a un patio trasero o una condición de seguridad hemisférica para la potencia en declive. La “Doctrina Donroe” es la prueba definitiva para América Latina. O nos unimos para defender con firmeza nuestro derecho a un futuro propio, determinado por nosotros mismos, o nos condenamos a una nueva era de subordinación y fragmentación. La historia, esa que hemos escrito con tanto esfuerzo, nos juzgará por la decisión que tomemos hoy. La unidad institucional e internacional, en el marco de los mecanismos regionales que nos hemos dado como países que compartimos un mismo territorio ancestral y precolombino, no es una opción política más; es, sencillamente, una necesidad de supervivencia.</p><p>Marco Arellano Toledo es doctor en Ciencia Política.Profesor en el Centro de Estudios Políticos de la FCPYS en la UNAM.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=1dc712efb21f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Paranoia]]></title>
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            <category><![CDATA[political-science]]></category>
            <category><![CDATA[mexico]]></category>
            <category><![CDATA[democracy]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Marco Arellano Toledo]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 16 Dec 2025 03:05:11 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-12-17T16:21:02.544Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>La reacción del gobierno de México a las recientes protestas por la inseguridad, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, y las manifestaciones convocadas por la generación Z, que se entremezclaron con otros intereses, otras voces y otros actores políticos, ha sido reveladora. La respuesta oficial a las mismas no fue de diálogo, de entendimiento o de empatía; todo lo contrario, fue de sospecha. Se acusó a los manifestantes de buscar la desestabilización del gobierno y de actuar como conspiracionistas. Este episodio no parece ser un arrebato aislado, por el contrario, da la impresión de que empieza a ser el síntoma de una patología política más preocupante, una suerte de paranoia que se está instalando en el poder.</p><p>De acuerdo con la teoría, que hay mucha al respecto, todo gobierno populista, con el tiempo, tiende a desarrollar una especie de institucionalización de la desconfianza. Al proclamarse como la única representación legítima del verdadero pueblo, cualquier voz que discrepe queda automáticamente fuera de ese círculo sagrado. La oposición deja de ser un contrincante legítimo en el juego democrático para convertirse en una fuerza ilegítima, anti-pueblo. Si se cierran los canales para la crítica, la única protesta que queda es la que estalla en las calles, la cual es inmediatamente utilizada como una prueba de la conspiración que el gobierno ya anticipaba. Así se activa un círculo vicioso y destructivo.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/902/1*TKl7tOZlFfCTdSq-_4Biyg.png" /><figcaption>Image by <a href="https://www.saatchiart.com/martialmolitor">Martial Molitor</a></figcaption></figure><p>La estigmatización de la oposición como golpista o desestabilizadora (poco a poco, desde la visión gubernamental, se le va subiendo el tono a la adjetivación), no es un simple insulto, es una estrategia para suprimir el pluralismo. Al monopolizar la definición de lo que es legítimo, el gobierno corrompe la esfera pública. El debate deja de ser sobre ideas, propuestas o resultados, para convertirse en una cruzada entre el bien (el proyecto oficial) y el mal (todo lo demás). La deliberación democrática pierde sentido y el disenso se transforma en herejía política. El adversario, necesario para cualquier democracia saludable, se redefine como un enemigo al que hay que eliminar, no como un interlocutor al que hay que persuadir.</p><p>Este proceso conlleva una normalización gradual de la intolerancia, que se sustenta en la deshumanización del oponente. Al ser etiquetados como conspiradores o agentes del caos, los críticos pierden su condición de ciudadanos con preocupaciones válidas. Su dolor, su indignación por la violencia o su deseo de pluralidad son reducidos a “ardides” de una agenda oculta. Lo más trágico de esta paranoia es que genera precisamente las condiciones que pretende combatir. Al reprimir y descalificar a la oposición legítima, el gobierno radicaliza a sectores moderados que solo buscan ser escuchados. Si se llega al punto en el que una marcha es recibida con acusaciones de sedición, la frustración crece, y la narrativa oficial sobre la “desestabilización” parece, para algunos, cumplirse, aunque sea por efecto de la propia represión.</p><p>La experiencia comparada en otros países muestra que superar esta paranoia política no es fácil, pero es indispensable. Requiere reconstruir acuerdos básicos que trasciendan divisiones ideológicas. El primero y más fundamental es el reconocimiento de la legitimidad intrínseca del adversario político. Un partido en el gobierno no es dueño de la patria ni del pueblo, es pues, un administrador temporal de la cosa pública. El segundo es que se debe restablecer la distinción entre oposición y enemistad. Quien critique al gobierno no busca destruir al Estado, sino mejorarlo desde una perspectiva diferente. El tercero, pasa por recuperar la política como un espacio de deliberación plural, donde el conflicto se maneje con palabras, no con estigmas.</p><p>Lo que vive México hoy no es solo un estilo de gobierno confrontativo. Es el inicio de un fenómeno estructural con consecuencias institucionales profundas. Un poder que se cree permanentemente asediado termina por asediarse a sí mismo, cerrando las válvulas de escape que toda sociedad necesita. La paranoia, al final, no es un signo de fortaleza, más bien es una muestra de la debilidad de convivir con la diferencia. El gran riesgo es que, en su intento por silenciar los fantasmas de la desestabilización, el gobierno termine ahogando los disensos, que son vitales para la democracia. Y en ese silencio impuesto, todas y todos perdemos.</p><blockquote>Marco Arellano Toledo es doctor en Ciencia Política. Profesor en el Centro de Estudios Políticos de la FCPYS en la UNAM. / x: marellano7</blockquote><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=1ebf3593c2f1" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[La UNAM asediada]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Marco Arellano Toledo]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 09 Nov 2025 19:24:17 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-11-10T14:37:39.789Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Una coyuntura política representa un momento de definición donde convergen factores sociales, institucionales y políticos, reconfigurando temporalmente el equilibrio de fuerzas. No se trata de un evento aislado, sino de un punto de inflexión, donde la estructura existente se somete a tensiones que generan inestabilidad pero también oportunidades y riesgos transformadores. En esta fase crítica, las decisiones de los actores políticos pueden alterar radicalmente el curso de los acontecimientos.</p><p>La coyuntura se presenta, ante todo, como una bisagra histórica, una suerte de momento de oportunidad para modificar el orden establecido, aunque con consecuencias que con frecuencia escapan al control de quienes las desencadenan. Hoy, la UNAM vive una coyuntura de esta naturaleza, una tormenta perfecta donde al menos seis crisis convergen.</p><p>1. Crisis de seguridad y violencia. El detonante fue un homicidio dentro del CCH Sur el pasado septiembre de 2025, pero la crisis se ha profundizado con una cascada de amenazas de bomba y ataques anónimos. Estas amenazas, difundidas por redes, han obligado a desalojos preventivos en múltiples preparatorias y facultades, sembrando el miedo y la incertidumbre. La demanda de seguridad por parte de la comunidad es legítima y urgente, pero la naturaleza sistemática y anónima de estos actos evidencia una operación organizada de desestabilización.</p><p>2. Interrupción académica y cierre de planteles. La consecuencia directa ha sido la paralización de la comunidad. Diversas facultades han suspendido clases. Unas, por paros de sus propias comunidades estudiantiles; otras, por llamados a la mesura y la contención por parte de las autoridades. La Facultad de Química suspendió las clases presenciales durante cinco semanas; la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales decidió, por unanimidad de su Consejo Técnico, mantener las clases en línea hasta noviembre y terminar el semestre así. En la última semana de octubre, al menos ocho entidades universitarias estaban en paro y tres más en modalidad a distancia. El proceso de enseñanza-aprendizaje, razón de ser de la Universidad, se ha convertido en el daño colateral de esta violencia.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*eJxtfnHTjweWDlBjauW7gA.png" /><figcaption>Image generated by NanoBanana</figcaption></figure><p>3. Vandalismo organizado y grupos de choque. Las preocupaciones legítimas de la comunidad estudiantil — relativas a la seguridad en los planteles, los problemas académicos y de infraestructura, así como al acoso contra las mujeres universitarias, entre otras — han sido infiltradas. A estas demandas se ha sumado la participación de grupos violentos que buscan reventar las protestas o mostrar una cara violenta de las mismas. El antecedente de muchos de estos eventos puede conectarse con situaciones violentas en las manifestaciones contra la gentrificación, las de la conmemoración del 2 de octubre del 2025, entre otras. En la FCPyS, tras un paro decretado por las y los estudiantes organizados en octubre, se registró, sin más, la destrucción de algunas instalaciones. Este vandalismo no solo daña el patrimonio, sino que desvirtúa demandas justas.</p><p>4. Hostigamiento institucional y control. Paradójicamente, la crisis se usa para imponer más control. Un sector universitario aprovecha el pánico para impulsar la instalación de rejas, cámaras, torniquetes y controles de acceso. Todas ellas, ajenas al espíritu libre de las comunidades universitarias. El discurso de la seguridad enmascara la represión del activismo legítimo, que siempre debe tener cabida y oportunidades de diálogo en la Universidad. La comunidad estudiantil ha documentado casos de hostigamiento, entre ellos seguimientos por parte de Seguridad UNAM y la cancelación de becas como represalia por su participación en movimientos.</p><p>5. Desestabilización política y ataque a la Rectoría. La universidad enfrenta un acoso incesante. Investigaciones de fiscalías, trascendidos políticos, y declaraciones de diversos actores aparecidas en prensa, han documentado la existencia de grupos de choque ligados a intereses políticos cuyo propósito es entorpecer la gestión del rector, Leonardo Lomelí Vanegas, y, en un primer momento, evitar a toda costa una posible reelección. Los ataques no son casuales, éstos ocurren en un contexto de hostilidad sistemática de gobiernos morenistas hacia una institución que resulta incómoda por su pluralidad y espíritu crítico. Sin embargo, hoy, también parece ser un escenario para que grupos políticos opositores al oficialismo encuentren en la desestabilización de la UNAM una oportunidad para seguir mostrando que el país va mal.</p><p>6. Conflicto estructural y desigualdad burocrática. Subyace, por otro lado, un malestar profundo, el cual cuestiona y critica a la UNAM de ser una Universidad que se rige bajo un modelo decimonónico y antidemocrático, ya que su Junta de Gobierno y quienes han ocupado la Rectoría pertenecen a grupos académicos que han actuado, sí, para bien de la UNAM, pero que se han enquistado como élites burocráticas. La demanda histórica de un Congreso Universitario para una reforma democrática sigue postergada, pero es un caldo de cultivo para construir discursos que alimentan la división de la comunidad, sembrando confusión y desasosiego sobre cómo debe regirse la Universidad más importante de México.</p><p>La UNAM se asoma a un abismo. Su realidad es de un ecosistema fracturado donde se está erosionando el sentido de existencia colectiva imprescindible para que nuestra Universidad cumpla su función histórica. Frente a esta descomposición del clima universitario, solo una comunidad unida podrá rescatar, mediante la apertura, el diálogo y el temple universitario, al proyecto educativo más importante de nuestro país.</p><p>El futuro de la Universidad no puede quedar en manos de unos cuantos actores, bien o mal intencionados, cuyas agendas trascienden lo meramente universitario. La solución a esta crisis debe exigir el compromiso activo e involucramiento de toda su comunidad, estudiantes, profesores, investigadores, trabajadores y autoridades, pero también de sus egresados y de la sociedad en su conjunto.</p><p>A todo México le debe importar lo que pase en la UNAM, porque a la UNAM, desde siempre, le ha importado México. Defenderla no es un acto de congruencia, es una urgencia nacional.</p><p>Publicado en El Independiente, 10 noviembre 2025.</p><p><em>Marco Arellano Toledo es doctor en Ciencia Política. Profesor en el Centro de Estudios Políticos de la FCPYS en la UNAM.</em></p><p>X @marellano7</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3d8aa4dd2128" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[La encrucijada panista y la democracia]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Marco Arellano Toledo]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 26 Oct 2025 17:55:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-10-26T17:55:00.647Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>El reciente relanzamiento del Partido Acción Nacional es mucho más que un simple rediseño de logotipo o un cambio de eslóganes; es más bien un síntoma claro de la crisis de identidad que atraviesan los partidos políticos en su conjunto. En el caso del PAN, es la reacción de una organización que, tras un prolongado desdibujamiento desde 2012 y ante el riesgo inminente de acercarse aún más a la irrelevancia, busca a tientas un nuevo camino para participar en la democracia mexicana cada vez más convulsa, más extraviada, más necesitada de cultura política y educación cívica.</p><p>Desde su derrota en 2012, el PAN ha navegado en diversas ambigüedades que lo han paralizado y estancado como opción política. Puede acusársele de refugiarse en un tecnocratismo neutral y de diluir su perfil en aras de mantenerse como una oposición genérica; perdió la brújula que durante décadas le garantizó un lugar distintivo en el espectro político mexicano. Por ende, su relanzamiento es, ante todo, un intento de recuperación ideológica. La resurrección de los ejes tan cuestionados y equiparados con viejos esquemas de derecha totalitaria como lo son “Patria, Familia y Libertad” no es casual; es una apuesta por inyectar cierto octanaje ideológico para llenar el vacío de su propia identidad. Frente a un liberalismo que a menudo le habla al ciudadano como un individuo aislado, el PAN busca ofrecer un “nosotros”, un sentido de pertenencia anclado en valores muy tradicionales, quizá ya rebasados por las nuevas realidades posneoliberales.</p><p>Esta recuperación se enmarca en la búsqueda de una suerte de derecha moderna, un híbrido que la dirigencia panista aspira a construir combinando tres tradiciones: la liberal (defensa a ultranza del individuo), la conservadora (protección de los vínculos culturales, familiares y comunitarios) y la libertaria (desconfianza hacia un Estado intrusivo y omniabarcante). Este modelo se presenta a sí mismo como el baluarte de la República frente a lo que percibe como la amenaza de un modelo nacionalista y autoritario, encarnado por el lopezobradorismo.</p><p>Sin embargo, es precisamente en este punto donde la apuesta del PAN choca con una realidad democrática más compleja, pues la elección de una narrativa de derecha más nítida y combativa tiene implicaciones directas y potencialmente graves para la calidad de la ya erosionada democracia mexicana. En un contexto de polarización extrema, donde el consenso básico sobre las reglas del juego se resquebraja, la estrategia de presentarse como el dique de contención frente a un proyecto autoritario, aunque pueda movilizar a una base fiel, corre el riesgo de profundizar la fractura social. Si el partido asume un camino que lo lleva a actuar como dueño de una verdad absoluta, alimenta el juego de todo o nada que tanto daño ha hecho a la lógica democrática. La democracia no vive de la pureza ideológica, sino de la negociación, el compromiso y la aceptación del adversario como un legítimo contendiente. Una polarización intensificada limita el crecimiento de los partidos al encapsularlos en sus trincheras y, lo que es más grave, debilita la capacidad del sistema para producir acuerdos y gobernabilidad, sobre todo sí Morena ya ocupa un espacio político donde la sordera y el reconocimiento de la otredad es nulo.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/828/1*sKVVLR0X8KAOYVqy0csxoA.png" /><figcaption>Image by David Habben</figcaption></figure><p>Este dilema nos lleva al problema central de nuestra democracia, el cual consiste en que los partidos políticos enfrentan la monumental tarea de actualizarse. Reformas internas como la afiliación simplificada o la eliminación de la designación directa de candidatos son medidas insuficientes, cosméticas. Una verdadera evolución de los partidos políticos, la que exige una democracia más activa, implica que estos se conviertan en vehículos de agregación de intereses de la sociedad. Los partidos políticos deben ser espacios donde se promuevan debates de fondo con visión de largo plazo y que no se reduzcan a su habilidad para ganar elecciones. Hoy, el relanzamiento del PAN parece un “salto al vacío” porque carece de figuras con el peso y la estatura para encarnar esta nueva-vieja identidad sin caer en la tentación del puro conflicto. Si este intento de redefinición fracasa y el partido sigue sin un liderazgo claro y renovado, su sentencia podría ser la irrelevancia.</p><p>La paradoja es cruel, pues mientras nuestro sistema democrático exige partidos sólidos, modernos y democráticos para fortalecerse, la dinámica política premia la polarización que los debilita. En un entorno donde el desprestigio del acuerdo y la negociación es alto, la capacidad de los partidos para concertar pactos benéficos para la sociedad, más allá de sus trincheras ideológicas, se vuelve crucial. El relanzamiento del PAN es, en esencia, un experimento de alto riesgo.</p><p>¿La derecha mexicana podrá encontrar su rumbo sin hundir aún más el ya frágil barco de la democracia mexicana?</p><p>*Marco Arellano Toledo es doctor en Ciencia Política.Profesor en el Centro de Estudios Políticos de la FCPYS en la UNAM.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ba624292c3e2" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[La era post-AMLO: el triunvirato que no fue]]></title>
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            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[claudia-sheinbaum]]></category>
            <category><![CDATA[amlo]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Marco Arellano Toledo]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 01:02:22 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-10-07T01:07:32.945Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>La historia de Roma, ese inmenso almacén de lecciones políticas ofrece un espejo lejano pero pertinente para observar las crisis de poder que sobrevienen cuando un liderazgo fuerte, omnipresente se esfuma. El problema no es el vacío en sí, sino la incapacidad de una sola persona para heredar y contener la gravitación de ese poder. La solución romana ante esa encrucijada fue “el triunvirato”, un acuerdo formal o tácito, entre tres figuras para repartirse el control del Estado en tiempos de zozobra.</p><p>Hubo dos triunviratos en Roma. El primero, una alianza táctica entre Julio César, Pompeyo y Craso, la cual demostró que la ambición personal puede, paradójicamente, ser el cemento de una estabilidad temporal. El segundo, tras el asesinato del propio Julio César, fue un pacto sangriento pero legal entre Octaviano, Marco Antonio y Lépido, diseñado para evitar el colapso después del magnicidio y buscar no fragmentar el imperio naciente. En ambos casos, la lección fue que, ante la ausencia de un líder único e incuestionable, la gobernabilidad exige la renuncia al monopolio unipersonal del poder.</p><p>Al observar el panorama político de México, resulta tentador buscar un símil moderno. Con la salida de Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación perdió su eje gravitacional único. AMLO no era solo un presidente, era un sumo sacerdote y un caudillo. Su palabra no solo era ley, sino el basamento emocional que mantenía unidas a las diversas y a menudo disímiles facciones de su propio movimiento; en ese sentido, consiguió la ambiciosa intención de concentrar la voluntad de todo un proyecto en su propia persona.</p><p>La sucesión presidencial que orquestó fue, en este sentido, una paradoja monumental, pues el mecanismo de la encuesta, que legitimó a Claudia Sheinbaum, venía acompañado de un pacto de reparto de influencias que pretendía ser un triunvirato <em>sui generis</em>. A los perdedores notables — Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña — se les prometieron posiciones clave que consistían en una Secretaría, coordinaciones en el Senado y la operación legislativa en Diputados. Este acuerdo, si bien informal, era la hoja de ruta para la paz cuatroteísta post-AMLO, garantizando cierta gobernabilidad del proyecto transexenal.</p><p>La lógica histórica sugería que, ante ese vacío, el poder se habría repartido y su ejercicio sería colegiado. No obstante, ese triunvirato tácito nunca fructificó. Su ausencia es, quizás, el rasgo definitorio de la compleja etapa post-AMLO. Lejos de pactar, integrar y consolidar una dirección de consenso, la presidenta Sheinbaum ha optado por una estrategia de afirmación del control político en torno a ella. Por su parte, los otros personajes no lograron también entender el papel que les tocaba jugar, sus ambigüedades, su machismo, y por qué no, su pasado, les jugó en contra. Así, en lugar que todos sumaran como aliados necesarios, la ambigüedad de unos y la necesidad de ejercer el poder presidencial sin cortapisas por parte de ella, hizo que el único camino a tomar fuera el de subordinarlos. O, peor aún, marginarlos, buscando ejercer el control que solo le estaba reservado al anterior jerarca.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*caoNilzYb6iUyfHT" /><figcaption>Vignette with profiles of the three Triumvirs, Raphael Morghen after Giovanni Battista Mengardi, 1791–94, The British Museum, London</figcaption></figure><p>Esta decisión ha generado un costo político altísimo, visible en la atomización del liderazgo que, paradójicamente, debilita al propio proyecto político de los cuales todos se creen herederos y depositarios. La evidencia es pública y la vemos todos los días entre declaraciones de unos y otros. En el Congreso, las figuras de Monreal, Noroña y Augusto López, lejos de ser pilares del régimen, han sido sistemáticamente liderazgos convenencieros que en últimas instancias han recibido palos de su propio gobierno. La táctica empleada no ha sido la alianza, sino la contención a través del escarnio y las indirectas muy directas de que sí hay corrupción y excesos tendrán que rendir cuentas. Los viajes lujosos de Monreal, las acusaciones de enriquecimiento contra Adán Augusto, las fricciones públicas con Noroña, no son meras casualidades periodísticas, sino herramientas de una guerra fría interna destinada a neutralizar a los posibles rivales y centralizar la autoridad en el Palacio Nacional.</p><p>El resultado es una paradoja peligrosa para el oficialismo, pues, por un lado, se proclama un proyecto hegemónico de transformación nacional, pero su propia estructura de poder interna es una arquitectura fracturada e inestable. La presidenta se encuentra políticamente fuerte gracias al mandato de las urnas, pero ya tentada a cerrar las puertas de la negociación con algunos de sus correligionarios que desprovistos del orden cohesionador que impartía AMLO, han intentado operar como facciones insatisfechas contra la propia presidenta. No hay un Octaviano, un Marco Antonio y un Lépido repartiéndose las provincias y marchando unidos contra la amenaza externa. En su lugar, hay una Octavia que intenta gobernar sobre una corte de generales desleales y senadores recelosos.</p><p>Esta falta de un triunvirato, o de cualquier forma de dirección colegiada sólida, está erosionando la cohesión política del proyecto y poniendo en riesgo su ambición hegemónica. Un liderazgo unificado no se construye solo con la legitimidad abrumadora de las urnas, por el contrario, se cimienta con la capacidad de tejer alianzas y administrar lealtades en la trinchera invisible del poder cotidiano. La era post-AMLO no es compleja por la fuerza de la oposición, sino por la incapacidad de sus figuras centrales para replicar el arte romano del pacto. El triunvirato que no fue es, quizás, la gran oportunidad perdida para la 4T, y su ausencia podría ser la grieta por donde se filtre su propio declive.</p><p>Marco Arellano Toledo es doctor en Ciencia Política. Profesor en el Centro de Estudios Políticos de la FCPYS en la UNAM.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=eb4fb45dd27d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Reforma electoral en México, los tres frentes para participar]]></title>
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            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[electoral-reform]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Marco Arellano Toledo]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 28 Aug 2025 14:30:24 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-08-28T14:30:24.914Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha la maquinaria política para una de las reformas más cruciales para el futuro de México. Sin embargo, lejos de ser un ejercicio de construcción colectiva, todo apunta a que es un proyecto con nombre y apellido. La convocatoria a una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral parece un gesto de apertura, pero la realidad es tozuda y todo parece indicar que se pretende confeccionar una reforma sin un diagnóstico técnico serio, sin consenso y sin saber con precisión qué problema se quiere resolver. Es el clásico método en donde primero se anuncia la solución y luego, tal vez, se escuchan los síntomas.</p><p>Frente a esta arremetida, la tentación del derrotismo es grande. Pero la historia demuestra que la democracia mexicana es resiliente y se recrea en la adversidad. No es solo lamentarse, cerrarse a debatir o no querer participar en lo que parece un debate simulado. Todo lo contrario, se debe forzar a una discusión que el oficialismo quiere eludir o al menos quiere controlar y esto debe darse en tres frentes simultáneos: el técnico, el político y el narrativo.</p><p>Primer frente. El debate técnico.</p><p>El gobierno federal busca deliberadamente eludir este terreno porque expone sus flancos débiles. Una reforma electoral debe, ante todo, ser sometida al escrutinio de la técnica y la evidencia. No se puede cambiar el sistema nervioso de la democracia a partir de ocurrencias o consignas. Este debate debe abordar con rigor cuestiones como la viabilidad y seguridad del voto electrónico, un tema complejo que requiere consenso multidisciplinario para evitar un desastre. Implica también una evaluación fría del costo del INE: ¿es caro? Sí. ¿Pero cuál es el precio justo para organizar elecciones imparciales, creíbles y transparentes en un país de 130 millones de habitantes? No se puede responder con eslóganes o frases confeccionadas en torno a la austeridad republicana. Se debe analizar a fondo el sistema de representación proporcional y la fórmula para convertir votos en escaños, el corazón del pluralismo político. La fiscalización, el modelo de comunicación política en tiempos digitales y de la IA, la distritación electoral, la discusión de la edad para votar y una gran cantidad de temas técnicos que se asoman y que son necesarios precisar. Ignorar esta discusión es condenar al país a una reforma defectuosa, plagada de consecuencias no deseadas, intuiciones, opiniones y no datos.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*WbvCDmDKaQRBo1ZpWPLT3g.png" /><figcaption>Image by Tomas Bernatonis</figcaption></figure><p>Segundo frente. El debate político.</p><p>Si la técnica pregunta el “cómo”, la política debe responder al “por qué” y el “para qué”. Este es el debate sobre la intencionalidad. ¿Por qué una reforma electoral ahora? ¿Responde a una necesidad democrática sentida por la ciudadanía o a una ambición de poder de un solo partido? ¿Su objetivo es fortalecer las instituciones o someterlas? Aquí se evalúa el nivel de consenso. Una reforma que altera las reglas del juego no puede ser la victoria pírrica de una mayoría temporal o artificialmente construida; requiere acuerdos amplios con las minorías, que son la esencia del pluralismo. Es indispensable una evaluación del impacto democrático que tiene esta reforma. La discusión política evidenciaría con claridad las contradicciones del proceso que está sucediendo para esta reforma, en donde se propone una Comisión que va a “escuchar” pero cuyo destino parece ya escrito. Ampliar este campo de debate es develar que detrás de la retórica de austeridad y democratización, posiblemente se esconde un proyecto de control político de mayor envergadura.</p><p>Tercer frente. El debate narrativo.</p><p>El oficialismo lo sabe mejor que nadie, quien controla el relato, controla la realidad. Por ello, la tercera batalla es la que se debe librar en y con los medios de comunicación. No se puede dejar que la voz gubernamental sea la única que defina los términos del debate, que lo moldee, que establezca una narrativa única, tanto de la necesidad de la reforma como del por qué y el para qué de la misma. Esta discusión es por la defensa de una narrativa democrática. Se trata de recordarle a la sociedad, una y otra vez, el valor de vivir en pluralismo, de tener contrapesos, de que el árbitro electoral sea independiente del gobierno en turno. Los medios tienen la obligación de ser el megáfono de todas las voces, tanto las técnicas, como las de los partidos políticos opositores y, por supuesto, las de la academia y la sociedad civil organizada. Es la lucha por el dominio de la opinión pública, para que la ciudadanía no sea engullida por un monólogo de poder, sino que participe en un diálogo informado y crítico.</p><p>Si asumimos que la reforma electoral propuesta es, en esencia, un intento de secuestro de las reglas del juego, se debe establecer una posición activa. Participar en los foros oficiales para plantar bandera y evidenciar lo que está mal y lo que se tiene que mejorar, es vital para recuperar el sentido de la competencia política, del pluralismo y del respeto al derecho más preciado: el voto libre y secreto. Por ello, la defensa de la democracia pasa por librar estas tres batallas de manera simultánea, exigiendo técnica donde hay improvisación, denunciando la imposición donde se requiere consenso y disputando el relato donde se impone la propaganda. Sí, la democracia mexicana está enferma, su recuperación es responsabilidad de todas y todos. El futuro no está escrito, se debe debatir con inteligencia, sincronía y, al menos, en estos tres frentes.</p><p>Marco Arellano Toledo es doctor en Ciencia Política.</p><p>Profesor en el Centro de Estudios Políticos de la FCPYS en la UNAM.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c98b02df0e9f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[La pérdida del consenso nacional]]></title>
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            <category><![CDATA[politica]]></category>
            <category><![CDATA[revolution]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Marco Arellano Toledo]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 05:30:52 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-08-11T05:30:52.250Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>El último “gran consenso” nacional fue la Revolución Mexicana. Aunque no mayoritario, sí fue un pacto social y político que dio sentido y dirección colectiva. Fue un proyecto forjado a sangre y fuego, luego institucionalizado a través de la Constitución de 1917 como faro articulador de un proyecto nacional, un partido omnipresente como maquinaria, y un Estado benefactor en construcción como promesa. Durante décadas, este consenso revolucionario, pese a sus múltiples contradicciones y exclusiones, ofreció un relato unificador y un camino, desafortunadamente siempre bajo el yugo del presidencialismo autoritario. La familia revolucionaria gobernaba excluyendo algunos, pero amalgamando a los más. En ese proyecto se planteó un horizonte compartido luego de tanta violencia. La brújula era la modernización del país, su industrialización y cierta justicia social. Reforma agraria, educación, salud, trabajo para todos los hijos de la Revolución.</p><p>Sin embargo, el propio éxito material y la corrosión del poder concentrado minaron los cimientos. A medida que las instituciones revolucionarias se burocratizaron y el presidencialismo se volvió omnímodo, el consenso se agrietó. La promesa inicial se desdibujó ante la realidad de un sistema cada vez más cerrado y menos capaz de responder a nuevas demandas. La respuesta llegó, no con un nuevo pacto, sino con una ruptura desde dentro. El PRI se escindió, dio cuerpo y vida a otras expresiones políticas, a regañadientes liberalizó la política, pero con astucia e interés de grupo también implantó el modelo neoliberal.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/0*fyOsQbEOC7gCorAt.jpg" /><figcaption>“Del porfirismo a la Revolución” de David Alfaro Siqueiros.</figcaption></figure><p>Impulsada por una nueva generación priísta desde finales de los años 80, particularmente desde 1988, esta fase buscó una modernización distinta, basada en el libre mercado. Se desmanteló el Estado benefactor, se privatizaron paraestatales (muchas veces en procesos opacos que alimentaron la corrupción estructural) y se ató la economía nacional al carro de Estados Unidos. Este modelo neoliberal, impuesto sin un consenso social amplio, generó resultados ambivalentes, pues integró a México en la economía global y creó islas de prosperidad, pero también profundizó abismos de desigualdad y dejó a vastos sectores en la pobreza y la informalidad. La corrupción, lejos de desaparecer, mutó y floreció en la intersección entre el nuevo poder económico y el político. Fue una modernización sin consenso, un proyecto de élite para élites, que dejó un país fracturado y un pueblo desencantado.</p><p>Este desencanto fue el combustible que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018. Su promesa de romper con la clase política neoliberal y rescatar al Estado de esa camarilla fue su gran bandera. Sin embargo, en su actuar político, la estrategia para lograrlo no fue la construcción de un nuevo consenso nacional, sino la exacerbación de la polarización. Se instauró la narrativa maniquea del “ellos” (la oligarquía, la mafia del poder, el pasado neoliberal corrupto) contra el “nosotros” (el pueblo bueno, las víctimas del modelo anterior). Si bien esta retórica movilizó a una base social amplia, marginada y desigual, profundizó las divisiones. La respuesta no fue un proyecto de país inclusivo, sino una restauración del hiperpresidencialismo, ahora vestido con ropajes de Cuarta Transformación y un nacionalismo rehecho con rubores neoliberales que lo avergüenzan, pero igualmente centralizado y con tendencias autoritarias.</p><p>El triunfo de Claudia Sheinbaum en 2024, con una mayoría calificada en el Congreso obtenida en una elección marcada por el uso intensivo de recursos públicos y una campaña de polarización, no ha significado un cambio de rumbo en este vacío consensual. Al contrario, lo ha profundizado peligrosamente. Esta mayoría artificialmente construida (ganaron el 55% de la elección en el Congreso, pero obtuvieron el 72% de las curules y escaños) se ha convertido en un instrumento para una refundación constitucional unilateral.</p><p>La mecánica de la refundación es alarmante, pues en pocos meses se han cocinado al vapor más de una decena de reformas constitucionales aprobadas en rápida sucesión, concentrando aún más poder en el Ejecutivo, sometiendo al Poder Judicial y vaciando de contrapesos al Estado. Y ahora, casi como epílogo de la transformación se avecina una reforma electoral diseñada para alterar las reglas de la competencia política. La supresión de las diputaciones plurinominales, la reducción del INE y la propuesta de elecciones “más simples”, no buscan fortalecer la democracia, sino institucionalizar una hegemonía. Son cambios calculados para dificultar la representación de minorías y asegurar la perpetuación en el poder del partido dominante, cerrando el círculo del control.</p><p>El problema central, el eje de esta tragedia política recurrente, es la ceguera y la ambición de las camarillas gobernantes. Desde la élite tecnocrática neoliberal hasta la actual cúpula morenista, ninguna fuerza política del siglo XXI ha hecho un esfuerzo genuino y sostenido por construir un acuerdo nacional amplio e incluyente. Han gobernado, en cambio, mediante imposiciones sucesivas, primero el proyecto neoliberal, ahora el proyecto de restauración presidencialista con ropaje popular. Ambos, aunque antagónicos en su discurso, comparten como pecado original su falta de legitimidad consensual al cerrar la escucha al otro, al diferente, al de enfrente. Quieran o no, han sido proyectos de grupo, impuestos desde arriba, que ven a la sociedad no como un interlocutor para un pacto, sino como un botín electoral o una masa a movilizar contra el enemigo de enfrente.</p><p>La consecuencia de esta pérdida persistente del consenso es la política como campo de batalla, no como espacio de deliberación y construcción colectiva. Es la imposición de visiones particulares mediante mayorías circunstanciales o artificiosas. Es la asfixia política que se cierne cuando el disenso se estigmatiza, los contrapesos se anulan y las reglas se cambian para favorecer al poder. Es la imposibilidad de responder colectivamente a las preguntas fundamentales de siempre. ¿Qué país queremos ser? ¿Qué modelo de desarrollo priorizamos? ¿Cómo garantizamos justicia y bienestar para todos, no solo para las clientelas en turno?</p><p>México navega en el siglo XXI sin brújula compartida. La clase política, ensimismada en sus luchas por el poder y la perpetuación, ha renunciado a su tarea esencial, la cual consiste en forjar acuerdos mínimos sobre un destino común. La mayoría calificada de hoy no es la solución a este vacío; es su expresión más peligrosa, pues la ilusión de que el poder que ahora tienen es absoluto puede suplir la ausencia de consenso lo cual es una apuesta peligrosa. Pero la historia enseña que los proyectos impuestos, por mayorías que sean, son frágiles. La verdadera fuerza de una nación reside no en la sumisión forzada, sino en el acuerdo libremente construido. Hasta que México no recupere su sentido de existencia colectiva, seguirá condenado a transitar entre imposiciones autoritarias, cada una más alejada de la promesa de un futuro y un país para todas y todos. Usar mayorías circunstanciales para refundar el país sin diálogo nacional es una apuesta que no los diferencia, sino los hace iguales a todos.</p><p>Marco Arellano Toledo es doctor en Ciencia Política. Profesor en el Centro de Estudios Políticos de la FCPYS en la UNAM.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=13b2556c3868" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[La República bloqueada]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Marco Arellano Toledo]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 17:36:39 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-07-29T17:36:39.949Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>En Puebla, un colectivo de mujeres víctimas de violencia reunió 15,000 firmas para exigir fiscalías especializadas. En Veracruz, un grupo de ingenieras propuso un ambicioso proyecto de movilidad sustentable avalado por su universidad. En Oaxaca, cafeticultores entregaron diagnósticos respaldados por la FAO para regular precios justos del café. Tres demandas legítimas. Tres fracasos idénticos. Ninguna se tradujo en políticas públicas, ni en reformas legales, ni siquiera en audiencias sustantivas.</p><p>Ya es una realidad tangible. En el México del 2025, un solo partido concentra el poder. Morena controla la Presidencia de la República, ambas cámaras del Congreso, la mayoría de los congresos locales, 23 gubernaturas y, con la inminente elección de nuevos ministros, probablemente también el Poder Judicial. Todo el mapa político se tiñe de un solo color. En esta topografía de poder, escalar hasta las élites decisoras sin una militancia guinda se ha vuelto casi imposible. El problema no radica en la calidad técnica de las propuestas, sino en la arquitectura del propio régimen político, el cual se puede convertir en un ente de exclusión sistemática para las voces no alineadas, es decir, en una República bloqueada.</p><p>Cuando una fuerza política domina con una mayoría calificada, las comisiones legislativas se transforman en aduanas ideológicas. El caso de la Ley de Biodiversidad es buen ejemplo para evidenciar lo que pasa. Como se recordará, científicos del IPN y organizaciones ambientales fueron sistemáticamente ignorados, mientras técnicos afines al oficialismo redactaban en privado los artículos clave. No se trató necesariamente de mala fe, sino de lógica hegemónica en donde el mérito técnico cede ante la lealtad política. Como advierte la politóloga italiana Nadia Urbinati, sin cuerpos intermedios de la política — universidades, colegios profesionales, organizaciones civiles, comités de expertos — que procesen y articulen demandas con legitimidad y rigor, el Parlamento degenera en una asamblea de aplausos.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/799/1*DjpDmCEcjkktkbs09sITaw.jpeg" /><figcaption>Bansy.</figcaption></figure><p>Las conferencias matutinas presidenciales son la imagen más visible de esta paradoja. La presidenta afirma hablar “al pueblo”, pero solo escucha a su círculo más cercano. Mientras colectivos agrícolas esperan meses por una audiencia, los líderes sindicales alineados al partido oficial son recibidos en Palacio Nacional en cuestión de días. No hay una prohibición expresa, pero sí un sistema que funciona como portero de acceso al poder, decidiendo quién merece ser escuchado y quién no. Las consecuencias son evidentes, mientras proyectos impulsados por el liderazgo político del anterior sexenio, o de este, se ejecutan sin freno y rápido, las demandas sociales mueren en laberintos burocráticos.</p><p>En las democracias contemporáneas, los partidos enfrentan una crisis de legitimidad, y la participación ciudadana se reconfigura a través de la sociedad civil. Organizaciones profesionales, movimientos sociales, colectivos y comités de expertos constituyen estos cuerpos intermedios de la política y una de sus responsabilidades es la de revitalizar la esfera pública, pues no solo canalizan demandas específicas, sino que también enriquecen el debate, dotan de evidencia a la toma de decisiones, y articulan posiciones ciudadanas frente al poder. Su papel no es marginal, son y deben ser actores centrales en la construcción democrática. Históricamente la influencia de la sociedad civil se manifiesta en diversas formas, son quienes ponen presión directa sobre legisladores, realizan una vinculación técnica con funcionarios públicos, y realizan campañas que movilizan la opinión pública. En todos los casos, lo que está en juego es la calidad del proceso democrático, pues un sistema que margina a estos actores no fortalece la democracia directa, sino que crea un desierto deliberativo, donde solo florece la voz oficial.</p><p>El momento actual en México, marcado por una hegemonía que ya roza lo absoluto, encierra una contradicción peligrosa, en la cual se proclama que el “poder es del pueblo”, pero se desmontan los puentes que permiten ejercerlo. No todo el pueblo está organizado ni tiene acceso directo al poder, de ahí la importancia de estos cuerpos intermedios como mecanismos de traducción y ascenso social. Al ignorarlos, el régimen no democratiza, sino clausura, bloquea. Según el Latinobarómetro 2024, México es el segundo país de América Latina donde menos ciudadanos creen que sus peticiones llegan al gobierno (solo 11%, apenas por encima de Haití). Esta exclusión vertical tiene efectos corrosivos, primero, erosiona el capital democrático del grupo gobernante; segundo, genera políticas públicas miopes, diseñadas en solitario y sin validación técnica ni debate plural; tercero, provoca una deslegitimación silenciosa, donde la ciudadanía percibe que participar da lo mismo, o peor, que es inútil.</p><p>El mayor peligro para el México actual es normalizar esta suerte de <em>apartheid</em> político, en el que solo los invitados al palacio tienen derecho a ser escuchados. Es necesario abrir espacios, permitir la circulación de demandas, escuchar y dialogar con la diversidad de grupos sociales, intereses y demandas legítimas que existen. Hacerlo o no hacerlo, determinará en gran medida el futuro democrático de nuestro país. Porque la democracia no exige menos poder, sino más escaleras para acceder a él. No necesita menos Estado, sino más escucha activa. Cuando las alturas del poder solo están disponibles para unos cuantos, la República deja de ser casa de todos y se convierte en una trinchera ideológica. La pregunta no es si el grupo hegemónico puede seguir ignorando otras voces, sino cuánto tiempo podrá sostenerse un edificio donde las bases sociales no tienen acceso a los pisos superiores.</p><p>Marco Arellano Toledo es doctor en Ciencia Política. Profesor en el Centro de Estudios Políticos de la FCPYS en la UNAM.</p><p>X: @marellano7</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d8ae87b8578f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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