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        <title><![CDATA[Stories by Mariano Rayo Muñoz on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Mariano Rayo Muñoz on Medium]]></description>
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            <title>Stories by Mariano Rayo Muñoz on Medium</title>
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            <title><![CDATA[¿Y si el financista es ahora terrorista?]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Mariano Rayo Muñoz]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 14 Nov 2026 11:56:11 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-14T11:56:11.214Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/600/1*DW0pa3s9eMAIsRxxtECB8A.png" /></figure><p>Washington metió a Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza en sus listas de terrorismo a diez semanas de la convocatoria electoral.</p><p>El viernes 13 de noviembre, tres clanes guatemaltecos entraron en las listas de terrorismo de Estados Unidos, las mismas donde figuran Al Qaeda y el Estado Islámico. Faltan diez semanas para que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones. Saque usted la cuenta. Si una campaña recibió o está recibiendo dinero de Los Lorenzana, Los Huistas o Los Mendoza, ya no tiene un financista incómodo: tiene, para Washington, un terrorista. Y si está pagando el favor con un contrato, un permiso o un silencio, el problema dejó de ser un expediente guatemalteco de los que duermen diez años. Es un fiscal federal que no le pide permiso a ningún Congreso.</p><h3>No son tres designaciones iguales</h3><p>La letra pequeña que algunos titulares no han aclarado: el Departamento de Estado declaró a Los Lorenzana Organización Terrorista Extranjera (FTO, sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT, Orden Ejecutiva 13224). El Tesoro, por medio de la OFAC, designó SDGT a Los Mendoza y a Los Huistas por dar apoyo material al Cártel de Sinaloa y, los segundos, también al CJNG. La FTO es penal y migratoria, y cobra vigencia al publicarse en el Registro Federal. La SDGT es financiera y ya opera.</p><p>El dato que casi nadie leyó: la actualización de la OFAC del viernes trae organizaciones, ninguna persona y ninguna empresa. Los nombres propios vendrán más temprano que tarde.</p><p>Tampoco todo es «orden de la administración Trump». La OE 13224 es de Bush (2001); Trump la reformó en 2019 (OE 13886) para castigar a bancos extranjeros. La OE 14059, antidrogas, es de Biden (2021): bajo ella están Los Huistas desde marzo de 2022. De Trump es la matriz: la OE 14157, del 20 de enero de 2025, que ordenó tratar a los cárteles como terroristas. Con Los Lorenzana, la lista latinoamericana de FTO llegó a 22.</p><p>¿Qué cambia a partir de ayer? <strong>Uno</strong>: todo bien de los designados bajo jurisdicción estadounidense queda bloqueado, igual que las empresas donde posean 50 % o más. <strong>Dos</strong>: la OFAC sanciona por responsabilidad objetiva; alegar ignorancia no sirve. <strong>Tres</strong>: el banco extranjero que a sabiendas procese operaciones significativas de un designado arriesga su corresponsalía en dólares: para un banco guatemalteco, la muerte comercial. <strong>Cuatro</strong>: el apoyo material a Los Lorenzana — dinero, servicios financieros, transporte, asesoría, personal — es delito federal con hasta 20 años de prisión, perpetua si hay muertos, y alcanza a quien termine en territorio estadounidense.</p><h3>Lo que pasó donde ya pasó</h3><p>La designación abre puertas distintas según quién gobierne del otro lado. A mediados de 2026, un recuento de Miller &amp; Chevalier sumaba al menos 291 acusados, 56 casos por apoyo material y más de 380 personas y entidades latinoamericanas añadidas a la lista de la OFAC.</p><p><strong>México.</strong> Sus cárteles son FTO desde febrero de 2025. En abril de 2026, fiscales de Nueva York acusaron al gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios. «El Mencho» murió en febrero en un operativo mexicano con inteligencia estadounidense; en agosto llegaron US$102 millones en recompensas por ocho integrantes del CJNG.</p><p><strong>Venezuela.</strong> El Cártel de los Soles fue FTO desde el 24 de noviembre de 2025; cuarenta días después, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas. Los ataques a lanchas suman más de 200 muertos, ninguno con juez de por medio.</p><p><strong>Ecuador.</strong> Los Choneros y Los Lobos fueron designados en septiembre de 2025; en marzo de 2026 empezaron las misiones militares conjuntas en su suelo. Y en septiembre, el Departamento de Estado vetó la entrada a siete exfuncionarios ecuatorianos, con todo y familia, por corrupción ligada a esas organizaciones.</p><p><strong>Nota aparte:</strong> el gobierno que reparte etiquetas de terrorista indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico. Washington decide quién es terrorista y quién es socio. Quien confunda su lista con la justicia se equivoca. Quien la ignore, también.</p><p>Para <strong>Guatemala</strong>, mi previsión, en orden es: nombres propios en la lista de la OFAC, acusaciones federales, recompensas, visas revocadas, candidatos señalados y bancos cerrando cuentas antes de que nadie se lo ordene.</p><h3>Lo que Washington puede hacer ahora</h3><p><strong>Puede acusar.</strong> A un fiscal federal le basta un gran jurado para imputar a un guatemalteco por hechos ocurridos en Guatemala: apoyo material a Los Lorenzana o narcoterrorismo (21 U.S.C. § 960a), que castiga hasta con cadena perpetua a quien trafique droga sabiendo que beneficia a quienes practican el terrorismo. Ya pasa: el ciudadano chino Wenshen Xu, capturado en Ciudad de Guatemala y extraditado, recibió en octubre doce años por narcotráfico, lavado y apoyo material al CJNG.</p><p><strong>Puede congelar, excluir y pagar.</strong> Por «Haroldito» Lorenzana, prófugo, el Departamento de Estado ofrece hasta US$5 millones desde marzo de 2025; al anunciarlo recordó que Guatemala ofrecía Q50 mil. La oferta ajena es 770 veces mayor.</p><p><strong>Puede extraditar más:</strong> 22 entregas en 2025 y 26 en lo que va del año.</p><p><strong>No puede capturar, allanar ni disparar por cuenta propia.</strong> Su propia ley prohíbe a sus agentes ejecutar directamente arrestos en operativos antidrogas de policías extranjeras (22 U.S.C. § 2291). Y el paso de ejércitos extranjeros exige el voto de dos tercios del Congreso, 107 diputados (artículo 172 constitucional).</p><p>Pero la designación, es el boleto de entrada a la lista de blancos de un gobierno que, desde octubre de 2025, sostiene ante su Congreso que libra un «conflicto armado» con los cárteles que designa. El 23 de mayo, el ministro de la Defensa pidió por carta al secretario Hegseth asistencia para «operaciones militares activas para combatir organizaciones terroristas». En agosto, Hegseth afirmó en Panamá que Guatemala había aceptado operaciones conjuntas; no importa si Arévalo lo niegue. Desde ayer, esa categoría incluye al clan Lorenzana con sede en Zacapa. Y la vía propia ya se probó: el 27 de septiembre, en Huité, un hecho armado que informes policiales vinculan con un intento de capturar a «Haroldito» dejó ocho muertos. El Gobierno admitió disparos militares y relevó al jefe del Estado Mayor de la Defensa. El prófugo sigue prófugo.</p><h3>El Decreto 15–2026: la nueva ley</h3><p>Guatemala estrenó ley el 17 de septiembre. El Decreto 15–2026 castiga el financiamiento del terrorismo con 10 a 30 años de prisión inconmutables, «aún sin estar vinculado a un acto terrorista específico» (artículo 78), y exige debida diligencia reforzada con las personas expuestas políticamente (PEP), sus cónyuges, parientes en primer grado y asociados cercanos (artículo 25).</p><p>El catálogo de personas obligadas (artículo 3) incluye bancos, cooperativas, inmobiliarias, vendedores de vehículos y notarios. En el caso de los partidos políticos, y de los candidatos, se tendrá que resolver en el reglamento pendiente. Y, además, y eso se puede resolver en poco tiempo porque la solución existe: el artículo 4 permite a la Superintendencia de Bancos, con aprobación del consejo que preside la Vicepresidencia, incorporar nuevas actividades al catálogo. Recaudar para una campaña es una. Observaremos si hay voluntad y determinación política.</p><h3>La palabra que el Tesoro sí escribió: políticos</h3><p>El secretario Bessent no habló de bandas. Habló de organizaciones criminales guatemaltecas «políticamente influyentes», y su comunicado atribuye a Los Huistas vínculos con empresarios, agentes de seguridad y políticos del noroccidente. Rubio añadió que Washington no se quedará de brazos cruzados mientras estas organizaciones «corrompen las instituciones de Guatemala». Ninguno dio nombres. Todavía.</p><p>El expediente existe, pero está en inglés. En 2020, una corte de Nueva York condenó a 15 años a Mario Estrada, candidato presidencial en 2019, que pidió millones para su campaña a quienes creía emisarios del Cártel de Sinaloa, a cambio de puertos, aeropuertos y cargos. En 2022, la OFAC sancionó junto con Los Huistas a un diputado guatemalteco al Parlamento Centroamericano. Y hace dos semanas, la Embajada llamó «narcoquinceañera» a la fiesta de la hija de la alcaldesa de Zacapa, recordó que su esposo fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y que su cuñado es «Haroldito», y pidió vigilar los tres niveles: presidencial, legislativo y municipal. El señalamiento es de la Embajada, no de un tribunal. Catorce días después, el clan Lorenzana es organización terrorista.</p><p>¿Y la justicia propia? En septiembre de 2025, un juzgado de Mayor Riesgo sobreseyó, tras diez años de expediente y sin juicio, el caso Cancerbero contra el señalado jefe de Los Mendoza y diez acusados más. Catorce meses después, Washington declaró terrorista al clan. Los Lorenzana están en la lista de la OFAC desde 2010 y siguen siendo, dieciséis años después, uno de los clanes más poderosos del país. Las listas, solas, no desmantelan nada. Los tribunales que no juzgan, tampoco.</p><p>El calendario aprieta. El TSE convocará el 22 de enero; la campaña arranca el 29 de marzo y se vota el 27 de junio, con 27 partidos inscritos. El fiscal general admitió en septiembre que «algunos candidatos, lamentablemente, caen en la tentación y aceptan ese dinero». La Embajada advirtió que Washington «no tolera la narcopolítica en el hemisferio, y nadie está exento». El 69 % de los guatemaltecos cree que el narcotráfico intentará influir en los comicios.</p><p>Lo que cambió el viernes es el precio. Hasta el jueves, recibir dinero del crimen organizado para una campaña arriesgaba una acusación por financiamiento electoral ilícito: 4 a 12 años. Desde el viernes, quien preste servicios a Los Lorenzana — y una licitación amañada, una patrulla desviada o un aviso a tiempo pueden serlo — se expone, además, a una acusación federal por apoyo material al terrorismo. Quien asista a Los Huistas o a Los Mendoza puede terminar él mismo en la lista de la OFAC: la Orden 13224 permite designar a quien patrocine o preste servicios a un designado. Lo del retiro de la visa es ahora, para muchos en Guatemala, un asunto simbólico sin consecuencias disuasivas concretas.</p><p>Tres exigencias. Al TSE: cotejar candidatos, financistas y proveedores de campaña contra la lista de la OFAC antes de inscribir a nadie. No es intromisión; es higiene. A la Superintendencia de Bancos y a la Vicepresidencia: meter la recaudación electoral al régimen antilavado en la sesión próxima del CONCLAFT. Al Ministerio Público: la primera extinción de dominio sobre los bienes que el Tesoro ya describió.</p><p>El Ministerio Público prometió perseguir «sin distinciones ni privilegios». Aplaudir no es investigar. La soberanía no se defiende con discursos contra la injerencia, sino haciendo innecesaria la lista ajena. Mientras tanto, a quienes recorren en país este fin de semana en «actividades de afiliación», cuiden quién les paga la tarima. Washington ya lo está revisando.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c05836c96f90" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[La ley que nació hackeada]]></title>
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            <category><![CDATA[ciberdelito]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Mariano Rayo Muñoz]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 20:28:07 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-10T20:28:07.881Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*jjuFbpdMyXIK28MjwIJjYQ.jpeg" /></figure><p>A la Ley Marco de Ciberseguridad nadie tuvo que atacarla: nació hackeada. No la vulneró una banda criminal ni una potencia extranjera. La vulneró el propio Congreso que la aprobó, de noche, de urgencia nacional y con enmiendas «socializadas» en un receso. Cualquier auditor informático la reprobaría en la primera página: el código llama a una función que no existe. El artículo 32 ordena aplicar «la exención de responsabilidad prevista en el artículo 31»; el artículo 31 no contiene ninguna, y quien reporte un ataque queda sin la protección que la ley le promete. Es el menor de sus defectos.</p><h3>Lo que nadie discute</h3><p>Guatemala necesita una ley de ciberseguridad: lleva diecisiete años y ocho iniciativas esperándola. El núcleo penal del decreto (artículos 44 a 51) sigue de cerca los delitos del Convenio de Budapest y debe conservarse. Objetar el resto no es oponerse a la ciberseguridad; es negarse a que la seguridad del Estado se legisle como quien despacha un trámite.</p><p>Por eso el Pleno debe aceptar las objeciones que presentó el diputado Ronald Portillo Cordón y suspender el trámite de formación de ley. Mi revisión del texto final las respalda y añade otras.</p><h3>Informe de vulnerabilidades</h3><p><strong>1. Sanciona sin decir qué sanciona.</strong> El artículo 38 clasifica las infracciones en leves, graves y gravísimas y dispone que «el reglamento de la presente Ley desarrollará las conductas constitutivas de infracciones y las respectivas sanciones». El decreto no describe una sola conducta infractora ni fija una sola multa administrativa. La Corte de Constitucionalidad exigió en 2019 (expedientes acumulados 6003, 6004, 6274 y 6456–2016) que conducta y sanción emanen del legislador y estén «determinadas y no determinables». Chile lo hizo: su Ley 21.663 fija las multas máximas por categoría.</p><p><strong>2. Dos días para defenderse.</strong> El artículo 39 concede dos días de audiencia y cinco de prueba para rebatir cargos que exigen peritajes forenses; el Código Tributario da treinta días hábiles para responder un ajuste. Las multas ingresan a los fondos privativos de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, la misma que las impone (artículos 28 y 42). El que sanciona, cobra; y Gobernación, de quien depende, escribe las reglas.</p><p><strong>3. Castiga al instrumento y exime al regulado.</strong> El artículo 55 multa con Q100,000 a Q300,000 a las personas jurídicas «utilizadas para cometer en cualquier forma un hecho ilícito» y, si hay «reincidencia», que no define, cancela su personalidad jurídica. Excluye a la víctima directa, no a la empresa cuyos servidores fueron tomados para atacar a un tercero. A la vez, los artículos 36 y 55 eximen a las entidades con «normativa específica» y a las «reguladas por leyes de rango constitucional», sin decir quién lo califica. La banca no sabe si queda excluida o bajo dos autoridades.</p><p><strong>4. Un catálogo penal con puerta trasera.</strong> El artículo 91 incorpora a la Ley contra la Delincuencia Organizada los ocho delitos «así como, otros delitos tipificados en la Ley Marco de Ciberseguridad y en demás cuerpos normativos relacionados con la materia». Ese catálogo habilita operaciones encubiertas e interceptación de comunicaciones. Un catálogo que se cierra y se abre en la misma frase es una invitación a la interpretación extensiva.</p><p><strong>5. Penas de cálculo incierto, atadas a un catálogo militar.</strong> El acceso ilícito se castiga con cuatro a seis años de prisión (artículo 44); en España, con seis meses a dos años; en Argentina, con quince días a seis meses. El artículo 53 aumenta la pena en un tercio en tres supuestos y en dos tercios si el hecho afecta una infraestructura crítica digital, sin decir si los aumentos se suman. Si se suman, la pena sube a entre ocho y doce años. Y cuáles infraestructuras son críticas lo concretará un catálogo del Ministerio de la Defensa Nacional, que redactará además un «Protocolo de Acciones Defensivas y Ofensivas» (artículo 34).</p><p><strong>6. Técnicos de élite en libre remoción.</strong> Los artículos 10 y 96 convierten a esa Dirección en «cuerpo de seguridad del Estado», categoría que la Ley de Servicio Civil coloca en el servicio exento (artículo 32, numeral 11). A sus directores se les exige posgrado, certificación internacional y cinco años de experiencia; a su personal se le ofrece un puesto de confianza. Así no se retiene talento: se fabrica rotación política.</p><p><strong>7. Dos rectores para una sola seguridad nacional.</strong> Los artículos 6 a 8 crean un Consejo Nacional de Ciberseguridad con funciones casi idénticas a las del Consejo Nacional de Seguridad del Decreto 18–2008, sin decir cuál prevalece cuando un ciberataque comprometa la seguridad de la Nación. Y ni la Superintendencia de Bancos ni el Banco de Guatemala tienen asiento en ese consejo, que conduciría una crisis del sistema de pagos (artículos 7 y 33).</p><p>La urgencia era retórica. La ley regiría a los treinta días de publicada (artículo 97), pero el reglamento que contendrá las infracciones tiene hasta seis meses (artículo 94), y el centro al que habrá que alertar en tres y seis horas, hasta dieciocho (artículos 31 y 84). Un Congreso que aprueba de urgencia nacional lo que puede tardar año y medio en funcionar no legisla: improvisa.</p><h3>La paradoja de Budapest</h3><p>El argumento para correr fue el Convenio de Budapest: 82 Estados Parte, diez de ellos latinoamericanos, y la vía para obtener pruebas alojadas en servidores extranjeros. La invitación a Guatemala, de abril de 2020, vence en abril de 2027.</p><p>Pero el decreto aprobado para facilitar la adhesión incumple una regla estructural del Convenio. Su artículo 14.2 exige que las facultades de investigación digital sirvan para cualquier delito cometido por medios informáticos y para la prueba electrónica de cualquier delito. El artículo 58 del decreto las limita a «los delitos previstos en la presente Ley» y el 64 prohíbe aplicar el aseguramiento digital «por analogía o extensión a otro tipo de delitos». Una extorsión, una red de explotación sexual de menores o un lavado de dinero con la evidencia en la nube quedan fuera. Faltan la conservación rápida de datos y la obtención en tiempo real de datos de tráfico (artículos 16, 17 y 20), y el artículo 55 incumple el estándar de responsabilidad corporativa del artículo 12, que no admite reserva.</p><p>La conclusión incomoda a quienes usaron Budapest como coartada: archivar el decreto no cierra la puerta al Convenio, y aprobarlo así no la abre. El Convenio se tramita por su propia vía, la Iniciativa 6875. El país no puede llegar a Budapest con una ley que habrá que reformar antes de aplicarla.</p><h3>El imperativo</h3><p>El Precedente Legislativo 2–2017 es claro: si antes de remitir un decreto al Ejecutivo se reciben objeciones de constitucionalidad, oportunidad o conveniencia nacional, la Junta Directiva debe llevarlas al Pleno; si este las acepta, el decreto no se remite y pasa al archivo. Las objeciones no suspenden nada por sí solas: decide el Pleno. Y la Constitución da a la Junta Directiva un máximo de diez días para remitir lo aprobado (artículo 177). Esa es la ventana, y se cierra.</p><p>No sería la primera vez. El 24 de agosto de 2022, veinte días después de aprobarlo y con 112 votos, el Congreso suspendió, en definitiva, mediante el Acuerdo Legislativo 14–2022, el trámite del Decreto 39–2022, también contra la ciberdelincuencia. Lo hizo, y el cielo no se cayó.</p><p>Si el Pleno no actúa, la corrección pasará a otros poderes y se encarecerá en cada etapa: primero, el posible veto presidencial (artículo 178 constitucional); después, la acción de inconstitucionalidad y una eventual suspensión provisional por la Corte de Constitucionalidad. Una ley suspendida por la Corte es peor que una archivada por el Congreso: congela el núcleo útil junto con los defectos.</p><p>La ruta responsable es breve: aceptar las objeciones, archivar el decreto, presentar de inmediato un texto corregido, discutirlo en tres debates y aprobar el Convenio en paralelo. Las correcciones caben en pocos artículos: infracciones y multas en la ley, plazos reales de defensa, responsabilidad corporativa por beneficio, catálogo penal cerrado, agravantes calculables, técnicos en carrera administrativa, un solo vértice de rectoría y herramientas procesales para toda prueba electrónica.</p><p>Solo falta voluntad política para admitir que se votó sin leer. En ciberseguridad hay una regla elemental: no se pone en producción un sistema con vulnerabilidades conocidas. El Congreso ya tiene la lista de vulnerabilidades, el procedimiento para corregirlas y el precedente para hacerlo. Si aun así decide desplegar, no podrá alegar que no sabía.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f45d3736b828" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Seis mil millones en una noche y una ley en una tarde]]></title>
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            <category><![CDATA[guatemala]]></category>
            <category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Mariano Rayo Muñoz]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 01:58:13 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-02T01:58:13.551Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/720/1*FQdM9DV42roTErPO6T3qjA.jpeg" /></figure><p>Corea del Norte vació US$6,400 millones de Binance en minutos y los lavó con un software que no duerme; dos fallas de PHP ocultas durante una década pusieron en jaque a medio internet. Frente a eso, el Congreso quiere aprobar la Ley Marco de Ciberseguridad por urgencia nacional, contradiciendo, en su contenido, la ley antilavado de dinero que recién aprobaron los diputados y a espaldas de lo que Washington exige. Sostengo que es un error aprobar de urgencia nacional sino se subsanan varios vacíos, y lo pruebo.</p><p>He leído el Dictamen 01–2026 de la Comisión de Seguridad Nacional artículo por artículo, lo he cotejado con la Constitución Política, la Ley de Bancos y Grupos Financieros y el Convenio de Budapest (pendiente de aprobación por el Congreso), entre otros, y he seguido la peor semana de la ciberseguridad mundial en años. Mi conclusión es incómoda para quienes anuncian que ya cuentan con los 107 votos: aprobar esa ley por urgencia nacional, es un error nacional y un error internacional. Nacional, porque nacerá impugnada, duplicará supervisores y dejará el sistema de pagos sin conductor civil en la crisis. Internacional, porque contradice la ley antilavado de dinero que el mismo Congreso puso en vigor el 17 de septiembre, a tres meses de la evaluación del GAFILAT, y porque envía a la administración Trump la señal exacta que su Orden Ejecutiva 14390 promete castigar. No pido que la ley se archive; pido que apruebe con el contenido correcto.</p><h3>Lo que el mundo aprendió en octubre y el Congreso omite</h3><p>Empiezo por lo que en el hemiciclo nadie ha mencionado. El 29 de octubre salieron de Binance unos US$6,400 millones en once cadenas de bloques: el mayor robo de criptoactivos de la historia, cuatro veces el de Bybit en 2025. El FBI lo atribuyó a Corea del Norte, a su unidad TraderTraitor, y pidió bloquear unas 500 direcciones de Ethereum. Para Guatemala importan dos lecciones. Primera: el lavado fue automático. Elliptic documentó una billetera que movió fondos cada hora durante 31 horas seguidas, en transferencias separadas por treinta segundos: «los mueve algo que no duerme». Segunda: la contención funcionó porque los actores correctos estaban en la misma mesa: emisores de stablecoins, analistas de cadena y autoridades congelaron US$2,800 millones en horas. Eso es un comité de crisis que sirve. El dictamen, en cambio, saca del suyo al banco central y al supervisor bancario (artículo 32) y contempla que el nivel máximo lo conduzca el Ministerio de la Defensa Nacional (sin conocimiento ni experiencia en materia de sistemas de pago).</p><p>La segunda lección vino de PHP, el lenguaje que sostiene buena parte de la web. El 21 de octubre se divulgaron dos fallas (CVE-2026–109618 y 109619, severidad 9.2 sobre 10) que llevaban más de una década ocultas y permitían ejecutar código sin contraseña; las encontró Wiz con modelos de inteligencia artificial. Amazon detectó intentos de explotación el 17 de octubre, cuatro días antes del parche; Cloudflare contó millones de ataques en las horas siguientes al anuncio, y la firma Dream documentó 25 servidores comprometidos, tres en una red afiliada al gobierno de Estados Unidos, con herramientas construidas, según su análisis, con ayuda de IA. Moody’s lo resumió el 19 de octubre: el tiempo entre divulgación y explotación cayó de 745 días en 2020 a 44 en 2025, y la resiliencia «a velocidad de máquina» ya es un diferenciador de calidad crediticia. Mi conclusión es simple: en ese mundo, obligar a un banco a alertar en treinta minutos desde la detección (artículo 31), bajo sanción, a un centro que no existirá hasta dentro de dieciocho meses (artículo 83), no añade defensa; resta analistas en la hora en que más cuentan.</p><h3>El error nacional: una ley que nace impugnada</h3><p>Reconozco lo que el dictamen hace bien, que es bastante: tipos penales autónomos frente a más de 56,000 denuncias por estafas electrónicas que hoy se persiguen como estafa común, Fiscalía especializada, Red 24/7, cooperación internacional con control judicial. La banca respalda ese objetivo y yo también. Pero la urgencia nacional suprime el único lugar donde se corrige lo demás: la discusión en tres lectura y por artículos. El artículo 37 remite al reglamento infracciones y sanciones sin fijar un solo monto, contra la reserva de ley del artículo 17 constitucional; el 38 concede dos días de audiencia y cinco de prueba; los artículos 28, literal l, y 41 destinan las multas a fondos privativos de quien sanciona. Los artículos 9 y 21 obligan a entregar información sin convenio ni orden judicial, en tensión con el artículo 24 constitucional y con la reserva bancaria del artículo 63 de la Ley de Bancos. El artículo 7 deja fuera del Consejo Nacional de Ciberseguridad a la Junta Monetaria, al Banco de Guatemala y a la Superintendencia de Bancos, y el 32, literal d, invoca para el mando militar un «mandato constitucional» que el artículo 244 no otorga sobre sistemas civiles. Nada de eso se arregla por reglamento; un amparo contra cualquiera de esas piezas paralizaría la ley entera.</p><p>Y el dictamen legisla como si la banca guatemalteca no estuviera regulada. La Junta Monetaria ya exige oficial de seguridad, equipo de respuesta, pruebas de penetración y plan de recuperación (JM-98–2025), regula canales electrónicos e ingeniería social (JM-91–2024 y JM-99–2025) y, doce días antes del dictamen, creó la CIBERBAN con el banco central, la SIB y los bancos (JM-100–2026). El texto no lo menciona ni una vez; crea otro supervisor, otro registro, un tercer oficial y otro régimen sancionatorio para un sistema que atiende a 7.9 millones de depositantes, custodia Q434,859 millones (45.9% del PIB) y liquida en el LBTR Q5.30 billones al año, más de cinco veces el PIB. Declararlo «el más vulnerable» y a renglón seguido apartarlo de la mesa es, a mi juicio, la definición de legislar sin leer.</p><h3>El agravio: tocar la ley antilavado de dinero sin decirlo</h3><p>Aquí está el núcleo. El Decreto 15–2026 rige desde el 17 de septiembre. Es la ley con la que Guatemala llegará a la quinta ronda de evaluación del GAFILAT: iniciando en febrero de 2027. Seis semanas después de su entrada en vigor, el mismo Pleno se dispone a contradecirla en siete puntos que todos pueden verificar. El Decreto sienta al Superintendente de Bancos en el CONCLAFT y al presidente de la Junta Monetaria como invitado permanente (artículos 47 y 48); el dictamen los excluye de su Consejo, donde sí sienta a cuatro miembros del CONCLAFT. El Decreto fija en la ley multas de US$500 a US$300,000 con recurso ante la Junta Monetaria (artículos 65 a 71); el dictamen lo remite todo al reglamento. El Decreto blinda la reserva de los reportes de transacciones sospechosas (artículos 30 y 38) y exime a quien reporta de buena fe (artículo 37); el dictamen exige «el reporte completo» de cada incidente sin excluir ese circuito ni proteger la buena fe, con el riesgo de revelar indirectamente un reporte reservado. El Decreto hace del oficial de cumplimiento el «único enlace» con la IVE (artículo 16); el dictamen crea otro oficial. Y abre un canal de asistencia internacional urgente (artículo 70) paralelo al de inteligencia financiera, con confidencialidades incompatibles.</p><p>Eso no es una reforma: es alterar el régimen antilavado de dinero por descuido, sin reconocer que se altera, justo cuando el mundo acaba de ver cómo se lava a velocidad de software. Un evaluador del GAFILAT que lea ambas leyes no verá coherencia; verá un país que legisla sin saber lo que ya legisló. Y de esa evaluación depende la banca corresponsal de la que viven remesas, importaciones y exportaciones.</p><h3>Washington: una relación que se mide en cooperación verificable</h3><p>Quien crea que esto es un asunto doméstico no ha leído los documentos del 6 de marzo de 2026. La President Trump’s Cyber Strategy for America ordena «negar la salida financiera y el refugio seguro» a las redes criminales, advierte que la ciberdefensa «no debe reducirse a una lista de verificación costosa» y coloca a los sistemas financieros entre las infraestructuras críticas. La Orden Ejecutiva 14390 es más explícita: las naciones que toleren la actividad depredadora «enfrentarán consecuencias», desde recortes de asistencia exterior hasta sanciones selectivas, restricciones de visado y comerciales y expulsión de funcionarios, y manda al Departamento de Estado exigir a cada gobierno acciones contra las redes criminales en su territorio. Sus reguladores bancarios exigen notificar «a más tardar 36 horas» después de determinar un incidente, no treinta minutos desde la detección.</p><p>Y Washington actúa. El 14 de octubre de 2025 el Tesoro y el Departamento de Justicia sancionaron al Prince Group camboyano, imputaron a su presidente Chen Zhi e incautaron unos US$15,000 millones en bitcoin, la mayor acción de decomiso de su historia, por estafas de inversión cobradas a través de redes de cuentas receptoras. Pero esa misma Washington es transaccional: Binance se declaró culpable en 2023 de violar la ley antilavado y pagó US$4,300 millones; su fundador fue indultado por el presidente Trump en octubre de 2025; y el 24 de febrero de 2026 el senador Richard Blumenthal, desde el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, le exigió explicar unos US$1,700 millones canalizados a entidades iraníes. La lección que extraigo es la siguiente: en esa Washington la indulgencia se negocia desde la fuerza y la sanción cae sobre el débil que parece descuidado. Guatemala no tiene con qué negociar; tiene que ser, y parecer, impecable.</p><p>Miren el dictamen con esos ojos. Su tipo de fraude informático (artículo 49) no cubre con claridad el engaño por ingeniería social, el vector dominante; no tipifica la facilitación a sabiendas de cuentas receptoras, el eslabón local de toda red transnacional, el mismo que alimentó al Prince Group; convierte la ciberdefensa financiera en la lista de verificación que la Estrategia rechaza; y debilita el régimen antilavado de activos que el Tesoro y el GAFILAT usan como medida. Presentarse así ante ese socio no es un detalle técnico: es un pasivo diplomático cuya factura la Orden 14390 ya detalla. Y Budapest tampoco se gana así: Guatemala no es Parte, la invitación vence el 23 de abril de 2027, adherirse exige aprobar el tratado y el texto define «datos de tráfico» de modo que absorbe el contenido de las comunicaciones, contra el artículo 1, literal d, del Convenio.</p><p>La iniciativa 6875, que contiene el Convenio de Budapest, fue conocida por el pleno y enviada a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen. Lo menciono sólo por mencionar: el expediente de 163 páginas remitido por el presidente Arévalo no contiene el proyecto de decreto que el Congreso debe aprobar.</p><h3>Lo que propongo</h3><p>Mi propuesta es tan concreta como mi crítica. Primero, que el Dictamen 01–2026 no se apruebe por urgencia nacional. Segundo, que se tramite por la vía ordinaria con un calendario público y exigente, para incorporar enmiendas ya redactadas que no tocan la arquitectura penal: Junta Monetaria, Banco de Guatemala y SIB donde la ley antilavado ya los puso; infracciones y multas en la ley; reportes con canal, reserva y buena fe; límites al mando militar; datos de tráfico sin contenido; tipos penales para el fraude por engaño y las cuentas receptoras. Tercero, aprobar el Convenio de Budapest como tratado este mes de noviembre. Cuarto, concordar la interfaz financiera en la CIBERBAN, que ya existe.</p><p>El mundo perdió seis mil millones de dólares en una noche y la seguridad de medio internet en una semana. Guatemala puede perder, en una tarde, la coherencia de su ley antilavado, la confianza de su principal socio estratégico y el control civil de su sistema de pagos. Que nadie diga después que no se advirtió: todo lo aquí afirmado es verificable, artículo por artículo y decreto por decreto.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=dfbe4cfc5d46" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Reitero: Menkos debe renunciar a la curul]]></title>
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            <category><![CDATA[economía]]></category>
            <category><![CDATA[banco-central]]></category>
            <category><![CDATA[economia]]></category>
            <category><![CDATA[guatemala]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Mariano Rayo Muñoz]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 23:40:52 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-07T23:40:52.034Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*8rFCImd3KDvsPYRPE7gTfw.jpeg" /></figure><p>El informe circunstanciado del presidente Bernardo Arévalo, fechado el 3 de octubre, responde al amparo 9292–2026, promovido por el CACIF contra el nombramiento de Jonathan Menkos como presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala. Lo leí completo. Defiende la facultad presidencial de nombrar y la elegibilidad de Menkos. Su conclusión no me convence: el permiso de 2024 suspende el ejercicio de la diputación, pero conserva el vínculo parlamentario que cuestiono.</p><p>Menkos tomó posesión el 1 de octubre, según el acta 363–2026 adjunta al informe. Por eso mi exigencia ya no es que renuncie antes de asumir, sino que formalice ahora su separación definitiva del Congreso. Una renuncia posterior no convalida por sí sola lo actuado; eso lo resolverá la Corte. Pero es el paso que puede iniciar hoy para terminar su vínculo parlamentario.</p><p>Mi posición es la misma del 30 de septiembre. No es un asunto de personas ni de partidos: es el diseño institucional que ayudé a construir en 2002, cuando presidí la Comisión de Economía y Comercio Exterior y facilité la elaboración del dictamen favorable con enmiendas y la discusión de la ley que hoy es el Decreto 16–2002.</p><h3>Las normas que deciden el caso</h3><p>El artículo 132 de la Constitución dispone que el Banco de Guatemala se regirá por su Ley Orgánica. Esa remisión no eleva la ley al rango constitucional. Sí exige interpretar conjuntamente el artículo 160 y las reglas especiales del banco: autorizar a un diputado a aceptar otro cargo no elimina la obligación de examinar sus requisitos, impedimentos e incompatibilidades.</p><p>El artículo 160 autoriza a los diputados a desempeñar cargos en entidades autónomas “por el tiempo que duren en sus funciones ejecutivas” y remite al artículo 157 constitucional, que regula la ausencia temporal. El diputado con permiso no deja de serlo: la curul lo espera.</p><p>Según el artículo 13 del Decreto 16–2002, el presidente del banco integra la Junta Monetaria. El artículo 18, literal g), impide integrarla a quienes desempeñan cargos públicos remunerados, incluso de elección popular, salvo los docentes. El párrafo final exceptúa de ese impedimento a los miembros electos por el Congreso y a los miembros exoficio, con sus respectivos suplentes o sustitutos; no establece una excepción expresa para el presidente del banco. El artículo 31 declara incompatible la presidencia con el ejercicio de otro cargo público o privado, remunerado o ad honorem, salvo las excepciones legales. El artículo 27 exige absoluta independencia. Y el artículo 60 obliga al presidente a informar al Congreso en enero y julio; si el informe es insatisfactorio, dos tercios del total de diputados pueden pedir su remoción y deberá renunciar inmediatamente.</p><p>La Ley Orgánica del Organismo Legislativo distingue el permiso de la renuncia. El artículo 65 tiene al diputado con licencia por presente, pero esa regla no demuestra que ejerza simultáneamente otro cargo. El artículo 60 regula la separación definitiva: renuncia escrita, ratificación personal y aceptación del Pleno, seguida de la posesión del sustituto.</p><h3>Lo que reconozco del informe</h3><p>Sería deshonesto ocultar lo que el informe tiene de sólido. El artículo 160 existe, el BANGUAT es autónomo y la distinción entre tener la titularidad de la diputación y ejercerla es atendible. Y el informe admite, en la página 20, que “por tiempo indefinido” no tiene “un alcance ilimitado” y se agota con la legislatura.</p><p>Las actas constituyentes de 1985 que transcribe el informe muestran que se quiso permitir al diputado aceptar otro cargo sin perder la posibilidad de regresar. Pero el artículo 160 permite conservar la curul; no obliga. Pedir la renuncia no es pedir que la Corte reescriba la Constitución. Es exigir que el presidente del banco central anteponga la certeza de la institución a su derecho de regresar.</p><h3>Lo que el informe no resuelve</h3><p><strong>Primero, la interpretación conjunta.</strong> El informe invoca la jerarquía constitucional y reconoce, en la página 23, que el artículo 160 no hace elegible a cualquier diputado para presidir el banco. Acepta que deben cumplirse las calidades del artículo 28. La misma lectura debe explicar satisfactoriamente los impedimentos del 18 y la incompatibilidad del 31. El derecho del diputado a aceptar otro puesto no equivale a una exención de las condiciones propias de ese puesto. Discrepo de que la licencia baste para resolver esa discusión.</p><p><strong>Segundo, la titularidad.</strong> El informe se apoya en los verbos «desempeñan» y «ejercicio». Es una defensa atendible que la Corte deberá valorar. Pero admite, en las páginas 17 y 24, que Menkos conserva la titularidad del mandato y puede regresar al Congreso. Como distingue Barrios Osorio, el artículo 18 regula impedimentos de acceso y el 31, incompatibilidades de ejercicio. Esa distinción obliga a examinar ambas normas; no permite dar por resuelto el caso con la ausencia de un segundo salario. Mi objeción es que mantener ese vínculo político no ofrece la certeza institucional que debe acompañar a la presidencia del banco. La excepción aplicable al ministro no se traslada automáticamente a otro cargo.</p><p><strong>Tercero, el permiso.</strong> El Congreso lo concedió el 19 de enero de 2024, con 100 votos, para que Menkos asumiera Finanzas. El informe defiende que permite continuar la ausencia al pasar al BANGUAT. Ese alcance debe justificarse, no darse por sentado. Que la legislatura termine en 2028 y el período del banco en 2030 no prueba una incompatibilidad adicional: al concluir el mandato legislativo desaparece esa titularidad. La controversia está en conservarla ahora.</p><p><strong>Cuarto, el precedente de Defensa.</strong> El informe cita una sentencia de la CC del 21 de enero de 2026 (expedientes acumulados 3882–2025, 4757–2025, 4816–2025 y 4898–2025) sobre los requisitos del ministro de la Defensa. Su razonamiento sobre jerarquía normativa merece examen, pero no decide automáticamente la compatibilidad de una diputación con la presidencia del banco. La Corte deberá explicar si corresponde trasladarlo a este caso.</p><p><strong>Quinto, la falta de definitividad.</strong> El Ejecutivo pide suspender definitivamente el trámite del amparo e invoca los artículos 19 y 20. El primero ordena a la Junta declarar la pérdida de calidad de un miembro cuando se acredita un impedimento, con debido proceso. El segundo obliga al superintendente a denunciar las causales de remoción ante el Congreso o la Presidencia, según corresponda. Son mecanismos distintos. La Junta es colegiada y la Superintendencia tiene independencia funcional. Mi inquietud es que el mecanismo del artículo 20, aplicado al presidente del banco, desemboca ante la propia Presidencia que lo nombró. La Corte debe determinar si constituye una vía previa idónea y eficaz para este reclamo. Un rechazo procesal no equivaldría a declarar compatible su situación.</p><p><strong>Sexto, la independencia.</strong> El informe explica el artículo 31 desde la falta de ejercicio simultáneo. Mi objeción institucional permanece: el presidente del banco conserva la posibilidad de regresar al órgano que fiscaliza su gestión y puede exigir su remoción. No significa que pueda controlarse a sí mismo ni votar durante su ausencia. Significa que mantiene un vínculo político del que debería desprenderse. La comparación con un ministro interpelado no elimina las exigencias propias del banco central.</p><h3>El caso de 2014, con precisión</h3><p>El informe presenta como antecedente el caso de José Alejandro Arévalo Alburez, nombrado superintendente de Bancos en 2014. El Acuerdo 26–2014 documenta un permiso indefinido y una sustitución temporal. Las referencias periodísticas a una renuncia no acreditan por sí solas una aceptación posterior por el Pleno. Tampoco el permiso inicial demuestra que esa renuncia nunca existió. Afirmarla o negarla exige el documento correspondiente. La diferencia documentada está en el cargo y su régimen legal.</p><p>El superintendente se rige por el Decreto 18–2002. Su artículo 7 no contiene una prohibición expresa equivalente al artículo 18 g) de la ley del banco. El artículo 8 exige dedicación exclusiva e incompatibilidad con el ejercicio de otro cargo público o privado, remunerado o no. El artículo 9, literal j), lo sitúa en la Junta Monetaria como asesor exoficio, con voz, pero sin voto: no es miembro. Y el artículo 5 exige una terna aprobada por tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros.</p><p>El presidente del BANGUAT, en cambio, integra y preside la Junta Monetaria y está sujeto a sus propios requisitos e impedimentos. Lo nombra el presidente de la República, sin aquella terna. El caso de 2014 sirve como antecedente parlamentario del permiso; no es una sentencia que resuelva cómo aplicar hoy los artículos 18 y 31. Una práctica administrativa no sustituye ese examen.</p><h3>Las voces del debate</h3><p>Hay coincidencias sobre la conveniencia de renunciar, aunque difieren los pronósticos jurídicos. Mejicanos Jiménez sostuvo en Prensa Libre que Menkos sigue siendo diputado y debe renunciar expresamente. Cifuentes consideró en Canal Antigua que dimitir habría sido lo correcto, pero estimó que los amparos no prosperarían porque no ejerce la diputación. Esa diferencia debe contarse. Córdova cuestionó que el permiso ministerial cubra la presidencia del BANGUAT.</p><p>En el Congreso, Blanco consideró que lo indicado era renunciar. Arzú Escobar sostuvo que, al dejar Finanzas, Menkos debió regresar al Congreso, solicitar otra licencia o proponer una renuncia. Contreras defendió la suficiencia del permiso y explicó que el sustituto seguirá mientras Menkos no regrese. Su argumento confirma la posibilidad de retorno; no supone que comparta mi objeción.</p><p>Boteo planteó la pregunta decisiva: la CC deberá determinar si una renuncia aceptada resuelve la controversia o si existía impedimento desde la designación. Barrientos pidió interpretar las normas conforme a su finalidad de preservar la independencia del banco.</p><p>Hoy, varios medios informaron que la presidenta de la CC convocó al Pleno para el jueves 8, a las 10:30, a conocer amparos contra el nombramiento. La convocatoria sigue al requerimiento de tres magistrados para abordar el asunto. Es una actuación procesal anunciada; no anticipa el sentido de una resolución.</p><p>El 6 de octubre, Menkos defendió ante los medios que su permiso es indefinido y que no recibe remuneración como diputado. No admitió una incompatibilidad: sostuvo que no desempeña ni cobra dos cargos. Mi respuesta es que recibir un solo salario no agota el examen de los artículos 18 y 31. La separación definitiva que reclamo tiene que ver también con la independencia institucional y la posibilidad de regresar a la curul.</p><p>Ese mismo 6 de octubre, en su columna «Estabilidad con propósito», Menkos reconoció que la legislación de 2002 fortaleció la autonomía del banco y reafirmó la estabilidad de precios como su objetivo fundamental. Incluyó la excelencia técnica, la transparencia y la rendición de cuentas entre sus compromisos. Comparto esos propósitos. Precisamente por ellos le exijo coherencia: la independencia que ofrece defender merece una separación definitiva de su vínculo parlamentario.</p><h3>Conclusión: la curul o el banco</h3><p>Mi conclusión la reitero. Jonathan Menkos debe renunciar a su curul de diputado para despejar el cuestionamiento derivado de conservarla mientras preside la Junta Monetaria y el Banco de Guatemala. No basta una declaración de independencia. Debe presentar la renuncia por escrito ante la Junta Directiva, ratificarla personalmente ante el Pleno, obtener su aceptación y completar la sustitución prevista en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y el 157 constitucional. Un anuncio no sustituye ese trámite.</p><p>No le imputo ninguna decisión monetaria indebida. Mi argumento es preventivo: la Junta Monetaria debe actuar “con absoluta independencia”, y la independencia se demuestra con hechos verificables. Renunciar lo es.</p><p>La controversia jurídica sigue abierta. Mi exigencia institucional no necesita anticipar el fallo: Menkos conserva la titularidad parlamentaria y una posibilidad de retorno que puede abandonar. Si cree en la independencia del banco central, debe dar ese paso sin esperar que una sentencia lo obligue. La renuncia no garantiza el fin de toda impugnación, pero sí elimina ese vínculo hacia el futuro.</p><p>Los efectos de lo ya actuado los decidirá la Corte. Menkos puede iniciar hoy el trámite para dejar el escaño. El costo de dejar la curul le toca al designado. No debería trasladar al banco central la controversia que provoca conservarla.</p><p>Y dejo una inquietud en el aire: si el tema continúa en las cortes, ¿quién pagará las cuentas? ¿El señor Menkos? ¿O será el Banco de Guatemala? Nueva controversia servida.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=2984c55216cd" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Renunciar primero, presidir después: el caso Menkos Zeissig]]></title>
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            <category><![CDATA[guatemala]]></category>
            <category><![CDATA[economía]]></category>
            <category><![CDATA[banco-central]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Mariano Rayo Muñoz]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 30 Sep 2026 03:46:08 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-30T03:46:08.254Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*8J2EkjWCd5S2wzF70v24jg.png" /></figure><p><strong>Aclaración:</strong> este no es un artículo de opinión sobre si el señor Menkos es de reconocida honorabilidad y de notoria preparación y competencia en materia económica y financiera (art.132 constitucional). Mi opinión desarrolla una defensa hacia la institucionalidad de nuestro sistema de banca central y a la letra y espíritu del decreto 16–2002. Lo hago porque no me contaron las cosas, me tocó recibir, analizar, discutir, consensuar el texto final (era presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior) y firmar el dictamen favorable con cambios a la iniciativa 2468 y defender su contenido en los debates del pleno (leer, por ejemplo, el Diario de Sesiones de la Sesión Ordinaria número 028 del 23 de abril del 2002). Personas que pueden dar testimonio de esa época: Lizardo Sosa, Mario García Lara, Leonel Moreno, Federico Linares y Luis Fernando Samayoa, así como decenas de funcionarios del banco central y otros diputados que participaron en las discusiones del dictamen en reuniones llevadas a cabo en la sede del banco central y en salones del Organismo Legislativo.</p><p>Jonathan Menkos debe renunciar expresamente a su curul antes de asumir la presidencia del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria. Esa es mi posición, y la sostengo como quien facilitó el dictamen y la aprobación de la Ley Orgánica del banco. No afirmo que el nombramiento sea nulo; afirmo que es institucionalmente imprudente asumir con esta controversia abierta cuando el remedio está en sus manos. Mantener disponible el escaño introduce una incertidumbre que el país no tiene por qué aceptar.</p><p>El presidente Bernardo Arévalo anunció el nombramiento hoy 29 de septiembre, para el período del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2030. La facultad de nombrarlo existe; ejercerla no elimina la obligación de examinar los impedimentos legales.</p><p>El 19 de enero de 2024, el Congreso autorizó a Menkos a ausentarse de sus labores legislativas por tiempo indefinido, con 100 votos favorables. El Acuerdo Legislativo 8–2024, emitido ese mismo día, encuadró el permiso en la facultad de los diputados de desempeñar cargos en el Organismo Ejecutivo y llamó a Olga Isabel Villalta Pereira a ocupar la vacante temporal. Permiso y llamamiento documentan una sustitución temporal para un cargo ministerial, no una renuncia a la diputación. El banco es una entidad autónoma con régimen propio; trasladarle aquel permiso exige justificar su alcance.</p><p>Reconozco el argumento más fuerte de quienes defienden la suficiencia de la licencia. El artículo 160 de la Constitución permite a los diputados desempeñar cargos ministeriales o de funcionarios de entidades descentralizadas o autónomas, con permiso durante sus funciones ejecutivas. El BANGUAT está comprendido en esa categoría. Pero el artículo 160 abre la puerta de salida del Congreso; no dispensa de los requisitos e impedimentos del cargo al que se llega. Y es la propia Constitución, en su artículo 132, la que dispone que el banco “se regirá por su Ley Orgánica”. No es que una ley ordinaria desplace a la Constitución: es la Constitución la que remite a esa ley.</p><p>Esa ley, en su artículo 18, literal g), impide integrar la Junta Monetaria a quienes desempeñen cargos públicos remunerados, incluidos los de elección popular. El texto es deliberado: exceptúa la docencia, a los miembros electos por el Congreso y a quienes integran la Junta por razón de su cargo; la presidencia del banco no está entre las excepciones. Menkos integraba la Junta como ministro de Finanzas gracias a esa excepción; al pasar a presidirla cambia el título por el cual participa, y la excepción ministerial no lo acompaña como prerrogativa personal. Ningún diputado con licencia ha presidido el banco central. El artículo 31 remata: la presidencia es incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargo público o privado, salvo la docencia.</p><p>Aquí está la controversia: conservar la titularidad de una diputación y ejercerla no son necesariamente lo mismo. Se sostiene que Menkos no desempeña funciones legislativas mientras lo sustituye otra persona. Pero el artículo 65 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo dispone que la licencia produce el efecto de “tener por presente al diputado”: el vínculo parlamentario no se suspende, se administra. Y la Corte de Constitucionalidad (opinión consultiva de 1988, expediente 172–88) distinguió inelegibilidad de incompatibilidad y señaló que esta última se resuelve porque el electo opta, como ordena el artículo 164 constitucional para sus supuestos.</p><p>La incertidumbre no es abstracta. La ley que dictaminamos no dejó esto al azar: su artículo 19 obliga a la Junta Monetaria a declarar el impedimento “cuando se evidencie o sobrevenga”, y su artículo 20 obliga al Superintendente de Bancos a denunciarlo ante la Presidencia si la Junta no lo hace, con la remoción como consecuencia. Quien asume con la curul en reserva inicia su período con un procedimiento latente que cualquier interesado puede activar. Un permiso específico para el nuevo cargo aclararía el alcance de la autorización legislativa; no equivale a abandonar la curul.</p><p>El calendario añade un límite. La legislatura concluye el 14 de enero de 2028 y el permiso vinculado a esa diputación no puede producir efectos más allá. Indefinido significa sin fecha de retorno fijada; no significa perpetuo. La presidencia del banco, en cambio, llega hasta septiembre de 2030: el permiso de 2024 no la cubre, y lo que ocurra en 2028 no sanearía retroactivamente una incompatibilidad inicial.</p><p>La discusión tiene consecuencias económicas. Finanzas gestiona necesidades presupuestarias; el banco central debe procurar condiciones monetarias compatibles con la estabilidad de precios, y la Constitución limita el financiamiento del Estado por la banca central. Conservar una vía de retorno a la política parlamentaria añade preguntas sobre los incentivos de su presidente. ¿Se postulará en 2027? Si lo hiciera, dejaría el banco a mitad de período. Renunciar al escaño es una decisión verificable; una declaración genérica de independencia no cambia su condición parlamentaria.</p><p>La dimensión democrática también cuenta. La curul pertenece al sistema de representación ciudadana y no debería mantenerse como reserva personal. La vía está prevista: el artículo 60 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo exige presentar la renuncia por escrito ante la Junta Directiva y ratificarla personalmente ante el Pleno. No basta anunciarla: corresponde completar el trámite. Si ya tomó posesión, la renuncia sigue siendo exigible de inmediato: cada día con la curul en reserva prolonga la controversia.</p><p>Mi conclusión es concreta: Menkos debe renunciar expresamente a su diputación y concluir ese procedimiento. El artículo 160 merece una discusión seria; la independencia monetaria también. El costo de separarse de la curul debe asumirlo el designado; la incertidumbre de conservarla no debe trasladarse a la institución.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=339bfef36485" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[La lluvia no firma contratos]]></title>
            <description><![CDATA[<div class="medium-feed-item"><p class="medium-feed-image"><a href="https://marianorayom-10646.medium.com/la-lluvia-no-firma-contratos-cbd400c38bee?source=rss-c8870692dd29------2"><img src="https://cdn-images-1.medium.com/max/600/1*bmuXxJZKYnOCmzHQ-OCvmg.gif" width="600"></a></p><p class="medium-feed-snippet">El Estado cobra, se endeuda y no construye. Por qu&#xE9; no acompa&#xF1;&#xE9; la aprobaci&#xF3;n del Reglamento de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria&#x2026;</p><p class="medium-feed-link"><a href="https://marianorayom-10646.medium.com/la-lluvia-no-firma-contratos-cbd400c38bee?source=rss-c8870692dd29------2">Continue reading on Medium »</a></p></div>]]></description>
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            <category><![CDATA[guatemala]]></category>
            <category><![CDATA[corrupción]]></category>
            <category><![CDATA[infrastructure]]></category>
            <category><![CDATA[economia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Mariano Rayo Muñoz]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 13 Jul 2026 01:28:08 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-13T01:28:08.639Z</atom:updated>
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            <title><![CDATA[Entre los goles del mundial hay un reloj corriendo]]></title>
            <description><![CDATA[<div class="medium-feed-item"><p class="medium-feed-image"><a href="https://marianorayom-10646.medium.com/entre-los-goles-del-mundial-hay-un-reloj-corriendo-e4244dd3079e?source=rss-c8870692dd29------2"><img src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1500/1*v2yZVRu-u-fczdQwGdIVbA.jpeg" width="1500"></a></p><p class="medium-feed-snippet">Seamos claros, he visto suficientes leyes nacer muertas como para reconocer el patr&#xF3;n. El 17 de junio de 2026, en el Diario de Centro&#x2026;</p><p class="medium-feed-link"><a href="https://marianorayom-10646.medium.com/entre-los-goles-del-mundial-hay-un-reloj-corriendo-e4244dd3079e?source=rss-c8870692dd29------2">Continue reading on Medium »</a></p></div>]]></description>
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            <category><![CDATA[lavado-de-dinero]]></category>
            <category><![CDATA[guatemala]]></category>
            <category><![CDATA[crimen-organizado]]></category>
            <category><![CDATA[economia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Mariano Rayo Muñoz]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 03:05:18 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-22T03:05:18.411Z</atom:updated>
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            <title><![CDATA[El papel ya no lava]]></title>
            <description><![CDATA[<div class="medium-feed-item"><p class="medium-feed-image"><a href="https://marianorayom-10646.medium.com/el-papel-ya-no-lava-cce41daa8b05?source=rss-c8870692dd29------2"><img src="https://cdn-images-1.medium.com/max/600/1*JxU_DHaK3SqhjxB8jx9vbg.png" width="600"></a></p><p class="medium-feed-snippet">Guatemala aprob&#xF3; una buena ley antilavado. Y aun as&#xED; puede reprobar el &#xFA;nico examen que de verdad importa.</p><p class="medium-feed-link"><a href="https://marianorayom-10646.medium.com/el-papel-ya-no-lava-cce41daa8b05?source=rss-c8870692dd29------2">Continue reading on Medium »</a></p></div>]]></description>
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            <category><![CDATA[lavado-de-dinero]]></category>
            <category><![CDATA[economia]]></category>
            <category><![CDATA[guatemala]]></category>
            <category><![CDATA[gafi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Mariano Rayo Muñoz]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 13 Jun 2026 14:38:16 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-13T14:38:16.020Z</atom:updated>
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            <title><![CDATA[El día que dejamos de ser corredor y nos volvimos objetivo]]></title>
            <link>https://marianorayom-10646.medium.com/el-d%C3%ADa-que-dejamos-de-ser-corredor-y-nos-volvimos-objetivo-1f64b81d37ec?source=rss-c8870692dd29------2</link>
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            <category><![CDATA[guatemala]]></category>
            <category><![CDATA[economia]]></category>
            <category><![CDATA[seguridad]]></category>
            <category><![CDATA[lavado-de-dinero]]></category>
            <category><![CDATA[narcotráfico]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Mariano Rayo Muñoz]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 08 May 2026 01:10:15 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-08T01:10:15.750Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*8J2EkjWCd5S2wzF70v24jg.png" /></figure><p>La élite política guatemalteca todavía no entiende lo que ya pasó. Mientras se distrae con cuotas y vetos de patio, Washington enterró — con dos documentos doctrinales publicados esta semana — el argumento diplomático que esta clase dirigente usó durante cuarenta años: que Guatemala era apenas un corredor inocente entre Sudamérica y el mercado estadounidense de drogas. Ese relato murió. Hoy somos un nodo evaluado, sancionable y, eventualmente, susceptible de intervención bajo una lógica donde el fentanilo se considera arma de destrucción masiva y los cárteles y las maras son organizaciones terroristas extranjeras. Quien no entienda esto, no está en condiciones de gobernar el país.</p><p>Los dos instrumentos son la <em>National Drug Control Strategy</em> <em>2026</em> (NDCS) y la <em>U.S. Counterterrorism Strategy 2026 </em>(USCT). No son comunicados protocolarios; son piezas de un mismo engranaje coercitivo. La primera identifica los objetivos materiales: fentanilo, precursores químicos, laboratorios clandestinos y estructuras financieras. La segunda provee el marco legal: designaciones FTO bajo el estatuto 18 U.S.C. §2339B, sanciones extraterritoriales de OFAC, cargos de apoyo material al terrorismo y, cuando Washington lo estime necesario, acciones unilaterales bajo la cláusula <em>willing and able</em>. Traducido: si el gobierno demuestra capacidad y voluntad, hay cooperación. Si no, hay intervención.</p><p><strong>El fentanilo ya está en Ciudad de Guatemala</strong></p><p>El 23 de abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) sancionó, bajo la Orden Ejecutiva 14059, a una red India-Guatemala-México que abastecía precursores de fentanilo al Cártel de Sinaloa. En la lista figura un importador guatemalteco — Jaime Augusto Barrientos Camaz — y dos empresas con sede en Ciudad de Guatemala: J and C Import y Central Logística de Servicios. El mecanismo es de una simpleza perturbadora. Empresas como SR Chemicals y Agrat Chemicals, en India, despachan N-Boc-4-Piperidone hacia Guatemala con etiquetado falso como “químicos seguros”. En apenas dos meses, esa estructura movilizó 116 kilogramos de precursor: suficiente para producir millones de dosis de fentanilo. Una semana después, autoridades guatemaltecas desarticularon otra red con el mismo patrón operativo y 17 capturas simultáneas. No es un caso aislado. Es un patrón en formación.</p><p>La NDCS 2026 erigió al fentanilo en categoría de arma de destrucción masiva (WMD). No es retórica: es una reclasificación jurídica que traslada la persecución del ámbito sanitario al de la defensa estratégica y habilita capacidades antes reservadas para redes de proliferación nuclear. La eliminación de la regla de minimis — que permitía la entrada a Estados Unidos de paquetes de menos de 800 dólares sin inspección rigurosa — cierra el canal de micro lotes vía paquetería. Para Guatemala significa que cualquier individuo o empresa que facilite, incluso por negligencia, el flujo de químicos de uso dual puede enfrentar muerte civil financiera por sanciones de OFAC. Y cualquier banco guatemalteco que opere con un sancionado enfrenta riesgo de sanciones secundarias. Las brechas de supervisión del sistema financiero nacional dejaron de ser problema doméstico: son ahora variable de riesgo sistémico para el sector bancario.</p><p>Más grave aún: en septiembre de 2025 se desmanteló un laboratorio clandestino de fentanilo en la carretera a El Salvador. A diferencia de la cocaína, que requiere plantaciones extensas e instalaciones rurales detectables por satélite, el fentanilo se sintetiza en un apartamento urbano, con equipo comprable en línea y conocimientos básicos de química. El modelo de inteligencia que funcionó para la cocaína no funciona para drogas sintéticas. Guatemala apenas empieza a aprender ese nuevo modelo, mientras el riesgo ya está instalado en el territorio.</p><p><strong>El narcomenudeo: la prueba doméstica de que ya somos mercado</strong></p><p>Quien crea que la amenaza del fentanilo es solo un problema de exportación hacia el norte no ha leído los datos. El 6 de mayo de 2026, el viceministro de Gobernación Víctor Hugo Cruz Reynoso reconoció que la Policía Nacional Civil captura, en promedio, a diez narcomenudistas cada día. En los primeros cuatro meses del año van más de 1,200 capturas. Pero el dato cualitativo es más alarmante que el cuantitativo: el viceministro admitió, que el narcomenudeo financia tanto a maras designadas como organizaciones terroristas como a estructuras de crimen organizado transnacional. Es decir: cada bolsita vendida en la zona 3 ya no es un asunto policial menor; es financiamiento de organizaciones que la doctrina estadounidense considera terroristas extranjeras. Esa frase, debería haber paralizado a los políticos. No lo hizo.</p><p>El director de la PNC, David Custodio Boteo, completó el cuadro. Las maras dejaron de ser intermediarias y se convirtieron en distribuidoras directas; el negocio de la droga les genera más ingresos que la extorsión. Operan con aplicaciones móviles para venta y traslado, instalan cámaras de videovigilancia para controlar territorio — solo en lo que va de 2026 la PNC ha incautado 120 cámaras vinculadas al control criminal, 24 de ellas retiradas en una sola jornada en El Gallito y la colonia Reyna Barrios — y reciclan inmuebles allanados porque el sistema de extinción de dominio es lento. Los menores de edad ya están dentro: una adolescente fue detenida en Jutiapa portando droga dentro de un centro educativo y dos niños fueron asesinados en Flores Costa Cuca, Quetzaltenango, uno de ellos con droga entre sus pertenencias. Esto no es narcotráfico de exportación. Es captura territorial doméstica, con economía propia, vigilancia tecnológica propia y reclutamiento de menores. Es exactamente el cuadro que la USCT 2026 describe como narcoterrorismo con presencia comunitaria sostenida.</p><p><strong>El enemigo interno: cien militares y la confesión que cambió el cálculo</strong></p><p>En mayo de 2026, el ministro de Defensa Henry Sáenz Ramos hizo la declaración siguiente: más de un centenar de miembros del Ejército han sido procesados o vinculados a estructuras criminales en la última década. El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda lo complementó con otra frase que debería estar en los manuales de seguridad nacional: el narcotráfico ya no opera al margen del Estado, sino dentro de él, infiltrando puertos, política e instituciones. Estas dos confesiones son políticamente valientes. Pero, leídas desde Washington, son la prueba de cargo que la USCT 2026 necesita para activar su cláusula de complicidad funcional. La permeabilidad institucional reconocida por autoridades responsables de seguridad es exactamente el supuesto que habilita acciones asimétricas, designaciones extraterritoriales o cooperación directa con actores guatemaltecos saltando al gobierno central.</p><p>El caso Lorenzana en Zacapa, documentado en mayo de 2026 por Agencia Ocote, ilustra la simbiosis entre clanes vinculados al Cártel de Sinaloa y estructuras políticas municipales con nexos hacia alcaldes y diputados. Esto tiene un nombre técnico en la nueva doctrina: narcopolítica con captura territorial. Y el ataque a destacamentos militares en Sololá, en diciembre de 2025, bajo la fachada de un conflicto histórico de tierras, demostró que cualquier vacío de poder estatal es ocupado de inmediato por intereses criminales. La respuesta estadounidense fue inmediata: tras el levantamiento del embargo militar en marzo de 2026, la cooperación quedó condicionada a <em>vetting</em> científico — pruebas de polígrafo periódicas y análisis forenses — para todos los oficiales asignados a unidades antinarcóticos. La soberanía operativa de las fuerzas guatemaltecas ya está, de facto, bajo tutela técnica externa que evalúa confiabilidad en tiempo real.</p><p><strong>Operación Southern Spear y el precedente Maduro</strong></p><p>Quienes creen que esto es discurso, deberían revisar dos hechos duros. La Operación Southern Spear, con cerca de 15,000 efectivos, portaaviones, sistemas robóticos autónomos y drones de vigilancia persistente bajo el <em>Joint Task Force Southern Spear</em>, ha ejecutado más de 47 ataques contra embarcaciones sospechosas hasta marzo de 2026, neutralizando a más de 190 personas vinculadas al narcotráfico. La denegación plausible — el viejo recurso diplomático de afirmar que las autoridades no sabían — perdió validez. Y la Operación <em>Absolute Resolve</em>, ejecutada el 3 de enero de 2026 contra Nicolás Maduro y completada en dos horas y veintiocho minutos por fuerzas especiales estadounidenses, demostró que la condición de jefe de Estado ya no es escudo absoluto frente a cargos de narcoterrorismo. Para las élites guatemaltecas, ese hecho redefine el cálculo de riesgo personal. La paciencia estratégica de Washington fue sustituida por capacidad de intervención quirúrgica.</p><p><strong>La verdadera vulnerabilidad: el Estado, no la frontera</strong></p><p>El diagnóstico técnico es claro y preciso. Guatemala tiene leyes — el Decreto 67–2001 contra el lavado de dinero y el Decreto 58–2005 contra el financiamiento del terrorismo — , pero el sistema no produce condenas. La Intendencia de Verificación Especial recibe reportes de operaciones sospechosas que rara vez se convierten en inteligencia accionable. El comercio exterior es la principal vía de TBML hacia proveedores asiáticos. El registro de beneficiario final está pendiente de reformas. Los <em>gatekeepers</em> — abogados, contadores, notarios — construyen empresas fachada con impunidad. Las criptomonedas se mueven sin trazabilidad. El sistema penal, lejos de desmantelar redes, condena a operadores menores. El Estado guatemalteco es bueno haciendo lo que Washington ya no prioriza tanto — decomisos, capturas, destrucción física — y débil en lo que ahora exige: desarticulación financiera, extinción patrimonial, condenas sostenibles, control de precursores y trazabilidad de beneficiarios finales.</p><p>Quien bloquea, diluye o sabotea una reforma seria del marco AML/CFT no está defendiendo soberanía ni libertades económicas. Está preservando zonas grises donde prosperan el narcotráfico, la corrupción, el contrabando y la captura institucional. En el nuevo entorno doctrinal, esas zonas grises ya no se interpretan como problemas internos de gobernabilidad: se interpretan como vulnerabilidades hemisféricas. Y Washington no espera indefinidamente a que los países débiles maduren.</p><p><strong>La ventana se cierra. Y se cierra rápido</strong></p><p>Guatemala tiene, hoy, una ventana estratégica concreta y efímera. La relación bilateral está en su mejor momento tras el levantamiento del embargo militar; los resultados operacionales — más de 30 toneladas de narcóticos incautados, 10 millones de arbustos de coca erradicados, cinco narco laboratorios destruidos, 1,200 capturas por narcomenudeo — construyen credibilidad táctica; y las autoridades de seguridad han nombrado el problema con precisión inusual. Pero las métricas del <em>Performance Review System </em>son trimestrales y el crimen organizado adapta sus rutas más rápido que los Estados sus capacidades. La agenda no admite improvisación: arquitectura nacional de cooperación soberana con mandato formal y rendición de cuentas; modernización operativa del marco AML/CFT con supervisión basada en riesgo; tribunales y fiscalías especializadas en delitos financieros complejos, entrenadas en activos virtuales y estructuras corporativas transnacionales; estrategia nacional de gestión de riesgos químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y de fármacos sintéticos (CBRN+F); y <em>vetting</em> científico extendido a la PNC y al sistema penitenciario para erradicar el mando criminal desde dentro del Estado.</p><p>La conclusión no admite ambigüedad. La mejor defensa de la soberanía guatemalteca no es gritar contra Estados Unidos ni invocar autonomía retórica. Es construir un Estado que funcione: que sepa quién importa químicos, quién mueve dinero, quién financia campañas, quién posee qué empresas y quién protege a qué redes criminales. Cuanto más débil sea la respuesta institucional, más probable será que Washington justifique presión asimétrica o conducta unilateral de hecho. Cuanto más fuerte y tecnológicamente avanzada sea la institucionalidad, mayor será el margen para convertir la presión externa en herramienta de fortalecimiento interno.</p><p>El fentanilo llegó a Guatemala antes de que el Estado estuviera listo para recibirlo. Cada cámara incautada en El Gallito, cada precursor que entra por Puerto Quetzal etiquetado como químico seguro, cada bolsita vendida en la puerta de una escuela en Jutiapa, prueba que el problema ya no es de tránsito. La pregunta no es si Guatemala va a cooperar con Washington — esa decisión la tomaron la geografía y la asimetría de poder — . La pregunta es si lo hará desde una posición de fuerza institucional o desde la subordinación funcional. En el orden de 2026, la ineficacia equivale a complicidad. Y la complicidad, bajo la nueva doctrina, ya no se castiga con notas diplomáticas: se castiga con sanciones, designaciones FTO, congelamientos patrimoniales y, en el extremo, operaciones unilaterales. Esa es la encrucijada. El reloj corre contra quienes creen que la soberanía se defiende con discursos.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=1f64b81d37ec" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[La SICOM quiere morder donde no debe ni puede]]></title>
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            <category><![CDATA[competencia]]></category>
            <category><![CDATA[economia]]></category>
            <category><![CDATA[guatemala]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Mariano Rayo Muñoz]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 01:18:15 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-04-14T01:18:15.353Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/600/1*JxU_DHaK3SqhjxB8jx9vbg.png" /></figure><p>En mi columna publicada el 4 de abril pasado (https://medium.com/@marianorayom-10646/sicom-pedirlo-todo-es-la-forma-más-rápida-de-no-entender-nada-9612dd412978) anuncié que daría mi opinión sobre la propuesta de la SICOM para sugerir un aumento en las multas por “concertación de precios y otras prácticas anticompetitivas en el sector hidrocarburos”. A continuación, entrego esa opinión ofrecida. Mi opinión se fundamenta en el Oficio №26–2026 OIRCOM-SICOM, la Resolución 24–2026 del Directorio y el Dictamen DAJ-020–2026.</p><p>Mi conclusión: la primera propuesta normativa de la Superintendencia de Competencia no es política de competencia: es populismo punitivo sin diagnóstico, sin ley vigente y sin vergüenza institucional.</p><p>Cuando el Estrecho de Ormuz se cerró el 28 de febrero de 2026 y el crudo Brent saltó de 70 a 110 dólares por barril, Guatemala descubrió lo que cualquier estudiante de economía sabe desde el primer semestre: un país que importa el cien por ciento de sus combustibles no fija precios, los recibe. El diésel voló de Q24.92 a Q43.69 por galón. La gasolina regular subió 50 %. El presidente Arévalo denunció especulación. La DIACO presentó 79 denuncias penales contra gasolineros. Y la Superintendencia de Competencia — con apenas 16 meses de vida parcial, sin superintendente en funciones, con 17 empleados y un presupuesto que se gasta en inutilidades — decidió que el momento era oportuno para presentar al Congreso su primera recomendación normativa: subir las multas por concertación de precios en hidrocarburos de tres millones de quetzales a más de veinte millones y arrebatarle al Ministerio de Energía y Minas (MEM) la jurisdicción sobre prácticas anticompetitivas en el sector. Suena a mano dura, a modernidad. En realidad, es un chapuz técnico, jurídico y económico que exhibe a una autoridad dispuesta a castigar antes de entender, legislar antes de estudiar y concentrar poder antes de demostrar capacidad.</p><p>El error inicial es confundir un shock de oferta exógeno con una conducta anticompetitiva endógena. Guatemala es una economía abierta, tomadora de precios, dependiente de importaciones refinadas desde la Costa del Golfo, con una factura petrolera anual de 2,818 millones de dólares. Cuando una operación militar cierra la arteria por donde transita más de una quinta parte del crudo mundial, todos los importadores enfrentan un incremento simultáneo y brutal en sus costos marginales. La respuesta racional — no colusiva, sino individualmente racional — es elevar precios concurrentemente. Los economistas lo llaman paralelismo consciente, y el propio Reglamento de la Ley de Competencia lo reconoce como conducta que no constituye prueba de concertación. En vez de explicar al país cómo funciona el <em>pass-through</em> de costos internacionales, la Superintendencia se sube al coro de la indignación y ofrece multas millonarias como placebo político. Utilizar el derecho de competencia como control de precios encubierto no es política de competencia: es populismo regulatorio con traje institucional.</p><p>La segunda falla es más grave: la SICOM pretende reformar un mercado que no se ha dignado a analizar. El Dictamen DAJ-020–2026, piedra angular jurídica de la propuesta, recita artículos de dos leyes, señala incompatibilidades y concluye que hay que homologar sanciones. No contiene una sola cifra sobre estructura de mercado, concentración, barreras de entrada ni integración vertical. No identifica a los tres conglomerados que controlan el 95 % de la distribución — Grupo Terra/Shell/UNO con el 40 %, Chevron/Texaco con el 34 % y Puma Energy/Trafigura con el 21 % — . No menciona que el Índice Herfindahl-Hirschman ronda los 3,500 puntos, muy por encima del umbral internacional de 2,500 y de los niveles observados hace apenas una década. No documenta márgenes brutos del 52 %, el doble del promedio centroamericano. No analiza que en el mercado de GLP, por ejemplo, cinco distribuidores cobraron exactamente Q135 por cilindro de 25 libras durante todo 2023 — un paralelismo perfecto que huele a cartel, con un daño estimado de 252 millones de dólares anuales — . Los artículos 11 y 12 de su propia ley exigen ese diagnóstico. La SICOM lo omitió porque le estorbaba a la narrativa de <em>multas más altas igual a competencia más sana</em> (esta narrativa es impulsada por personas sin conocimientos básicos de competencia). Para una autoridad de competencia, eso no es un dictamen: es un panfleto jurídico sin ciencia económica detrás.</p><p>Pero la deficiencia más peligrosa es una incongruencia jurídica que roza la irresponsabilidad. La Ley de Competencia tiene vigencia escalonada: los títulos sobre defensa de la competencia, concentraciones económicas, procedimiento administrativo e infracciones no entran en vigor sino hasta diciembre de 2026. La SICOM existe formalmente, pero carece de andamiaje procesal y sancionatorio. Pese a eso, invoca el artículo 97 — aún no vigente — como parámetro para homologar multas y propone transferir de inmediato la competencia exclusiva. Si el Congreso la hubiera aprobado como urgencia nacional en marzo, Guatemala habría fabricado un agujero negro jurisdiccional de nueve meses: el MEM despojado de facultades sancionadoras, la SICOM sin capacidad legal para citar, investigar ni multar. Ningún cartel habría tenido que preocuparse por autoridad estatal alguna. Legislar para producir impunidad temporal en el mercado de combustibles no es modernización: es irresponsabilidad de alto riesgo.</p><p>La extralimitación alcanza el procedimiento constitucional. El artículo 120 de la Ley de Competencia ordena dirigir la propuesta al Organismo Ejecutivo, no al Congreso. La SICOM entregó directamente su proyecto al presidente de la Junta Directiva del Congreso, arrogándose una iniciativa de ley que el artículo 174 de la Constitución no le concede. Tampoco aborda el artículo 2 de su propia ley, que establece aplicación supletoria en sectores con regulación especial y autoridad supervisora — como hidrocarburos con el Decreto 109–97 y el MEM — . Esa omisión no es un descuido marginal; es el punto neurálgico de la relación entre la ley general y la ley sectorial. Al ignorarlo, el dictamen destruye el piso sobre el que pretende construir su edificio argumental.</p><p>El análisis de disuasión es puro voluntarismo. La SICOM afirma que las multas actuales son insuficientes, pero no presenta un solo dato sobre multas efectivamente impuestas, ni series sobre beneficios ilícitos, ni estimaciones de probabilidad de detección. Su diagnóstico se reduce a una intuición: es poco, hay que subirlo. La teoría económica, desde que el premio Nobel de Economía Becker la desarrolló en 1968, no funciona a punta de corazonadas. La multa óptima debe igualar el daño causado dividido entre la probabilidad de detección. Si esa probabilidad oscila entre el 13 y el 17 por ciento, el multiplicador exige multas de seis a ocho veces la ganancia ilícita. Utilizando el sobreprecio estimado de 252 millones de dólares anuales en GLP, una multa de 20 millones de quetzales — unos 2.6 millones de dólares — representa apenas el uno por ciento del daño: una mosca intentando detener un hipopótamo. El estándar internacional — Chile con hasta el 30 % de ingresos, Colombia con el 20 %, la Unión Europea con el 10 % de facturación global — calcula la multa como porcentaje de ingresos, no como suma fija indexada a salarios mínimos (así lo aprobó el Congreso).</p><p>Lo paradójico es que la multa combina dos defectos: es simbólica para los grandes conglomerados y potencialmente letal para las PYMES del eslabón minorista. Las estaciones de bandera blanca operan con patrimonios inferiores al techo sancionatorio. Amenazar con multas que superan todo su capital, sin criterios de proporcionalidad ni graduación según ingresos, invita a la salida de los competidores más débiles. Cada gasolinera independiente que abandona el mercado termina en manos de una red ya dominante. La SICOM terminaría fomentando la monopolización que el artículo 130 de la Constitución le manda destruir. Una reforma presentada en nombre de la competencia que acelera la concentración: la versión regulatoria del aprendiz de brujo.</p><p>Mientras tanto, el Plan Centinela criminalizó al eslabón más débil. Los datos del MEM demuestran que el margen del expendedor minorista ha permanecido estático en Q1.832 por galón, reduciéndose del 5.50 % al 5.02 % del precio final. El gasolinero no especuló: absorbió. Quien sí se benefició fue el propio Estado: el IVA subió de Q3.06 a Q3.41 por galón, mientras el Impuesto a la Distribución de Petróleo se mantuvo como carga fija de Q4.70. Juntos, los impuestos representaron entre el 22 y el 23 por ciento del costo final. Llevar a 79 comerciantes ante la Fiscalía de Delitos Económicos por cobrar un precio de mercado hipertransparente no es justicia: es demagogia punitiva con uniforme de legalidad.</p><p>A todo esto, se suma una técnica legislativa lastimosa: artículos innominados — literal “Artículo XX” — , ausencia de disposiciones transitorias, ningún protocolo de remisión ni cadena de custodia de evidencia entre MEM y SICOM, confusión de vigencias al pedir urgencia nacional para una reforma que depende de una ley madre que aún no rige plenamente, y remisiones genéricas que trasladan al juez conflictos que el legislador debería haber resuelto. Es un texto escrito con ansiedad, no con rigor.</p><p>El contexto institucional remata el cuadro. La SICOM arrastra tres crisis en 16 meses de existencia parcial. Es una entidad en crisis que pretende que el Congreso le confíe jurisdicción exclusiva sobre uno de los sectores más complejos y políticamente sensibles de la economía. Una institución que no puede sostener su propia gobernanza interna quiere gobernar el mercado que literalmente mueve al país.</p><p>Nada de esto significa que la reforma sea innecesaria. Todo lo contrario. El mercado guatemalteco de hidrocarburos es un oligopolio estrecho, verticalmente integrado, con márgenes anómalamente altos y evidencia de colusiones tácitas que claman por escrutinio. La crisis de Ormuz reveló lo que algunos estudios ya advertían: el país vive con 20 días de inventario, depende de terminales controladas por los mismos grupos que dominan la distribución y mantiene una estructura que favorece la colusiones. Es un escenario de libro de texto para que una autoridad seria haga lo que le corresponde: estudios de mercado, análisis econométrico, evaluación de barreras de entrada, diseño fino de un régimen sancionatorio que castigue de verdad los cárteles sin dinamitar a los competidores pequeños.</p><p>La ruta correcta es la opuesta. Primero, un estudio integral del mercado aplicando los artículos 11 y 12 de su propia ley: delimitar mercados relevantes, calcular el IHH, identificar barreras, medir márgenes y separar efectos internacionales de conductas locales. Segundo, análisis serio de disuasión óptima: estimar el daño probable, la probabilidad de detección y calibrar sanciones. Tercero, proporcionalidad constitucional con salvaguardas para PYMES. Cuarto, articulación normativa que defina linderos entre SICOM y MEM, establezca protocolos de coordinación y evite el vacío de nueve meses que la iniciativa habría provocado. Solo después de cumplir esos pasos tiene sentido pensar en una reforma legal.</p><p>Guatemala necesita una autoridad de competencia con dientes, pero también con cabeza. Los colmillos sancionatorios sin cerebro técnico ni columna vertebral jurídica son peligrosos: muerden donde no deben ni pueden, dejan intactos a los verdaderos gigantes y erosionan la confianza en las instituciones. El Congreso debe rechazar esta propuesta en su forma actual y exigir diagnóstico antes que decreto, ciencia antes que corazonada, proporcionalidad antes que espectáculo. La SICOM no ganará legitimidad recitando cifras escandalosas de multas que aún no puede imponer. La ganará produciendo diagnósticos rigurosos, respetando los procedimientos constitucionales y diseñando reformas que reduzcan de verdad el poder de mercado de los oligopolios. Los guatemaltecos ya pagan suficiente en la gasolinera como para que, encima, les vendan un teatro institucional.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9de5ec0f7da0" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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