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        <title><![CDATA[Stories by Salomón Eid on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Salomón Eid on Medium]]></description>
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            <title>Stories by Salomón Eid on Medium</title>
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            <title><![CDATA[Régimen Tributario Simplificado (RTS)]]></title>
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            <dc:creator><![CDATA[Salomón Eid]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 20:02:17 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-01-05T13:58:08.345Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Guía Práctica sobre el Régimen Tributario Simplificado</strong></p><p>¿Estás pensando en emprender en base al RTS? Esta es una breve guía práctica para que entiendas si es lo más apropiado para tu negocio.</p><p><strong>¿Qué es el RTS?</strong></p><p>El Régimen Tributario Simplificado es un régimen tributario especial diseñado para pequeños comerciantes, artesanos y vivanderos que tiene como propósito (1) simplificar la manera en que se declara los impuestos y (2) que los impuestos sean fijos y más baratos, que, por ejemplo, el régimen tributario general.</p><p><strong>¿Se encuadra mi negocio en el RTS?</strong></p><p>Aquí listamos una lista de puntos que tu negocio debería cumplir para poder registrarte bajo el RTS:</p><p>· Solo disponible para personas naturales de manera individual (sin socios)</p><p>· Ser un pequeño comerciante, artesanos y/o vivanderos</p><p>· Tener ventas anuales menores a Bs. 184.000</p><p>· Que el capital destinado al negocio que no sea mayor a Bs. 60.000. Es decir, que la inversión total en el negocio (equipos, insumos, local, etc.)</p><p>· El precio unitario de tus productos no puede ser mayor a Bs. 100</p><p>· No tener empleados</p><p><strong>Si mi negocio se ajusta al RTS, ¿cómo tributaría?</strong></p><p>Bajo este régimen, no es necesario emitir factura. Basta con tener el registro tributario visible en el local o puesto del negocio. El tributo anual por este concepto será pagado en cuotas cada dos meses establecidas para cada una de las seis categorías:</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/387/1*Y1KeIJfaOGtcSQHUfv_uZA.png" /></figure><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=47ed7d7b2b88" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Bolivia: La contratación digital como alternativas para facilitar negocios en tiempos de COVID-19]]></title>
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            <category><![CDATA[bolivia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Salomón Eid]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 17:54:48 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-04-06T17:56:08.524Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Bolivia: La contratación digital como alternativa para facilitar negocios en tiempos de COVID-19</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/576/1*W9ukmAo42K4DTUe7CkSUSQ.jpeg" /></figure><p>La pandemia del COVID y las medidas de restricción de movilidad que han tomado los gobiernos en la región han afectado drásticamente a la operativa diaria de las empresas. Uno de los procesos que más se ha dificultado en Bolivia por esta situación es la firma de cualquier tipo de contrato.</p><p>Hasta ahora, la mayoría de las empresas en Bolivia continúa implementando sus contrataciones presencialmente. Líneas abajo planteamos contratos electrónicos y las firmas digitales y electrónicas como una alternativa segura, práctica y económica para la implementación de firma de documentos sin necesidad de que las partes estén físicamente en el mismo lugar.</p><p>Más allá de eso, la digitalización de procesos de firma provee mayor seguridad que contratos presenciales, y a un menor costo. Para ello les respondemos a algunas dudas con respecto a estas alternativas de firmar.</p><p><strong>¿Es legal?</strong></p><p>Sí. Los contratos electrónicos, las firmas electrónicas y las firmas digitales han sido reconocidos por la normativa boliviana desde el 2011 con la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación.<a href="https://www.ferrere.com/en/news/bolivia-los-contratos-electronicos-las-firmas-electronicas-y-las-firmas-digitales-como-alternativas-para-facilitar-negocios-en-t/#_ftn1">[1]</a> Esta normativa regula explícitamente a estos medios de contratación digital como válidos y permite su uso en el territorio nacional.</p><p><strong>¿Qué es un contrato electrónico? ¿Y cuál es la diferencia entre la firma electrónica y la firma digital?</strong></p><p>Aquí explicamos brevemente cada concepto:</p><p>- Los <strong>Contratos electrónicos</strong> (o e-contratos) son todas aquellas representaciones digitales de actos, hechos o datos, con independencia del medio utilizado para su fijación, almacenamiento o visualización que pueden ser usados para instrumentar cualquier tipo de transacciones permitidas por la ley. Se puede formar un e-contrato, por ejemplo, a través del correo electrónico, o a través del intercambio de documentos electrónicos.</p><p>- La <strong>Firma digital</strong> es aquella representada electrónicamente por medios que permiten identificar a su titular y que vincula los datos del documento y del firmante de modo tal que cualquier modificación de estos ponga en evidencia su alteración.<a href="https://www.ferrere.com/en/news/bolivia-los-contratos-electronicos-las-firmas-electronicas-y-las-firmas-digitales-como-alternativas-para-facilitar-negocios-en-t/#_ftn2">[2]</a> El firmante debe tener un certificado digital las entidades certificadoras de firmas digitales. Se utiliza la firma digital para validar el documento, para determinar su autenticidad y que no se ha alterado. Esto juega un papel fundamental en la verificación de la identidad del autor o firmante del documento. Este tipo de firmas tiene un estándar de seguridad y probatorio alto en Bolivia.</p><p>- La <strong>Firma electrónica</strong> es cualquier símbolo, proceso o sonido electrónico asociado con un registro o contrato. Es decir, que la firma electrónica puede venir en un formato tan simple como aceptar un documento con clic, o una versión electrónica de una firma a mano. La normativa boliviana clasifica a cualquier firma en formato electrónico que no tenga un certificado digital como una firma electrónica.</p><p>En su conjunto, estos medios electrónicos de contratación le proveen al empresario una manera barata, inmediata y segura de ejecutar contratos. En este contexto, si bien los contratos electrónicos son útiles para todos los casos permitidos por ley, hay ciertos casos donde puede resultar más útil usar la firma electrónica y en otros casos la digital.</p><p><strong>¿ En qué casos es recomendable usar la firma digital versus la firma electrónica y viceversa?</strong></p><p>Los usos recomendados para cada tipo de firma son los siguientes:</p><p>La <strong>firma digital</strong> tiene un nivel de seguridad mucho mayor que la electrónica, pero requiere de una certificación previa donde, en un proceso simple, se validan los datos biométricos del firmante y se le asigna un certificado digital<a href="https://www.ferrere.com/en/news/bolivia-los-contratos-electronicos-las-firmas-electronicas-y-las-firmas-digitales-como-alternativas-para-facilitar-negocios-en-t/#_ftn3">[3]</a>, por lo que es recomendable usarla en los siguientes casos:</p><p>- Contratos con sumas importantes o que sean acuerdos macro para la relación con la contraparte. Por ejemplo, acuerdos de distribución, acuerdos con proveedores importantes.</p><p>- Contratos recurrentes o con las mismas partes, ya que estas partes podrían pasar por el proceso de certificar su firma digital y no sería un problema usarla recurrentemente. Por ejemplo, contratos con clientes donde tengan que proveerse autorizaciones o consentimiento de manera constante.</p><p>- Para cerrar acuerdos con partes localizadas en el extranjero. Sin embargo, este tipo de transacciones debe ser analizado caso por caso porque su utilidad puede variar dependiendo del país y que entidad certifica la firma digital en el extranjero.</p><p>Por otra parte, la <strong>firma electrónica</strong> es un medio más flexible que no requiere de tantas formalidades por lo que por lo que es recomendable usarla en los siguientes casos, para:</p><p>- aceptación de términos y condiciones de uso de plataformas en línea (click para aceptar) o compras por internet (click para comprar).</p><p>- Contratar servicios.</p><p>- Onboarding de personal de trabajo.</p><p>- Aprobar gastos de empleados.</p><p><strong>¿Qué sucede si alguno de mis clientes o contrapartes quiere negar la validez de estos medios de contratación digital?</strong></p><p>Todos estos medios de contratación digital son válidos bajo la normativa boliviana y se les otorga un peso probatorio. Sin embargo, se deben tomar ciertos cuidados para cada parte de la contratación digital de acuerdo a lo siguiente:</p><p>- <strong>Contratos electrónicos:</strong> Si su empresa utilizará los contratos electrónicos como parte cotidiana de sus operaciones, es recomendable pensar en la redacción, firmas y archivo de estos contratos como parte de un sistema, y que sea analizado por los asesores legales, además de los técnicos, para garantizar que cada paso del esquema pueda ser respaldado ante un eventual conflicto.</p><p>- <strong>Firma digital</strong> La firma digital es un mecanismo totalmente seguro para firma de contratos. Es importante obtener el certificado de firma digital de una entidad certificadora autorizada.</p><p>- <strong>Firma Electrónica:</strong> la normativa boliviana le otorga a este tipo de firmas la categoría de “indicio probatorio” haciendo que sea acompañado de otros tipos de pruebas para ser respaldado ante la corte. En ese sentido, es recomendable que la implementación y archivo de este tipo de firma vaya acompañado de información que vaya a denotar (i) la identidad del firmante, (ii) su expreso consentimiento al documento, (iii) que asocie su consentimiento a un texto especifico (por ejemplo, los términos y condiciones provistos por la plataforma) y (iv) cualquier otra evidencia de que la persona voluntariamente participó en esta transacción. Es recomendable también mantener un archivo de las distintas interacciones dentro de la misma transacción. La continuidad de acciones ayuda a probar el consentimiento de las partes hacia las condiciones de la transacción.</p><p><strong>¿Es aplicable la Firma Digital en la función del Notario de Fe Pública?</strong></p><p>Por el momento la firma digital no es aceptada en las Notarías de Fe Pública. Sin embargo, el Decreto Supremo N °3946, de 19 de junio de 2019, estableció que la implementación de los documentos notariales digitalizados aceptará la firma electrónica en la jurisdicción boliviana a mediados del año 2020. Como resultado de esta regulación, los poderes y las resoluciones de la junta de directorio, por ejemplo, podrán ser firmados con firmas electrónicas y ya no requerirán la rúbrica de las personas. En otras jurisdicciones del mundo afectados por COVID-19, ya han hecho modificaciones legales para aceptar modos de participación electrónica en actos de gobernanza corporativa, y es posible que se adelante esta iniciativa, u otras similares, en Bolivia, debido a las circunstancias actuales.</p><p><a href="https://www.ferrere.com/en/news/bolivia-los-contratos-electronicos-las-firmas-electronicas-y-las-firmas-digitales-como-alternativas-para-facilitar-negocios-en-t/#_ftnref1"><em>[1]</em></a><em> Esta norma tiene como objeto establecer el régimen general de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, del servicio postal y el sistema de regulación.</em></p><p><a href="https://www.ferrere.com/en/news/bolivia-los-contratos-electronicos-las-firmas-electronicas-y-las-firmas-digitales-como-alternativas-para-facilitar-negocios-en-t/#_ftnref2"><em>[2]</em></a><em> Ley Nro. 164 — Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, artículo 6, numeral 5 del parágrafo IV.</em></p><p><a href="https://www.ferrere.com/en/news/bolivia-los-contratos-electronicos-las-firmas-electronicas-y-las-firmas-digitales-como-alternativas-para-facilitar-negocios-en-t/#_ftnref3"><em>[3]</em></a><em> Ley Nro. 164 — Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, artículo 6, numeral 1, parágrafo IV,</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=fa6651880002" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Regulación Fintech en Latinoamérica — México]]></title>
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            <category><![CDATA[fintech]]></category>
            <category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Salomón Eid]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 17 Apr 2018 19:31:58 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2022-06-26T18:05:43.594Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/588/1*l68BgrIJk6jCd-HgBmDOWw.png" /></figure><p><em>Puedes encontrar la versión en inglés </em><a href="https://medium.com/@salomneid/fintech-regulation-in-latin-america-6cc32b9aac08"><em>aquí</em></a><em>.</em></p><p>Recientemente, México viene desafiando a Brasil por el título de <a href="https://www.finnovista.com/actualizacion-fintech-radar-mexico/">principal mercado de <em>fintech</em> en </a>Latinoamérica<a href="https://www.finnovista.com/actualizacion-fintech-radar-mexico/">.</a> Si bien la presencia de compañías de tecnología financiera (“<em>fintech</em>”) fue impulsada en 2012 por el auge de startups en el país, un panorama de empresas emergentes más maduro y la predisposición de los legisladores para colaborar con la industria son algunos de los factores que justifican el modo en que México se está convirtiendo en el ecosistema de <em>fintech</em> más fascinante de la región.</p><p>México es el país hispanohablante más poblado de Latinoamérica y tiene el grupo más diverso de fintechs de la región. Los servicios de estas fintechs se centran en soluciones de pago y plataformas de finanzas alternativas, pero también varían de startups de tecnología aplicada a los seguros (<em>insuretech</em>) a servicios de ahorros e inversiones. Además, México alberga las compañías de fintech más desarrolladas de la región: casi un tercio de ellas tiene cuatro años o más de actividad, y más de un tercio tiene 100 empleados o más.</p><p>Como resultado, México también posee el ecosistema de fintech mejor financiado de Latinoamérica. La afluencia de inversión en el sector se encuentra hace varios años en una trayectoria ascendente, donde algunas compañías como Kueski y Clip recibieron, hasta el momento alrededor de $38 millones y $17 millones, respectivamente. Estos fondos permitieron a las fintech mexicanas prestar servicios a medio millón de clientes en 2017.</p><p>Estas cifras de inversión pueden no parecer significativas cuando se comparan con una población de 120 millones de habitantes, pero resultan muy relevantes cuando se colocan en el contexto de un mercado fintech que se proyecta tendrá más de 110 millones de usuarios potenciales en menos de <a href="https://www.statista.com/outlook/295/116/fintech/mexico#market-revenue">cinco años.</a></p><p>A pesar del crecimiento y las cifras prometedoras, parte de la comunidad de fintech sentía que se necesitaba una regulación especializada para brindar más certeza a los inversores, los usuarios y las compañías que componen el ecosistema. La mayoría de las compañías de fintech estaban históricamente reguladas por el marco legal general aplicable a las actividades financieras, en lugar de productos o servicios financieros basados en tecnología. La startup de financiamiento colectivo Kubo Financiero, que en 2015 se convirtió en la <a href="https://endeavor.org/entrepreneurs/mexicos-kubo-financerio-becomes-first-regulated-peer-to-peer-lending-platform-in-the-country/">primera plataforma autorizada de préstamos de persona a persona</a> (<em>crowdfunding</em>), es uno de los pocos ejemplos de interacción de las autoridades reguladoras con compañías de fintech. Por el contrario, otra parte de la industria operaba según regulaciones diseñadas con los servicios financieros tradicionales (no de tecnología) en mente, o bien, operaba en un área indefinida.</p><p>Como es muy a menudo el caso en el terreno financiero, la incertidumbre no crea un entorno propicio para la inversión extranjera. “Muchos inversores extranjeros que se acercaron a nosotros y nos dijeron: ‘Creemos que México es un mercado interesante y queremos trabajar en el país’”, indica el experto legal en fintechs Javier Soní. “‘Solo necesitamos una opinión de que nuestro modelo de negocio puede reproducirse legalmente aquí’. La falta de regulación no permitía que los abogados den este consejo con seguridad y, por lo tanto, la falta de certeza legal estaba deteniendo la inversión extranjera”.</p><p>Es en este momento que entra en el escenario la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech). Los legisladores de México decidieron abordar los nuevos modelos de negocio y las tecnologías creadas por las fintech a través de un proyecto que se sancionó en ley en marzo de 2018. La legislación tiene como objetivo hacer que el público en general tenga mayor acceso a los productos y servicios financieros a través de la tecnología, y es la primera regulación de Latinoamérica que intenta cubrir todos los sectores relacionados con las fintech en una sola iniciativa.</p><p>Las conversaciones sobre el proyecto de ley se originaron en 2015 cuando Fintech México, un colectivo de las compañías y los emprendedores de fintech más prominentes de México, se acercó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para abrir el diálogo respecto de cómo permitir que la industria avance al próximo nivel. “Uno de nuestros mayores logros como Fintech México fue acompañar a las autoridades en este proceso de aprendizaje mutuo desde el inicio”, comenta Jorge A. Ortiz, socio gerente de la empresa de asesoría y centro de estudios de fintech The FinTech Hub, y fundador y expresidente de Fintech México. A partir de estas conversaciones, las autoridades mexicanas comenzaron a asistir a eventos de fintech en el Reino Unido y a reunirse con sus homólogos que supervisan estas actividades allí, y esto, finalmente, permitió que Fintech México y otras partes interesadas de la industria participen activamente en la conversación con respecto al anteproyecto de la Ley Fintech. “Creo que esto ayudó a la Secretaría a elaborar un primer anteproyecto de la Ley Fintech que estaba más en sintonía con la realidad de la industria de fintech en el país”, agrega Soní.</p><p>La nueva Ley Fintech regula fundamentalmente dos áreas: un nuevo marco de concesión de licencias para compañías de fintech y las operaciones con activos virtuales (un término general usado en el proyecto de ley que abarca las criptomonedas).</p><p>Según el nuevo marco de concesión de licencias, las compañías deben obtener una autorización para operar de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dentro de tres propósitos corporativos diferentes: Instituciones de Financiamiento Colectivo, Instituciones de Fondos de Pago Electrónico y una categoría general denominada Empresas Innovadoras, que servirá como zona protegida (o <em>sandbox</em>) para futuros modelos de negocios innovadores que no estén cubiertos por las dos primeras categorías.</p><p>En cuanto al financiamiento colectivo, estas instituciones pueden celebrar acuerdos de intermediación de deuda, de participación de capital y de coparticipación similares a los arreglos de empresas en participación y regalías (<em>joint venture</em>). La ley también procura aumentar la seguridad de los clientes y, para ello, exige la separación entre los fondos propios de las instituciones de financiamiento colectivo y los de sus usuarios, de modo que no queden implicados en procedimientos de quiebra y que estén protegidos de las reclamaciones de acreedores, una protección semejante a la que se observa comúnmente para las instituciones financieras tradicionales.</p><p>Asimismo, la ley incluye las instituciones de fondos de pago electrónico, cuyas operaciones implican recibir fondos de sus usuarios y convertirlos en fondos electrónicos. Estos fondos pueden ser recolectados en moneda de curso legal tanto local como extranjera, o con activos virtuales (como criptomonedas). Esto último implica que los servicios de criptocarteras y de intercambio de criptomonedas, en lugar de constituirse como tales, tendrán que operar como instituciones de fondos de pago electrónico y obtener una licencia para manejar activos virtuales. Además, la ley les permite a las instituciones de fondos de pago electrónico negociar con entidades similares e instituciones financieras en el extranjero, lo que les permite ofrecer servicios de remesa a sus clientes.</p><p>En relación con las criptomonedas, la regulación de esta actividad finalmente se incluyó en el anteproyecto aprobado por el Senado a pesar de las declaraciones iniciales por parte del gobierno que la regulación específica de esta actividad no era necesaria debido a que la industria de criptomonedas de México es relativamente pequeña, y que la promulgación de reglas podría percibirse como una como un incentivo para una <a href="http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bitcoins-se-escabullen-de-la-ley-fintech.html">mayor adopción de la tecnología </a>por parte del público en general. La inclusión de la regulación de activos virtuales definitivamente aporta certeza legal a los servicios de cambio de criptomonedas y, en última instancia, los ayudará a establecer colaboraciones con los bancos para expandir su negocio y la captación de clientes. La ley también permite que las instituciones de financiamiento colectivo y de fondos de pago electrónico usen activos virtuales en sus operaciones y abre la puerta para que el Banco de México (el banco central de México) regule los como derivados que utilicen activos virtuales como activos subyacentes.</p><p>Uno de los aspectos más importantes de la nueva Ley Fintech es la inclusión de lo que parece ser la regulación del estándar de banca abierta más amplia del mundo (<em>open banking</em>). El objetivo del concepto de banca abierta es lograr que las instituciones bancarias tradicionales compartan los datos de sus clientes con terceros — entre ellos, las compañías de fintech — de una forma segura y estandarizada para que las compañías más pequeñas puedan competir con instituciones financieras tradicionales. Este concepto, que se implementó recientemente en el Reino Unido y obligó a los bancos más grandes del país a abrir el acceso a sus datos, se consideró un movimiento temerario pero al mismo tiempo necesario para mejorar el sistema bancario del país. El estándar de banca abierta de la Ley Fintech de México tiene un alcance considerablemente mayor y es mucho más ambicioso.</p><p>“Para darte una idea de la magnitud de este cambio: el estándar de banca abierta del Reino Unido, que es el ecosistema de fintech más avanzado del mundo, abarca las nueve instituciones financieras principales del país y un producto financiero, las cuentas corrientes”, explica Ortiz de FinTech Hub. Lo que actualmente tenemos en México cubre toda la industria financiera, y todos los productos y servicios financieros que esta ofrece. Con esto, los nuevos competidores tendrán acceso a los datos que necesitan para crear nuevos productos y servicios.”</p><p>Sin embargo, tendremos que esperar la regulación secundaria para ver cómo se implementa este estándar, como es el caso con la mayoría de las disposiciones importantes de la Ley Fintech. Este sistema legislativo de dos niveles, en el que la ley define los principios fundamentales y la regulación secundaria completa los vacíos, es común en Latinoamérica, pero adquiere especial importancia a la hora de regular las fintech, ya que permite que el marco legal se adapte más fácilmente a la innovación sin requerir el proceso engorroso de negociaciones legislativas y voluntad política que este tipo de decisiones generalmente supone. Este sistema de dos niveles también permitirá que exista un período de adaptación en el que las diferentes autoridades reguladoras tendrán tiempo de comprender cómo funciona el sistema de fintech y cómo regularlo sin impedir su desarrollo o limitar la competencia en el mercado. Por ejemplo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros prevé que le espera <a href="https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Regulacion-secundaria-de-la-Ley-Fintech-el-reto-del-2018-Condusef-20171220-0116.html">un período muy activo </a>después de que se promulgue la ley donde tendrá que analizar cual es el mejor camino para proteger a los consumidores sin sobrecargar la actividad de las fintech con reglas innecesarias. “El diablo estará en los detalles en esta ley más que en cualquier otra”, afirma Eduardo Guraieb, gerente general de Fintech México. “La legislación secundaria será primordial para el éxito o el fracaso de la ley, y comenzaremos a ver los primeros resultados de esta dinámica aproximadamente en un año.”</p><p>“Los abogados serán fundamentales para guiar a los emprendedores en el nuevo régimen regulatorio, y habrá una gran demanda de expertos que puedan liderar a los participantes del mercado de fintech para que cumplan la norma y al mismo tiempo administren sus negocios de manera eficaz; esto requerirá un enfoque integral que incluya todos los aspectos legales”, agrega Eliseo Vite, gerente senior de Ernst &amp; Young México.</p><p>Sin embargo, la Ley Fintech no está libre de críticas. Existen inquietudes de que la ley desvirtúa algunos modelos de negocio de las empresas de fintech y aumenta los costos regulatorios de todo el sistema, y que esto podría obstaculizar la innovación y el crecimiento del mercado.</p><p>Más específicamente, en el caso de las criptomonedas, la ley le concede al Banco de México amplias facultades para determinar con qué activos virtuales podrán negociar las fintech. Las multas por utilizar activos virtuales no autorizados son considerables.</p><p>Asimismo, una disposición controvertida de la Ley exige que las instituciones de financiamiento colectivo compartan el riesgo de los proyectos de los clientes. La Ley establece condiciones previas para que las tarifas de las instituciones de financiamiento colectivo solo sean pagadas una vez que los proyectos de sus clientes alcancen los objetivos previstos. Si no se cumplen esta y otras condiciones allí citadas, este tipo de plataformas corre el riesgo de no recibir compensación por su servicio. Esto es muy probablemente el resultado de un escándalo ocurrido en 2016 en el que <a href="http://www.elfinanciero.com.mx/economia/foodies-estafa-a-189-y-comete-el-primer-fraude-por-crowdfunding-en-mexico.html">el fundador de un proyecto desapareció </a>después de recibir fondos de casi doscientos inversores a través de una plataforma de financiamiento colectivo. Independientemente de las buenas intenciones de que estos requisitos puedan tener, evidentemente desvirtúan el modelo de negocio de estas empresas, ya que las actividades de financiamiento colectivo se limitan a brindar una plataforma donde la oferta de financiamiento encuentra a la demanda, y que las plataformas de financiamiento colectivo no obtienen ganancias del éxito o fracaso de los proyectos de sus usuarios.</p><p>Otra sección controvertida de la Ley Fintech limita a las fintech a recibir fondos de sus clientes y proporcionar fondos a estos a través de cuentas bancarias. La única excepción a esta regla es para aquellas fintech que obtienen una licencia para operar con dinero en efectivo, aunque esta parte de la norma deberá ser regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de regulaciones secundarias. Si esta limitación no se aborda correctamente, este conjunto de disposiciones podría afectar potencialmente el principio de inclusión financiera de la Ley al dejar de lado a la población no bancarizada y limitar la capacidad de las fintech de llegar a ella, lo que representa una parte fundamental de la legislación, dado que la mayor parte de la población mexicana no está bancarizada o se encuentra infra bancarizada.</p><p>Por otra parte, durante la fase de debate público del anteproyecto inicial, hubo comentarios de que el tamaño actual de la industria de fintech no justifica una legislación específica y que los requisitos sustanciales de capitalización que esta impone, similares a los exigidos a las entidades financieras tradicionales, no son adecuados para la naturaleza de las fintech.</p><p>Además, las autoridades reguladoras mexicanas tendrán que abordar las fricciones regulatorias de aceptar que las instituciones de financiamiento colectivo permitan que sus clientes ofrezcan títulos valores sin que se usen estas plataformas para evadir los requisitos de registro y calificación del inversor. La Ley Fintech no aborda directamente este asunto, sino que lo delega a las futuras regulaciones secundarias. El enfoque que adoptó la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) en los Estados Unidos podría servir como guía. La SEC emitió en 2016 la “Regulation Crowdfunding” (Regulación de financiamiento colectivo) que se basó en dos pilares: por un lado, creó una exención de registro en virtud de la Ley de Valores para ciertas ofertas de valores de “financiamiento colectivo” realizadas a través de “intermediarios de financiamiento colectivo” y, por otro lado, limitó el monto máximo de capital que puede ser recaudado y los montos de inversión individual de los participantes de la plataforma. El objetivo de esta estrategia fue brindar mayor acceso a capital para startups y medianas empresas sin sobrecargarlas con requisitos de registro ni reporte.</p><p>A pesar de todas estas dificultades, la mayor parte de la industria dio la bienvenida a la promulgación de la ley con la esperanza de que el aumento en costos regulatorios se compense a través de un aumento en la confianza de los inversores y consumidores en el mercado de fintech.</p><p>Del lado de las autoridades reguladoras, la Comisión Federal de Competencia Económica (la autoridad reguladora de la competencia de México) espera que la Ley Fintech ayude a traer más dinamismo e inclusión a un sistema financiero cuyos miembros, según la Comisión, tienen márgenes de rentabilidad superiores a los observados en economías con niveles de ingresos similares, carecen de incentivos apropiados para competir y han tenido un éxito limitado en la <a href="http://cofece.mx/ley-para-regular-instituciones-de-tecnologia-financiera-oportunidad-para-el-bienestar-de-los-usuarios-cofece/">inclusión más plena de la población mexicana </a>al sistema bancario.</p><p>Si bien es demasiado pronto para determinar cuál será el resultado final de la Ley Fintech, el futuro inmediato es prometedor para México. Al haber asumido el desafío de ser el primer país en legislar la actividad de las fintech en Latinoamérica, el país tiene mucho por ganar al abordar tempranamente la discusión de la regulación de las fintech.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=cf252a1b8772" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[Fintech Regulation in Latin America]]></title>
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            <category><![CDATA[mexico]]></category>
            <category><![CDATA[latin-america]]></category>
            <category><![CDATA[regulation]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Salomón Eid]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 17 Apr 2018 15:44:15 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2018-04-18T01:12:00.018Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Fintech Regulation in Latin America — Mexico</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/592/1*SksAS78gMPBGi2Xn_dQOUA.png" /></figure><p><em>You can find the Spanish version </em><a href="https://medium.com/@salomneid/regulaci%C3%B3n-fintech-en-latinoam%C3%A9rica-m%C3%A9xico-cf252a1b8772"><em>here</em></a><em>.</em></p><p>Recently, Mexico has been challenging Brazil as the <a href="https://www.finnovista.com/actualizacion-fintech-radar-mexico/">leading fintech market in Latin America</a>. Although the presence of Financial Technology (“fintech”) companies in Mexico was kick-started by the 2012 startup boom in the country, a maturing startup scene and a willingness from legislators to collaborate with the industry are among the factors that account for how Mexico is becoming the most exciting fintech ecosystem in the region.</p><p>The most populated Spanish-speaking country in Latin America, Mexico, has the most diverse group of fintech startups in the region. Fintech services in the country are concentrated in payment solutions and alternative finance platforms, but also range from insure-tech to savings and investments startups. Furthermore, Mexico hosts the most mature fintech companies in the region — almost a third of them have four or more years in operation and over a third have 100 or more employees.</p><p>As a result, Mexico also has the best-funded fintech ecosystem in the region. The inflow of investment to the sector is on an upward trajectory, with companies like Kueski and Clip receiving about $38 million and $17 million respectively so far. This funding allowed fintechs to serve half a million customers during 2017.</p><p>These investment figures may not seem significant when contrasted with Mexico’s population of 120 million, but they become very relevant when placed in the context of a fintech market projected to have more than 110 million potential users in less than <a href="https://www.statista.com/outlook/295/116/fintech/mexico#market-revenue">five years</a>.</p><p>Despite promising numbers and growth, part of the fintech community felt that tailored regulation was needed in order to provide more certainty to investors, users, and companies that form the fintech ecosystem. Historically, fintech companies were regulated by the generic legal framework applicable to financial activities in Mexico — as opposed to tech-based financial services or products. Crowdfunding startup Kubo Financiero, which in 2015 became the <a href="https://endeavor.org/entrepreneurs/mexicos-kubo-financerio-becomes-first-regulated-peer-to-peer-lending-platform-in-the-country/">first authorized peer-to-peer lending platform</a>, stands out as one of the few examples of regulators’ interaction with fintech companies so far. Conversely, a significant part of the industry was operating either under regulations designed with traditional (non-tech) financial services in mind or were operating in a gray area.</p><p>As is so often the case in financial arenas, uncertainty does not create a conducive environment for foreign investment. “We have had foreign investors come to us and say: ‘We think Mexico is an interesting market and want to operate in the country’”, says fintech legal expert Javier Soní. ‘“We only need an opinion that our business model can be legally replicated here.’ The lack of regulation did not permit lawyers to confidently give this advice and therefore the lack of legal certainty was holding foreign investment back.”</p><p>Enter the Law to Regulate Financial Technology Institutions. Mexico’s legislators decided to address the new business models and technologies being created by fintechs through a bill that was passed into law on March 2018. The legislation aims to make financial products and services more accessible to the public at large through technology and it is the first regulation in Latin America that attempts to cover all sectors related to fintech under one initiative.</p><p>Conversations about the bill originated in 2015 when Fintech Mexico, a collective of the most prominent fintech entrepreneurs and companies, approached the Secretariat of Finance and Public Credit to open the dialogue on how to move the industry to the next level. “One of our greatest accomplishments as Fintech Mexico was to accompany authorities in this mutual learning process from the very beginning,” says Jorge A. Ortiz, Managing Partner of the fintech consultancy firm and think-tank The FinTech Hub and Founder and ex-President of Fintech Mexico. These conversations led to the Mexican authorities attending fintech events in the UK and meeting with their counterparts overseeing fintech activities there, which ultimately permitted Fintech Mexico and other industry stakeholders to actively participate in the conversation surrounding the drafting of the Fintech Law. “I think this regular interaction with stakeholders helped the Secretariat to produce a first draft of the Fintech Law that was attuned to the reality of the fintech industry in the country,” Soní adds.</p><p>From that draft, the text evolved into the new Fintech Law, which regulates mainly two areas: a new licensing framework for fintechs and operations with virtual assets (an umbrella term used in the bill that covers cryptocurrencies).</p><p>Under the new licensing framework, companies must obtain an authorization to operate from the National Banking and Securities Commission within three different corporate purposes: Crowdfunding entities (<em>Institución de Financiamiento Colectivo</em>), Electronic Payment entities (<em>Instituciones de Fondos de Pago Electrónico</em>), and a catch-all category called Innovative Companies (<em>Empresas Inovadoras</em>) that will serve as a sandbox for future innovative business models that are not covered by the first two categories.</p><p>As to crowdfunding, these entities are allowed to enter into intermediate debt, equity and co-participation agreements similar to royalties and joint venture arrangements. The bill also strives to increase customers’ security by mandating the segregation between the crowdfunding entities’ own funds and those of its clients so that they are not tangled in bankruptcy proceedings and are protected from creditor’s claims, a protection akin to what is commonly seen for traditional financial institutions.</p><p>The bill also includes Electronic Payment entities, which will operate by receiving funds from their clients and converting them into electronic funds. These funds can be collated as local and foreign fiat currencies or as virtual assets (such as cryptocurrencies). The latter implies that cryptocurrency exchanges and cryptowallet services, rather than incorporating as such, will have to operate as Electronic Payment entities and obtain a license to handle virtual assets. Furthermore, Electronic Payment entities are allowed by the bill to transact with similar entities and financial institutions abroad, enabling them to offer remittance services to their clients.</p><p>Regulation of cryptocurrencies was ultimately included in the draft approved by the Senate despite initial declarations by officials that the small size of the cryptocurrency industry in Mexico rendered specific regulation unnecessary, and that regulating the activity could be perceived as an endorsement and act as an incentive for <a href="http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bitcoins-se-escabullen-de-la-ley-fintech.html">further adoption of the technology</a> by consumers. The inclusion of virtual assets regulation will bring legal certainty to crypto-exchanges and ultimately help them establish banking partnerships to expand their business. The bill also allows Crowdfunding and Electronic Payment entities to use virtual assets in their operations and opens the door for Bank of Mexico (Mexico’s Central Bank) to regulate derivatives that use virtual assets as underlying assets.</p><p>One of the most important aspects of the new Fintech Law is the inclusion of what seems to be the broadest open banking standard regulation in the world. The open banking concept aims to have traditional banking institutions share their customer’s data with third parties — among them fintech companies — in a secure, standardized form so that smaller companies can compete with larger financial institutions. This concept was recently implemented in the UK, forcing the country’s largest banks to open up their data, and was considered a bold but necessary move to improve the country’s banking system. The open banking standard proposed by the Mexican Fintech Law is significantly more far-reaching and ambitious.</p><p>“To provide you with an idea of the change in paradigm: the open banking standard in the UK, which is the most advanced Fintech ecosystem in the world, encompasses the main nine financial institutions and one financial product — checking accounts,” explains Fintech Hub’s Ortiz. “What we now have in Mexico covers all the financial industry and all the financial products and services they offer. It is a huge difference. With this, new competitors will have access to the data they need to create new products and services.”</p><p>Expectations on how the open banking standard plays out are high, but we will have to wait for secondary regulation to see how this standard is implemented, as is the case with most of the important provisions of the Fintech Law. This two-tiered system, where the law gives the overarching principles and secondary regulation fill in the gaps, is common in Civil law countries, but gains special importance when regulating fintech as it allows the legal framework to more readily adapt to innovation without requiring the often cumbersome process of further legislative negotiation and decision making. This system will also provide for an adaptation period where regulators will have time to grasp how the fintech system operates and how to regulate it without hindering its development or competition within the market. For instance, the National Commission for the Protection of Financial Consumers foresees that <a href="https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Regulacion-secundaria-de-la-Ley-Fintech-el-reto-del-2018-Condusef-20171220-0116.html">it will have a very busy period</a> after the law is enacted learning how to balance the protection of the consumers without burdening fintech activity. “The devil will be in the details with this law more than any other,” confirms Eduardo Guraieb, General Manager for Fintech Mexico. “Secondary legislation will be paramount to the success or failure of the law, and we will start to see the first results in a year or so.”</p><p>Amid this new legal framework, participants of the fintech industry will also have to adapt to the new rules of the game. “Lawyers will be fundamental to guiding the entrepreneurs through the new regulatory regime and there will be a great demand on expertise that helps them avoid the pitfalls and make sure their business is run efficiently, this will require an integral approach from all sides of the law,” adds Eliseo Vite, Senior Manager of Ernst &amp; Young Mexico.</p><p>The Fintech Law is not universally lauded, however. There are concerns that the law distorts some fintech business and increases regulatory costs of others, and that this could undermine innovation and growth in the market.</p><p>More specifically in the case of cryptocurrencies, the bill grants Bank of Mexico broad powers to determine with which virtual assets fintechs will be able to transact. Fines for operating with non-authorized virtual assets are substantial.</p><p>Furthermore, a controversial provision of the law mandates crowdfunding entities to align themselves with their client’s interests by sharing together the risk of clients’ projects. The bill goes even further by setting preconditions on the fees payable to crowdfunding entities upon the project reaching its intended goals. If this and other conditions are not met, the entity could potentially not be entitled to receive compensation for its services. This is most likely the result of a 2016 scandal where <a href="http://www.elfinanciero.com.mx/economia/foodies-estafa-a-189-y-comete-el-primer-fraude-por-crowdfunding-en-mexico.html">one project founder vanished</a> after receiving funds from almost two hundred investors through a crowdfunding platform. Nonetheless, however well-intentioned these requirements are, they distort the business model of these institutions because crowdfunding entities’ activities are limited to providing a platform where financing supply meets demand and crowdfunding platforms do not profit on the success of projects.</p><p>Another section of the Fintech Law limits fintechs to receiving and providing funds to and from their customers through bank accounts. The only exception to this would come for those obtaining a license to operate with cash, although this part will have to be regulated by the National Banking and Securities Commission through secondary regulations. If not addressed properly, this set of provisions could potentially compromise the bill’s financial inclusivity principle by neglecting the non-banking population and limiting fintechs’ ability to reach them–a fundamental piece of the legislation given that the majority of Mexico’s population is either unbanked or underbanked.</p><p>Moreover, there were comments during the public discussion phase of the initial draft that the current size of the fintech industry does not warrant specific legislation and that high capital requirements, similar to those required for traditional financial entities, are not suited for fintech’s nature.</p><p>Additionally, Mexican regulators will have to address the regulatory frictions of permitting crowdfunding entities to allow their customers to offer equities without these platforms being used to circumvent investor qualification and registration requirements. The Fintech Law does not directly address this issue, but rather delegates it to secondary regulations to come. The approach that the Securities and Exchange Commission took in the United States could serve as guidance. The SEC enacted in 2016 the “Regulation Crowdfunding” which was based on two prongs: on the one hand, it created an exemption from registration under the Securities Act for certain “crowdfunding” securities offerings conducted through “crowdfunding intermediaries,” and on the other hand limited capital raised and individual investment amounts in the platform. This strategy aimed to provide broader access to capital for startups and small businesses without burdening them with disclosure and regulatory requirements.</p><p>Despite all these difficulties, the majority of the industry welcomed the enactment of the law in the hope that the increase in regulatory costs will be offset by an increase in investor and consumer trust in the fintech market.</p><p>On the regulator’s side, the Federal Commission for Economic Competition (Mexico’s competition regulator) hopes that the Fintech Law will help to bring more dynamism and inclusion to a financial system whose members, according to the Commission, lack the appropriate incentives to compete, have profitability margins above the ones observed in economies with similar income levels, and have had limited success in <a href="http://cofece.mx/ley-para-regular-instituciones-de-tecnologia-financiera-oportunidad-para-el-bienestar-de-los-usuarios-cofece/">involving Mexico’s population more fully</a> in the banking system.</p><p>Although it is too early to determine what will be the net effect of the Fintech Law, the immediate future is promising for Mexico. Having taken on the challenge of being the first country to legislate fintech activity in Latin America, Mexico has much to gain from tackling the issues associated with regulating fintechs early on.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=6cc32b9aac08" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
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