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        <title><![CDATA[Retazos de Dignidad - Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Blog de opinión y reflexiones sobre Derechos Humanos y de la naturaleza - Medium]]></description>
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            <title>Retazos de Dignidad - Medium</title>
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            <title><![CDATA[Situación de Derechos Humanos de migrantes de Venezuela en el Ecuador]]></title>
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            <category><![CDATA[migraciones]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Patricio Benalcázar Alarcón]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 19 Dec 2020 22:50:47 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-12-19T23:26:31.147Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Reflexiones estructurales sobre derechos humanos</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/783/1*uKL6GwyAw6po_txJwS7Z3w.png" /></figure><p>Las organizaciones CARE Ecuador, Diálogo Diverso (DD) y la Fundación Alas de Colibrí (ACF) en su tarea de brindar herramientas y propuestas basadas en evidencia para apoyar el acceso a derechos humanos de la población en movilidad humana en Ecuador, han llevado a cabo un proceso de <a href="https://www.care.org.ec/wp-content/uploads/2020/12/Analisis-Situacion-de-DDHH-migrantes-Venezuela-en-el-Ecuador-Ago2020-1.pdf"><strong>investigación</strong>,</a> que pretende ser una contribución para la reforma normativa, la reformulación de políticas públicas, el fortalecimiento institucional y el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos de personas en movilidad.</p><p>Por otra parte, se realizó una revisión detenida de la información secundaria proveniente de estudios e investigaciones anteriores, análisis de especialistas, documentos oficiales de instituciones del Estado ecuatoriano, así como documentos oficiales de los órganos del sistema internacional de Naciones Unidas y del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos.</p><p>La investigación incluyó el estudio de un caso emblemático, se trata de la demanda de inconstitucionalidad asignada por la Corte Constitucional con el №014–19-IN, presentada por la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos contra los Acuerdos Ministeriales que establecían regulaciones dirigidas a la población venezolana con evidentes inconstitucionalidades. El caso permitió abordar dicho proceso desde la perspectiva del litigio estratégico y el eventual activismo judicial; de cara a evidenciar los problemas de orden estructural que afectan la vida de los migrantes venezolanos y de otras nacionalidades en Ecuador.</p><p>El estudio da cuenta del marco del Sistema Internacional de Protección en materia de derechos humanos, refugio, desplazamiento, apatridia, derechos laborales, así como el rol de los órganos del sistema de Naciones Unidas (Comités de los Tratados) y del Sistema Regional de la OEA (CIDH, CorteIDH y Relatoría de los Derechos de los Migrantes).</p><p>El estudio recorre el marco constitucional ecuatoriano, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la necesidad de su reforma; y un análisis detenido de los Acuerdos Ministeriales e Interministeriales que regulan el ingreso y los procesos de regularización de la población venezolana. Asimismo, aborda el rol de la institucionalidad rectora en materia de movilidad humana en todos los niveles de gobierno, las políticas públicas desarrolladas y el sistema de protección de derechos pertinente, dejando sentado un análisis prospectivo en este ámbito para el futuro inmediato.</p><p>El estudio concluye con los testimonios de los migrantes y los argumentos de la institucionalidad, que expresan las percepciones de las personas en movilidad humana y de los funcionarios y funcionarias, sobre la regularización y sus obstáculos, el ejercicio de los derechos humanos, tales como: salud y protección social, educación, libertad, integridad, derechos de víctimas de trata y tráfico de migrantes, acceso a la justicia, identidad, vivienda, trabajo, refugio y asilo y no discriminación; así como, la situación de los migrantes durante la pandemia.</p><p>Este estudio deja pendiente valorar con mayor profundidad sobre las teorías y doctrinas que en el marco de las migraciones internacionales implementaron los gobiernos de la región en el caso venezolano, pero queda claro que el Estado ecuatoriano construyó un discurso humanitario por la crisis de la migración venezolana, fuertemente cargado de cuestionamientos políticos al régimen de Nicolás Maduro, sin embargo, en corto tiempo el Gobierno ecuatoriano adoptó medidas restrictivas bajo la óptica de la tradicional doctrina de seguridad y soberanía nacional que afectó y afecta directamente a quienes por una razón u otra son víctimas del desarraigo, más allá que los textos de los acuerdos y declaraciones hagan referencia a la gestión y gobernanza migratoria; hasta nuestros días, los derechos humanos de la población migrante, sea que esté en situación regular o irregular, continuan siendo un pendiente y tienden a agravarse por el contexto que la pandemia del COVID-19 instaura, bajo una lógica de securitismo sanitario.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5eb4b52c3cf8" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/retazos-de-dignidad/situaci%C3%B3n-de-derechos-humanos-de-migrantes-de-venezuela-en-el-ecuador-5eb4b52c3cf8">Situación de Derechos Humanos de migrantes de Venezuela en el Ecuador</a> was originally published in <a href="https://medium.com/retazos-de-dignidad">Retazos de Dignidad</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
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            <title><![CDATA[La lucha contra la violencia de género y el femicidio, un largo camino por recorrer.]]></title>
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            <category><![CDATA[derechos-humanos]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Patricio Benalcázar Alarcón]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 23 Aug 2020 16:31:47 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-12-19T23:28:17.260Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Reflexiones estructurales sobre derechos humanos</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/423/1*zfSSsDtgWR5NzQzrMdm3Tw.png" /></figure><p>Ecuador, como la mayoría de los países del mundo tienen un inmenso compromiso para enfrentar la violencia de género y su más extrema expresión, el femicidio. CARE Internacional y las organizaciones de lucha contra la violencia a la mujer en la ciudad de Riobamba, impulsaron una valiosa <a href="https://www.care.org.ec/project/muertes-violentas-de-mujeres-canton-riobamba/">investigación </a>sobre las muertes violentas en dicha ciudad. Esta investigación demostró la estructural violencia y discriminación en contra de mujeres mestizas e indígenas en el Cantón; una pequeña, pero contundente evidencia de lo que pasa en el resto del país.</p><p>Comparto tan importante aporte para impulsar procesos de emancipación por los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de una humanidad radicalmente diferente.</p><p><a href="https://drive.google.com/file/d/1F7OCCHD40pFpLtoFNMwRkmtHfmGYQmee/view?usp=sharing">Muertes violentas de mujeres en el Cantón Riobamba (Ecuador).pdf</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e1a8daa94405" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/retazos-de-dignidad/la-lucha-contra-la-violencia-de-g%C3%A9nero-y-el-femicidio-un-largo-camino-por-recorrer-e1a8daa94405">La lucha contra la violencia de género y el femicidio, un largo camino por recorrer.</a> was originally published in <a href="https://medium.com/retazos-de-dignidad">Retazos de Dignidad</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
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            <title><![CDATA[Requerimientos legislativos de los Comités de Derechos Humanos de la ONU al Ecuador]]></title>
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            <category><![CDATA[genero]]></category>
            <category><![CDATA[derechos-humanos]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Patricio Benalcázar Alarcón]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 05 Mar 2020 03:48:16 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-03-05T04:07:14.577Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Reflexiones semanales sobre derechos humanos por <a href="https://medium.com/u/6a0e4a593cfe">Patricio Benalcázar Alarcón</a></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/512/1*mjeNQjqAanp3e8zqs7sBlg.jpeg" /></figure><p><strong>Introducción</strong></p><p>Las Naciones Unidas constituye un sistema internacional compuesto por diversos órganos, en esa perspectiva, en materia de derechos humanos cuenta con los mecanismos basados en la Carta de la ONU y los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, compuestos por expertos independientes con el mandato de supervisar que los Estados cumplan sus obligaciones.</p><p>Ecuador ha suscrito y ratificado nueve tratados universales de derechos humanos, en consecuencia, está obligado a cumplir con sus disposiciones; en esa perspectiva, los órganos creados por los tratados internacionales ante los cuales Ecuador debe rendir cuentas de manera periódica son:</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/622/1*OIAdxpkIAwAm_v3O400W4A.png" /></figure><p>Los Comités enumerados tienen la finalidad de examinar lor progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países al haber suscrito y ratificado los tratados de derechos humanos; mientras que, los Estados deben presentar un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado y que sirvan para hacer efectivas las disposiciones de los instrumentos internacionales.</p><p>Una vez realizados los exámenes de cumplimiento, los Comités entregan un informe con observaciones finales dirigidas al Estado, en el cual constan recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta por los países examinados; en ese sentido, existe un importante número de recomendaciones en materia legislativa.</p><p>En el caso ecuatoriano, los exámenes de los Comités y en particular sus observaciones finales se presentaron en las siguientes fechas:</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/614/1*T5js5QBhvzsLKY6pLPoVjA.png" /></figure><p><strong>Las recomendaciones en materia legislativa</strong></p><p>Cada uno de los Comités de Naciones Unidas establece en el ámbito de sus competencias, las recomendaciones en materia legislativa al Estado ecuatoriano, pero en el presente análisis destacaré aquellas recomendaciones transversales y reiteradas por algunos Comités, que plantean reformar o crear nueva legislación y que dan cuenta de problemáticas que afectan el goce y ejercicio de los derechos humanos individuales y colectivos en el país.</p><p>En ese sentido, nueve son las materias que constituyen preocupación central de los Comités de Naciones Unidas:</p><ol><li>La despenalización de la interrupción del embarazo por violación, incesto, malformaciones o discapacidad graves del feto; lo cual, demanda reformar el Código Orgánico Integral Penal y la legislación conexa como el Código de la Salud;</li><li>La Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades, pueblos y nacionalidades, respecto de la realización de planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente;</li><li>La cooperación y coordinación entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria;</li><li>La necesidad de legislar para prevenir y erradicar diversas formas de discriminación;</li><li>La necesidad de fortalecer al Mecanismo de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de la Defensoría del Pueblo;</li><li>La necesidad de reformar al Código de la Niñez y Adolescencia y las leyes conexas para que se garantice el interés superior del niño y un sistema especializado de protección de sus derechos;</li><li>La necesidad de reformar la Ley Orgánica de Movilidad y las leyes conexas que garanticen la progresividad de los derechos de las personas en movilidad;</li><li>La necesidad de reformar el Código Civil y las leyes conexas que garanticen la igualdad de género; y,</li><li>La necesidad de reformar la Ley Orgánica de Discapacidades y las leyes conexas para que se acoplen a los estándares dispuestos en la Convención correspondiente.</li></ol><p><strong>La despenalización del aborto.</strong></p><p>Como se establece en el gráfico, cinco son los Comités de Naciones Unidas que de manera reiterada recomiendan al Estado ecuatoriano despenalizar la interrupción del embarazo por violación, incesto, malformaciones o discapacidad grave del feto.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/723/1*Ho8WO-xwp9WSR8J679DXQg.png" /></figure><p>Al respecto, el Comité de Derechos Humanos sostiene que es necesario “(…) <em>asegurar que las barreras legales no lleven a las mujeres a recurrir a abortos inseguros que puedan poner en peligro su vida y su salud. Asimismo, debe incrementar sus esfuerzos con miras a garantizar que las mujeres y las adolescentes puedan acceder a servicios adecuados de salud sexual y reproductiva en todo el país y reforzar los programas de educación y sensibilización sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos en materia de salud sexual y reproductiva (…)” (Observación №16, CCPR/C/ECU/CO/6).</em></p><p>Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sostiene que el Estado ecuatoriano debe “<em>(…) tomar todas las medidas necesarias para garantizar que la regulación de la interrupción del embarazo sea compatible con la integridad y autonomía de la mujer, en particular a través de la despenalización del aborto en casos de violación (…)” (Observación №52, E/C.12/ECU/CO/4).</em></p><p>El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer sostiene que <em>“(…) el limitado acceso de la mujer al aborto terapéutico, por lo cual tiene que recurrir a abortos practicados en condiciones peligrosas, así como los casos en que personal de salud denuncia a la policía o al poder judicial a las mujeres que necesitan atención médica después de un aborto o quieren que se practique un aborto, incumple su deber de confidencialidad (…)</em>”; además, la negativa expresada durante los debates parlamentarios sobre el Código Integral Penal a despenalizar el aborto incluso en casos de violación, sin tener en cuenta los casos de incesto o de malformaciones graves del feto, afecta los derechos humanos de las mujeres; por lo que el Comité recomienda que el Estado <em>“(…) despenalice el aborto en casos de violación, incesto y malformaciones graves del feto, de conformidad con la recomendación general núm. 24 (1999) del Comité, sobre la mujer y la salud (…)” (Observación №32 y 33, CEDAW/C/ECU/CO/8–9).</em></p><p>Por su parte, el Comité contra la Tortura da cuenta que <em>“(…) en vista de los altos índices de violencia de género y violencia sexual que se registran en el país (véase CEDAW/C/ECU/CO/8–9, párrs. 20 y 21), -le preocupa que - las restricciones al aborto establecidas en la legislación penal del Estado parte, que sólo -se permita -la interrupción voluntaria del embarazo cuando peligre la vida o la salud de la mujer y ese peligro no pueda ser evitado por otros medios y cuando el embarazo sea consecuencia de la violación de una mujer con una discapacidad mental. El Comité observa con preocupación el serio riesgo que dichas restricciones comportan para la salud de las mujeres víctimas de una violación que deciden abortar, así como las consecuencias penales que pueden derivarse, que incluyen penas de prisión tanto para las mujeres que se someten a abortos como para los médicos que los practican (…)” (Observación №45, CAT/C/ECU/CO/7).</em></p><p>Finalmente, el Comité de Derechos del Niño sostiene que para velar “<em>(…) que las niñas tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, entre ellos el aborto terapéutico (…),- plantea que se- estudie la posibilidad de despenalizar el aborto, prestando especial atención a la edad de la niña embarazada y los casos de incesto o violencia sexual (…)” (Observación №35, CRC/C/ECU/CO/5–6).</em></p><p><strong>La Consulta Previa, Libre e Informada.</strong></p><p>Respecto al tema de la consulta previa, cuatro Comités se han pronunciado recomendando al Estado ecuatoriano promulgar una legislación sobre la Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades, pueblos y nacionalidades, en relación a la realización de planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/716/1*6dkdHxiN6wAgo5GQ7pbxag.png" /></figure><p>En esa perspectiva, el Comité de Derechos Humanos menciona que <em>“(…) le preocupan los informes que indican que se habrían otorgado algunas concesiones petroleras en territorios indígenas en el año 2016 sin haber procedido a la consulta previa de las comunidades afectadas. Al Comité le preocupa también la demora en la aprobación del proyecto de ley orgánica de consulta a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador. Si bien toma nota del Acuerdo Interministerial núm. 120 que expide el Código de conducta que observarán las empresas públicas y privadas colindantes a zonas intangibles que realizan actividades hidrocarburíferas en la Región Amazónica de la República del Ecuador, también le preocupan las alegaciones relativas a la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario tagaeri y taromenane entre otras cosas debido a actividades de explotación de recursos naturales en territorios en los que se ha registrado su presencia (…)” ( Observación №35, CCPR/C/ECU/CO/6)</em></p><p>En consecuencia, el Comité solicita agilizar la aprobación del proyecto de ley orgánica de consulta a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador, asegurando la efectiva consulta de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidad indígenas en el proceso.</p><p>El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales manifiesta su preocupación “<em>(…) por que no se aplique de manera generalizada el derecho de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes a la consulta previa en decisiones que los puedan afectar (…) y por que no se reconozca el consentimiento previo, libre e informado (art. 1, párrs. 1 y 2) (…)” (Observación №17, E/C.12/ECU/CO/4).</em></p><p>Por su lado, el Comité para eliminación de la discriminación racial afirma que <em>“(…) le preocupa también la falta de regulación para la consulta de las comunidades pertenecientes a los pueblos y grupos antes mencionados en todos los sectores, y que incluso cuando existen mecanismos para regular la consulta para obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, dicha consulta no se efectúa de manera sistemática en relación con proyectos de explotación de recursos naturales(…)” (Observación №18, CERD/C/ECU/CO/23–24).</em></p><p>Finalmente, el Comité de Derechos del Niño concluye que es necesario que se <em>“(…) lleve a cabo procesos para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y los niños indígenas en relación con todas las medidas que afecten a sus vidas, en especial la explotación de los recursos naturales en sus zonas. El Comité alienta al Estado parte a que preste atención al contenido de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) al abordar su derecho a un consentimiento libre, previo e informado (…)” ( Observación №40, CRC/C/ECU/CO/5–6).</em></p><p><strong>La cooperación y coordinación entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria.</strong></p><p>Tres Comités de Naciones Unidas recomiendan al Ecuador promulgar la Ley de Coordinación y Cooperación entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Indígena, destacándose una particular propuesta desde la perspectiva de género del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/710/1*Teg14Tl5_gTMdFBtKKXb-Q.png" /></figure><p>El Comité de Derechos Humanos sostiene que “<em>(…) el Estado parte debe tomar las medidas necesarias para adoptar un marco legal e institucional específico que regule la división de competencias entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria y que garantice el respeto de los derechos e intereses de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, siempre asegurando el goce pleno por todos los miembros de esas comunidades de sus derechos en virtud del Pacto (…)” </em>Internacional de Derechos Civiles y Políticos. <em>(Observación №38, CCPR/C/ECU/CO/6).</em></p><p>Por su parte, al Comité para la prevención de la discriminación racial le <em>“(…) preocupa (…) que el anteproyecto de ley de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la ordinaria se encuentre paralizado en la Asamblea Nacional, lo que supone una dificultad en el desarrollo de un marco normativo que articule las facultades, competencias y responsabilidades de la justicia indígena (…)”</em> <em>(Observación №12, CERD/C/ECU/CO/23–24).</em></p><p>Finalmente, de manera especial el Comité para la prevención de la discriminación contra la mujer plantea que el Ecuador debe <em>“(…) adoptar medidas para armonizar las competencias de los sistemas de justicia ordinaria y tradicional para atender las denuncias de mujeres pertenecientes a grupos étnicos, y garantizar que las mujeres tengan acceso a recursos mediante la disponibilidad adecuada de intérpretes, ayuda letrada, gratuita en caso necesario, e indemnizaciones adecuadas, de conformidad con su cultura y tradiciones(…);</em> lo cual, tiene relación directa con la situación estructural de violencia contra la mujer a nivel nacional y en las comunidades indígenas, afrodescendientes y montubias. <em>(Observación №13, CEDAW/C/ECU/CO/8–9).</em></p><p><strong>La prevención y erradicación de la discriminación racial, xenofobia y otros formas conexas de intolerancia.</strong></p><p>Tres Comités de Naciones Unidas expresan su interés para que se legisle alrededor del tema de discriminación, cada uno desde su particular competencia, sin embargo, se denota la necesidad de promover una normativa dirigida a prevenir y erradicar la discriminación racial, la xenofobia y toda forma conexa de intolerancia.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/717/1*d94tY3eWDXT4C3QPJ_dIPA.png" /></figure><p>El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales manifiesta que <em>“(…) está preocupado por la ausencia de una ley general que establezca una lista exhaustiva de los motivos prohibidos de discriminación(…)”</em> <em>(Observación №25, E/C.12/ECU/CO/4)</em>; por su parte, el Comité de Derechos del Niño menciona que es necesario que se <em>“(…) apruebe una estrategia, disposiciones jurídicas concretas y directrices claras para las autoridades públicas, encaminadas a defender la no discriminación contra los niños por cualquier motivo y a combatir la estigmatización de los niños de familias monoparentales, los hijos de personas privadas de su libertad, los de familias compuestas por parejas del mismo sexo y los niños LGBTI (…)” (Observación №16, CRC/C/ECU/CO/5–6)</em>; mientras que, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, afirma que le preocupa que <em>“(…) la legislación no contemple de forma transversal y explícita la definición y prohibición de la discriminación basada en la discapacidad, particularmente contra mujeres, niños, indígenas, afrodescendientes, montubios, migrantes y refugiados con discapacidad, en todos los ámbitos de la vida (…)” (Observación №13, CRPD/C/ECU/CO/2–3).</em></p><p>Es preciso mencionar que en septiembre de 2019, la Asamblea Nacional ratificó la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, constituyendo parte del marco jurídico internacional propicio para impulsar la elaboración y debate de la Ley para prevenir y erradicar la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia.</p><p><strong>Fortalecimiento legal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.</strong></p><p>Dos Comités de Naciones Unidas sugieren la necesidad de fortalecer legalmente al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, instancia vinculada a la Defensoría del Pueblo, cuyo mandato proviene del sistema internacional, en concreto del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del cual Ecuador es signatario.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/715/1*2Q8t0dlQium-4pDwXVrqdQ.png" /></figure><p>El Comité contra la Tortura <em>“(…) mantiene su preocupación respecto del precario marco normativo y los limitados recursos de los que dispone el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (…)”</em>; para el Comité, “<em>(…) El Estado parte debe tomar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura cuente con una base legal sólida y los recursos suficientes para el cumplimiento de su cometido con eficacia e independencia, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención (…)” (Observación №15 y 16, CAT/C/ECU/CO/7).</em></p><p>Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada sostiene que <em>es necesario contar con “(…) las disposiciones relativas al funcionamiento y competencias del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (…) plenamente conformes al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, de modo que el Mecanismo cuente con una base legal sólida que le permita desempeñar su mandato de manera plenamente independiente y eficaz. Asimismo</em>,<em> (…) recomienda que — se — vele por que el Mecanismo cuente con recursos humanos, financieros y técnicos adecuados. (Observación №18, CED/C/ECU/CO/1).</em></p><p>Estos ámbitos constituyen los cinco temas que de manera reiterada diversos Comités de Derechos Humanos del sistema universal requieren al Estado ecuatoriano, para que se propicie reformas legislativas o se promulgue legislación específica que de cuenta del cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el país.</p><p>Es preciso mencionar que los temas relativos a niñez, movilidad humana, discapacidades y género requieren un tratamiento específico, pues, pese a ser transversales, desarrollan propuestas muy particulares en favor de los grupos y sujetos de derechos a los cuales protegen, haciendo planteamientos de reforma o creación legislativa de características especiales.</p><p>Esperamos que el legislativo, valore los requerimientos del sistema internacional de derechos humanos, más aún cuando, se constituyó el Grupo Parlamentario para la Promoción, Defensa y Protección de los Derechos Humanos y se aprobó en la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas la constitución con el carácter de permanente de la Comisión Especializada de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b28156d4f1d4" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/retazos-de-dignidad/requerimientos-legislativos-de-los-comit%C3%A9s-de-derechos-humanos-de-la-onu-al-ecuador-b28156d4f1d4">Requerimientos legislativos de los Comités de Derechos Humanos de la ONU al Ecuador</a> was originally published in <a href="https://medium.com/retazos-de-dignidad">Retazos de Dignidad</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
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            <title><![CDATA[Ecuador: reformas legales, deportación y derechos humanos]]></title>
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            <category><![CDATA[gênero]]></category>
            <category><![CDATA[discriminación]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Patricio Benalcázar Alarcón]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 14 Feb 2020 20:51:48 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-02-14T20:51:07.567Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Reflexiones semanales sobre derechos humanos por <a href="https://medium.com/u/6a0e4a593cfe">Patricio Benalcázar Alarcón</a></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/900/1*zrCJfmsVw_75YuLPpRtJMw.jpeg" /></figure><p><strong>Los argumentos del Gobierno</strong></p><p>El Gobierno Nacional a través de la Ministra de Gobierno y el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana presentaron en el mes de julio de 2019 un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la misma que fue aprobada en febrero de 2017; la Ministra María Paula Romo mencionó ante los medios de comunicación que en la legislación vigente los procedimientos para sancionar y deportar a extranjeros que violan la Ley “<em>son engorrosos, larguísimos y casi imposibles de cumplir</em>”.</p><p>Para febrero de 2020 el Presidente de la República, Lenin Moreno manifestó que la reforma “(…) permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir o que son encontrados cometiendo delitos (…)”; declaraciones que se produjeron con motivo del asesinato de Mariana Granja, en las afueras de un centro comercial de Quito por parte de un ciudadano de otro origen nacional.</p><p>Por su parte el Comandante de Policía, General Patricio Carrillo, hizo mención de las “amenazas nuevas”, por el “flujo inusual de ciudadanos que vienen en condiciones negativas a este país. Creo que hay que revisar mucho la Ley de Movilidad”, aseveró además, que “(…) también nos ponen en vulnerabilidad marcos legales que no permiten que ni siquiera la Policía tenga una legítima defensa ante un riesgo inminente”.</p><p><strong>Procedimiento de deportación dispuesto por la Ley de Movilidad Humana.</strong></p><p>La vigente Ley Orgánica de Movilidad Humana publicada en el Registro Oficial №938 en febrero de 2017 establece en el artículo 144 el procedimiento administrativo para la deportación. Dicho procedimiento prevé las siguientes fases:</p><p>1. Notificación inmediata a la persona extranjera que ha incurrido en una causal de deportación. En dicha notificación se convocará dentro del término de 10 días la realización de la audiencia, tiempo en el cual se evacuarán pruebas. Además, La autoridad de control migratorio comunicará a la persona en proceso de deportación las consecuencias del incumplimiento de las medidas dispuestas por ella; una de las cuales es la inmediata deportación.</p><p>2. La notificación se realiza también a la Defensoría Pública en caso de que la persona extranjera requiera asistencia legal y no tenga los recursos para tener defensa particular.</p><p>3. A la persona extranjera se le facilitará un traductor o intérprete de ser necesario, y facilidades para comunicarse con sus familiares.</p><p>4. Concluida la audiencia, la autoridad de control migratorio emitirá en forma inmediata la resolución motivada, la cual, deberá ser notificada por escrito en máximo 48 horas.</p><p>5. La resolución de deportación puede ser objeto de recurso de reposición y apelación.</p><p>6. Una vez que se cuente con la resolución de deportación en firme, el Ministerio del Interior a través del área responsable y con el apoyo de la Policía Nacional, trasladará a la persona deportada y coordinará con la autoridad de movilidad humana para concluir el procedimiento. (Art 128 del Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana).</p><p>Como se puede apreciar el proceso de deportación es sumario en el Ecuador, las afirmaciones de las autoridades de gobierno, que mencionan que los procedimientos de deportación “<em>son engorrosos, larguísimos y casi imposibles de cumplir</em>”; no se sostienen con una simple lectura de las normas que regulan la materia.</p><p><strong>La custodia para la ejecución de la deportación</strong></p><p>De acuerdo al artículo 145 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la autoridad de control migratorio, para garantizar la presencia de la persona extranjera en el proceso de deportación tiene la potestad de emitir las siguientes medidas cautelares:</p><p>1. Disponer la presentación periódica ante la autoridad de movilidad humana.</p><p>2. Disponer el pago de una caución monetaria, la que se fijará de conformidad con la situación económica de la persona extranjera.</p><p>3. Otras medidas que garanticen la comparecencia de la persona extranjera siempre que estas no impliquen una privación o restricción del derecho a la libertad personal.</p><p>Si la persona extranjera no acatará ninguna de las medidas cautelares dispuestas por la autoridad migratoria, ésta dispondrá con el apoyo de la Policía Nacional la deportación inmediata.</p><p>De la revisión de estas normas, nuevamente se evidencia que el discurso gubernamental es equivoco, puesto que, las autoridades tienen todas las medidas legales y procedimentales para actuar en relación a los procesos de deportación; sin embargo, el discurso del Presidente de la República deja entrever que se debe eliminar todo procedimiento administrativo y legal para de manera sumaria y sin garantizar procesos, ni garantías procesales expulsar a personas de otro origen nacional; pues afirmó que la reforma “(…) permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir o que son encontrados cometiendo delitos (…)”.</p><p>Por otra parte, el Comandante General de Policía sostiene que son necesarias las reformas a la Ley de Movilidad Humana porque a su criterio la legislación no permite a la Policía ejercer la legítima defensa ante un riesgo inminente; al respecto, es necesario aclarar que las normas que rigen el uso progresivo de la fuerza y en consecuencia la actuación de la Policía Nacional se encuentran determinadas en el Acuerdo Ministerial 4472 emitido por el Ministerio del Interior en el año 2014, que a través del Reglamento de Uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional, dispone en el artículo 14 que el uso de armas de fuego letales es legítimo cuando está en riesgo inminente la vida y la integridad propia o de terceros; en consecuencia, no es correcto responsabilizar a la legislación en materia de movilidad humana, de la falta de actuación, conocimiento y responsabilidad de la Policía Nacional para el cumplimiento de su mandato.</p><p><strong>La propuesta gubernamental en materia de deportaciones</strong></p><p>El 29 de julio de 2019 el Presidente de la República Lenin Moreno envió a la Asamblea Nacional una propuesta de 88 reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, reformas que las califica como estructurales e integrales por abordar el conjunto del articulado de la Ley vigente; en ese sentido, una de las propuestas de reforma tiene que ver con el procedimiento de deportaciones establecido en el artículo 144 de la legislación vigente.</p><p>La iniciativa gubernamental tiene los siguientes elementos centrales:</p><ol><li>La delegación por parte de la autoridad migratoria nacional a la Directora o Director del área de control migratorio de Quito y a las autoridades desconcentradas de la facultad por la cual conocen y resuelven los procedimientos de deportación.</li><li>La notificación inmediata a la persona extranjera del auto de inicio del proceso de deportación.</li><li>La notificación inmediata a la delegación diplomática o consular de la nacionalidad de la persona sujeta al proceso de deportación.</li><li>La notificación a la Defensoría Pública en caso de que la persona sujeta al proceso de deportación requiera de asistencia legal</li><li>La asistencia de un traductor o intérprete en caso de que la persona sujeta a deportación lo requiera.</li></ol><p>Del análisis inicial de la propuesta del gobierno se puede apreciar que se eliminan los términos para la realización de la audiencia, la evacuación de pruebas y la emisión de la resolución administrativa de deportación previstas en la Ley vigente; lo cual, es contrario a la afirmación oficial de la existencia de trámites engorrosos, puesto que los tiempos previstos actualmente, más bien generan seguridad jurídica y obligan a las autoridades de migración resolver las causas en un máximo de 12 días.</p><p>Por otra parte, la propuesta de reforma gubernamental deja por fuera del texto legal la obligación de la autoridad migratoria de motivar sus resoluciones, de notificarlas inmediatamente y de garantizar el derecho a recurrir del fallo administrativo de deportación a través del recurso de apelación y reposición, conforme reza en la normativa vigente; lo cual, puede ser visto como regresión en la vigencia de derechos humanos.</p><p>El texto de reforma del gobierno mantiene las reglas relativas a la notificación del inicio del proceso de deportación, la asistencia de traductor o intérprete, la notificación a la Defensoría Pública para que asista legalmente a las personas e incluye la notificación a las delegaciones diplomáticas y consulares de la nacionalidad de la persona sujeta al proceso; sin embargo, saca del texto legal la notificación a los familiares de la persona extranjera.</p><p>El espíritu objetivo de la reforma oficial apunta a dejar sin piso al ámbito temporal del procedimiento de deportaciones, lo cual, abonaría a un manejo discrecional de la administración pública en la materia o en su caso a la reglamentación secundaria en manos exclusivamente del Ejecutivo, lo que tendría los mismos efectos.</p><p><strong>Los estándares interamericanos en materia de deportaciones</strong></p><p>La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2015 publicó el informe “Movilidad Humana. Estándares interamericanos”, en el cual, considera que es “(…) importante señalar que (…) los Estados para fijar sus políticas migratorias, (…) tienen el derecho a controlar sus fronteras, definir los requisitos de ingreso, estancia y expulsión de los extranjeros de su territorio y, en general, de establecer sus políticas migratorias; las políticas, leyes y prácticas que implementen en materia migratoria — pero — deben respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas migrantes, los cuales son derechos y libertades que se derivan de su dignidad humana y que han sido ampliamente reconocidos por los Estados a partir de las obligaciones internacionales que han contraído en materia de derechos humanos (…).</p><p>En consecuencia, si bien los Estados tienen la facultad soberana de definir sus políticas migratorias, estas no pueden contravenir los principios, reglas y estándares de derechos humanos establecidas en la Constitución, instrumentos internacionales o desarrollados por órganos internacionales de derechos humanos.</p><p>En materia de deportaciones la CIDH desarrolla 9 estándares que deben ser tomados en cuenta en el desarrollo, implementación o evaluación de normas y políticas públicas relativas a deportaciones. En base a estos estándares analizaremos la legislación vigente y la propuesta gubernamental.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/699/1*tGZ3SmlVsIM4uWvNf70ryA.png" /></figure><p>De un análisis objetivo de los estándares mencionados se evidencia que la legislación vigente en materia de deportaciones cumple con 8 de los 9 estándares previstos en el Informe de la CIDH, mostrando que el derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular debería ser incorporado en la norma.</p><p>Sin embargo, la propuesta de reforma del Ejecutivo pone en riesgo el derecho a ser oído sin demora y a contar con un tiempo razonable para preparar su defensa, en virtud de que se suprimen los tiempos previstos en la Ley para la audiencia y la evacuación de pruebas.</p><p>Por otra parte, la delegación para conocer, procesar y resolver el procedimiento de deportación en la propuesta del Ejecutivo, si bien es razonable en términos de descentralizar ésta atribución, a criterio de la CIDH:</p><p>“(…) Las decisiones en materia migratoria no pueden ser delegadas a funcionarios policiales o administrativos no especializados. El funcionario administrativo o judicial que tome estas determinaciones debe ser responsable ante la ley, ante sus superiores jerárquicos y ante organismos de control horizontal, por la legalidad de las mismas. Su nombramiento y ubicación en la estructura administrativa del Estado deben estar rodeados de garantías de imparcialidad y ser inmunes a posibles presiones e influencias y su actuación debe ajustarse de manera estricta a la ley (…) “</p><p>El derecho de las personas de recibir resoluciones de deportación debidamente motivadas y notificadas, podría correr riesgo, puesto que las reformas del Ejecutivo, sacan del texto legal, la afirmación normativa que establece que las resoluciones serán motivadas y notificadas; lo cual, podría ser cubierto por la ratificación del texto relativo a las garantías del debido proceso que es de carácter general.</p><p>Finalmente, el derecho de recurrir a las resoluciones administrativas de deportación, fue retirado literalmente por las reformas del gobierno; dejando la protección de este derecho con la afirmación general de las garantías del debido proceso.</p><p>El presente análisis intenta ubicar los nudos críticos de la propuesta gubernamental frente al tema de las deportaciones, pero no puede estar ausente de reconocer que existe una lectura social, mediática, política y oficialmente estereotipada sobre las migraciones y su falsa relación con el aumento de la violencia y la criminalidad, puesto que, datos oficiales, tales como el que establece que el 94% de la población ecuatoriana está involucrada en el cometimiento de infracciones durante los 3 últimos años, constituye una evidencia de la realidad en contra de las percepciones construidas por los mass media, reproducidas por la cultura y la cotidianidad, aprovechadas por el escenario político electoral y enfrentadas por el sistema punitivo en contra de la cadena más débil del entramado social, los migrantes.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=23f3690d0c89" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/retazos-de-dignidad/ecuador-reformas-legales-deportaci%C3%B3n-y-derechos-humanos-23f3690d0c89">Ecuador: reformas legales, deportación y derechos humanos</a> was originally published in <a href="https://medium.com/retazos-de-dignidad">Retazos de Dignidad</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
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        <item>
            <title><![CDATA[Represalia e intimidación contra la Defensoría del Pueblo de Ecuador]]></title>
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            <category><![CDATA[derechos-humanos]]></category>
            <category><![CDATA[gênero]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Patricio Benalcázar Alarcón]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 23:28:17 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-02-01T00:50:28.300Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Reflexiones semanales sobre derechos humanos por <a href="https://medium.com/u/6a0e4a593cfe">Patricio Benalcázar Alarcón</a></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*tsZ_CcDVLr8EcXo598CdmA.jpeg" /></figure><p><strong>Los inicios</strong></p><p>En el mes de enero de 2019 se encontraba en el debate público y parlamentario el veto presidencial a la Ley Orgánica la Defensoría del Pueblo, así como los aportes y retos de la legislación defensorial para la promoción y protección de los derechos humanos; asunto que se dilucidó el 11 de abril de 2019 cuando el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de la Defensoría, la misma que fue publicada en el Registro Oficial №481 el 6 de mayo del 2019, con la expectativa de fortalecer la independencia de este organismo del Estado.</p><p>Al respecto, es preciso considerar que un avance sustancial en el contenido de la Ley fue reconocer a la Defensoría del Pueblo como la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), conforme lo establecen los estándares internacionales; pero por otra parte, fue clave reconocer que el establecimiento de la participación ciudadana a través de los Consejos Consultivos, la legítima preocupación sobre los defensores de derechos humanos y la posibilidad de desarrollar mecanismos de protección temáticos constituyeron avances significativos.</p><p>Sin embargo, para que este aparataje institucional pueda funcionar, era preciso contar con una autoridad que comprenda el rol que le corresponde jugar en la sociedad y en el Estado, que tenga conocimiento y experiencia en la defensa de los derechos humanos y que posea un alto valor ético para enfrentar los avatares y presiones del poder, presiones provenientes por lo general de la institucionalidad del Estado, de grupos económicos, políticos, sociales, mediáticos, académicos y hasta religiosos</p><p>La transición vivida por la Defensoría del Pueblo, constituyó el primer escenario de disputa entre el oficialismo trujillista con candidatos propios provenientes de ONGs y un candidato respaldado por sectores barriales, sindicales y sociales; quien por su conocimiento y experiencia en derechos humanos los superó en el concurso de oposición y méritos y asumió la dirección de la INDH de manera independiente de presiones políticas del gobierno y sus aliados, al cual, respondía la institución durante el período transitorio. Esa fue la primera señal que dió Fredy Carrión, actual Defensor del Pueblo, respecto al camino que asumiría en la promoción y protección de los derechos humanos al frente de la institución.</p><p><strong>La primera prueba de fuego</strong></p><p>Los hechos de octubre de 2019, constituyeron la primera prueba de fuego para el Defensor del Pueblo, pues del 3 al 13 de octubre la represión del gobierno de Moreno dejó como saldo un total de 1152 personas detenidas de las cuales el 76% fueron detenciones arbitrarias, 11 personas fallecidas, 1340 personas heridas, entre estas, niños, niñas y adolescentes; además, se obstaculizó el corredor humanitario para trasladar a decenas de heridos para que sean atendidos por organizaciones civiles ante la ausencia de las instituciones del Estado, e incluso, de la Cruz Roja; a lo que se sumó, el ataque con bombas lacrimógenas a las instalaciones de la Casa de la Cultura, Universidad Salesiana, Universidad Católica y Escuela Politécnica Nacional de Quito donde se albergaban niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores, poniendo en riesgo su vida e integridad.</p><p>El régimen de Moreno ha sido duramente criticado por los hechos ocurridos en el mes de octubre, pues, además de las graves violaciones a los derechos humanos y el uso desproporcional de la fuerza, hubo enormes pérdidas económicas, infraestructura productiva, educativa y cultural afectada; y todo, por no consensuar una medida económica — el alza de los combustibles — que finalmente fue revisada.</p><p>Los acontecimientos de octubre dieron lugar para que instancias nacionales e internacionales elaboren sendos informes sobre lo ocurrido, así lo hicieron la Defensoría del Pueblo, las organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional, instancias de Naciones Unidas, la Asamblea Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas coincidieron en responsabilizar al gobierno por el inadecuado manejo de la los hechos que devinieron en una grave crisis social y política.</p><p><strong>El contrataque del poder</strong></p><p>Una vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a mediados de enero de 2020, emitió su Informe sobre los hechos ocurridos en octubre de 2019, la Ministra de Gobierno María Paula Romo afirmó que el informe de este organismo internacional “(…) tiene un sesgo lamentablemente (…)”, argumentando que la CIDH no recogió la perspectiva del Estado; sin embargo, la Comisión informó que sostuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado y de las autoridades de control, como la Corte Constitucional. Además, se reunió con un amplio grupo de personas y organizaciones de diversos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de pueblos indígenas, en las ciudades de Quito, Cuenca, Guayaquil y Latacunga. Durante la visita, la CIDH entrevistó a un total de 439 personas y registró 380 testimonios que dicen ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos o de otras afectaciones en el contexto de las protestas.</p><p>La Ministra Romo, no pudo desvirtuar el contundente Informe de la CIDH, por lo cual; el propio Presidente Moreno en cadena nacional el 20 de enero, aseguró que “(…) Ecuador está indignado por esa intención de parte “de quienes atentaron contra la seguridad de los ecuatorianos y en contra de la democracia”; dijo además, que las víctimas del paro nacional son cerca de “(…) 435 policías y 80 militares (…) heridos, (…) 255 militares (…) retenidos, 26 UPC (…) destruidas, 1 UVC quemada, 108 vehículos policiales (…) afectados y 131 periodistas agredidos (…) también enfatizó que defenderán la paz y el trabajo que realizó la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que no dispararon ni una bala (…)”.</p><p>En el marco de esa coyuntura, aparece nuevamente la Ministra Romo el 26 de enero, para acusar a la Defensoría del Pueblo, instancia que cumplió un rol sustancial en la defensa de los derechos humanos durante las jornadas de protesta, afirmando que la Defensoría no constató “ni lo más elemental” para descartar el nombre José Rodrigo Chaluisa como uno de los fallecidos en el contexto de las protestas y que la Asamblea y la CIDH le creyeron.</p><p>El caso de José Rodrigo Chaluisa está siendo utilizado para cuestionar el trabajo global desempeñado por la Defensoría del Pueblo durante las protestas del año pasado; sin embargo, es preciso aclarar que el Informe de la Comisión Interamerican muestra que la información sobre Chaluisa fue entregada directamente por la CONAIE, mencionando textualmente lo siguiente:</p><p>“(…) En segundo lugar, la CONAIE reportó a la CIDH que el 9 de octubre, José Rodrigo Chaluiza, líder de la comunidad Yanahurco-Cotopaxi, habría fallecido en las inmediaciones del parque El Arbolito en Quito, por asfixia y arrollamiento. Al respecto, el Ministerio de Gobierno informó que no haría logrado encontrar el nombre de esta persona en ninguna institución, por lo que podría tratarse “de un nombre repetido de la lista” en tanto coincide con el nombre y apellido de uno de los fallecidos en el puente de San Roque(…)”.</p><p>La pregunta es porque se hostiga e intimida a la Defensoría del Pueblo ya no solo desde la voz oficial del gobierno en el tema, sino desde el hostigamiento ejercido por conocidos actores mediáticos como el Diario el Universo que en una nota del 29 de enero de 2020 afirma: “(…) En al menos tres ocasiones el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, cambió su versión sobre el número de fallecidos en el paro nacional de octubre pasado y la verificación de la información sobre las circunstancias de sus supuestas muertes (…); lo cual, es copiado por el sitio La República; por su parte, Martín Pallares de 4 pelagatos dice: “(…) El Ecuador tiene a un Defensor del Pueblo que es incapaz de sostener aquello que dicen los informes que redacta (…)”; mientras que el caricaturista Bonil se suma a esta campaña de hostigamiento a través de una caricatura en la cual ubica al Defensor del Pueblo en medio de un grupo de funcionarios de su institución, mientras coloca una frase que dice: “Si hay algún espíritu presente por favor confirme cuantos muertos mismos fueron”.</p><p>El panorama es aún más complejo cuando el propio Defensor del Pueblo denuncia que el Gobierno Nacional recortó 1 millón de dólares al presupuesto de la Defensoría, mientras que el Ministerio de Trabajo no aprobó la reestructura institucional conforme lo dispone la reciente Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.</p><p><strong>La defensa de la institución nacional de derechos humanos como un contrapoder democrático</strong></p><p>Ecuador inició el año 2020 con un franco deterioro de los derechos humanos, cuyo punto de inflexión fue el 4 de febrero de 2018, momento en el cual se inicia un período de transición que desmanteló la institucionalidad democrática; apuntaló una estrategia dirigida a desregularizar la economía y afectar derechos sociales, debilitó aún más el tejido social y organizativo, legitimó un discurso de odio por el cual se estigmatizó a sectores políticos contrarios y opositores al régimen y desvalorizó la Constitución de la República como el principal instrumento para la construcción de un proyecto de país.</p><p>En ese contexto, se producen los hechos de octubre de 2019, siendo la Defensoría del Pueblo, la única instancia estatal fuera del Ejecutivo que jugó un papel relevante; el resto de instancias fueron espectadoras de los acontecimientos y en otros casos como la Corte Constitucional fueron instrumentalizadas para legitimar la represión; por ello, se explica lo incómodo que es para el poder la presencia del Ombusman, sobre todo, cuando cumple su papel a cabalidad; es decir, su papel de magistrado de la ética de los derechos humanos, su rol de contrapoder democrático ante la arbitrariedad y el abuso.</p><p>El pasado 12 de noviembre de 2019, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución No. A/C.3/74/L.44/Rev.1 relativa a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos; la misma que informa la relevancia de estas instituciones en la vida de las sociedades y los Estados democráticos; alienta a las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos a seguir desempeñando una función activa en prevenir y combatir todas las violaciones de los derechos humanos; pero en particular, demanda de los Gobiernos y de toda la sociedad se garantice su funcionamiento independiente.</p><p>Es necesario destacar la preocupación de las Naciones Unidas por las eventuales represalias o intimidación a las que está y estará sujeta la Institución Nacional de Derechos Humanos por cumplir con su mandato y afirma que:</p><p>“(…) 10. (…) las instituciones nacionales de derechos humanos y sus respectivos miembros y personal no deberían enfrentarse a ninguna forma de represalia o intimidación, como la presión política, la intimidación física, el acoso o las limitaciones presupuestarias injustificables, como resultado de actividades llevadas a cabo en virtud de sus respectivos mandatos, incluso cuando se ocupen de casos individuales o informen sobre violaciones graves o sistemáticas en sus países, y exhorta a los Estados a que investiguen rápidamente y a fondo los casos de presunta represalia o intimidación contra miembros o personal de las instituciones nacionales de derechos humanos o contra personas que cooperan o tratan de cooperar con ellos (…)”</p><p>Es imperioso que las organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, académicas, gremiales, sociales, intelectuales, institucionales, políticas, medios de comunicación, entre otros, asuman con mayor interés la situación por la cual se encuentra atravesando la Defensoría del Pueblo y demanden del Estado y de la opinión pública se respete su institucionalidad y su mandato; único camino posible para fortalecer la democracia sustancial, la democracia de los derechos humanos.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c42cb6660909" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/retazos-de-dignidad/represalia-e-intimidaci%C3%B3n-contra-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo-del-ecuador-c42cb6660909">Represalia e intimidación contra la Defensoría del Pueblo de Ecuador</a> was originally published in <a href="https://medium.com/retazos-de-dignidad">Retazos de Dignidad</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
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            <title><![CDATA[Asilo, derechos humanos y abandono del cargo]]></title>
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            <category><![CDATA[asilo]]></category>
            <category><![CDATA[retazos-de-dignidad]]></category>
            <category><![CDATA[ecuador]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Patricio Benalcázar Alarcón]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 01:52:05 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-01-13T01:51:38.038Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Reflexiones semanales sobre derechos humanos por <a href="https://medium.com/u/6a0e4a593cfe">Patricio Benalcázar Alarcón</a></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/750/1*hcTuYpASOLKbBBRrmFswig.jpeg" /></figure><p>El pasado 10 de enero de 2020 el asambleísta Fabricio Villamar Jácome solicitó al Presidente de la Asamblea Nacional, Ingeniero César Litardo Caicedo ponga en consideración del pleno un Proyecto de Resolución por medio del cual se declare que las asambleístas titulares Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri Gualinga, así como el asambleísta suplente Luis Fernando Molina, una vez que han abandonado el país por haber recibido asilo diplomático por parte del Gobierno de México, han perdido su calidad de tales al haberse configurado el abandono del cargo; por lo cual, considera que debe titularizarse de forma definitiva hasta la terminación del presente período legislativo a los asambleístas alternos que, de conformidad con la Ley corresponda.</p><p>Villamar es conciente que la figura del abandono del cargo no se encuentra tipificada en la legislación parlamentaria ecuatoriana, sin embargo, aduce que por haber salido del país y en razón de que México otorgó el asilo político, habrían perdido su condición de asambleístas, afirmando además, que no existe la figura de licencia indefinida.</p><p>Ante este requerimiento es necesario realizar algunas precisiones de orden jurídico constitucional, legal, de derechos humanos y desde el derecho de asilo consagrado en instrumentos internacionales.</p><p><strong>El abandono del cargo, como un hecho voluntario o forzado.</strong></p><p>La Real Academia de la Lengua señala que abandonar implica dejar solo algo o a alguien, alejándose o dejando de cuidarlo; dejar una actividad u ocupación o no seguir realizándola; dejar un lugar o apartarse de él; en cualquier caso, dicha acción conlleva la voluntad y conciencia en el acto del abandono; surge consecuentemente un par de preguntas para entender y resolver la situación de los asambleístas; así: los asambleístas tenían la voluntad y conciencia de dejar sus cargos y dejar de cumplir sus deberes? o, los parlamentarios se vieron forzados a dejar sus cargos por las condiciones políticas que dieron lugar al asilo otorgado por el gobierno de México?.</p><p><strong>El otorgamiento del asilo como resultado de condiciones de persecución política que pone en riesgo la vida, libertad e integridad personal.</strong></p><p>La Convención de Asilo Diplomático de 1954, de la cual Ecuador es parte, establece en el artículo V que: “(…) El asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado salga del país con las seguridades otorgadas por el gobierno del Estado territorial a fin de que no peligre su vida, su libertad o su integridad personal, o para que se ponga de otra manera en seguridad al asilado (…); así mismo el artículo VI menciona que “(…) Se entienden como casos de urgencia, entre otros, aquellos en que el individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades, o por las autoridades mismas, así como cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución política y no pueda, sin riesgo, ponerse de otra manera en seguridad (…)”.</p><p>En consecuencia, el gobierno de México consideró que el caso de los cuatro asambleístas y sus acompañantes se encontraba catalogado como una situación de urgencia, pues a su criterio su vida o su libertad se encontraban en riesgo por razones de persecución política; lo que, fue reconocido por el Gobierno ecuatoriano el momento de otorgarles el salvoconducto para su traslado al aeropuerto y posterior viaje a México.</p><p>Por las razones expuestas, se puede afirmar que los asambleístas Rivadeneira, Viteri, Buendía, Molina y sus acompañantes se vieron forzados a requerir al Gobierno de México protección internacional bajo la figura del asilo diplomático, la misma que fue otorgada en el marco de las disposiciones del derecho internacional.</p><p><strong>La figura del abandono del cargo no constituye una causal de cesación establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.</strong></p><p>La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece en el artículo el 115 que cesan en su función como asambleístas quienes hayan terminado el período para el que fueron electos; renunciado; hayan sido destituidos conforme al trámite previsto en esta ley; revocados de su mandato; sentenciados penalmente y cuya condena sea ejecutoriada; o, hayan muerto</p><p>Ninguna de las causales de cesación del cargo de asambleístas prevé al abandono como una razón para que se proceda bajo esa figura; además, es necesario recordar al pleno de la Asamblea Nacional que el artículo 226 de la Constitución de la República expresamente dispone que: “(…) Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (…); por lo tanto, le está prohibido a la Asamblea de la República declarar el abandono del cargo de los asambleístas por no existir un mandato constitucional y legal específico que lo faculte.</p><p><strong>La ausencia de los parlamentarios titulares debe ser suplida por los asambleístas suplentes.</strong></p><p>Es obvio entender que la ausencia de los asambleístas asilados por el Estado mexicano a las sesiones parlamentarias, debe ser suplida formalmente por los parlamentarios alternos, conforme se estipula en el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que expresamente menciona:</p><p>“<em>(…) Art. 112.- Del reemplazo en caso de ausencia.- En caso de ausencia temporal o definitiva, en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional o en las comisiones especializadas, las y los asambleístas principales serán reemplazados por sus suplentes.</em></p><p><em>Las y los asambleístas suplentes, mientras no sean principalizados de forma permanente, podrán ejercer todos sus derechos y no se les aplicarán las restricciones o prohibiciones que rigen para las y los asambleístas principales, previstas en esta ley.</em></p><p><em>Para el caso de las sesiones del Pleno, serán posesionados al inicio de la primera sesión en la que se integren, ante la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional; y para el caso de las comisiones especializadas, ante la Presidenta o Presidente de la respectiva comisión (…)”</em></p><p>En consecuencia, lo que legítimamente debe operar es el reemplazo temporal de los asambleístas titulares por parte de los suplentes, puesto que no se puede catalogar la condición de asilados como una situación que da lugar a la ausencia definitiva, ya que, las circunstancias que dieron lugar al asilo pueden cambiar en un día, una semana, un mes, un año u otro tiempo; en definitiva es un hecho impredecible desde el punto de vista legal y material; al punto que, los asambleístas asilados superadas las condiciones que justificaron a México otorgar la protección internacional, podrían volver y ejercer sus cargos, así como iniciar acciones reparatorias por la vulneración de sus derechos.</p><p>Por otra parte, el Pleno de la Asamblea Nacional tiene la competencia de conceder a los asambleístas licencias por un tiempo mayor a los 30 días, conforme lo establece el artículo 12 numeral 25 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; norma que en concordancia con el artículo 21 del Reglamento Interno de Licencias, Vacaciones y Permisos de las y los servidores legislativos, le faculta otorgar licencias por razones de orden particular, en este caso, la situación de urgencia por razones de persecución política; abriendo la posibilidad al pleno de la Asamblea Nacional de otorgar licencia por más de 30 días; en este caso, lo correcto sería otorgar licencia hasta que las causas que dieron lugar al asilo se consideren superadas tanto por los asilados como por parte del Estado asilante.</p><p><strong>Los derechos políticos de los asambleístas asilados en riesgo</strong></p><p>El artículo 23 numeral 1 literal b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho a votar y a ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; cuyo contenido lo desarrolla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al afirmar que: “(…) <strong>el derecho a ser elegido a un cargo de elección popular, así como a completar el respectivo mandato, constituye uno de los atributos esenciales que integran los derechos políticos (…) una restricción al derecho al sufragio activo mediante destitución o inhabilitación, puede afectar no solamente a la persona en cuestión sino también la libre expresión de la voluntad de los electores a través del sufragio universal (…)”: </strong>en consecuencia, si el Presidente de la Asamblea Nacional y el pleno dan paso al pedido del asambleísta Villamar de declarar el abandono del cargo de los 4 asambleístas asilados por el Estado mexicano, vulneraría los derechos consagrados en la Convención Americana y generaría a futuro responsabilidades internacionales al Estado ecuatoriano.</p><p>Finalmente, es necesario afirmar que quien busca asilo o refugio, no sale voluntariamente del país donde vive la persecución, sino que se ve forzado a hacerlo en garantía de su vida, libertad o integridad personal; por lo tanto, no renuncia a ejercer derechos en el país del cual sale, ni deja de cumplir obligaciones legales; sino que el Estado en el que se encuentra no le brinda las garantías legales, institucionales y sociales que garanticen la protección para el ejercicio de sus derechos</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e48c5d32147c" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/retazos-de-dignidad/asilo-derechos-humanos-y-abandono-del-cargo-e48c5d32147c">Asilo, derechos humanos y abandono del cargo</a> was originally published in <a href="https://medium.com/retazos-de-dignidad">Retazos de Dignidad</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
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        <item>
            <title><![CDATA[CIDH, Medidas Cautelares y derechos humanos en Ecuador]]></title>
            <link>https://medium.com/retazos-de-dignidad/cidh-medidas-cautelares-y-derechos-humanos-en-ecuador-81e9795a2df8?source=rss----b3358da44aad---4</link>
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            <category><![CDATA[derechos-humanos]]></category>
            <category><![CDATA[retazos-de-dignidad]]></category>
            <category><![CDATA[niñez]]></category>
            <category><![CDATA[género]]></category>
            <category><![CDATA[ecuador]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Patricio Benalcázar Alarcón]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 21:45:10 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-01-03T21:45:10.044Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Reflexiones semanales sobre derechos humanos por <a href="https://medium.com/u/6a0e4a593cfe">Patricio Benalcázar Alarcón</a></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/720/1*cVD4aApa6vV7VxjKWIgWdA.jpeg" /></figure><p>En el mes de diciembre de 2019 y a inicios del año 2020, Ecuador recibió dos observaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresadas a través del otorgamiento de medidas cautelares a favor de la Prefecta de Pichincha Paola Pabón, el ex Asambleísta Virgilio Hernández y el militante del movimiento de la Revolución Ciudadana Cristhian González; así como a favor del ex Vicepresidente de la República, Ingeniero Jorge Glass Espinel quien cumple una pena en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi.</p><p>Este tema levantó un amplio debate en las redes sociales, en el cual participaron reconocidos defensores de derechos humanos, académicos, políticos afines o de oposición al Gobierno anterior y al actual, así como decenas de asiduos usuarios de estos medios de comunicación; unos acusando al actual régimen de persecución política y otros reprochando a los seguidores del Gobierno de Rafael Correa a quienes acusan de desconocer en su momento el rol de la CIDH al emitir medidas cautelares.</p><p>En uno u en otro caso, las posturas que se adoptan pierden objetividad cuando se convierten en armas de carácter coyuntural para atacar a su opositor y además evidencian la posición política de académicos, defensores y otros actores, dejando el debate sustancial por fuera; es decir, la preocupación central de que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales de respeto, protección, garantía y prevención de derechos humanos, sea cual sea el régimen de gobierno.</p><p>Es preciso mencionar que las medidas cautelares se encuentran previstas en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH; en el cual, se establece que en situaciones de gravedad y urgencia, la Comisión podrá de oficio o a pedido de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares a fin de prevenir un riesgo de daño irreparable a las personas. Estas medidas pueden ser de naturaleza colectiva a favor de una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables; pero además, es necesario reconocer que la adopción de medidas cautelares por un Estado no constituye prejuzgamiento sobre la violación de los derechos humanos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos de esta naturaleza, pues su carácter es cautelar y por lo tanto buscan evitar posibles afectaciones.</p><p>La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuenta con un registro de las medidas cautelares otorgadas desde 1995; en el caso de Ecuador se han emitido un total de 23 medidas, dictadas en los siguientes gobiernos.</p><ul><li>1992–1996: Sixto Durán Ballén</li></ul><p>11 de junio de 1995; a en favor del señor Jorge Vásquez Durand, quien venía recibiendo graves e inminentes amenazas</p><ul><li>1998–2000: Jamil Mahuad</li></ul><p>14 de junio de 1999, para garantizar la vida e integridad personal de Pedro Giovanny Baque Tuáres, Pedro F. Baque Coronel, Olinda Tuárez Loor, Carol Baque Tuáres, Javier Baque Tuáres, Homero Alberto Palacios Palma y Julio Paéz García, así como garantizarles su libre acceso a las instancias judiciales. Pedro Baque es el único sobreviviente de un asesinato perpetrado presuntamente por agentes de la Policía Nacional contra dos amigos de él cuando se movilizaban en una motocicleta. Los tres habrían sido interceptados por policías que los bajaron de la motocicleta y les dispararon. Los dos amigos de Pedro Baque murieron como consecuencia de los disparos y éste quedo gravemente herido, siendo abandonado en el lugar. Como consecuencia de los hechos descritos y al haber sobrevivido a éstos, Pedro Baque estaba siendo amenazado al igual que su familia y abogados</p><ul><li>2000–2002: Gustavo Noboa</li></ul><p>24 de junio de 2001, a favor de Carmen Imelda Velasteguí Ramos, Valerio López Velasteguí, Santiago López Velasteguí, Elena López Velasteguí, Jorge Sánchez, Jorge Pérez, Blanca Ana Mastha Manobanda, Ramiro Escudero, Luisa Lombeida, Carlos Pasto, Héctor Rea, Vinicio Trujillo Sánchez, Norberto Benedicto Rojas López, Raúl Sallema León, Teresa Gladis Pita Bravo y Gino Cevallos González, quienes se han visto amenazados en virtud del proceso que se sigue por la desaparición de Luis Shinin y Elías López</p><p>11 de febrero de 2002, a favor del Capitán de la Armada Ecuatoriana <strong>Rogelio Viteri y su familia</strong>. El Capitán Viteri había sido objeto de amenazas de muerte como consecuencia de sus denuncias de corrupción contra miembros de la Armada Ecuatoriana.</p><p>9 de julio de 2002, a favor de <strong>seis ciudadanos ecuatorianos portadores del virus HIV/SIDA</strong>. Por razones de confidencialidad, sus nombres aparecen en el expediente pero han sido excluidos del trámite y de la presente reseña. Los peticionarios sostuvieron, <em>inter alia</em>, que los organismos sanitarios del Estado no les proporcionaron pruebas clínicas básicas para determinar el curso de su enfermedad y el tratamiento adecuado. La Comisión solicitó que el Estado proporcionara a los beneficiarios el examen y el tratamiento médico indispensables para su supervivencia</p><ul><li>2003–2005: Lucio Gutiérrez</li></ul><p>5 de mayo de 2003, a favor de Franco Viteri, José Gualinga, Francisco Santi, Fabián Grefa, Marcelo Gualinga y demás miembros de la Comunidad Indígena Sarayacu. La información disponible indica que al menos diez de sus miembros se encuentran desaparecidos desde el 26 de enero de 2003 y que las niñas de la comunidad serían objeto de actos de hostigamiento por parte de miembros del Ejército y civiles ajenos a ésta.</p><p>14 de mayo de 2003, a favor de señor Alejandro Peñafiel. La información disponible indica que el beneficiario, quien está siendo juzgado en el Ecuador tras haber sido extraditado desde El Líbano vía España, se encuentra detenido junto a personas ya condenadas y ha sido objeto de un intento de asesinato.</p><p>3 de diciembre de 2003, a favor de Johnny Gómez Balda, Seide Vélez Falcón, César Mata Valenzuela y Edwin Daniel Vivar Palma. La información disponible indica que –en el contexto de un presunto atraco a una farmacia de la ciudad de Quito — los beneficiarios fueron detenidos por personas vinculadas a la Policía Nacional y trasladadas en un vehículo oficial, desconociéndose desde entonces su paradero.</p><p>27 de febrero de 2004, a favor del señor <strong>Leonidas Iza</strong>, presidente de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y de su familia. La información disponible indica el 1° de febrero de 2004, el señor Iza y miembros de su familia fueron víctimas de un atentado con arma de fuego en la sede del CONAIE, como consecuencia del cual recibieron heridas de gravedad.</p><p>19 de octubre de 2004, a favor de <strong>Luis Alberto Sabando Véliz</strong>. La información disponible indica que Luis Alberto Sabando Véliz habría desaparecido el 29 de septiembre de 2004 en la ciudad de Quevedo, mientras se encontraba esposado y bajo custodia de cuatro agentes de la policía del Centro de Detención Provisional de la Ciudad de Quevedo.</p><p>24 de febrero de 2005, a favor de Orlando Pérez Torres, Antonio Ricaurte, Paco Velasco, Patricio Acosta, Blasco Peñaherrera Solah, Diego Guzmán y Maria Paula Romo, periodistas de Radio La Luna, en Ecuador. La información disponible indica que las personas anteriormente mencionadas han sido objeto de amenazas de muerte, agresiones y atentados contra su vida por causa de su actividad periodística.</p><p>10 de marzo de 2005, a favor de Enrique Ayala Mora, diputado del Congreso Nacional. La información disponible indica que el congresista ha sido objeto de represalias, presuntamente, por sus críticas públicas a la coyuntura del Estado. Concretamente, el 5 de marzo de 2005 el señor Ayala Mora habría sido víctima de un atentado en la vía pública en el cual su vehículo recibió tres impactos de bala, como consecuencia del cual recibió golpes en el cuello, la cintura y una herida en la mano.</p><ul><li>2005–2007: Alfredo Palacio</li></ul><p>22 de diciembre de 2005, a favor de los abogados y defensores de derechos humanos Alejandro Ponce Villacís, Ermel Chávez, Pablo Fajardo, y Luis Yanza. La información disponible indica que éstos habrían sido objeto de actos de hostigamiento y amenazas y que su oficina habría sido objeto de ingreso ilegal y robo, por causa de su labor profesional en un caso de alto perfil.</p><p>10 de mayo de 2006, a favor de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenani que habitan en la selva amazónica ecuatoriana situada en la zona fronteriza con el Perú y se encuentran en situación de aislamiento voluntario u “ocultos”.</p><ul><li>2007–2009: Rafael Correa</li></ul><p>28 de febrero de 2007, a favor de cinco integrantes de una familia que reside en la frontera ecuatoriana con Colombia y a los miembros de una organización de derechos humanos que actúa en la misma región. Los solicitantes de las medidas cautelares pidieron la reserva de la identidad de las personas protegidas. La información disponible indica que integrantes de la mencionada organización son objeto de constantes amenazas y persecuciones debido a sus actividades de defensa y promoción de los derechos humanos; que los hijos del fundador de la organización han sido víctimas de un intento de secuestro; y que desde finales de 2006 su esposa y dos hermanos han recibido amenazas</p><ul><li>2009–2013: Rafael Correa</li></ul><p>20 de junio de 2011, a favor de X, en Ecuador con el fin de proteger su vida e integridad personal. Esta medida cautelar se mantiene en reserva a solicitud del beneficiario y sus representantes.</p><p>21 de febrero de 2012, a favor de Emilio Palacio, Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Pérez Barriga y César Pérez Barriga, en Ecuador. Esta decisión obedece a la información recibida desde noviembre de 2011 sobre una querella por injurias calumniosas promovida por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en contra del periodista Emilio Palacio, los tres directores del periódico — Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Pérez Barriga y César Pérez Barriga — y el diario El Universo</p><ul><li>2013–2017: Rafael Correa</li></ul><p>24 de marzo de 2014, a favor de Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, Cléver Jiménez y Carlos Eduardo Figueroa Figueroa, en Ecuador. La solicitud de medidas cautelares había sido presentada en el contexto de la petición individual P-107–14, en la que se alegan presuntas violaciones a los derechos consagrados en los artículos 8 (garantías judiciales); 9 (principio de legalidad); 13 (libertad de pensamiento y expresión) y 25 (protección judicial), a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.</p><p>24 de octubre de 2015, a favor de Alicia Cahuiya, en Ecuador. Alicia Cahuiya, lideresa waorani y vicepresidenta de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), es testigo del Caso 12.979 “Tagaeri y Taromenani”, que se tramita en la CIDH, y rindió su testimonio en una audiencia que tuvo lugar en la CIDH el 19 de octubre de 2015 en el marco del 156 Período de Sesiones de la CIDH.</p><ul><li>2017–2020: Lenin Moreno</li></ul><p>7 de agosto de 2018, a favor de Yaku Pérez Guartambel quien se auto identifica como indígena <em>Kañari Kichwa</em>, en Ecuador. La solicitud alega que el señor Pérez se encontraría en situación de riesgo producto de su trabajo como defensor de los derechos de pueblos indígenas y el medio ambiente, pues por su postura en contra de la minería habría sido descalificado por sectores que identifica como “pro mineros”, quienes lo habrían amenazado.</p><p>12 de abril de 2018, a favor de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril, en Colombia y Ecuador. La solicitud de medidas cautelares alega que desde el 26 de marzo de 2018 los propuestos beneficiarios, quienes serían miembros de un equipo periodístico, habrían sido secuestrados por un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la zona fronteriza de ambos países, sin tenerse certeza del Estado en el cual se encontrarían los beneficiarios.</p><p>6 de diciembre de 2019, a favor de la señora Paola Pabón, Prefecta de Pichincha; el señor Virgilio Hernández, Secretario Ejecutivo del Movimiento de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana y el señor Christian González, quienes se encuentran privados de libertad y supuestamente expuestos a amenazas y actos de hostigamientos.</p><p>2 de enero de 2020, a favor de Jorge Glass Espinel, por amenazas a la vida, integridad y salud del solicitante.</p><p><strong>Un análisis cuantitativo</strong></p><p>Durante estos 24 años 7 meses, en los cuales, Ecuador consta en los registros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como un Estado al cual se le ha solicitado tome medidas cautelares; durante los períodos presidenciales las 23 medidas dictadas se distribuyen de la siguiente manera:</p><ul><li>Lucio Gutiérrez (2003–2005), 7 medidas cautelares, 30.4%;</li><li>Lenin Moreno (2017–2020), 4 medidas cautelares, 17.3%;</li><li>Gustavo Noboa (2000–2002), 3 medidas cautelares, 13,0%;</li><li>Alfredo Palacio (2005–2007), 2 medidas cautelares, 8.6%;</li><li>Rafael Correa (2009–2013), 2 medidas cautelares, 8.6%</li><li>Rafael Correa (2013–2017), 2 medidas cautelares, 8.6%;</li><li>Sixto Durán (1992–1996), 1 medida cautelar, 4.3%</li><li>Jamil Mahuad (1998–2000), 1 medida cautelar, 4.3%</li><li>Rafael Correa ( 2007–2009), 1 medida cautelar, 4.3%</li></ul><p>Con estos datos podemos concluir que en todos los Gobiernos ocurrieron hechos hechos graves que amenazaron de manera irreparable los derechos de las personas y comunidades en el Ecuador, y por los cuales, de manera urgente la CIDH emitió medidas cautelares; sin embargo, estadísticamente los gobiernos de Lucio Gutiérrez, Lenin Moreno y Gustavo Noboa, en ese orden, han sido los más observados por el sistema regional de derechos humanos.</p><p>Si el análisis lo hacemos por el número de medidas emitidas y por los años del período presidencial, nos encontramos con los siguientes resultados:</p><ul><li>Lucio Gutiérrez, 3.5 medidas cautelares por año</li><li>Gustavo Noboa 1.5 medidas cautelares por año</li><li>Lenin Moreno, 1 medida cautelar por año</li><li>Rafael Correa 0,5 medidas cautelares por año</li></ul><p>Desde otra perspectiva, si la valoración la hacemos no por períodos, ni por años, sino por Presidente de la República, los resultados serían los siguientes:</p><ul><li>Lucio Gutiérrez (2003–2005), 7 medidas cautelares, 30.4%</li><li>Rafael Correa (2007–2017), 5 medidas cautelares, 21.7%</li><li>Lenin Moreno (2017- 2020), 4 medidas cautelares, 17.3%</li><li>Gustavo Noboa (2000 -2002), 3 medidas cautelares, 13,0%;</li></ul><p><strong>Una aproximación cualitativa</strong></p><p>Al revisar los casos por los cuales se emitieron medidas cautelares contra el Ecuador, se pudo determinar que los derechos en riesgo de ser afectados de manera irreparable fueron en 20 casos el derecho a la vida e integridad, uno a la tutela judicial efectiva y otro al derecho a la salud; sin embargo, el contexto en el cual se desarrollaron y los actores responsables de la amenaza variaron dependiendo de los períodos presidenciales.</p><p>Durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez, las 7 medidas cautelares dictadas por la CIDH tenían relación con amenazas a la vida e integridad de las personas involucradas, en 3 casos las amenazas recaían en miembros de la Fuerza Pública (2 Policía Nacional y 1 Ejército); en los otros 3 casos, fueron amenazados por desconocidos, las posibles víctimas pertenecían a organizaciones sociales, medios de comunicación y al mundo de la política; y, en un caso la amenaza provenía de personas privadas de libertad.</p><p>Durante los diversos períodos presidenciales de Rafael Correa que acumulan un total de 10 años, se registraron 5 medidas cautelares. 3 medidas tienen relación con el derecho a la vida e integridad, 1 con la tutela judicial y 1 con los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Los casos relativos a la vida e integridad están relacionados con un proceso judicial por injurias contra altos personeros de medios de comunicación privados; amenazas de grupos irregulares en la zona de frontera norte ocurridos antes del inicio del período presidencial; y, un caso que se ha mantenido en la confidencialidad hasta la presente fecha.</p><p>En el Gobierno de Lenin Moreno las 4 medidas emitidas por la CIDH tienen relación con el derecho a la vida y la integridad; en 2 casos las eventuales víctimas son parte de un partido de oposición al régimen, al punto que en uno de los casos la propia CIDH motivó se garanticen los derechos políticos; en otro caso, la amenaza provenía de actores privados con intereses en la actividad minera y el otro tenía relación con el secuestro y asesinato de los periodistas en la frontera norte en manos de grupos armados irregulares.</p><p>En el Gobierno de Gustavo Noboa de las 3 medidas cautelares dictadas por la CIDH, dos tienen vínculo con el derecho a la vida e integridad, en un caso se desconoce los actores involucrados y en el otro están acusados miembros de la armada; también se reporta una medida relacionada con el derecho a la salud.</p><p>En el Gobierno de Alfredo Palacio las medidas cautelares emitidas tienen relación con las amenazas a defensores de derechos ambientales y la vida e integridad de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.</p><p>Finalmente, durante el Gobierno de Sixto Durán la medida cautelar dictada observó la amenaza contra la vida de un ciudadano ecuatoriano; mientras que en el Gobierno de Jamil Mahuad se pidió actuar en resguardo de personas sobrevivientes y familiares de sobrevivientes de una ejecución extrajudicial en manos de la Policía Nacional.</p><p><strong>Reflexión final</strong></p><p>Las medidas cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tienen 30 años de vigencia como un mecanismo para prevenir las amenazas a los derechos humanos y proteger su vigencia; por ello, más allá del debate jurídico que no concluye aún, respecto a la competencia o no de la CIDH para dictar medidas con carácter vinculante, lo cierto es que, su uso forma parte de la práctica común en el derecho internacional de los derechos humanos en nuestra región y ha sido significativo ante posibles daños graves e irreparables a personas o grupos de personas que enfrentan situaciones de riesgo inminente; el ejemplo más notorio del caso ecuatoriano, se expresa en el proceso judicial seguido contra la Prefecta de Pichincha Paola Pabón, puesto que, la CIDH, al tiempo de velar por la integridad y vida de los afectados, reflexionó sobre la irreparabilidad del ejercicio de los derechos políticos, lo cual, en estos tiempos de polarizada confrontación debe constituir un límite para quien ejerce el poder de turno.</p><p>La lección que nos deja la historia recorrida se circunscribe a centrar el debate en velar por la democracia sustancial, por la cual, el Estado y sus instituciones deben cumplir con sus obligaciones internacionales de respeto, protección, garantía y prevención de los derechos humanos, sea cual sea el régimen de gobierno</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=81e9795a2df8" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/retazos-de-dignidad/cidh-medidas-cautelares-y-derechos-humanos-en-ecuador-81e9795a2df8">CIDH, Medidas Cautelares y derechos humanos en Ecuador</a> was originally published in <a href="https://medium.com/retazos-de-dignidad">Retazos de Dignidad</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
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        <item>
            <title><![CDATA[Balance de Retazos de dignidad 2019]]></title>
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            <category><![CDATA[discriminación]]></category>
            <category><![CDATA[ecuador]]></category>
            <category><![CDATA[derechos-humanos]]></category>
            <category><![CDATA[retazos-de-dignidad]]></category>
            <category><![CDATA[género]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Patricio Benalcázar Alarcón]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 23:02:34 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-12-30T23:01:59.869Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Afectaciones y avances en materia de derechos humanos en el Ecuador</strong></p><p>Reflexiones semanales sobre derechos humanos por <a href="https://medium.com/u/6a0e4a593cfe">Patricio Benalcázar Alarcón</a></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/567/1*slVzY44Qzdo1o-qIhL-FxQ.jpeg" /></figure><p>Retazos de dignidad constituye un espacio de reflexión que intenta reflejar semanalmente aquellos acontecimientos que afectan o benefician los derechos humanos particularmente en el Ecuador, pero también en otras latitudes y como se expresa en el “Manifiesto de dignidad” en este blog, “(…) <em>la vida humana se ha forjado en medio de profundas contradicciones y confrontaciones marcadas por el poder y la eterna lucha por la emancipación </em>(…)”, en esa perspectiva, el año 2019 incluyó 34 análisis relacionados con diversos temas de derechos humanos; 31 directamente vinculados a la realidad ecuatoriana y 3 cuyo tratamiento hacía relación a temas generales de orden internacional.</p><p>Durante el año 2019 los diversos temas de reflexión en Retazos de Dignidad, dejan una perspectiva de lo que ha significado la vigencia o no de los derechos humanos en el país; por supuesto, con los límites que tiene un ejercicio de opinión que no es un ejercicio sistemático que registre detalladamente casos o situaciones relacionadas a los derechos humanos, más bien constituye una serie de reflexiones que pretenden abordar los temas más relevantes y de actualidad.</p><ol><li><strong>La Institución Nacional de Derechos Humanos fortalecida</strong></li></ol><p>En el mes de enero de 2019 se encontraba en el debate público y parlamentario el veto presidencial a la Ley Orgánica la Defensoría del Pueblo, así como los aportes y retos de la legislación defensorial para la promoción y protección de los derechos humanos; en esa perspectiva, es preciso considerar que un avance sustancial fue reconocer a la Defensoría del Pueblo como la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), conforme lo establecen los estándares internacionales en la materia; por otra parte, el establecimiento de la participación ciudadana a través de los Consejos Consultivos, la legítima preocupación sobre los defensores de derechos humanos, el desarrollo de mecanismos de protección como el Mecanismo de Prevención de la Tortura y el de Monitoreo de discapacidades, aunque producto de los limitados recursos humanos y económicos de la institución, será difícil que implementen otros Mecanismos de Promoción y Protección de Derechos Humanos que prevé abiertamente la nueva legislación, constituyen avances significativos.</p><p>Un elemento fundamental en el proceso de fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo, luego del período de transición, fue la designación del nuevo Defensor del Pueblo, quien mostró su capacidad y experiencia en el marco del concurso de oposición y méritos, asumiendo la dirección de la INDH de manera independiente de presiones políticas y del Gobierno de Lenin Moreno y sus aliados, al cual respondía la institución durante el período transitorio.</p><p><strong>2. Los derechos políticos y de participación, los más afectadas</strong></p><p>Las acciones u omisiones del régimen de Lenin Moreno afectaron principalmente derechos políticos o derechos de participación, especialmente en el contexto del período transitorio en el cual se produjeron hechos de violencia política contra las mujeres, la interferencia en el proceso electoral relacionado con el nombramiento de Consejeros de Participación Ciudadana, el establecimiento de una democracia de “Notables” vinculada a la recomposición de las élites; el impulso de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; la pretensión de sustraer sus atribuciones de selección y designación de autoridades para la Asamblea Nacional; y durante los últimos meses la persecución judicial a líderes y liderezas de oposición al régimen que incluso ocasionó que instancias del sistema internacional de derechos humanos observen al país.</p><p><strong>3. Los derechos económicos, sociales y culturales en riesgo</strong></p><p>Los derechos económicos, sociales y culturales se han visto amenazados y afectados por las propuestas y políticas implementadas por el Gobierno del Presidente Moreno; así el derecho a ejercer actividades laborales por parte de profesionales inmigrantes en diversas áreas; el derecho a la seguridad social, la propuesta de aumentar los años de jubilación, el derecho de los internos rotativos a un estipendio mensual, los diálogos con el FMI para el inicio de procesos de privatización de los sectores estratégicos y los servicios públicos, el alza de los combustibles que generó la crisis de octubre y las observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en relación al Plan Prosperidad.</p><p><strong>4. La crisis de octubre y la vulneración del derecho a la vida, integridad y libertad.</strong></p><p>El régimen de Moreno ha sido duramente criticado por los hechos ocurridos en el mes de octubre de 2019, desde que se declaró el Estado de Excepción y durante las manifestaciones, en razón de la violenta represión que dejó más de una decena de muertos, cientos de detenciones arbitrarias, miles de heridos, enormes pérdidas económicas, infraestructura productiva, educativa y cultural afectada; y todo, por no consensuar una medida económica, el alza de los combustibles que finalmente fue revisada.</p><p>Del 3 al 13 de octubre de 2019 la represión del Gobierno de Moreno dejó como saldo según reportes de la Defensoría del Pueblo un total de 1152 personas detenidas de las cuales el 76% se configuran como detenciones arbitrarias, 11 personas fallecidas, 1340 personas heridas, entre estas, niños, niñas y adolescentes; además, la fuerza pública impidió abrir un corredor humanitario para trasladar a decenas de heridos para que sean atendidos por organizaciones civiles ante la ausencia de las instituciones del Estado, e incluso, de la Cruz Roja que dejó de operar; a lo que se sumó, el ataque con bombas lacrimógenas a las instalaciones de la Casa de la Cultura, Universidad Salesiana, Universidad Católica y Escuela Politécnica Nacional de Quito donde se albergaban niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores, poniendo en riesgo su integridad y vida.</p><p>Todos los hechos narrados, ocasionaron que el movimiento indígena y social, organizaciones de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, así como decenas de usuarios de redes sociales, pidieran la renuncia o destitución de la Ministra de Gobierno María Paula Romo y el Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, responsables de los violentos operativos policiales y militares, que además de restringir derechos, no fueron efectivos para mantener el orden y la seguridad, sino, al contrario, justificaron actuaciones atentatorias a los derechos humanos y dieron lugar a que la delincuencia proliferara a través de saqueos y robos masivos en distintos partes a lo largo del territorio nacional.</p><p>Toda la narrativa construida alrededor de los acontecimientos de octubre se encontró en disputa, el oficialismo impulsó el discurso del golpe fallido y la sanción a los vandálicos correistas; el movimiento indígena sostuvo la protesta social como un mecanismo en contra de las medidas de ajuste y el FMI, además, pidió que se haga justicia por sus muertos y heridos luego de la represión policial; el correísmo mostró el escenario de la persecución política y el odio del régimen y sus aliados; las organizaciones de derechos humanos demandaron la sanción a los responsables de la represión y pidieron que la actuación de la Administración de Justicia se sostenga con independencia, objetividad y garantizando el debido proceso.</p><p>Si en algo debe contribuir el camino a la verdad y a la justicia, es a la reparación de los derechos de las víctimas, por ello, no cabe ni complacencias con el poder autoritario, ni impunidad con los responsables de la violencia injustificable; violencia que se expresa estructuralmente en la imposición de medidas económicas a espaldas del pueblo, socavando el sentido profundo de la democracia sustancial, es decir los derechos sociales y fundamentales; y mientras aquello ocurra no habrá reconciliación que se sostenga, sino resistencia social e insurrección permanente.</p><p><strong>5. Los derechos de la niñez relegados</strong></p><p>Otro tema como los derechos de la niñez y adolescencia han dejado un balance negativo, puesto que el Ejecutivo vetó iniciativas legislativas que pretendían ampliar la protección a la integridad de niños, niñas y adolescentes, amparados en el principio del interés superior, lo cual, tampoco fue debidamente ponderado por la Corte Constitucional.</p><p>Para la UNICEF en su informe “(…) “Ocultos a plena luz” (2017) se demuestra que la violencia es una constante en la vida de los niños de todo el mundo, y ocurre en los lugares donde los niños deberían estar más seguros: sus hogares, sus escuelas y comunidades. Los principales agresores comúnmente son los integrantes de sus familias, maestros, parejas íntimas y vecinos, así como extraños y otros niños.</p><p>La Fiscalía, registra entre el 2016 y 2017, 9482 denuncias de delitos contra la integridad sexual de NNA; por su parte, el Ministerio de Educación entre el 2008 y 2017, registró 917 denuncias de violencia sexual en espacios educativos, 51% cometido por docentes, pero también están involucrados conserjes, conductores de buses de transporte y hasta compañeros de aula.</p><p>Frente a esta realidad, la Asamblea Nacional debatía la aprobación de un Proyecto de Ley para la implementación de un Registro Nacional de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes; que buscaba que los condenados, después de cumplir con la pena, queden inhabilitados para el ejercicio de la profesión, empleo u oficio, por el mismo tiempo determinado en cada tipo penal, en aquellos espacios laborales en el ámbito público o privado donde haya relación con NNA; sin embargo, el Ejecutivo vetó el proyecto por considerarlo inconstitucional, sosteniendo que atentaba contra el principio de rehabilitación social y el principio de no discriminación, lo cual, fue acogido por la Corte Constitucional, dejando de lado un análisis ponderado en relación al interés superior del niño y su especial protección conforme los estándares del Comité de Derechos del Niño.</p><p><strong>6. Los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario amenazados.</strong></p><p>En materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas, está latente la preocupación por los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV), puesto que el Gobierno Nacional a través del Decreto 751 permitiría la instalación de plataformas de perforación y producción de hidrocarburos en la zona de amortiguamiento. lo cual, contraría los principios de precaución, progresividad y no regresividad, ya que estas obras son un riesgo potencial al núcleo esencial de los derechos de los PIAV.</p><p><strong>7. Discriminación y exclusión formal y material a migrantes</strong></p><p>Frente al reciente flujo migratorio venezolano, en el marco de un contexto crítico por el femicidio cometido por un ciudadano venezolano en Ibarra en el mes de febrero, las políticas migratorias del Gobierno de Moreno se tradujeron en el Acuerdo Interministerial entre Cancillería y el Ministerio de Gobierno, por el cual, se dispuso que los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al Ecuador, deben presentar el certificado de antecedentes penales del país de origen o de residencia, durante los últimos cinco años, apostillado o legalizado; lo cual, constituye una medida abiertamente inconstitucional, existe jurisprudencia de la anterior Corte Constitucional que establece estándares en la materia, pero que el régimen no lo ha considerado.</p><p><strong>8. Ecuador en la mira internacional por las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario de Julian Assange</strong></p><p>El Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia, informó al país que el 12 de abril de 2019, se suspendió la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange, por haber encontrado supuestas irregularidades en su trámite de naturalización y constituir un acto lesivo para el Estado ecuatoriano, sobre lo cual, finalmente deben pronunciarse los tribunales de lo Contencioso Administrativo; siendo la única instancia que determinará si se suspende la naturalización, luego de un procedimiento en el que se respete el derecho a la defensa, el debido proceso y el derecho a recurrir; garantías que fueron abiertamente vulneradas, dejando al país expuesto a demandas internacionales.</p><p>Julian Assange fue detenido en el embajada de Ecuador en Londres en el mismo mes de abril, después que el Gobierno de Lenin Moreno le retirara el asilo; luego de lo cual fue sometido a un proceso legal en el Reino Unido cuya finalidad no declarada es la extradición de Assange a los Estados Unidos.</p><p>En Ecuador, en el mes de junio de 2019 se llevó a efecto el juicio político contra la ex Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa por las supuestas irregularidades en la naturalización de Julián Assange, bajo el argumento de que las misiones diplomáticas son órganos encargados de las relaciones entre los Estados, pero que no son parte del territorio nacional; por lo tanto, Assange no podría contar con los 3 años de residencia permanente y continua para acceder a la nacionalidad, y finalmente argumentaron que Assange contaba con un pasaporte caduco y que no habría demostrado solvencia económica que le garantice los medios de vida.</p><p>Frente a estos argumentos, es necesario realizar algunas precisiones. En primer lugar, la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, establece que todo Estado tiene derecho de conceder asilo y calificar la naturaleza del delito cuando la persona se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución; por lo tanto, no se lo puede calificar a un asilado como prófugo de la justicia, cuando las razones para su calificación tienen relación con la persecución política, por otra parte, el asilo no es una condición migratoria, sino una situación que vive una persona; en consecuencia, es legítimo que pese a que se le dió la nacionalidad ecuatoriana a Assange, se mantenga la protección que prevé el asilo por el contexto que su caso encierra.</p><p>Por otra parte, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, establece en el artículo 90 la protección internacional para las personas refugiadas, asiladas o apátridas, quienes podrán acceder a una solución duradera a través de la repatriación voluntaria, el reasentamiento a un tercer país o la obtención de la nacionalidad del país de acogida; por lo que, el argumento de que no está prevista la naturalización para personas con esta condición en la ley, es equivocado.</p><p>En relación a la condición de las representaciones diplomáticas y consulares, el Derecho Internacional Público desde la doctrina de la extraterritorialidad, considera que las sedes diplomáticas y los domicilios de sus agentes constituyen “territorio” del Estado cuya representación y bandera ostentan y que, por tanto, en ellas rigen las leyes del país de origen y no las del lugar en donde se encuentran. Bajo esta perspectiva, la permanencia regular y continua de Assange por más de 5 años en la Embajada en Londres, justifica el requisito exigido para obtener la naturalización; además, el Código Civil ecuatoriano determina en el artículo 54 que (…) “La mera residencia hará las veces de domicilio civil respecto de las personas que no lo tuvieren en otra parte”, como es el caso de Julián Assange.</p><p>Finalmente, respecto a las supuestas irregularidades administrativas en el proceso de naturalización, específicamente por no contar con una copia del pasaporte vigente y debidamente legalizado, así como por la falta de justificativos sobre los medios lícitos de vida de Assange, hay que mencionar que Julián Assange ingresó a la Embajada de Ecuador en Londres con pasaporte válido y vigente desde el 2012. Es de público conocimiento que por su situación no podía movilizarse y acudir ante el Gobierno de su nacionalidad para realizar ningún trámite administrativo, ni realizar actividades económicas, pues se encontraba bajo el amparo del Ecuador.</p><p>En esa perspectiva, el pasaporte con el que cuenta Assange constituye un medio idóneo para determinar su identidad, mientras que la protección humanitaria brindada por el Gobierno, le permitía contar con medios de vida básicos. En ese sentido, la Constitución establece en el artículo 41 que las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos y que el Estado respetará y garantizará la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia; por lo tanto, en aplicación del principio constitucional dispuesto en el artículo 11.4, ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos, como se pretendía al exigir el cumplimiento de requisitos y procedimientos meramente administrativos e inaplicables en las condiciones que se encontraba Assange, quien estaba amparado por la protección especial y la asistencia jurídica de emergencia previo a otorgarle la naturalización.</p><p>La Asamblea Nacional no contó con los votos suficientes para censurar a la Ministra Espinosa, sin embargo, el mundo entero cuestionó el proceder del Gobierno del Presidente Moreno que dió paso a la detención, enjuiciamiento y posible extradición de quien tuvo como mayor cuestionamiento enfrentar las verdades ocultas de la nación y el Gobierno más poderoso del planeta.</p><p><strong>9. Avances en materia de Tratados Internacionales</strong></p><p>Es importante reconocer que la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de intolerancia, así como de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al Crimen de Agresión, y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, contribuirá a la formulación de normativa y políticas acorde a los estándares internacionales previstos en estos instrumentos, siendo uno de los puntos positivos en el presente análisis.</p><p><strong>Reflexión final</strong></p><p>Finalmente, el balance presentado no hace más que evidenciar un deterioro sistemático de la vigencia de los derechos humanos en el Ecuador; el punto de inflexión para este deterioro ha sido el inicio del período de transición a partir del 4 de febrero de 2018, momento en el cual participaron muchos actores institucionales, sociales, políticos, mediáticos, gremiales, académicos, muchos de los cuales, hoy están tomando distancia, fundamentalmente para no ser señalados como responsables de lo ocurre en el país.</p><p>Aspiramos que las fuerzas de la sociedad civil y política en el Ecuador, retomen un análisis y práctica más generosa desde la perspectiva de los derechos humanos y de la naturaleza, dirigidas a fortalecer el Estado Constitucional de Derechos, la institucionalidad democrática y garantizar la participación directa de la sociedad en los asuntos de interés público.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=a7da4bc37785" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/retazos-de-dignidad/balance-de-retazos-de-dignidad-2019-a7da4bc37785">Balance de Retazos de dignidad 2019</a> was originally published in <a href="https://medium.com/retazos-de-dignidad">Retazos de Dignidad</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[El caso de la Consejera Rosa Chala]]></title>
            <link>https://medium.com/retazos-de-dignidad/el-caso-de-la-consejera-rosa-chala-13f9fdcff36?source=rss----b3358da44aad---4</link>
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            <category><![CDATA[discriminación]]></category>
            <category><![CDATA[retazos-de-dignidad]]></category>
            <category><![CDATA[niñez]]></category>
            <category><![CDATA[derechos-humanos]]></category>
            <category><![CDATA[ecuador]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Patricio Benalcázar Alarcón]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 27 Dec 2019 00:18:45 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-12-27T00:18:45.153Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Voluntad popular, juicio político y derechos humanos</strong></p><p>Reflexiones semanales sobre derechos humanos por <a href="https://medium.com/u/6a0e4a593cfe">Patricio Benalcázar Alarcón</a></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/640/1*2kjVv3-YzFMLZ1S2oy8TMA.jpeg" /></figure><p><strong>Elementos introductorios</strong></p><p>El caso de la ex Vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) señora Rosa Chalá Alencastro constituye un valioso ejemplo para reflexionar sobre los derechos de participación, los juicios políticos y los límites legítimos que establece el Estado de Derechos a toda autoridad pública, incluida la Asamblea Nacional; y, la dimensión de los derechos humanos en estos temas.</p><p>Por todos es conocido el inicio del juicio político contra los cuatro ex miembros del CPCCS en julio de 2019, José Carlos Tuarez, Maria Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez fueron procesados políticamente por la Asamblea Nacional so pretexto de que el Consejo resolvió conformar una comisión para revisar la designación de los Jueces de la Corte Constitucional nombrada por el Consejo de Participación Transitorio.</p><p>A esta causa se sumaron acusaciones contra José Tuarez por una presunta falsificación de certificados anexos a su hoja de vida y un supuesto perjurio al haber declarado bajo juramento su condición de idoneidad; sin que hasta la fecha exista un proceso legal que determine tal responsabilidad; y, contra Gómez y Desintonio por presunto proselitismo político durante el período de elecciones; ante lo cual, la autoridad electoral no ha encontrado elementos que corroboren dichas acusaciones.</p><p>La consejera Rosa Chala fue la única miembro del CPCCS que tenía en su contra una sola acusación, haber firmado la resolución por la cual se se daba paso a la conformación de la Comisión que revisaría la designación de los actuales Magistrados de la Corte Constitucional; instancia que en mayo de 2019, escudaba al Consejo Transitorio que la nombró a través de la Sentencia №02–19-IC/19, en la cual, disponía que las resoluciones del transitorio no podían ser derogadas o revisadas.</p><p>Al respecto, es necesario mencionar que la presión política, mediática y jurídica contra los miembros del CPCCS electo no se hizo esperar; desde la Asamblea Nacional varios sectores políticos aliados del Gobierno Nacional a través de los Asambleístas Jeanine Cruz, Raúl Tello y Fabricio Villamar impulsaron juicios políticos; mientras tanto los medios de comunicación hacían eco de las acusaciones en contra del Consejo; sin embargo, la medida con mayor relevancia jurídica la impulsó el Asambleísta Villamar, quien interpuso un pedido de medidas cautelares para que se suspendan los efectos de la resolución del CPCCS, la cual fue aceptada por la Jueza Irene Pérez, de la Unidad Judicial de lo Penal de Pichincha, y acatada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la sesión №005 del 18 de julio del 2019.</p><p><strong>El Juicio Político en la Constitución</strong></p><p>El artículo 120 numeral 9 de la Constitución de la República faculta a la Asamblea Nacional fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias.</p><p>El artículo 131 de la Constitución autoriza a la Asamblea Nacional proceder al enjuiciamiento político por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado.</p><p>Para proceder a su censura y destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado y los miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las dos terceras partes.</p><p>Por otra parte, el artículo 205 de la Constitución, establece que los representantes de las entidades que forman parte de la Función de Transparencia y Control Social estarán sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional y a la destitución de ser el caso</p><p><strong>Consulta Popular de febrero de 2018 y la elección de los miembros del CPCCS</strong></p><p>El artículo 131 de la Constitución mencionado incluye a autoridades cuya designación proviene de procesos de selección de oposición y méritos, así como de ternas enviadas por el Presidente de la República; sin embargo, a partir del 4 de febrero de 2018, producto de los resultados de la consulta popular, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es elegido por voto popular y universal ; lo cual, impregna de características diferentes en el marco del juego democrático, no solo su elección, sino el cumplimiento de su mandato y los mecanismos de control previstos en la Constitución y la Ley, fundamentalmente el control político y sus efectos; y el control social, sus mecanismos y legitimidad.</p><p><strong>Control político y social a las autoridades elegidas por voto popular</strong></p><p>El artículo 105 de la Constitución de la República determina que las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular; siendo el único mecanismo previsto en el caso de las autoridades elegidas democráticamente, con excepción del Presidente de la República, quien por mandato expreso del artículo 129 estará sujeto a enjuiciamiento político por la Asamblea Nacional por específicas causales</p><p>En ese contexto, surge la interrogante, qué norma aplicar en el caso de los miembros del CPCCS ?</p><p>1. El enjuiciamiento político, censura y destitución como facultad de la Asamblea Nacional?</p><p>2. La revocatoria del mandato como una facultad del pueblo?</p><p>3. Hay o habría otra vía jurídicamente posible?</p><p>El momento que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron elegidos por el voto popular y universal, ejercen el derecho de participación de ser elegidos y cumplir funciones públicas establecidos en el artículo 61 numerales 1 y 7 de la Constitución de la República; y, en contrapartida sus electores gozan del derecho de participar en asuntos de interés público, elegir sus representantes y revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular, establecidos en el artículo 61 numerales 1, 2 y 6 de la Constitución; por lo cual, el tratamiento de la condición de unos y otros entra al mundo de los derechos humanos, sus principios y reglas.</p><p>En consecuencia, para resolver la norma que debe aplicarse para proceder al control social y político de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, corresponde considerar los principios de aplicación de los derechos previstos en el artículo 11 de la Constitución, que para el efecto establece:</p><p>“(…) 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia (…)</p><p>Desde esta perspectiva, tanto el derecho a ser elegido como ejercer cargos públicos correspondiente a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como el derecho de sus electores de participar en asuntos de interés público, elegir sus representantes y revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular; constituyen normas superiores conforme lo establece el artículo 3 de la Constitución que determina que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar sin discriminación alguna los derechos previstos en la Constitución. En consecuencia, la vía legítima, constitucional y legal a aplicar constituiría la revocatoria del mandato.</p><p>Sin embargo, es preciso reconocer que en la Constitución habrían normas de procedimiento contradictorias, por una parte, las disposiciones de los artículos 131 y 205 que facultan a la Asamblea Nacional realizar un juicio político, censurar y destituir a los miembros del CPCCS, confrontadas con las disposiciones del artículo 105, que dispone que sobre las autoridades de elección popular sólo cabe la revocatoria del mandato.</p><p><strong>Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Derechos Políticos</strong></p><p>El Sistema Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Comisión Interamericana conoció el caso del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, quien en una situación similar, tenía en su contra una resolución de destitución emitida por parte de la Procuraduría General en Colombia; causa por la que la Comisión Interamericana emitió un Informe de Fondo №130/17, CASO Nº 13.044, el 25 de octubre de 2017, que textualmente señala:</p><p>“(…) La CIDH considera que <strong>el derecho a ser elegido a un cargo de elección popular, así como a completar el respectivo mandato, constituye uno de los atributos esenciales que integran los derechos políticos</strong>, por lo que las restricciones a dicho derecho deben estar encaminadas a proteger bienes jurídicos fundamentales, por lo que deben ser analizadas cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso . En un caso como el presente, de una persona elegida a un cargo de elección popular, debe tomarse en cuenta que <strong>una restricción al derecho al sufragio activo mediante destitución o inhabilitación, puede afectar no solamente a la persona en cuestión sino también la libre expresión de la voluntad de los electores a través del sufragio universa</strong>l [1]. De esta manera, una restricción arbitraria de los derechos políticos que impacte en el derecho de una persona a ser elegida popularmente y a completar su mandato, no afecta únicamente los derechos políticos de la persona en cuestión, sino que implica una afectación en la dimensión colectiva de dichos derechos y, en suma, tiene la virtualidad de incidir significativamente en el juego democrático (…)” (la negrilla me corresponde).</p><p>Cabe mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 18 de marzo de 2014, emitió medidas cautelares a favor del Alcalde de Bogotá Gustavo Petro, argumentando que la decisión de la Procuraduría de destituirlo del cargo, constituía prima facie un acto que afectaba el ejercicio de sus derechos políticos, lo que incluía cumplir con el período para el cual fue elegido; en consecuencia, reunía los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad que justificaban la disposición de la CIDH para que el Estado colombiano suspenda los efectos que la destitución preveía.</p><p>Los estándares utilizados por la CIDH hubiesen permitido analizar el caso de los consejeros de participación ciudadana desde una perspectiva de derechos humanos, tal como ocurrió con el caso de la Prefecta Paola Pabón, ante el cual, la CIDH detecto con precisión el riesgo que corrían los derechos políticos y emitió las medidas cautelares, motivando en el numeral 34 lo siguiente:</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*Zfc9D0UBAhxOgV5n" /></figure><p><strong>Los juicios políticos deben respetar los derechos humanos y son susceptibles de control judicial.</strong></p><p>La Consejera Rosa Chala interpuso una acción de protección argumentando que la resolución de la Asamblea Nacional del 14 de agosto de 2019 afectó sus derechos constitucionales al debido proceso y la seguridad jurídica, conforme consta en el artículo 76 numerales 1, 2, 3 y 7 literales h) y l), artículo 82 de la Constitución y artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.</p><p>La causa recayó en la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Santa Ana de la provincia de Manabí, cuyo Juez con sólidos argumentos sostuvo su competencia al afirmar que:</p><p>“(…) Al haber alegado la peticionaria que fue electa mediante votación popular nacionalmente es evidente que en la esfera de los derechos políticos se producen <strong>amenazas contra la misma funcionaria electa y contra esos votantes en todo el territorio nacional y migrantes en el exterior</strong>, que ejercieron su decisión a través de las urnas, por lo que esta autoridad es competente para conocer la medida teniendo en cuenta que la peticionaria ha demostrado que la votación que tuvo dentro de todo el territorio ecuatoriano incluyendo esta jurisdicción fue producto de la voluntad popular del pueblo ecuatoriano expresado en las urnas, a través del sufragio universal, núcleo duro del Derecho Fundamental a elegir y ser elegido como lo establece el Art. 61 numeral 1 de nuestra Constitución (…)”</p><p>Respecto al fondo del pedido el Juez Constitucional sostiene que:</p><p>“(…) el Estado es una entidad legal al servicio de sus ciudadanos y no una “persona moral”, porque está supeditado a los intereses del todo sin sacrificar los derechos del individuo o de una parte minoritaria con el pretexto de justificar decisiones que supuestamente beneficien a una “causa mayor”. La autoridad de un Estado legítimo no habilita a sus instituciones para tomar decisiones con el pretexto de que el fin justifica los medios. La soberanía del Estado es legítima en tanto comprenda y coordine la voluntad soberana de sus ciudadanos, administrada por un gobierno elegido democráticamente y obligado a rendir cuentas a sus ciudadanos. Los medios utilizados por el Estado legítimo están siempre limitados por los derechos y las libertades fundamentales inherentes a todos y cada uno de sus ciudadanos por lo que la expresión de la voluntad de popular forma un blindaje contra las decisiones del poder político en el sentido que solamente a través de una expresión igual pueden ser revocados aquellos actos que provienen de la decisión popular y no a través de decisiones del poder político como ocurre en el caso de la especie (…)”</p><p>La reflexión del Juez Aquo tiene plena correspondencia con lo previsto en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que expresamente sostiene que “(…) el derecho a ser elegido a un cargo de elección popular, así como a completar el respectivo mandato, constituye uno de los atributos esenciales que integran los derechos políticos (…)”</p><p>Por otra parte, el Juez Manuel Ruiz Moreira sostiene que:</p><p>“(…) en la práctica en el caso concreto el fundamento del juicio político contra la consejera Rosa Chala Alencastro estriba en su decisión de votar a favor de la conformación de una Comisión para la revisión de la elección de la actual Corte Constitucional del Ecuador, lo que a decir del Asambleísta ponente la puso a la consejera en un incumplimiento de funciones al caer en el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Sobre el fundamento del pedido de juicio político ya en el análisis de la verosimilitud de lo alegado se lo ha cotejado en este examen con el certificado emitido por la Corte Constitucional del Ecuador en el que certifica que no se ha iniciado ninguna acción de incumplimiento sobre la sentencia interpretativa emitida por la Corte Constitucional del Ecuador del 7 de mayo del 2019 cuya ponente fue la Dra. Teresa Nuques (…)”.</p><p>Consecuentemente, desde una perspectiva de derecho nunca se concretó ni materializó la conformación de una Comisión para revisar la designación de los Jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social electo, incluso, por las medidas cautelares ordenadas por la Jueza Pérez, el 18 de Julio de 2019, el Consejo en pleno dejó insubsistente tal resolución, sin embargo, se llevó adelante el juicio político contra María Rosa Chala.</p><p>El Juez Ruiz en su sentencia sostenía que:</p><p>“(…) Bajo el estándar del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos el aplicar un juicio político a un funcionario electo popularmente sin causas específicas podría ser considerado como una medida restrictiva de un derecho político y ello estar asociado con violaciones al derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso (…) El enjuiciamiento político contra la peticionaria se basa exclusivamente sobre la presunción del incumplimiento de dicha sentencia interpretativa la cual habría sido probada presumiblemente al haber votado por la creación de una comisión para la revisión del concurso para la elección de los actuales jueces constitucionales en el Ecuador. No obstante dicha sola presunción no basta para configurar el incumplimiento de una sentencia constitucional (…) Es por ello que existen evidencias más que suficientes sobre irregularidades insalvables en la sustanciación de este proceso que sin duda alguna reviste el carácter de proceso administrativo sancionatorio pues puede concluir con la destitución de los enjuiciados (…)</p><p>La argumentación sostenida por el Juzgador coloca en el centro del debate el origen de los Consejeros de Participación Ciudadana, es decir, su carácter de autoridades elegidas por el voto popular y por lo tanto, las reglas sobre la cuales debían ser procesados se enmarcaban en los estándares dispuestos para el ejercicio de los derechos políticos, tanto como sujetos activos, como sujetos pasivos de los mismos; además, se volvió a evidenciar en el proceso judicial que se estaba procesando políticamente a autoridades en base a presunciones o peor aún en base hechos jurídicamente inexistentes, lo cual, sin duda afecta la seguridad jurídica y el debido proceso.</p><p>En ese sentido, el Juzgador al abordar su reflexión sobre el debido proceso apunta:</p><p>“ (…) Habiendo varias causales por la cual se estaban enjuiciando políticamente a cuatro Consejeros del CPCCS electos por votación popular, el 19 de julio de 2019 en sesión ordinaria №2019–2021–022 la comisión de Fiscalización y Control Político decide unificar las solicitudes de Juicio Político admitidas por el CAL, esto dejó en indefensión sobre acusaciones que no le correspondían a la legitimada activa y que fueron expuestas en la Asamblea Nacional del Ecuador, para que de cierta manera influya en la Votación de los Asambleístas (…) En el caso de la especie se deduce claramente que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no garantizó el derecho de las partes con aplicación del principio de transparencia e igualdad de armas, al unificar ilegítimamente varios procesos sancionatorios administrativos cuando lo oportuno hubiera sido el tratamiento independiente de cada proceso por cuanto correspondían a causales distintas y por lo tanto la accionante fue en definitiva juzgada y sancionada por causales que no correspondían a la verdad procesal de la causal por la que se concluye en su destitución (…)”</p><p>Por todos estos argumentos el Juez Ruiz Moreira acepta la acción de protección y en aplicación del principio de la restitutio in integrum, dispone la inmediata restitución de la señora Chalá como Vicepresidenta electa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 12 de diciembre de 2019, sin embargo, la Asamblea Nacional a través de sus abogados presentó el recurso de apelación, que llevó la causa para el conocimiento del Tribunal de la Sala de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincia de Justica de Manabí, la misma que revocó la sentencia el 17 de diciembre de 2019, con los argumentos que a continuación analizaremos.</p><p>La defensa de la Asamblea Nacional argumenta en su impugnación que: “(…) no se cumple los requisitos de procedibilidad, no hay violación de los Derechos Humanos y Constitucionales, lo que pretende la parte accionante es presentar pruebas y corresponde a la instancia contenciosa administrativa (…) se ha violentado la inmunidad parlamentaria contemplada en el Art. 128 de la Constitución. El acto de votación es un acto legislativo Art. 120 numeral 9, no puede ser revisable (…), no se puede confundir un juicio ciudadano con un juicio político (…)”</p><p>Como se puede apreciar la pobre argumentación de la defensa de la Asamblea Nacional cae en su propia contradicción, por una parte, sostiene que las pruebas corresponden a instancias contencioso administrativas y por otro lado, sostiene que un acto legislativo no es revisable.</p><p>En relación al argumento relativo a la inmunidad parlamentaria, es preciso aclarar que con una acción de protección no se está siguiendo un proceso civil o un proceso penal en contra de los legisladores; sino que se está poniendo en consideración de la administración de justicia constitucional una demanda contra un acto administrativo, expresado en una resolución cuyos efectos afectarían derechos humanos; como son el debido proceso y la seguridad jurídica. La argumentación que muchos asambleístas han sostenido deja entrever un carácter supraconstitucional, supraconvencional y supralegal de los procesos y juicios políticos que llevan adelante, bajo el argumento de que son razones políticas las que priman, lo cual, está distante a lo que corresponde a un Estado Democrático y de Derechos.</p><p>Por otro lado, la Corte Provincial de Justicia de Manabí sostuvo su posición al responderse dos preguntas: ¿La Asamblea Nacional del Ecuador se encuentra facultada o no para promover y resolver juicios políticos en contra de los Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?; y, ¿en el proceso de juicio político que concluyó con la censura y destitución de la consejera MARIA ROSA EREMITA CHALA ALENCASTRO se violaron los derechos de Seguridad Jurídica, debido proceso y derechos políticos?.</p><p>Las respuestas a las preguntas fueron los siguientes:</p><p>“(…) En base a los conceptos expuestos y teniendo en cuenta que lo que buscó el constituyente a través del organismo que la Constitución concede estas atribuciones el Juicio Político y la moción de censura es un elemento de control de origen parlamentario, el cual por sus efectos resulta ser funcional para controlar y responsabilizar a los funcionarios que la misma Constitución ha establecido que están sujetos a estos a que sus actuaciones se realicen bajo el amparo de la normativa constitucional y legal vigente (…)”</p><p>.</p><p>Como se puede apreciar, la interpretación de la Corte Provincial es literal, dejando de lado un análisis sistemático e integral de la Constitución por el cual, el razonamiento sobre el origen de los Consejeros, sobre el mecanismo de revocatoria del mandato y sobre los derechos políticos en juego quedan por fuera.</p><p>Por otra parte, la Corte aduce que:</p><p>“(…) la facultad de la Asamblea Nacional de promover, sustanciar y juzgar un juicio político en contra de la accionante y los demás Consejeros cesados se encontraba claramente determinada en la Constitución y la Ley, por tal razón el principio de seguridad jurídica en la presente causa no ha sido de ninguna manera violentado por la Asamblea Nacional al ser una de las facultades dadas e este organismo en la Constitución (…)”</p><p>La forma simple y poco profunda como resuelve la apelación presentada por la Asamblea Nacional la Corte Provincial de Justicia de Manabí, da cuenta de un estado de cosas sujeto a intereses políticos de coyuntura que tendrán repercusiones de cara a las obligaciones internacionales que en materia de derechos humanos debe cumplir el Ecuador.</p><p>La causa de Rosa Chala aún tiene un camino que recorrer en el sistema jurídico nacional, sin embargo, tal como se alinean las instituciones configuradas durante el período transitorio, es poco probable que la misma Corte Constitucional hija de esa transición se pronuncie a favor de los derechos de quien por los estigmas y señalamientos políticos no es afín a sus mentores y guardianes; por lo cual, el camino será ir al sistema interamericano de derechos humanos.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=13f9fdcff36" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/retazos-de-dignidad/el-caso-de-la-consejera-rosa-chala-13f9fdcff36">El caso de la Consejera Rosa Chala</a> was originally published in <a href="https://medium.com/retazos-de-dignidad">Retazos de Dignidad</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
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            <title><![CDATA[El caso de Paola Pabón: los derechos políticos en riesgo.]]></title>
            <link>https://medium.com/retazos-de-dignidad/el-caso-de-paola-pab%C3%B3n-los-derechos-pol%C3%ADticos-en-riesgo-d38e9c33e21b?source=rss----b3358da44aad---4</link>
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            <category><![CDATA[discriminación]]></category>
            <category><![CDATA[género]]></category>
            <category><![CDATA[ecuador]]></category>
            <category><![CDATA[retazos-de-dignidad]]></category>
            <category><![CDATA[derechos-humanos]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Patricio Benalcázar Alarcón]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 08 Dec 2019 14:29:48 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-12-08T14:29:47.870Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Reflexiones semanales sobre derechos humanos por <a href="https://medium.com/u/6a0e4a593cfe">Patricio Benalcázar Alarcón</a></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/750/1*k-2apGPasrzdvXWDK5CmMQ.png" /></figure><p>La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el artículo 23 los estándares que garantizan los derechos políticos, estableciendo que todos los ciudadanos gozan del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, además, tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas. La Convención establece que la ley puede reglamentar el ejercicio de estos derechos, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.</p><p>Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta que el artículo 23 de la Convención reconoce y protege la participación política a través del derecho al sufragio activo, así como el derecho al sufragio pasivo. El sufragio activo constituye el derecho de los ciudadanos de elegir a quien consideren debe ser su representante en un cargo público; mientras que el sufragio pasivo es el derecho de las personas de postularse para un cargo de elección popular, lo cual, debe garantizarse sin exclusiones o limitaciones arbitrarias o discriminatorias.</p><p>La CIDH expresamente sostiene que “(…) el derecho a ser elegido a un cargo de elección popular, así como a completar el respectivo mandato, constituye uno de los atributos esenciales que integran los derechos políticos, por lo que, las restricciones a dicho derecho deben estar encaminadas a proteger bienes jurídicos fundamentales, (…) que deben ser analizadas cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso. En un caso como el presente, de una persona elegida a un cargo de elección popular, debe tomarse en cuenta que una restricción al derecho al sufragio activo mediante destitución o inhabilitación, puede afectar no solamente a la persona en cuestión sino también la libre expresión de la voluntad de los electores a través del sufragio universal. De esta manera, una restricción arbitraria de los derechos políticos que impacte en el derecho de una persona a ser elegida popularmente y a completar su mandato, no afecta únicamente los derechos políticos de la persona en cuestión, sino que implica una afectación en la dimensión colectiva de dichos derechos y, en suma, tiene la virtualidad de incidir significativamente en el juego democrático (…)”.</p><p>La Convención refiere que estos derechos pueden ser regulados y por lo tanto restringidos o limitados legítimamente por la intervención de la administración de justicia, lo cual, debe ser reglado por la ley al tratarse de condenas, por juez competente, en un proceso penal. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) afirma que la inhabilitación para ejercer cargo público solo procede cuando interviene la autoridad judicial penal y con una condena firme.</p><p>Con estos antecedentes, se puede comprender de mejor manera la situación por la cual se encuentra atravesando la Prefecta de Pichincha Paola Pabón, quien fue beneficiaria de las Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH dentro del Caso №938–19, emitidas el 6 de diciembre de 2019; medidas que además de requerir al Estado ecuatoriano garantías para la vida y la integridad de Paola Pabón, Virgilio Hernández y Cristhian González, pide se respete integralmente los derechos políticos de la Prefecta cuyo cargo proviene del voto popular.</p><p>Textualmente la CIDH en el numeral 34 de las Medidas Cautelares sostiene que:</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*XbsLCp8FY62qPz27" /></figure><p>En consecuencia, la CIDH pide al Estado ecuatoriano que tome las medidas que impidan la remoción del cargo de la Prefecta de Pichincha, por la aplicación de la legislación interna que abriría la posibilidad de que pierda su cargo, haciendo alusión a las disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en las cuales se prevé que la licencia no debe sobrepasar los sesenta días (Art. 47), caso contrario operaría la causal de remoción por ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo encargado a quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada (Art. 333).</p><p>Es conocido que el 7 de octubre de 2019 la Fiscalía inició un proceso penal de investigación por el supuesto delito de rebelión en contra la Prefecta Pabón y otros, dentro del cual, se dispuso el 14 de octubre de 2019 su detención para investigaciones, ratificándose posteriormente la prisión preventiva, circunstancias que podrían provocar que se sobrepase los sesenta días de licencia y eventualmente opere la remoción administrativa del cargo de la Prefecta.</p><p>Debemos recordar que estas disposiciones de tipo administrativo, no contienen la fuerza jurídica que demandan las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación que sobre dichas normas ha realizado la Corte IDH y ha sostenido la CIDH; en consecuencia, al no existir sentencia penal ejecutoriada firme, no cabe la remoción de la Prefecta Paola Pabón; quien hasta la presente fecha goza del principio de presunción de inocencia.</p><p>El Estado ecuatoriano debe cumplir con las medidas cautelares dispuestas por la CIDH respecto a los derechos políticos que le asisten a Paola Pabón y a sus electores en la provincia de Pichincha; para lo cual, la administración de justicia de manera inmediata debería emitir medidas sustitutivas a la prisión preventiva dentro del proceso penal que por el supuesto delito de rebelión se sigue contra de Pabón y otros; por su parte, el Gobierno Provincial de Pichincha está facultado a resolver como cuerpo colegiado que mientras no exista sentencia penal ejecutoriada y firme en contra la Prefecta, no procede la remoción de su cargo por dicha causal en consideración a los estándares internacionales en materia de derechos políticos.</p><p>En estas épocas de polarización y estigmatización contra actores sociales y políticos, es preciso alzar una voz que rescate desde la perspectiva de los derechos la construcción de una sociedad que profundice la democracia sustancial, tarea fundamental de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de muchas organizaciones de sociedad civil y académicas, ausentes en el debate por confrontaciones pasadas, que siendo legítimas, no justifican el silencio ante la arbitrariedad y el abuso del poder de coyuntura.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d38e9c33e21b" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/retazos-de-dignidad/el-caso-de-paola-pab%C3%B3n-los-derechos-pol%C3%ADticos-en-riesgo-d38e9c33e21b">El caso de Paola Pabón: los derechos políticos en riesgo.</a> was originally published in <a href="https://medium.com/retazos-de-dignidad">Retazos de Dignidad</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
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